Trabajadores de la empresa Oetiker, que tenían previsto iniciar movilizaciones la próxima semana, alcanzaron hoy un acuerdo con la empresa y desbloquearon las negociaciones durante una reunión mantenida en el Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía (Sercla), ya que la empresa retiró el expediente de Regulación de Empleo (ERE) presentado ante la Delegación Provincial de Empleo.
Según indicó el Sercla en un comunicado, el acuerdo alcanzado beneficiará a 70 trabajadores de la citada empresa ubicada en El Puerto de Santa María (Cádiz) y dedicada a la metalurgia
Las partes acordaron la constitución de una mesa de negociación para estudiar la viabilidad de la empresa, en la que podrá intervenir la Administración laboral, lo cual resulta de "vital importancia" para la supervivencia de dicha empresa en la provincia.
Los trabajadores anunciaron ayer el inicio el próximo martes de movilizaciones después de que la empresa planteara el cierre definitivo de la planta para trasladar la actividad a otra parte de Europa, así como al no avance de la negociación entre la empresa y los representantes de los trabajadores, lo cual se ha resuelto en la jornada de hoy.
sábado, 31 de octubre de 2009
El Consorcio Las Aletas acata la sentencia y suspende las obras sobre los terrenos afectados
El Consorcio de Las Aletas, ante la sentencia del Tribunal Supremo que anula el acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de abril de 2007 en lo que hace referencia a la declaración de reserva demanial de la parte de los terrenos de Las Aletas que forman parte del dominio público marítimo-terrestre, declaró hoy su acatamiento del fallo y anunció la decisión de ordenar, de forma inmediata, la suspensión provisional de las obras sobre los terrenos afectados y su compromiso en la búsqueda de alternativas para hacer realidad el proyecto.
En un comunicado, el Consorcio señaló que la sentencia del Tribunal Supremo (TS) conlleva un replanteamiento del marco jurídico del proyecto, en cuanto que dispone que la declaración de reserva detalle con mayor precisión las actividades permitidas en los suelos de dominio público marítimo-terrestre, precise el horizonte temporal de la ocupación y, de ese modo, asegure la integridad y la adecuada conservación y protección del dominio público marítimo-terrestre.
Asimismo, manifestó el pleno respeto y acatamiento de la sentencia y el mantenimiento del compromiso con el desarrollo del proyecto de Las Aletas y el impulso de la actividad económica y el empleo en la Bahía de Cádiz.
Por todo ello, indicó que las administraciones que conforman el Consorcio abren un período de estudio jurídico de la sentencia para analizar las diferentes alternativas que permitan desarrollar el proyecto, así como que están dispuestas a realizar todas las modificaciones necesarias para hacer compatible el desarrollo del proyecto de Las Aletas con el respeto a las condiciones medioambientales propias de la zona, garantizando a la vez el desarrollo socioeconómico de la Bahía de Cádiz y el mantenimiento de su riqueza natural. Mientras tanto, señaló que se continuara con normalidad con las actuaciones que no se vean afectadas por dicha sentencia.
En un comunicado, el Consorcio señaló que la sentencia del Tribunal Supremo (TS) conlleva un replanteamiento del marco jurídico del proyecto, en cuanto que dispone que la declaración de reserva detalle con mayor precisión las actividades permitidas en los suelos de dominio público marítimo-terrestre, precise el horizonte temporal de la ocupación y, de ese modo, asegure la integridad y la adecuada conservación y protección del dominio público marítimo-terrestre.
Asimismo, manifestó el pleno respeto y acatamiento de la sentencia y el mantenimiento del compromiso con el desarrollo del proyecto de Las Aletas y el impulso de la actividad económica y el empleo en la Bahía de Cádiz.
Por todo ello, indicó que las administraciones que conforman el Consorcio abren un período de estudio jurídico de la sentencia para analizar las diferentes alternativas que permitan desarrollar el proyecto, así como que están dispuestas a realizar todas las modificaciones necesarias para hacer compatible el desarrollo del proyecto de Las Aletas con el respeto a las condiciones medioambientales propias de la zona, garantizando a la vez el desarrollo socioeconómico de la Bahía de Cádiz y el mantenimiento de su riqueza natural. Mientras tanto, señaló que se continuara con normalidad con las actuaciones que no se vean afectadas por dicha sentencia.
Inspección de Trabajo sanciona hasta tres veces a la UTE del alcantarillado en San Fernando (Cadiz)
Tras la denuncia presentada por la Federación de Servicios Públicos (FSP) de UGT Cádiz, la Inspección de Trabajo ha sancionado a la empresa San Fernando UTE hasta en tres ocasiones después de comprobar in situ la zona de vestuarios y aseos que corresponde a los trabajadores y el material de trabajo con el que desempeñan sus funciones. En concreto, la Autoridad Laboral levanta acta de infracción a la empresa por falta de adecuación de la zona de vestuarios al carecer de taquillas dobles para separar la ropa de la calle de la del trabajo y por falta de adecuación del cuarto de baño y de las duchas, donde además existe diverso material que impide el uso adecuado de dicha dependencia. Ante esta situación detectada, la Inspección requiere a la empresa que adecue la zona, en lo que se refiere a iluminación y retirada de residuos, al tiempo que le insta a que proporcione a los trabajadores equipos de protección individual (Epis) adecuados, tales como guantes, ropa de frío y agua, calzados de seguridad, equipos respiratorios, arnés de seguridad, y que esos Epis cuenten con un lugar de almacenamiento.Esta falta de material específico y adecuado ha provocado que la Inspección levante otra acta de infracción a la empresa esta vez por que los equipos de trabajo utilizados por el personal (trípode, detectores de gases, cables, etc) no reúnen las condiciones de seguridad para los trabajadores, ya que carecen de pasadores o pestillos de seguridad. Asimismo, se requiere a la empresa que implante un programa de mantenimiento periódico de aparatos de presión.Finalmente, la Inspección ha sancionado a San Fernando UTE por no efectuar una evaluación de riesgos laborales para la seguridad y salud de los trabajadores en las estaciones de bombeo de El Cerro, Venta de Vargas y San Carlos.La denuncia fue interpuesta antes de que la empresa abandonara la concesión del servicio.
El grupo SOS reduce su presencia en Andalucía por su elevada deuda
La elevada deuda financiera del grupo agroalimentario SOS, cifrada en 1.300 millones, va a tener importantes consecuencias en Andalucía, donde la firma tiene buena parte de sus centros de producción. La empresa va a concretar esta próxima semana un Expediente de Regulación de Empleo (ERE), con una duración de seis meses, para sus plantas aceiteras de Alcolea (Córdoba) y Andújar (Jaén), pero la medida afectará también a sus fábricas de aceituna de mesa en Dos Hermanas y Pilas (Sevilla), y de arroz, en Los Palacios (Sevilla).
El ERE afectará a 500 trabajadores entre Jaén, Córdoba y Sevilla
En total, serán afectados casi 500 trabajadores. Entre los sindicatos ha causado sorpresa que el ERE llegue también a las divisiones de aceituna de mesa y arroz, sobre todo porque se trata de negocios puestos a la venta por SOS, como comunicó el grupo la semana pasada a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
SOS pretende reducir en unos 600 millones su deuda financiera los próximos dos años con la venta de todos sus negocios, a excepción de los aceites vegetales (oliva y girasol), que concentra el 80% de sus ventas y con el que es líder mundial, con un 22% de cuota de mercado. Tras la venta a Nutrexpa de su negocio de galletas, SOS quiere ahora hacer lo mismo con su negocio de arroz, que en Andalucía tiene un pequeño centro con apenas 15 empleados en Los Palacios y Villafranca, en la principal zona de marismas arroceras. En todo caso, todo apunta a que esta fábrica será asumida por Ebro Puleva, que tiene en San Juan de Aznalfarache (Sevilla) la sede de su principal filial arrocera, Herba.
También está en venta la división de aceituna de mesa, con dos centros en la provincia sevillana, el de Cetro, en Pilas, con una treintena de trabajadores, y el Acyco, en Dos Hermanas, con 50 trabajadores fijos y otra veintena eventuales. Sin embargo, a los sindicatos ha sorprendido en gran medida que la dirección anunciara que el ERE también afectará a estos centros. Existe gran incertidumbre en la planta de Dos Hermanas, que dispone de un centenar de trabajadores fijos discontinuos. "Creemos que con estos trabajadores no habría necesidad de plantear ningún ERE", apunta Juan Jiménez, de la Federación Agroalimentaria de UGT en Andalucía.
Donde ya no hay ninguna duda de que habrá un ajuste laboral de carácter temporal es en los dos principales centros aceiteros del grupo SOS: el de Carbonell, en Alcolea (Córdoba), con 201 trabajadores; y el de Koype, en Andújar (Jaén), con 183 trabajadores. En ambos centros, la intención de la empresa es la de aplicar el ERE durante seis meses en el plazo de un año y con unidades de trabajo de una semana. Es decir, una semana de trabajo y otra de paro. "El objetivo es poder mantener los puestos fijos", apuntan desde la empresa.
A falta de conocer los detalles del ERE, los sindicatos ya han mostrado su rechazo. "No han aportado datos que justifiquen su viabilidad", asegura Jiménez, que es también presidente del comité de empresa de Koype en Andújar. "La empresa aduce problemas financieros, pero eso no es motivo para aplicar un ajuste laboral", agrega Antonio Marcos, de UGT.
Los sindicatos recelan también de la propuesta realizada por Nueva Rumasa, propietario de Dhul, Clesa, Trapa, Cacaolat o Apis, para asociarse con SOS, lo que convertiría al grupo en el principal del sector agroalimentario del país. Aunque la firma de la familia Ruiz Mateos defiende que esta alianza evitaría que SOS tenga que vender algunas de sus divisiones y garantizaría el empleo, UGT desconfía de la misma: "Nueva Rumana está intentando pescar en río revuelto para intentar aumentar su estatus social, no es la solución para sacar al grupo del pozo en el que está inmerso", dijo el sindicalista Juan Jiménez.
El ERE afectará a 500 trabajadores entre Jaén, Córdoba y Sevilla
En total, serán afectados casi 500 trabajadores. Entre los sindicatos ha causado sorpresa que el ERE llegue también a las divisiones de aceituna de mesa y arroz, sobre todo porque se trata de negocios puestos a la venta por SOS, como comunicó el grupo la semana pasada a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
SOS pretende reducir en unos 600 millones su deuda financiera los próximos dos años con la venta de todos sus negocios, a excepción de los aceites vegetales (oliva y girasol), que concentra el 80% de sus ventas y con el que es líder mundial, con un 22% de cuota de mercado. Tras la venta a Nutrexpa de su negocio de galletas, SOS quiere ahora hacer lo mismo con su negocio de arroz, que en Andalucía tiene un pequeño centro con apenas 15 empleados en Los Palacios y Villafranca, en la principal zona de marismas arroceras. En todo caso, todo apunta a que esta fábrica será asumida por Ebro Puleva, que tiene en San Juan de Aznalfarache (Sevilla) la sede de su principal filial arrocera, Herba.
También está en venta la división de aceituna de mesa, con dos centros en la provincia sevillana, el de Cetro, en Pilas, con una treintena de trabajadores, y el Acyco, en Dos Hermanas, con 50 trabajadores fijos y otra veintena eventuales. Sin embargo, a los sindicatos ha sorprendido en gran medida que la dirección anunciara que el ERE también afectará a estos centros. Existe gran incertidumbre en la planta de Dos Hermanas, que dispone de un centenar de trabajadores fijos discontinuos. "Creemos que con estos trabajadores no habría necesidad de plantear ningún ERE", apunta Juan Jiménez, de la Federación Agroalimentaria de UGT en Andalucía.
