Partidos y sindicatos deberán publicar el sueldo de sus
cargos, donaciones, contratos y cuentas anuales
Las formaciones políticas, así como los sindicatos y
organizaciones empresariales, quedarán obligadas a dar publicidad a toda la
información "cuyo conocimiento sea relevante para garantizar la
transparencia de su actividad relacionada con el funcionamiento y control de la
actuación pública", tal y como reza el Capítulo II del Proyecto de ley de
Transparencia, Acceso a la Información pública y Buen Gobierno, que este jueves
debatió el Congreso de los Diputados antes de iniciar el proceso de enmiendas
parciales. Aunque estas organizaciones no están sujetas al régimen jurídico de
las administraciones públicas, lo que incorporará un elemento de gran complejidad
al texto definitivo, sí les será de aplicación el deber de "publicidad
activa", sin que sea necesario que nadie les reclame dicha información.
Todos ellos deberán
publicar en sus respectivas páginas web "de una manera clara, estructurada
y entendible" las retribuciones percibidas anualmente por los altos cargos
--léase dirigentes en el caso de los partidos-- y máximos responsables de las
entidades incluidas en el ámbito de la aplicación de este Título; las
indemnizaciones percibidas, si las ha habido, con ocasión del abandono del
cargo; las cuentas anuales que deban rendirse y los informes de fiscalización
por parte de los órganos de control externo que sobre ellos se emitan,
fundamentalmente del Tribunal de Cuentas; los presupuestos, con descripción de
las principales partidas presupuestarias e información actualizada sobre su
estado de ejecución; las subvenciones y ayudas públicas concedidas con
indicación de su importe, objetivo o finalidad, y los contratos o convenios
formalizados.
Nada dice este
capítulo respecto a las donaciones privadas dado que la Ley se redactó en
principio pensando solo en las administraciones públicas, aunque no es
descartable que en la fase de enmiendas algún grupo parlamentario pida su
inclusión, de modo que lo más probable es que los partidos tengan que dar a
conocer "de oficio" las donaciones privadas que reciben, ahora tan de
moda tras la publicación de los "papeles de Bárcenas" y el desfile
ante el juez Ruz de una serie de empresarios que han negado toda veracidad a los
apuntes contables sobre donaciones millonarias al PP.
En cambio, hay otro
capítulo de la futura Ley de la que quedarán exonerados partidos, sindicatos y
organizaciones empresariales y es la que hace referencia al acceso a la
información. En su caso, no estarán obligados a informar del contenido de sus
deliberaciones ni a publicitar documentos internos. La estrategia política y
electoral de los partidos quedará a salvo de la curiosidad pública. Las
organizaciones sindicales y la patronal comparecerán en el Congreso para dar
también su opinión sobre la futura Ley.
Las OSCE avisa que la obligación de los ciudadanos a
identificarse para demandar información, puede dar lugar a
"represalias" por parte de los funcionarios
La vicepresidenta del
Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, presentó este jueves ante el pleno de la
Cámara el proyecto de Ley bajo el argumento de que este texto es
"urgente" e "inaplazable" con el objetivo de que los
ciudadanos recuperen la confianza en sus instituciones y en sus gobernantes. La
principal novedad que anunció fue la creación de un consejo de Transparencia y
Buen Gobierno que sustituye a la Agencia Estatal de Transparencia, Evaluación
de Políticas y Calidad de los Servicios, organismo adscrito al Ministerio de
Hacienda, que iba a velar por el cumplimiento de la ley y al que se consideraba
poco objetivo.
En cambio, el
proyecto de ley no incorpora una de las principales críticas que realizó la
OSCE cuando era tan solo un anteproyecto. Y es que la oficina del Representante
para la Libertad de los Medios de Comunicación de este organismo propuso la
modificación del artículo 14 del texto, que obliga a los ciudadanos demandantes
de información a identificarse. Entendía las OSCE que además de no estar en
consonancia con las normas internacionales, "esa identificación podría dar
lugar a represelias por parte de los funcionarios públicos contra los
solicitantes". También rechazó del texto que se deba justificar la
solicitud, aunque la ausencia de motivación no sea por sí sola causa de rechazo.
En todo caso, estamos
ante un texto que puede dar lugar a una situación poco habitual en el Congreso,
esto es, el acuerdo PP-PSOE en torno a una ley para que la ya llegábamos con
retraso.
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