Donde ya no hay ninguna duda de que habrá un ajuste laboral de carácter temporal es en los dos principales centros aceiteros del grupo SOS: el de Carbonell, en Alcolea (Córdoba), con 201 trabajadores; y el de Koype, en Andújar (Jaén), con 183 trabajadores. En ambos centros, la intención de la empresa es la de aplicar el ERE durante seis meses en el plazo de un año y con unidades de trabajo de una semana. Es decir, una semana de trabajo y otra de paro. "El objetivo es poder mantener los puestos fijos", apuntan desde la empresa.
A falta de conocer los detalles del ERE, los sindicatos ya han mostrado su rechazo. "No han aportado datos que justifiquen su viabilidad", asegura Jiménez, que es también presidente del comité de empresa de Koype en Andújar. "La empresa aduce problemas financieros, pero eso no es motivo para aplicar un ajuste laboral", agrega Antonio Marcos, de UGT.
Los sindicatos recelan también de la propuesta realizada por Nueva Rumasa, propietario de Dhul, Clesa, Trapa, Cacaolat o Apis, para asociarse con SOS, lo que convertiría al grupo en el principal del sector agroalimentario del país. Aunque la firma de la familia Ruiz Mateos defiende que esta alianza evitaría que SOS tenga que vender algunas de sus divisiones y garantizaría el empleo, UGT desconfía de la misma: "Nueva Rumana está intentando pescar en río revuelto para intentar aumentar su estatus social, no es la solución para sacar al grupo del pozo en el que está inmerso", dijo el sindicalista Juan Jiménez.
El Supremo tumba el mayor plan industrial de la bahía de Cádiz
Las máquinas seguían ayer trabajando. Sus operarios eran ajenos por completo a una decisión del Tribunal Supremo judicial que da un vuelco al futuro del principal proyecto industrial previsto en la bahía de Cádiz, el parque industrial y logístico de las Aletas, en el municipio de Puerto Real. El Supremo ha anulado el acuerdo del Consejo de Ministros que aprobó en 2007 desafectar gran parte de las 527 hectáreas en las que se preveía un polígono capaz de generar 30.000 empleos con una inversión de 300 millones de euros.
Atiende a un recurso presentado por la asociación ecologista WWF-Adena que denunció esta inversión por ocupar 287 hectáreas de una marisma desecada en suelo de dominio público marítimo-terrestre. El Gobierno y la Junta de Andalucía, impulsores de Las Aletas, siempre han defendido que es un terreno baldío, sin valor medioambiental, aunque esté al lado del Parque Natural de la Bahía de Cádiz y han justificado su actuación en el interés económico y laboral del proyecto. También aducían que no existía ningún otro lugar con similares características para ubicar un parque industrial como éste.Las Aletas es una de las apuestas industriales más importantes de España. Sus promotores lo defendían como el tercer parque más grande de Andalucía, sólo por detrás del Tecnológico de Málaga y el de La Cartuja de Sevilla. Nació en 2004 a través de un decreto de la Consejería de Obras Públicas que incluía estas 527 hectáreas de Puerto Real como zona especial de reserva para la localización de actividades (Zercla). Tenía un escollo. Más de la mitad de estos terrenos ocupaban suelo de dominio público marítimo-terrestre. La Ley de Costas, en su artículo 32.1, establece que únicamente se podrá permitir esa ocupación para aquellas actividades que, por su naturaleza, no puedan tener otra ubicación y además se limita mucho el tipo de uso, enfocado a investigación o pruebas científicas.
En abril de 2007, el Consejo de Ministros aprobó un acuerdo por el que validaba la reserva de 287 hectáreas de dominio público marítimo-terrestre dentro de las 527 necesarias para las Aletas. Aquello se justificó en que los usos tendrían un "efecto tractor" en la economía de la comarca y que el lugar era el idóneo porque en ningún otro se podían ubicar industrias junto a un muelle, el de la Cabezuela, con conexión ferroviaria, cerca de las principales carreteras de conexión, la autopista hacia Sevilla y la autovía hasta el Campo de Gibraltar. La medida contaba con informes de la Junta, del Ayuntamiento, del Ministerio de Medio Ambiente, de la Abogacía del Estado y de la Dirección General de Presupuestos.
Sin embargo, el Supremo tacha la resolución del Consejo de "extremadamente abierta" e "imprecisa". La reserva de los terrenos era además por tiempo indefinido. "Pretende posibilitar la realización de obras e instalaciones que inevitablemente van a desnaturalizar los terrenos", advierte la sentencia.
Juan Carlos del Olmo, secretario General de WWF España, se felicitó por la sentencia: "Llevamos años denunciando la destrucción del litoral para satisfacer intereses privados y no se puede entender que el Gobierno ampare estas actuaciones".
"No cuestionamos que el relanzamiento económico de la bahía de Cádiz sea un fin legítimo pero para que la declaración de reserva sea ajustada a derecho debe quedar debidamente justificado que las actividades allí contempladas han de asentarse en terrenos de dominio público porque, por su naturaleza, no puedan tener otra ubicación".
Los magistrados llaman la atención de que ninguna administración pusiese sobre la mesa un estudio sobre las alternativas de otras ubicaciones.
En principio, el fallo no será recurrido. La sentencia tampoco da margen para ello. Junta y Gobierno buscarán ahora fórmulas legales para que el proyecto pueda continuar. El proyecto fue también anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que dio la razón a los dueños que denunciaron las expropiaciones. El colmo fue que a la Junta se le pasó el plazo para recurrir al Supremo. Para subsanarlo, los promotores han vuelto a empezar el mecanismo de expropiación con unos propietarios que hasta ahora ejercían presión para reclamar más dinero.
"No cuestionamos que el relanzamiento económico de la bahía de Cádiz sea un fin legítimo pero para que la declaración de reserva sea ajustada a derecho debe quedar debidamente justificado que las actividades allí contempladas han de asentarse en terrenos de dominio público porque, por su naturaleza, no puedan tener otra ubicación".
Los magistrados llaman la atención de que ninguna administración pusiese sobre la mesa un estudio sobre las alternativas de otras ubicaciones.
En principio, el fallo no será recurrido. La sentencia tampoco da margen para ello. Junta y Gobierno buscarán ahora fórmulas legales para que el proyecto pueda continuar. El proyecto fue también anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que dio la razón a los dueños que denunciaron las expropiaciones. El colmo fue que a la Junta se le pasó el plazo para recurrir al Supremo. Para subsanarlo, los promotores han vuelto a empezar el mecanismo de expropiación con unos propietarios que hasta ahora ejercían presión para reclamar más dinero.
Cronología de un parque con trabas
La Consejería de Obras Públicas declara en 2004 los suelos como zona de especial reserva para la localización de actividades (Zerpla)
En abril de 2007 el Consejo de Ministros autoriza la reserva del dominio público marítimo terrestre.
Días después los entonces presidente de la Junta y ministro de Economía, Manuel Chaves y Pedro Solbes, firman el convenio para sacar adelante el proyecto.
En febrero de 2008, el TSJA anula el plan de Las Aletas al atender la demanda de los propietarios de los suelos contra las expropiaciones.
La Junta inicia en 2009 un nuevo proceso de expropiaciones. En septiembre, se inician las obras.
Ayer se conoce la sentencia del Tribunal Supremo que anula el proyecto al atender una denuncia de Adena por la ocupación suelos protegidos.
En abril de 2007 el Consejo de Ministros autoriza la reserva del dominio público marítimo terrestre.
Días después los entonces presidente de la Junta y ministro de Economía, Manuel Chaves y Pedro Solbes, firman el convenio para sacar adelante el proyecto.
En febrero de 2008, el TSJA anula el plan de Las Aletas al atender la demanda de los propietarios de los suelos contra las expropiaciones.
La Junta inicia en 2009 un nuevo proceso de expropiaciones. En septiembre, se inician las obras.
Ayer se conoce la sentencia del Tribunal Supremo que anula el proyecto al atender una denuncia de Adena por la ocupación suelos protegidos.
Dimite el presidente del PP de Ceuta grabado en un vídeo de contenido sexual en su despacho
El líder del PP, Mariano Rajoy, se enfrenta en Ceuta a un nuevo escándalo. El vicepresidente del gobierno de la ciudad y presidente del PP ceutí ha dimitido después de que haya sido grabado en un vídeo de contenido sexual en su propio despacho. El presidente de la Ciudad Autónoma, Juan José Vivas, ha intentado forzar la dimisión de su 'número dos' durante todo el día. Gordillo, que fue sacerdote en su día, ha postergado la dimisión hasta la noche.
El presidente de Ceuta, Juan José Vivas ha intentado durante todo el día que su vicepresidente Pedro Gordillo, dimitiera de forma fulminante de todos sus cargos, incluido el que ocupa como presidente del PP en Ceuta. Un hecho que no se ha producido hasta la noche
El motivo de la decisión hay que buscarlo en un vídeo grabado en su propio despacho. Se trata de una grabación de contenido sexual. Esa grabación se habría realizado con un teléfono móvil y la autora sería la mujer que le acompañaba y a la que, según las fuentes consultadas, el dirigente popular hacía promesas a cambio de favores sexuales.
El presidente de Ceuta, Juan José Vivas ha intentado durante todo el día que su vicepresidente Pedro Gordillo, dimitiera de forma fulminante de todos sus cargos, incluido el que ocupa como presidente del PP en Ceuta. Un hecho que no se ha producido hasta la noche
El motivo de la decisión hay que buscarlo en un vídeo grabado en su propio despacho. Se trata de una grabación de contenido sexual. Esa grabación se habría realizado con un teléfono móvil y la autora sería la mujer que le acompañaba y a la que, según las fuentes consultadas, el dirigente popular hacía promesas a cambio de favores sexuales.
viernes, 30 de octubre de 2009
Ex presidente balear Cañellas, imputado por un supuesto desvío de fondos
El periódico señala que Cañellas, ex presidente de la Comunidad con el PP, ha sido imputado en calidad de presidente de la Fundació Illes Balears, que cuidó la conservación de dicha edificación durante años y añade que el ex presidente autonómico (lo fue entre 1983 y 1995) probablemente deberá prestar declaración ante el juez a principios de 2010. Cañellas llevaba años apartado de la primera línea política.La imputación deriva de una querella por prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, falsedad y fraude, interpuesta hace varios meses por la Fiscalía Anticorrupción de Baleares, después de que el actual gobierno municipal de Andratx (del PSIB y Unió Mallorquina) detectara una serie de presuntas irregularidades en los fondos que el consistorio destinó a la Torre de Sant Elm.
EFE
EFE
Nuevo triunfo de CNT en el sector de la hostelería
El sindicato de la CNT-AIT de Granada demuestra una vez más que no hay que callarse ante los abusos de la patronal y recoge los frutos de la lucha sindical
El pasado día 21 de octubre se solucionaba el conflicto que se mantenía con el restaurante Hacienda Plaza, sito en Plaza Nueva, desde que en junio se despidiera de dicho establecimiento a una trabajadora.
Parece ser que tras una larga temporada de silencio obrero en el sector de la hostelería, nuevamente los trabajadores de dicho sector responden a la situación precaria que hoy en día predomina en la ciudad. Y es que, el caso de este conflicto no hace nada mas que reflejar el problema generalizado que se extiende en muchos establecimientos, que ahora con la crisis del capital, se aprovechan cada día mas de la pasividad del obrero.
Pues bien, nuestra compañera, harta de soportar los abusos y tratos denigrantes que un caciquillo de mala muerte daba a sus trabajadores: despidos arbitrarios fuera de la legalidad, contratos basura que no ofrecían ningún tipo de cobertura al trabajador, incumplimiento casi total del ya de por sí precario convenio hostelero y un horario esclavizante (aprovechándose, incluso, de algunos ilegales, haciendo que le vigilaran el local por la noche como si de “seguratas” profesionales se tratase, etc.), entre otras cosas, harta de todo esto, no se calló, no agachó la cabeza ante el empresario, cosa que fue respondida con lo que mejor saben hacer, el despido. El despido, lleno de irregularidades, no se iba a quedar así, y la compañera decidió ponerse en contacto con la CNT, que pasado un tiempo, empezó las acciones.
Lo primero fue ponerse en contacto directo con el empresario, el cual no dio la cara y se ocultó tras el gestor, el cual respondió que “algo se podría hacer”, demostrando posteriormente que sus palabras eran largas para hacer que nos conformáramos como si fuéramos niños.
Estaba claro, había que dar un paso más, se optó por una concentración en las puertas del restaurante y, junto con otras extrabajadoras de dicho bar, se informó a los clientes y viandantes de lo que ocurría, recibiendo una buena acogida por parte de todos y también de los vecinos del barrio, que también están hartos de que este jefe haga lo que quiera; se denunció el maltrato, el acoso y los despidos improcedentes cometidos por el dueño de Restaurante Hacienda Plaza, así como la reivindicación del cumplimiento del Convenio y de mejoras en las condiciones laborales. Allí estuvo la policía nacional, que junto con los vecinos, presenciaron los insultos y las provocaciones que este empresario regalaba al piquete como si pensara que somos otrosde sus trabajadores.
Pues bien, se le dejó bien claro, no nos iba a echar hacia atrás, estamos en nuestro derecho de luchar y lo íbamos a hacer hasta que se solucionara el caso y las veces que hiciera falta. Pasaron los días y el juicio se acercó, tanto que la tarde anterior la compañera recibió una llamada del abogado del sindicato diciéndole que inesperadamente, el empresario había cedido, que no hacía falta ir al juzgado y que la cantidad que se le ofrecía a la extrabajadora era superior a la que inicialmente se iba a reclamar en el juicio. Habíamos conseguido lo justo para la trabajadora, el empresario se había bajado los pantalones, se había ganado el conflicto.
Esto nos demuestra, que por muy mal que esté la situación laboral, por mucho que el sistema y la patronal nos intente ahogar, el anarcosindicalismo y nuestra acción nos abre un camino hacia la dignidad y verdadera justicia laboral. Organízate y lucha.
El pasado día 21 de octubre se solucionaba el conflicto que se mantenía con el restaurante Hacienda Plaza, sito en Plaza Nueva, desde que en junio se despidiera de dicho establecimiento a una trabajadora.
Parece ser que tras una larga temporada de silencio obrero en el sector de la hostelería, nuevamente los trabajadores de dicho sector responden a la situación precaria que hoy en día predomina en la ciudad. Y es que, el caso de este conflicto no hace nada mas que reflejar el problema generalizado que se extiende en muchos establecimientos, que ahora con la crisis del capital, se aprovechan cada día mas de la pasividad del obrero.
Pues bien, nuestra compañera, harta de soportar los abusos y tratos denigrantes que un caciquillo de mala muerte daba a sus trabajadores: despidos arbitrarios fuera de la legalidad, contratos basura que no ofrecían ningún tipo de cobertura al trabajador, incumplimiento casi total del ya de por sí precario convenio hostelero y un horario esclavizante (aprovechándose, incluso, de algunos ilegales, haciendo que le vigilaran el local por la noche como si de “seguratas” profesionales se tratase, etc.), entre otras cosas, harta de todo esto, no se calló, no agachó la cabeza ante el empresario, cosa que fue respondida con lo que mejor saben hacer, el despido. El despido, lleno de irregularidades, no se iba a quedar así, y la compañera decidió ponerse en contacto con la CNT, que pasado un tiempo, empezó las acciones.
Lo primero fue ponerse en contacto directo con el empresario, el cual no dio la cara y se ocultó tras el gestor, el cual respondió que “algo se podría hacer”, demostrando posteriormente que sus palabras eran largas para hacer que nos conformáramos como si fuéramos niños.
Estaba claro, había que dar un paso más, se optó por una concentración en las puertas del restaurante y, junto con otras extrabajadoras de dicho bar, se informó a los clientes y viandantes de lo que ocurría, recibiendo una buena acogida por parte de todos y también de los vecinos del barrio, que también están hartos de que este jefe haga lo que quiera; se denunció el maltrato, el acoso y los despidos improcedentes cometidos por el dueño de Restaurante Hacienda Plaza, así como la reivindicación del cumplimiento del Convenio y de mejoras en las condiciones laborales. Allí estuvo la policía nacional, que junto con los vecinos, presenciaron los insultos y las provocaciones que este empresario regalaba al piquete como si pensara que somos otrosde sus trabajadores.
Pues bien, se le dejó bien claro, no nos iba a echar hacia atrás, estamos en nuestro derecho de luchar y lo íbamos a hacer hasta que se solucionara el caso y las veces que hiciera falta. Pasaron los días y el juicio se acercó, tanto que la tarde anterior la compañera recibió una llamada del abogado del sindicato diciéndole que inesperadamente, el empresario había cedido, que no hacía falta ir al juzgado y que la cantidad que se le ofrecía a la extrabajadora era superior a la que inicialmente se iba a reclamar en el juicio. Habíamos conseguido lo justo para la trabajadora, el empresario se había bajado los pantalones, se había ganado el conflicto.
Esto nos demuestra, que por muy mal que esté la situación laboral, por mucho que el sistema y la patronal nos intente ahogar, el anarcosindicalismo y nuestra acción nos abre un camino hacia la dignidad y verdadera justicia laboral. Organízate y lucha.
Conferencia "Nacionalismo y Anarquismo" para el día 30 a las 20h
Charla-debate a cargo de les compeñerxs de las Juventudes Anarquistas de León, federadas a la F.I.J.A. (Federación Ibérica de Juventudes Anrquistas).
Nos expondrán su punto de vista sobre el problema que acarrean los nacionalismo, de donde vienen, y cómo se anfronta este problema desde el anarquismo. Esperamos que el debate sea intenso, pero fructífero.
La charla tendrá lugar el viernes día 30 de octubre, a las 20:00 horas, en el local del Sindicato de CNT-AIT Granada.
La entrada es gratuita.
Esperamos veros allí. Un saludo.
www.cnt.es/granada
Nos expondrán su punto de vista sobre el problema que acarrean los nacionalismo, de donde vienen, y cómo se anfronta este problema desde el anarquismo. Esperamos que el debate sea intenso, pero fructífero.
La charla tendrá lugar el viernes día 30 de octubre, a las 20:00 horas, en el local del Sindicato de CNT-AIT Granada.
La entrada es gratuita.
Esperamos veros allí. Un saludo.
www.cnt.es/granada
Declarado improcedente el despido de José Antonio Gracia
El Juzgado de lo Social número 2 de Elche declara improcedente el despido del trabajador afiliado a CNT José Antonio Gracia Figueroa, miembro de la plantilla de la empresa concesionaria del servicio de recogida de basuras y limpieza viaria del Ayuntamiento de Pilar de la Horadada, STV Gestión. Se trata del mismo trabajador que, tras ser despedido, mantuvo una huelga de hambre de 25 días el pasado mes de abril.
La empresa motivó el despido alegando que el trabajador formuló expresiones injuriosas contra sus superiores y, según la versión de la mercantil, hubo un intento de agresión hacia una responsable de recursos humanos. Sin embargo, la sentencia pone en su sitio a la empresa y da la razón al trabajador, considerando que "los hechos acreditados no demuestran que el actor formulara expresiones injuriosas que pudieran considerarse ofensivas" "no procediendo considerar estos hechos como expresiones verbales ofensivas contra la persona del empresario o sus empleados" y establece como hecho probado que la única frase que el trabajador despedido dirigió a la responsable de personal, y por la que ésta última se consideró amenazada, fue la siguiente: "¿Qué es lo que queréis, que me vaya?". Además, señala textualmente la sentencia, "coincidiendo todos los testigos en que el actor pronunció esta frase y en que lo hizo con las manos alzadas a un metro y medio, aproximadamente, de la responsable de personal de la empresa, pudiendo comprobarse esto, salvo el comentario formulado, en la grabación aportada y no pudiendo considerarse esto como una actitud amenazante, pues el actor alzó las manos para gesticular su expresión en línea horizontal, sin ademán de evidenciar intención de agredir a nadie, siendo los superiores quienes salieron detrás de él para comprobar su actitud y reacción frente a la sanción, cuando entiende esta Juzgadora que su labor finalizaba una vez notificada la carta correspondiente."
Aunque la empresa ha sido condenada a abonar una importante indemnización económica, desde CNT deseamos expresar nuestra disconformidad con el resultado del procedimiento judicial, ya que el objetivo tanto del trabajador como del sindicato que le respalda, es que éste recupere el puesto de trabajo del que tan injustamente ha sido privado por motivo de su afiliación sindical. Por todo ello, nuestra asesoría jurídica se ha puesto manos a la obra y ya ha anunciado ante el Juzgado de lo Social numero 2 de Elche la intención de recurrir esta Sentencia ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, para pedir nuevamente la nulidad del despido injusto y arbitrario a que fue sometido nuestro compañero.
Desde CNT no podemos estar satisfechos esta resolución, ya que, pese a haber ganado, no se ha entrado a valorar el problema de fondo, que no es otro que la represión sindical contra las actividades de un sindicato como CNT en el seno de la empresa STV Gestión, tal y como ha quedado acreditado en la sanción impuesta a este respecto por la Inspección de Trabajo. STV Gestión está malacostumbrada a haber contado hasta la fecha con un interlocutor sindical como CC.OO., que baila al son que la empresa toca, y ve con muy malos ojos la actitud combativa y decidida de la Sección Sindical de CNT en la empresa, de la cual era miembro nuestro compañero José Antonio.
En Pilar de la Horadada, a 29 de octubre de 2009
La empresa motivó el despido alegando que el trabajador formuló expresiones injuriosas contra sus superiores y, según la versión de la mercantil, hubo un intento de agresión hacia una responsable de recursos humanos. Sin embargo, la sentencia pone en su sitio a la empresa y da la razón al trabajador, considerando que "los hechos acreditados no demuestran que el actor formulara expresiones injuriosas que pudieran considerarse ofensivas" "no procediendo considerar estos hechos como expresiones verbales ofensivas contra la persona del empresario o sus empleados" y establece como hecho probado que la única frase que el trabajador despedido dirigió a la responsable de personal, y por la que ésta última se consideró amenazada, fue la siguiente: "¿Qué es lo que queréis, que me vaya?". Además, señala textualmente la sentencia, "coincidiendo todos los testigos en que el actor pronunció esta frase y en que lo hizo con las manos alzadas a un metro y medio, aproximadamente, de la responsable de personal de la empresa, pudiendo comprobarse esto, salvo el comentario formulado, en la grabación aportada y no pudiendo considerarse esto como una actitud amenazante, pues el actor alzó las manos para gesticular su expresión en línea horizontal, sin ademán de evidenciar intención de agredir a nadie, siendo los superiores quienes salieron detrás de él para comprobar su actitud y reacción frente a la sanción, cuando entiende esta Juzgadora que su labor finalizaba una vez notificada la carta correspondiente."
Aunque la empresa ha sido condenada a abonar una importante indemnización económica, desde CNT deseamos expresar nuestra disconformidad con el resultado del procedimiento judicial, ya que el objetivo tanto del trabajador como del sindicato que le respalda, es que éste recupere el puesto de trabajo del que tan injustamente ha sido privado por motivo de su afiliación sindical. Por todo ello, nuestra asesoría jurídica se ha puesto manos a la obra y ya ha anunciado ante el Juzgado de lo Social numero 2 de Elche la intención de recurrir esta Sentencia ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, para pedir nuevamente la nulidad del despido injusto y arbitrario a que fue sometido nuestro compañero.
Desde CNT no podemos estar satisfechos esta resolución, ya que, pese a haber ganado, no se ha entrado a valorar el problema de fondo, que no es otro que la represión sindical contra las actividades de un sindicato como CNT en el seno de la empresa STV Gestión, tal y como ha quedado acreditado en la sanción impuesta a este respecto por la Inspección de Trabajo. STV Gestión está malacostumbrada a haber contado hasta la fecha con un interlocutor sindical como CC.OO., que baila al son que la empresa toca, y ve con muy malos ojos la actitud combativa y decidida de la Sección Sindical de CNT en la empresa, de la cual era miembro nuestro compañero José Antonio.
En Pilar de la Horadada, a 29 de octubre de 2009
jueves, 29 de octubre de 2009
Supermercados Dia despide y denuncia a quien se manifiesta
Este lunes 26 de octubre algunos/as compañeros/as del SOV de Motril y de Vélez de Benaudalla de CNT-AIT, nos hemos concentrado ante las puertas de uno de los establecimientos “Dia” que hay en Motril haciéndonos eco de la llamada del SOV de Cádiz, en protesta por el despido de un trabajador por ejercer sus funciones sindicales.
Allí hemos desplegado una pancarta y repartido unas octavillas explicando el sucio juego que se trae esta empresa con quienes simplemente exigen sus derechos como trabajadores/as. Todo ha ido bien hasta que se han percatado que estábamos en la puerta del establecimiento, saliendo una empleada muy cabreada (porque la regañaban si nosotros/as protestábamos) amenazándonos con llamar a los cuerpos represivos, amenaza que ha cumplido. Se han presentado allí los siervos del poder tomando los datos de los presentes pues nos habían denunciado. Denunciados por ejercer nuestro derecho a expresar nuestras reivindicaciones, denunciados por pedir la readmisión de un compañero despedido, por sacar una pancarta y repartir panfletos explicando el por qué de nuestra protesta. A él le dieron unas vacaciones para después despedirlo por faltar “injustificadamente” al trabajo, como si hubiese que ir a trabajar cuando se esta de vacaciones... A nosotros, porque no nos callamos ni nos estamos quietos. Así se las gasta esta gente, quieren borreguitos/as que les compren mucho, que trabajen mucho, que cobren poco y acepten un contrato de 4 horas para abaratar más los costes. Pues nosotras/os no somos de esas/os, pueden seguir preparando denuncias que no nos van a amedentrar. Ni antes, ni ahora, ni nunca la CNT se callará, ni entrará en el juego de presentarse a sus elecciones para poder comprar a los /as elegidos/as y así mantenerlos/as en silencio y sometidas/os.
Allí hemos desplegado una pancarta y repartido unas octavillas explicando el sucio juego que se trae esta empresa con quienes simplemente exigen sus derechos como trabajadores/as. Todo ha ido bien hasta que se han percatado que estábamos en la puerta del establecimiento, saliendo una empleada muy cabreada (porque la regañaban si nosotros/as protestábamos) amenazándonos con llamar a los cuerpos represivos, amenaza que ha cumplido. Se han presentado allí los siervos del poder tomando los datos de los presentes pues nos habían denunciado. Denunciados por ejercer nuestro derecho a expresar nuestras reivindicaciones, denunciados por pedir la readmisión de un compañero despedido, por sacar una pancarta y repartir panfletos explicando el por qué de nuestra protesta. A él le dieron unas vacaciones para después despedirlo por faltar “injustificadamente” al trabajo, como si hubiese que ir a trabajar cuando se esta de vacaciones... A nosotros, porque no nos callamos ni nos estamos quietos. Así se las gasta esta gente, quieren borreguitos/as que les compren mucho, que trabajen mucho, que cobren poco y acepten un contrato de 4 horas para abaratar más los costes. Pues nosotras/os no somos de esas/os, pueden seguir preparando denuncias que no nos van a amedentrar. Ni antes, ni ahora, ni nunca la CNT se callará, ni entrará en el juego de presentarse a sus elecciones para poder comprar a los /as elegidos/as y así mantenerlos/as en silencio y sometidas/os.
DESDE EL SOV DE MOTRIL Y EL SOV DE VÉLEZ DE BANUDALLA EXIGIMOS LA INMEDIATA READMISION DE NUESTRO COMPAÑERO Y EL CESE DE LA PERSECUCIÓN SINDICAL PRACTICADA POR ESTA EMPRESA.
Crónica de la concentración en Granada en apoyo a los detenidos en Serbia
El martes 27 de Octubre la CNT-AIT de Granada convocó una concentración en la Gran Vía para informar a la población granadina de la detención arbitraria de seis compañeras y compañeros anarcosindicalistas miembros de la ASI-AIT y del movimiento anarquista en Serbia. Un "atentado" (una pintada y una botella incendiaria que no llegó ni a funcionar, y que tan sólo sirvió para romper un cristal) reivindicado por un desconocido grupo anarquista griego llamado "Elías Negro" que pedían la libertad del felizmente ya libre compañero Theodoros Iliopoulos, pero que por entonces se encontraba preso. A l@s detenid@s les piden entre 3 y 15 años de cárcel, según la legislación penal serbia, y pueden estar detenidos durante 6 meses sin cargos, mientras se van demorando la investigación por terrorismo. Como aún no han sacado nada, la investigación continúa, y así contínuamente hasta un máximo de seis meses.
La concentración convocada empezó pronto, a las 20:05 horas, y transcurrió durante una hora y media sin incidentes (aunque con la inevitable presencia policial, presente en todo momento), informando el verdadero motivo mediante el megáfono y octavillas de las detenciones de nuestr@s compañer@s: ser anarquistas y luchar por l@s oprimid@s y trabajador@s del mundo mediante el anarcosindicalismo y la acción directa. Desde hacía años l@s compañer@s serbi@s ya avisaban del acoso policial que sufrían, y el Estado Serbio ha aprovechado esta ocasión para ponerles las manos encima. Ahora es el momento de reaccionar ante el poder del Estado, sus arbitrariedades y su represión, y luchar por la libertad de nuestr@s compañer@s. No podemos permitir que vayan usando el concepto vago y falso de terrorismo para reprimir un movimiento social y esconder los auténticos crímenes contra la humanidad que protagonizan Estados como el serbio y el resto que plagan nuestro mundo.
Consideramos el acto muy positivamente por ser el primero sobre esta cuestión en Granada, y por su eficacia en la difusión de la realidad de nuestr@s compañer@s así como la de otr@s pres@s, como Amadeu Casellas, que en Granada hay convocada otra concentración el próximo martes 3 de Noviembre. La CNT-AIT de Granada continuará denunciando la represión que sufre el movimiento anarcosindicalista y anarquista que se sufre tanto en España, como en Serbia y el resto del mundo. Hasta que nuestr@s compañer@s salgan en libertad, realizaremos los actos oportunos para exigir la inmediata libertad de tod@s ell@s.¡Libertad anarcosindicalistas serbios!¡Basta de montajes policiales y represión!¡Abajo los muros de las prisiones!
www.cnt.es/granada
La concentración convocada empezó pronto, a las 20:05 horas, y transcurrió durante una hora y media sin incidentes (aunque con la inevitable presencia policial, presente en todo momento), informando el verdadero motivo mediante el megáfono y octavillas de las detenciones de nuestr@s compañer@s: ser anarquistas y luchar por l@s oprimid@s y trabajador@s del mundo mediante el anarcosindicalismo y la acción directa. Desde hacía años l@s compañer@s serbi@s ya avisaban del acoso policial que sufrían, y el Estado Serbio ha aprovechado esta ocasión para ponerles las manos encima. Ahora es el momento de reaccionar ante el poder del Estado, sus arbitrariedades y su represión, y luchar por la libertad de nuestr@s compañer@s. No podemos permitir que vayan usando el concepto vago y falso de terrorismo para reprimir un movimiento social y esconder los auténticos crímenes contra la humanidad que protagonizan Estados como el serbio y el resto que plagan nuestro mundo.
Consideramos el acto muy positivamente por ser el primero sobre esta cuestión en Granada, y por su eficacia en la difusión de la realidad de nuestr@s compañer@s así como la de otr@s pres@s, como Amadeu Casellas, que en Granada hay convocada otra concentración el próximo martes 3 de Noviembre. La CNT-AIT de Granada continuará denunciando la represión que sufre el movimiento anarcosindicalista y anarquista que se sufre tanto en España, como en Serbia y el resto del mundo. Hasta que nuestr@s compañer@s salgan en libertad, realizaremos los actos oportunos para exigir la inmediata libertad de tod@s ell@s.¡Libertad anarcosindicalistas serbios!¡Basta de montajes policiales y represión!¡Abajo los muros de las prisiones!
www.cnt.es/granada
Seat, empresa modelo bajo la crisis. Siglo XXI: UGT, CC.OO. y CGT firman festivos
SEAT lleva toda una década con reajuste de plantillas a precio de saldo, con ayudas públicas del Estado capitalista, con dinero del pueblo y de los trabajadores.Atrás quedaron la jubilación por relevo con los salarios precarios de entrada pactados por UGT y CC.OO. en el 2.001, los despidos pactados del 2005 por UGT y CC.OO., de los que algunos trabajadores volvieron a entrar con acuerdo sindical, el recorte de plantilla del 2007 con bajas y jubilaciones anticipadas pactadas por UGT, CC.OO. y CGT.
Durante este tiempo nuevos trabajadores pasaron a formar parte del ejército obrero de SEAT, con salarios más baratos, con contratos temporales y con menos capacidad de resistencia ante la embestida patronal y capitalista de la crisis, todo ha sido fruto de esta “negociación” sindical en la que han estado todos los sindicatos afines al régimen capitalista: la UGT del PSOE, CC.OO. excomunista y la CGT reformista.
Pero hoy se vuelve a hablar de SEAT, que desde noviembre del pasado año, al igual que otras empresas del automóvil, las poderosas multinacionales capitalistas vienen acelerando sus políticas de ajuste, para cargar la crisis sobre las ya muy desgastadas espaldas de los trabajadores. Los ERE caen a diestro y siniestro, las amenazas de cierre, los chantajes sobre la adjudicación de nuevos modelos y producciones, las congelaciones salariales, que en SEAT todos los sindicatos han acabado por asumir… se han convertido en la tónica general que todos los trabajadores del sector industrial deben soportar y hasta bendecir.
Ante una situación así, lo lógico sería que se defendiera con uñas y dientes el empleo, el reparto del trabajo con la reducción de jornada hacia las 35 o 30 horas sin reducción de salario, el poder adquisitivo.
Pero no, impera la política del Estado capitalista: moderación,congelación o recorte salarial, aumento del desempleo temporal o extintivo, convenios o leyes que los legitimen, chantajes que lo justifiquen. Y la fórmula que han encontrado los sindicatos de SEAT (UGT, CC.OO. y CGT) ha sido la firma de un acuerdo (3-10-2009) para recuperar producciones de un modelo (Ibiza) en fines de semana, mientras los días laborales trabajadores de SEAT están desempleados en el ERE.
En una supuesta “respuesta” a la empresa que venía realizando con voluntarios trabajo en festivos desde hace meses, se llegó a convocar una huelga fantasma para fines de semana desde octubre hasta final de año, que ni siquiera se ha llegado a realizar la primera huelga cuanto todos los sindicatos pactan la desconvocatoria a cambio de un acuerdo que “regule” el evento de trabajar en festivos. Lo curioso es que el sindicato, denominado como “anarquista” (CGT) contra todo pronóstico, y de forma sorprendente firma también la desconvocatoria y el acuerdo. Inaudito, pero cierto. “Paso a paso”, pacto a pacto, todos juntitos hacia la bancarrota de los trabajadores.
La excusa es que se pierden coches de un modelo, el Ibiza, que hoy es el que más se está vendiendo. Lo curioso es que mientras esto sucede, la empresa recorta las producciones diarias del Ibiza en 30 coches menos en días laborales de Octubre, 1 día de ERE en ese mismo mes y mete además 5 días de ERE para el mes de noviembre. ¿No sería más lógico mantener la producción en días laborables?. ¡Pues no!, se continuarán trabajando los domingos noche en chapistería para fabricar carrocerías con voluntarios, y los lunes se adelantaran dos horas de trabajo en pinturas para fabricar carrocerías. Domingos noche y 10 horas de jornada en Lunes. ¿Así se reparte el trabajo?.
Pero la cosa no acaba ahí. Además de mandar más trabajadores al desempleo al recortar las producciones en días laborales, se permite que las semanas que haya ERE sean los trabajadores voluntarios que trabajan los festivos los que se libren, discriminando al resto de obreros que cumplen con su jornada. ¡Vaya vara de medir!. Premio para el “estimado colaborador” y castigo para el “obrero díscolo o respondón”. No es extraño que hoy en SEAT hayan unos trabajadores con mucha cantidad de desempleo por ERE y otros con poca.
La empresa se sale con la suya, ya que de esta manera reduce los stockajes, reduce las plantillas, abarata los costes laborales y lo que es peor divide y enfrenta a unos trabajadores, con el permiso y la claudicación sindical. De los días de gloria de la lucha obrera contra el Estado capitalista y su forma más brutal el régimen franquista, hemos pasado a los días de pena de retroceso y claudicación.
Reducción de la jornada sin reducción salarial y reparto de la riqueza
Para los trabajadores, la solución a la crisis capitalista y a la crisis industrial, no pasa por cargar más a los mismos de siempre, dejando que los empresarios y banqueros se enriquezcan exorbitadamente.
Es de locos, no defender el reparto del trabajo y de la riqueza social. Frente a los ya más de 4 millones de parados, la única solución viable es pelear por la reducción de la jornada hacia las 35 horas y hasta las 30 horas como propone la CNT. Y adelantar la edad de jubilación a los 60 o 55 años, mejorando las pensiones, precarizadas por las últimas reformas que ampliaron el cómputo de cálculo para la pensión.
Bajo la crisis no se va a crear empleo, ni mucho menos estable, sino que al revés se está destruyendo cada vez más. Las cifras son alarmantes. A la vista de la magnitud del problema, hay que plantear una reducción drástica de la jornada, es decir, que los que ahora trabajan lo hagan durante menos horas, de modo que para mantener la producción la patronal se vea forzada a contratar parados, o a mandar a menos trabajadores a los ERE de suspensión. Como en el caso de SEAT, en vez de firmar domingos y jornadas diarias de 10 horas.
La forma más eficaz de combatir las horas extras es de que la reducción de la jornada no se haga con reducción de salario. ¿Y de donde sale ese dinero?. DE LOS BENEFICIOS PATRONALES Y DE LA BANCA PRIVADA. Las grandes empresas anuncian todos los años, sin ningún rubor, cifras de beneficios que superan lo imaginable. No es viable para la salud de los trabajadores, una economía que se basa en el gasto militar, los presupuestos de la iglesia, la bonificación fiscal de las rentas altas, los paraísos fiscales y la especulación, los impuestos indirectos, subida del IVA, la gravación del impuesto directo en exclusiva de los salarios.
En el Siglo XXI faltan soluciones que coloquen el reparto del trabajo y de la riqueza, y sobran pactos que incrementan el desempleo permitiendo las jornadas largas y el trabajo en festivos, como en SEAT. Un retroceso más, de espaldas hacia nuestro horizonte, que no es el de los capitalistas.
Durante este tiempo nuevos trabajadores pasaron a formar parte del ejército obrero de SEAT, con salarios más baratos, con contratos temporales y con menos capacidad de resistencia ante la embestida patronal y capitalista de la crisis, todo ha sido fruto de esta “negociación” sindical en la que han estado todos los sindicatos afines al régimen capitalista: la UGT del PSOE, CC.OO. excomunista y la CGT reformista.
Pero hoy se vuelve a hablar de SEAT, que desde noviembre del pasado año, al igual que otras empresas del automóvil, las poderosas multinacionales capitalistas vienen acelerando sus políticas de ajuste, para cargar la crisis sobre las ya muy desgastadas espaldas de los trabajadores. Los ERE caen a diestro y siniestro, las amenazas de cierre, los chantajes sobre la adjudicación de nuevos modelos y producciones, las congelaciones salariales, que en SEAT todos los sindicatos han acabado por asumir… se han convertido en la tónica general que todos los trabajadores del sector industrial deben soportar y hasta bendecir.
Ante una situación así, lo lógico sería que se defendiera con uñas y dientes el empleo, el reparto del trabajo con la reducción de jornada hacia las 35 o 30 horas sin reducción de salario, el poder adquisitivo.
Pero no, impera la política del Estado capitalista: moderación,congelación o recorte salarial, aumento del desempleo temporal o extintivo, convenios o leyes que los legitimen, chantajes que lo justifiquen. Y la fórmula que han encontrado los sindicatos de SEAT (UGT, CC.OO. y CGT) ha sido la firma de un acuerdo (3-10-2009) para recuperar producciones de un modelo (Ibiza) en fines de semana, mientras los días laborales trabajadores de SEAT están desempleados en el ERE.
En una supuesta “respuesta” a la empresa que venía realizando con voluntarios trabajo en festivos desde hace meses, se llegó a convocar una huelga fantasma para fines de semana desde octubre hasta final de año, que ni siquiera se ha llegado a realizar la primera huelga cuanto todos los sindicatos pactan la desconvocatoria a cambio de un acuerdo que “regule” el evento de trabajar en festivos. Lo curioso es que el sindicato, denominado como “anarquista” (CGT) contra todo pronóstico, y de forma sorprendente firma también la desconvocatoria y el acuerdo. Inaudito, pero cierto. “Paso a paso”, pacto a pacto, todos juntitos hacia la bancarrota de los trabajadores.
La excusa es que se pierden coches de un modelo, el Ibiza, que hoy es el que más se está vendiendo. Lo curioso es que mientras esto sucede, la empresa recorta las producciones diarias del Ibiza en 30 coches menos en días laborales de Octubre, 1 día de ERE en ese mismo mes y mete además 5 días de ERE para el mes de noviembre. ¿No sería más lógico mantener la producción en días laborables?. ¡Pues no!, se continuarán trabajando los domingos noche en chapistería para fabricar carrocerías con voluntarios, y los lunes se adelantaran dos horas de trabajo en pinturas para fabricar carrocerías. Domingos noche y 10 horas de jornada en Lunes. ¿Así se reparte el trabajo?.
Pero la cosa no acaba ahí. Además de mandar más trabajadores al desempleo al recortar las producciones en días laborales, se permite que las semanas que haya ERE sean los trabajadores voluntarios que trabajan los festivos los que se libren, discriminando al resto de obreros que cumplen con su jornada. ¡Vaya vara de medir!. Premio para el “estimado colaborador” y castigo para el “obrero díscolo o respondón”. No es extraño que hoy en SEAT hayan unos trabajadores con mucha cantidad de desempleo por ERE y otros con poca.
La empresa se sale con la suya, ya que de esta manera reduce los stockajes, reduce las plantillas, abarata los costes laborales y lo que es peor divide y enfrenta a unos trabajadores, con el permiso y la claudicación sindical. De los días de gloria de la lucha obrera contra el Estado capitalista y su forma más brutal el régimen franquista, hemos pasado a los días de pena de retroceso y claudicación.
Reducción de la jornada sin reducción salarial y reparto de la riqueza
Para los trabajadores, la solución a la crisis capitalista y a la crisis industrial, no pasa por cargar más a los mismos de siempre, dejando que los empresarios y banqueros se enriquezcan exorbitadamente.
Es de locos, no defender el reparto del trabajo y de la riqueza social. Frente a los ya más de 4 millones de parados, la única solución viable es pelear por la reducción de la jornada hacia las 35 horas y hasta las 30 horas como propone la CNT. Y adelantar la edad de jubilación a los 60 o 55 años, mejorando las pensiones, precarizadas por las últimas reformas que ampliaron el cómputo de cálculo para la pensión.
Bajo la crisis no se va a crear empleo, ni mucho menos estable, sino que al revés se está destruyendo cada vez más. Las cifras son alarmantes. A la vista de la magnitud del problema, hay que plantear una reducción drástica de la jornada, es decir, que los que ahora trabajan lo hagan durante menos horas, de modo que para mantener la producción la patronal se vea forzada a contratar parados, o a mandar a menos trabajadores a los ERE de suspensión. Como en el caso de SEAT, en vez de firmar domingos y jornadas diarias de 10 horas.
La forma más eficaz de combatir las horas extras es de que la reducción de la jornada no se haga con reducción de salario. ¿Y de donde sale ese dinero?. DE LOS BENEFICIOS PATRONALES Y DE LA BANCA PRIVADA. Las grandes empresas anuncian todos los años, sin ningún rubor, cifras de beneficios que superan lo imaginable. No es viable para la salud de los trabajadores, una economía que se basa en el gasto militar, los presupuestos de la iglesia, la bonificación fiscal de las rentas altas, los paraísos fiscales y la especulación, los impuestos indirectos, subida del IVA, la gravación del impuesto directo en exclusiva de los salarios.
En el Siglo XXI faltan soluciones que coloquen el reparto del trabajo y de la riqueza, y sobran pactos que incrementan el desempleo permitiendo las jornadas largas y el trabajo en festivos, como en SEAT. Un retroceso más, de espaldas hacia nuestro horizonte, que no es el de los capitalistas.
Se busca el alquiler de un bungalow entre las facturas sin consignación
El concejal socialista Fernando León, responsable de asuntos económicos del grupo municipal del PSOE en el Consistorio isleño, comunicó ayer en rueda de prensa que el Ayuntamiento cuenta con facturas sin consignar en calidad de gastos de comunidad entre el año 2001 y 2004 por un valor total de 109.535 euros, o lo que es lo mismo, 2.849 euros al mes. Según fuentes consultadas por este periódico, dichas cantidades podrían haber sido destinadas a otro fin, más concretamente, al supuesto alquiler durante todo ese tiempo de un bungalow que según apuntan podría estar ubicado en el centro comercial y de ocio Bahía Sur y no a los referidos gastos de comunidad, aunque se desconoce el uso que el Ayuntamiento pudo dar al inmueble durante esos años.
Caso de tratarse de ese inmueble, cabe destacar que la última fase de los citados bungalows se pusoa la venta en el año 2005 a precios que oscilaban entre los 50.000 y los 100.000 euros, cuantías que contrastan con las relativas al supuesto alquiler acordado por el Ayuntamiento con el propietario del inmueble. Con todo, será el Ayuntamiento de San Fernando el que tendrá que aclarar si realmente se produjo el supuesto alquiler del bungalow y, si fuera así, para qué uso fue destinado. Fernando León pide a los miembros del equipo de Gobierno Bipartito que aporten transparencia y también avisa de que en caso de que sigan apareciendo más revelaciones de esta índole en las sucesivas investigaciones que el PSOE tiene previsto realizar, no descartan poner el caso en manos de la Fiscalía al igual que han hecho con la doble facturación del Servicio del Alcantarillado.
“No colaboran”
El pasado 13 de octubre, el grupo municipal socialista solicitó a la primera teniente de alcalde, Carmen Pedemonte, mediante una carta, que ella intercediera ante el alcalde para que éste facilitase a la oposición el listado de proveedores sin consignación presupuestaria donde se detallen las empresas, el servicio que prestaron y la cantidad que se les debe. A día de hoy siguen sin contestación alguna.No obstante, el concejal Fernando León afirma que cuenta con “datos rigurosos y de solvencia” donde queda patente que hay facturas sin consignar desde finales de 2002, 2003 y 2004. Tampoco descartan que haya más de años sucesivos. León incluso aportó casos concretos, como que aún se le adeuda a la anterior consignataria del servicio de limpieza, Cespa, 1.227.558 euros en calidad de servicios prestados fuera de plica.Igualmente León afirmó que a la misma empresa, “presumiblemente”, se le debe 1.161 euros y 2.925 euros por la limpieza del Campo de la Bazán por motivo dos conciertos de Islaverano 2003 (Niña Pastori, UPA Dance y OT).
También denuncian una supuesta duplicidad pues han encontrado una factura sin consignar por 39.058 euros por el mismo concepto.Otras facturas sin consignar según León son: 15 días de trabajo de limpieza en la playa por 25.054 euros o el riego de árboles por 15.000 euros.“También aparecen otras sin consignación y como suministro de servicios eléctricos para el pintado de farolas entre 2003 y 2004 por un valor de 96.546 euros, en estas encontramos una irregularidad, las facturas están faseadas para no sacar a concurso el servicio, estando las facturas correlativas entre la 121 y la 133, por tanto hay voluntad política manifiesta por beneficiar a una empresa concreta”, sentenció León.
Pero todo no queda aquí, ya que la contratación de personal también parece ser, según el PSOE, que cuenta con facturas sin consignar, en este caso León pregunta por la contratación de dos auxiliares administrativos para la Oficina de Turismo por 63.341 euros correspondientes al año 2003 y 2004, cobrando una media estos trabajadores de 7.182 euros. “No se sabe quién les ha contratado y qué trabajo han realizado”, apuntó.También se preguntan desde las filas socialistas por dos contrataciones efectuadas en la Delegación de Desarrollo Sostenible “donde se contrató a un técnico ambiental y un oficial de jardinería por 23.510 euros”, concluyó León.
fuente: Andalucia Informacion
Caso de tratarse de ese inmueble, cabe destacar que la última fase de los citados bungalows se pusoa la venta en el año 2005 a precios que oscilaban entre los 50.000 y los 100.000 euros, cuantías que contrastan con las relativas al supuesto alquiler acordado por el Ayuntamiento con el propietario del inmueble. Con todo, será el Ayuntamiento de San Fernando el que tendrá que aclarar si realmente se produjo el supuesto alquiler del bungalow y, si fuera así, para qué uso fue destinado. Fernando León pide a los miembros del equipo de Gobierno Bipartito que aporten transparencia y también avisa de que en caso de que sigan apareciendo más revelaciones de esta índole en las sucesivas investigaciones que el PSOE tiene previsto realizar, no descartan poner el caso en manos de la Fiscalía al igual que han hecho con la doble facturación del Servicio del Alcantarillado.
“No colaboran”
El pasado 13 de octubre, el grupo municipal socialista solicitó a la primera teniente de alcalde, Carmen Pedemonte, mediante una carta, que ella intercediera ante el alcalde para que éste facilitase a la oposición el listado de proveedores sin consignación presupuestaria donde se detallen las empresas, el servicio que prestaron y la cantidad que se les debe. A día de hoy siguen sin contestación alguna.No obstante, el concejal Fernando León afirma que cuenta con “datos rigurosos y de solvencia” donde queda patente que hay facturas sin consignar desde finales de 2002, 2003 y 2004. Tampoco descartan que haya más de años sucesivos. León incluso aportó casos concretos, como que aún se le adeuda a la anterior consignataria del servicio de limpieza, Cespa, 1.227.558 euros en calidad de servicios prestados fuera de plica.Igualmente León afirmó que a la misma empresa, “presumiblemente”, se le debe 1.161 euros y 2.925 euros por la limpieza del Campo de la Bazán por motivo dos conciertos de Islaverano 2003 (Niña Pastori, UPA Dance y OT).
También denuncian una supuesta duplicidad pues han encontrado una factura sin consignar por 39.058 euros por el mismo concepto.Otras facturas sin consignar según León son: 15 días de trabajo de limpieza en la playa por 25.054 euros o el riego de árboles por 15.000 euros.“También aparecen otras sin consignación y como suministro de servicios eléctricos para el pintado de farolas entre 2003 y 2004 por un valor de 96.546 euros, en estas encontramos una irregularidad, las facturas están faseadas para no sacar a concurso el servicio, estando las facturas correlativas entre la 121 y la 133, por tanto hay voluntad política manifiesta por beneficiar a una empresa concreta”, sentenció León.
Pero todo no queda aquí, ya que la contratación de personal también parece ser, según el PSOE, que cuenta con facturas sin consignar, en este caso León pregunta por la contratación de dos auxiliares administrativos para la Oficina de Turismo por 63.341 euros correspondientes al año 2003 y 2004, cobrando una media estos trabajadores de 7.182 euros. “No se sabe quién les ha contratado y qué trabajo han realizado”, apuntó.También se preguntan desde las filas socialistas por dos contrataciones efectuadas en la Delegación de Desarrollo Sostenible “donde se contrató a un técnico ambiental y un oficial de jardinería por 23.510 euros”, concluyó León.
fuente: Andalucia Informacion
Nuevas irregularidades en el ayuntamiento de San Fernando (Cadiz)
El Partido Socialista local ha vuelto a destapar un presunto caso de irregularidades detectadas en las cuentas municipales del Ayuntamiento isleño. En esta ocasión los socialistas se han referido a las facturas sin consignación presupuestaria según los datos de las Cuentas Generales de 2008.
Tras realizar un análisis pormenorizado de estos datos el PSOE denuncia que existe duplicidad de facturas pagadas a los acreedores. Así muestran como en el año 2003 por la limpieza de las zonas habilitadas para los conciertos de Isla Verano se habría pagado por un lado, a la empresa CESPA adjudicataria de la limpieza de la ciudad unos 5.257 euros, y por el mismo concepto a otra empresa responsable de la limpieza de las dependencias municipales, la cantidad de 39.058 euros. La duplicidad de facturas también la encuentran en el concepto de gastos de comunidad con un valor mensual de 2.849 euros, que se habrían pagado doble en varias ocasiones.
Pero además los socialistas también denuncian la realización de trabajos extraordinarios que debían realizarse dentro de las plicas concertadas como 15 días de limpieza en la Playa de Camposoto, por 25.054 euros; o el riego de árboles, por 15.000 euros.
Entre los pagos sin consignación presupuestaria señalan a su vez el faseo de obras para no tener que sacarlas a concurso, favoreciendo así a determinadas empresas. A este respecto explicaron que el pintado de las farolas de la calle Real había tenido un coste de 96.546 euros en el año 2004.
Pero además, el concejal del PSOE, Fernando León, también habló de contrataciones irregulares. «No sabemos que servicio han prestado pero coinciden con las elecciones municipales». Así hizo referencia a la contratación de dos auxiliares de Turismo durante 10 meses por 7.182 euros al mes, o un técnico ambiental y un oficial de jardinería en 2003 por un total de 23.510 euros. León manifestó ayer que entendía «la negativa del alcalde a no dar la información que le hemos solicitado para corroborar estos datos, pero no entendemos que Pedemonte no intermedie». Así denunció que las irregularidades detectadas en el servicio de alcantarillado «no es un caso aislado dentro de la acción política del PA durante los últimos años y a la que se ha incorporado el PP».
De esta forma el PSOE amenazó con llevar este nuevo caso de presuntas irregularidades ante la Fiscalía cuando hayan concluido el análisis de las cuentas.
El jefe de la red ganó cinco millones con un pelotazo en la costa barcelonesa
Luis García Sáez, el presunto jefe de la red catalana que ha desarticulado el juez Baltasar Garzón con la Operación Pretoria, se marcó un pelotazo en toda regla tras ganar cinco millones de euros, el triple de lo que había invertido inicialmente en una operación inmobiliaria en la costa barcelonesa. Y en menos de dos años. El ex diputado del PSC, conocido como Luigi, triplicó su capital con una compra de terrenos en la localidad barcelonesa de Sant Andreu de Llavaneres a través de la empresa Niesma Corporació, en la que tenía como socio al abogado Francisco Alejandro Pretus.
La clave del pelotazo fue un convenio, requerido por Garzón, que firmó con ex edil de Llavaneres del PSC Antonio Jiménez. El juez ordenó ayer el arresto de Manuel Carrillo, consejero delegado de Limasa, una firma de limpieza con delegación en Santa Coloma de Gramenet. Carrillo es el noveno detenido.
Fuentes municipales explicaron que Niesma adquirió en diciembre de 2003 unos terrenos de la zona de Can Riviere por 3,2 millones, y en marzo de 2004 adquirió otra finca por 1,5 millones. Sólo un año después, Niesma firmó con el Ayuntamiento de Llavaneres un convenio por el que se autorizaba a que la sociedad aumentara la edificabilidad en un 189%, de 3.958 metros cuadrados a 7.500 metros cuadrados.
El convenio también permitía construir 83 pisos en vez de 12 casas. Ese acuerdo estaba firmado por Pretus y Manuel Valera, administrador de empresas de García Sáez. Por parte del Ayuntamiento lo rubrican el entonces alcalde Víctor Ros (PP) y Jiménez, anterior concejal de Urbanismo.
Varias fuentes coinciden en señalar a Jiménez como la conexión entre la operación de Llavaneres y la de Santa Coloma de Gramenet, donde Jiménez fue grente del Instituto Municipal de Deportes. En esa época, según estas fuentes, conoció a García. Luego tomó las riendas de la empresa pública de vivienda de Montcada i Reixac (Barcelona), cargo que compaginó con su puesto de edil en Llavaneres.
Además, Jiménez ya fue citado el año pasado por la Fiscalía Anticorrupción del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por presuntas irregularidades en un convenio que firmó con la empresa Proinosa, presidida por el constructor Josep Singla, que también ha sido detenido por Garzón.
El terreno de Llavaneres se revalorizó tras el convenio. Si lo compró por 4,7 millones, tras el acuerdo, en septiembre de 2005, ya estaba valorado en 6,3 millones. Y sólo un mes después, en octubre, realizó el auténtico pelotazo al venderlo a una sociedad participada por Restaura y Caixa Laietana por 9,73 millones. En menos de dos años, Pérez había ganado más de cinco millones.
Una estrategia parecida siguieron en Santa Coloma. El consistorio aprobó en marzo de 2005 un cambio de usos en el proyecto que en 2001 compró Singla. Éste vendió la empresa que creó para desarrollar el proyecto, Centre Comercial Gramenet, a una sociedad holandesa administrada por Pretus en noviembre de 2003. El consistorio justificó que el proyecto anterior no era económicamente "viable". Como resultado de la operación, los promotores obtuvieron unas plusvalías de 18,6 millones de euros El proyecto se aprobó en marzo de 2005. En mayo, Petrus vendió la sociedad.
La clave del pelotazo fue un convenio, requerido por Garzón, que firmó con ex edil de Llavaneres del PSC Antonio Jiménez. El juez ordenó ayer el arresto de Manuel Carrillo, consejero delegado de Limasa, una firma de limpieza con delegación en Santa Coloma de Gramenet. Carrillo es el noveno detenido.
Fuentes municipales explicaron que Niesma adquirió en diciembre de 2003 unos terrenos de la zona de Can Riviere por 3,2 millones, y en marzo de 2004 adquirió otra finca por 1,5 millones. Sólo un año después, Niesma firmó con el Ayuntamiento de Llavaneres un convenio por el que se autorizaba a que la sociedad aumentara la edificabilidad en un 189%, de 3.958 metros cuadrados a 7.500 metros cuadrados.
El convenio también permitía construir 83 pisos en vez de 12 casas. Ese acuerdo estaba firmado por Pretus y Manuel Valera, administrador de empresas de García Sáez. Por parte del Ayuntamiento lo rubrican el entonces alcalde Víctor Ros (PP) y Jiménez, anterior concejal de Urbanismo.
Varias fuentes coinciden en señalar a Jiménez como la conexión entre la operación de Llavaneres y la de Santa Coloma de Gramenet, donde Jiménez fue grente del Instituto Municipal de Deportes. En esa época, según estas fuentes, conoció a García. Luego tomó las riendas de la empresa pública de vivienda de Montcada i Reixac (Barcelona), cargo que compaginó con su puesto de edil en Llavaneres.
Además, Jiménez ya fue citado el año pasado por la Fiscalía Anticorrupción del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por presuntas irregularidades en un convenio que firmó con la empresa Proinosa, presidida por el constructor Josep Singla, que también ha sido detenido por Garzón.
El terreno de Llavaneres se revalorizó tras el convenio. Si lo compró por 4,7 millones, tras el acuerdo, en septiembre de 2005, ya estaba valorado en 6,3 millones. Y sólo un mes después, en octubre, realizó el auténtico pelotazo al venderlo a una sociedad participada por Restaura y Caixa Laietana por 9,73 millones. En menos de dos años, Pérez había ganado más de cinco millones.
Una estrategia parecida siguieron en Santa Coloma. El consistorio aprobó en marzo de 2005 un cambio de usos en el proyecto que en 2001 compró Singla. Éste vendió la empresa que creó para desarrollar el proyecto, Centre Comercial Gramenet, a una sociedad holandesa administrada por Pretus en noviembre de 2003. El consistorio justificó que el proyecto anterior no era económicamente "viable". Como resultado de la operación, los promotores obtuvieron unas plusvalías de 18,6 millones de euros El proyecto se aprobó en marzo de 2005. En mayo, Petrus vendió la sociedad.
fuente: El Pais
miércoles, 28 de octubre de 2009
Bofetadas en IU de Fuenlabrada
La agresión sucedió el lunes, cuando Jose María Domínguez García acudió al puesto de trabajo de la coordinadora de IU en la localidad y tras mantener una acalorada discusión con ella, le amenazó: "¡nunca he pegado a una mujer, pero tú te vas a llevar una hostia", publica el diario Qué. Y finalmente lo hizo, según declaran los testigos le propinó "una brutal bofetada en la cara".
Isabel Moreno denunció los hechos el mismo lunes, pero las bofetadas y los cachetes han continuado en la sede de IU de Fuenlabrada, propinados supuestamente por el mismo Jose María Domínguez García. Tal y como informa Europa Press, el secretario de organización del partido en la localidad, Ramón González López de la Osa, también ha denunciado ante la Justicia un encontronazo en él comedor del Ayuntamiento.
"Yo estaba en la cafetería y este señor se ha levantado de la mesa en la que estaba, se ha dirigido hacia mí, me ha agarrado del brazo y me ha preguntado si había hecho declaraciones. Yo me he negado a contestar, me ha vuelto a coger el brazo y me ha vuelto a preguntar si he hecho declaraciones para defender a una imbécil", explicó González López de la Osa.
Según el testimonio del denunciante, después de varios insultos, el encontronazo terminó con un "cachete" en la cara. "Hay gente que lo ha visto, tengo testigos y he acudido a ponerle una denuncia", añadió el secretario de organización del partido.
El secretario de organización de Izquierda Unida en Fuenlabrada, Ramón González López de la Osa, propondrá la "expulsión" inmediata de este militante para que deje de pertenecer a la agrupación.
Isabel Moreno denunció los hechos el mismo lunes, pero las bofetadas y los cachetes han continuado en la sede de IU de Fuenlabrada, propinados supuestamente por el mismo Jose María Domínguez García. Tal y como informa Europa Press, el secretario de organización del partido en la localidad, Ramón González López de la Osa, también ha denunciado ante la Justicia un encontronazo en él comedor del Ayuntamiento.
"Yo estaba en la cafetería y este señor se ha levantado de la mesa en la que estaba, se ha dirigido hacia mí, me ha agarrado del brazo y me ha preguntado si había hecho declaraciones. Yo me he negado a contestar, me ha vuelto a coger el brazo y me ha vuelto a preguntar si he hecho declaraciones para defender a una imbécil", explicó González López de la Osa.
Según el testimonio del denunciante, después de varios insultos, el encontronazo terminó con un "cachete" en la cara. "Hay gente que lo ha visto, tengo testigos y he acudido a ponerle una denuncia", añadió el secretario de organización del partido.
El secretario de organización de Izquierda Unida en Fuenlabrada, Ramón González López de la Osa, propondrá la "expulsión" inmediata de este militante para que deje de pertenecer a la agrupación.
Los trabajadores de Liver se trasladan a las puertas de Acerinox en su noveno día en huelga de hambre
Los trabajadores de Liver, la desaparecida contrata de Acerinox en Los Barrios (Cádiz), decidieron trasladar la huelga de hambre que mantienen desde hace nueve días a las puertas de la factoría barreña, con el objeto de recabar la solidaridad de los empleados de esta empresa y de sus contratas.
Los trabajadores en huelga de hambre se trasladaron esta madrugada ante Acerinox, donde han instalado dos tiendas de campaña en las que pretenden proseguir con sus reivindicaciones.
El sindicato recordó que este miércoles tendrá lugar una concentración de delegados sindicales en señal de apoyo a estos trabajadores y señaló que también está previsto que a lo largo de la jornada se celebre una reunión de la Mesa de Interlocución Permanente del Campo de Gibraltar, en la que se pretende encontrar una salida a este conflicto.
Asimismo, dos de los cinco ex trabajadores de la extinguida contrata movilizados se encuentran en un centro de salud, al estar acusando ya los nueve días de huelga de hambre.
fuente: Europa-press
Los trabajadores en huelga de hambre se trasladaron esta madrugada ante Acerinox, donde han instalado dos tiendas de campaña en las que pretenden proseguir con sus reivindicaciones.
El sindicato recordó que este miércoles tendrá lugar una concentración de delegados sindicales en señal de apoyo a estos trabajadores y señaló que también está previsto que a lo largo de la jornada se celebre una reunión de la Mesa de Interlocución Permanente del Campo de Gibraltar, en la que se pretende encontrar una salida a este conflicto.
Asimismo, dos de los cinco ex trabajadores de la extinguida contrata movilizados se encuentran en un centro de salud, al estar acusando ya los nueve días de huelga de hambre.
fuente: Europa-press
Condenan al ex concejal de Palma De Santos a 12 años de cárcel por abusar de menores
El juez de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma condenó hoy al ex-regidor de Urbanismo del Ayuntamiento, Javier Rodrigo de Santos, a 12 años de prisión por sendos delitos de abuso sexual a menores y a 1 año y 6 meses por otro delito contra la salud pública.
Así consta en la sentencia emitida hoy por el juez, en la que se han tenido en cuenta la circunstancias atenuante analógicas de drogadicción en el delito de abuso sexual y de embriaguez y drogadicción en el delito contra la salud pública.
El escrito del juez supone una rebaja de 10 años y seis meses en relación a los 24 años que solicitaba el fiscal José Díaz Cappa, al considerar que De Santos incurrió en cuatro delitos de abuso sexual (19 años y nueve meses de prisión), uno de corrupción de menores (nueve meses de cárcel) y otro contra la salud pública relativo a sustancias que no causan grave daño a la salud (tres años y medio de privación de libertad y multa de 120 euros).
fuente: europa-press
Así consta en la sentencia emitida hoy por el juez, en la que se han tenido en cuenta la circunstancias atenuante analógicas de drogadicción en el delito de abuso sexual y de embriaguez y drogadicción en el delito contra la salud pública.
El escrito del juez supone una rebaja de 10 años y seis meses en relación a los 24 años que solicitaba el fiscal José Díaz Cappa, al considerar que De Santos incurrió en cuatro delitos de abuso sexual (19 años y nueve meses de prisión), uno de corrupción de menores (nueve meses de cárcel) y otro contra la salud pública relativo a sustancias que no causan grave daño a la salud (tres años y medio de privación de libertad y multa de 120 euros).
fuente: europa-press
El alcalde de Yunquera, del PA, se pasa al PSOE y rompe el pacto de gobierno con PP e IU
El alcalde del municipio malagueño de Yunquera, Francisco Oliva, del Partido Andalucista (PA), anunció hoy que se pasa a las filas del PSOE y rompe el pacto de gobierno que mantenía con Partido Popular (PP) e Izquierda Unida (IU). El equipo de gobierno estaba formado por los cuatro concejales del PA, los dos del PP y uno de IU. Desde hoy, según indicó en rueda de prensa, tres de los andalucistas se pasan al PSOE, mientras que uno queda como independiente y, por tanto, las otras dos formaciones quedan fuera del ejecutivo local. Además de Oliva, engrosan las filas socialistas los ediles Antonio de la Torre y José Flores. El motivo que adujo el alcalde de este municipio de la Sierra de las Nieves es que "siempre" se ha sentido socialista y que no se considera un tránsfuga. El último cambio de un andalucista a las filas del PA fue el pasado mes de junio del alcalde de Ronda, Antonio María Marín Lara.
fuente: Informacion
fuente: Informacion
La trama catalana obtuvo 20 millones en grandes operaciones inmobiliarias
La investigación sobre la trama corrupta desarticulada ayer, en una operación coordinada por la Fiscalía Anticorrupción y el juez Baltasar Garzón, calcula que los miembros de la red que operaba en el área metropolitana de Barcelona podrían haber obtenido alrededor de 20 millones de euros. En el entramado figuraban empresarios, concejales, ex diputados regionales y ex altos cargos de la Generalitat de la etapa de Jordi Pujol. El cerebro de todos ellos, según fuentes de la investigación, sería presuntamente el ex diputado regional del PSC Luis García (expulsado del partido en 1992).
García, que estuvo en el Parlamento catalán de 1980 a 1992, sería el enlace entre los empresarios que pagaban y los ediles que recalificaban o cedían terrenos. Los altos cargos de Jordi Pujol en su etapa de presidente de la Generalitat Macià Alavedra y Lluís Prenafeta habrían utilizado sus influencias políticas para mediar entre unos y otros y facilitar las operaciones inmobiliarias, percibiendo la correspondiente comisión.
El ex diputado Luis García era el centro de la red y quien presuntamente diseñaba las operaciones inmobiliarias, que consistían básicamente en la adquisición de terrenos en los municipios implicados por parte de sociedades pantalla que no realizaban ninguna actividad. Pasado un tiempo, se instaba la recalificación para su desarrollo urbanístico. Ya recalificado el suelo, lo que disparaba su valor, se revendía generando un "enorme beneficio", según las fuentes consultadas.
Los empresarios pagaban, los ediles gestionaban las recalificaciones y los políticos cLas comisiones se distribuían a través de sociedades patrimoniales y de personas. Tras una de estas sociedades figuraba Prenafeta, y tras otra, más en un segundo plano, Alavedra. La operación fue impulsada por la Fiscalía Anticorrupción y coordinada por el fiscal Luis Pastor. Según las citadas fuentes, la Fiscalía Anticorrupción lleva la investigación desde hace tiempo y hay intervenciones telefónicas y otras fuentes de prueba que van a permitir reconstruir todas las operaciones y el reparto de los fondos.
Otro aspecto que tendrá que determinar la investigación es el posible agujero de 13 millones de euros en los ayuntamientos afectados por las operaciones irregulares. Los consistorios supuestamente implicados son los de Santa Coloma de Gramenet (117.000 habitantes, gobernado por el PSC), Badalona (217.000 habitantes, con alcalde del PSC en coalición con CiU y ERC) y San Andreu de Llavaneres (10.200 vecinos, con alcalde de CiU pero donde hasta 2007 gobernaba el PP).
Esta operación anticorrupción parte de una causa que el juez Baltasar Garzón instruyó por el caso BBVA-Privanza, filial especializada en la gestión de fortunas, que arranca de septiembre de 2001, cuando inició una investigación por el blanqueo de capitales en paraísos fiscales, entre ellos la Isla de Jersey, informa Íñigo de Barrón.
Garzón acabó archivando parcialmente la causa abierta en torno a Privanza, relacionada con la evasión de impuestos en 2005, cuando retiró la imputación a 19 ex consejeros del banco. Estas investigaciones se encontraban vinculadas a algunos bufetes de abogados, entre ellos el catalán Petrus.
En las pesquisas sobre el BBVA Privanza se halló un manual de productos fiduciarios y cuentas de corresponsales, un instrumento típico para la evasión de capitales.
fuente: El Pais
García, que estuvo en el Parlamento catalán de 1980 a 1992, sería el enlace entre los empresarios que pagaban y los ediles que recalificaban o cedían terrenos. Los altos cargos de Jordi Pujol en su etapa de presidente de la Generalitat Macià Alavedra y Lluís Prenafeta habrían utilizado sus influencias políticas para mediar entre unos y otros y facilitar las operaciones inmobiliarias, percibiendo la correspondiente comisión.
El ex diputado Luis García era el centro de la red y quien presuntamente diseñaba las operaciones inmobiliarias, que consistían básicamente en la adquisición de terrenos en los municipios implicados por parte de sociedades pantalla que no realizaban ninguna actividad. Pasado un tiempo, se instaba la recalificación para su desarrollo urbanístico. Ya recalificado el suelo, lo que disparaba su valor, se revendía generando un "enorme beneficio", según las fuentes consultadas.
Los empresarios pagaban, los ediles gestionaban las recalificaciones y los políticos cLas comisiones se distribuían a través de sociedades patrimoniales y de personas. Tras una de estas sociedades figuraba Prenafeta, y tras otra, más en un segundo plano, Alavedra. La operación fue impulsada por la Fiscalía Anticorrupción y coordinada por el fiscal Luis Pastor. Según las citadas fuentes, la Fiscalía Anticorrupción lleva la investigación desde hace tiempo y hay intervenciones telefónicas y otras fuentes de prueba que van a permitir reconstruir todas las operaciones y el reparto de los fondos.
Otro aspecto que tendrá que determinar la investigación es el posible agujero de 13 millones de euros en los ayuntamientos afectados por las operaciones irregulares. Los consistorios supuestamente implicados son los de Santa Coloma de Gramenet (117.000 habitantes, gobernado por el PSC), Badalona (217.000 habitantes, con alcalde del PSC en coalición con CiU y ERC) y San Andreu de Llavaneres (10.200 vecinos, con alcalde de CiU pero donde hasta 2007 gobernaba el PP).
Esta operación anticorrupción parte de una causa que el juez Baltasar Garzón instruyó por el caso BBVA-Privanza, filial especializada en la gestión de fortunas, que arranca de septiembre de 2001, cuando inició una investigación por el blanqueo de capitales en paraísos fiscales, entre ellos la Isla de Jersey, informa Íñigo de Barrón.
Garzón acabó archivando parcialmente la causa abierta en torno a Privanza, relacionada con la evasión de impuestos en 2005, cuando retiró la imputación a 19 ex consejeros del banco. Estas investigaciones se encontraban vinculadas a algunos bufetes de abogados, entre ellos el catalán Petrus.
En las pesquisas sobre el BBVA Privanza se halló un manual de productos fiduciarios y cuentas de corresponsales, un instrumento típico para la evasión de capitales.
fuente: El Pais
martes, 27 de octubre de 2009
Expulsado un agente de Tráfico que se quedó con la tarjeta de un muerto en un siniestro
La Guardia Civil ha expulsado a un agente de Tráfico de Pontevedra acusado de utilizar la tarjeta de crédito de un muerto en un accidente de carretera tras acudir al lugar del siniestro que se produjo en 2002 en una vía gallega. La decisión de apartarle se ha producido después de que un juzgado de Pontevedra haya condenado al guardia civil por delitos de estafa y falsedad en documento mercantil, según informa La Voz de Galicia.
El agente, que admitió que tras el accidente en el que murieron tres personas se quedó con la tarjeta de crédito de un fallecido al aprovechar la ausencia de sus compañeros mientras realizaban el atestado, asumió una condena de un año y medio de prisión y 2.880 euros de multa. El condenado trabajaba en la comisaría de Tráfico de O Porriño.
Poco después de los hechos, el agente empezó a emplear la tarjeta y entre octubre de 2002 y abril de 2003 pagó hasta 68 veces acumulando más de 1.300 euros en gastos, suma que devolvió antes de la condena. El Gobierno conmutó la pena de cárcel por una multa, pero sí se ha mantenido la decisión de apartarlo del cuerpo.
El agente incluso "firmaba los tiques a nombre del fallecido", según el juzgado pontevedrés.
fuente: El Pais
El agente, que admitió que tras el accidente en el que murieron tres personas se quedó con la tarjeta de crédito de un fallecido al aprovechar la ausencia de sus compañeros mientras realizaban el atestado, asumió una condena de un año y medio de prisión y 2.880 euros de multa. El condenado trabajaba en la comisaría de Tráfico de O Porriño.
Poco después de los hechos, el agente empezó a emplear la tarjeta y entre octubre de 2002 y abril de 2003 pagó hasta 68 veces acumulando más de 1.300 euros en gastos, suma que devolvió antes de la condena. El Gobierno conmutó la pena de cárcel por una multa, pero sí se ha mantenido la decisión de apartarlo del cuerpo.
El agente incluso "firmaba los tiques a nombre del fallecido", según el juzgado pontevedrés.
fuente: El Pais
Imputan al ex alcalde de Plasenzuela y al alcalde de Torremocha por corrupción
El juzgado de Instrucción Número 2 de Trujillo citará próximamente a declarar al ex alcalde de la localidad cacereña de Plasenzuela, José Villegas (PSOE), y al actual regidor del municipio cacereño de Torremocha, Domingo Galán (PP), como imputados por presuntos delitos de corrupción.
La investigación que instruye este juzgado comenzó en julio de 2008, a raíz de una denuncia interpuesta por el actual alcalde de Plasenzuela, Adrián González, del Partido Socialista, quien al reemplazar en el cargo a su sucesor detectó al observar la documentación del Ayuntamiento que "había bastantes irregularidades", y una deuda en las arcas municipales de "5.100.000 euros", en un municipio que cuenta tan sólo con 500 habitantes.
Así lo expuso el denunciante a Europa Press Televisión, quien señaló que su antecesor está presuntamente imputado de "varios" supuestos delitos, entre ellos malversación, prevaricación y estafa a la Seguridad Social.
ARRUINADOS
Como consecuencia de estas presuntas irregularidades, el alcalde asegura que a día de hoy al municipio está "arruinado", y que "todos los edificios públicos" del mismo "están embargados o hipotecados" a excepción del Ayuntamiento y el cementerio.
Además, advirtió de que "al no tener las cuentas" municipales "en regla" no pueden recibir subvenciones del Estado con lo que se encuentran "con las manos cerradas" y sin capacidad adquisitiva, además de no tener fondos para pagar a las constructoras que realizaron trabajos encargados por el anterior alcalde, que permaneció en su cargo desde 1997 hasta el 2008.
Por ello y tras haber prestado declaración ante la juez que lleva el caso, espera que "se haga justicia" y si José Villegas "es culpable" de esta situación "que pague".
Asimismo, recalcó que la deuda del municipio se inició en el año 1997 fruto de supuestos "fraudes" a la Seguridad Social, también a las "subvenciones sin justificar" que se habrían otorgado desde alcaldía y otras actuaciones relacionadas con urbanismo, precisó.
El juzgado de Trujillo, al parecer, también ha imputado en este mismo asunto al ex concejal socialista de Francisco Crespo, al secretario municipal, Leopoldo B.L., ambos del equipo del anterior alcalde de Plasenzuela y el alcalde de la localidad cacereña de Torremocha, Domingo Galán (PP).
En relación al regidor de Torremocha, según indicó el denunciante, se habría beneficiado de "adjudicaciones de obras" encargadas por el ex alcalde de Plasenzuela a su empresa de construcción, aunque señaló desconocer lo que haya ocurrido en otros ayuntamientos.
Para finalizar, Adrián González explicó que han comprobado que una de las empresas con las que al parecer el ex alcalde y el ex concejal de su municipio gestionan "varias residencias de ancianos" está domiciliada en la localidad, coincidiendo con la misma dirección que ocupa el centro cultural del pueblo.
Al parecer, Villegas, fue apartado del puesto por el propio PSOE un año después de las últimas elecciones municipales, según informaron fuentes de esta formación.
En cuanto al alcalde de Torremocha, según informaron desde el Ayuntamiento, se encuentra de vacaciones, mientras el hermano de este político, Cecilio Galán, defendió la gestión de su familiar al frente del municipio, ya que en su caso "ha sido imputado por la empresa de construcción" que dirige y no con "la alcaldía" y apostilló que "está tranquilo" pues "no tiene nada que esconder".
Respecto al resto de imputados se negaron a declarar al respecto o prefirieron no realizar guardar silencio hasta su citación ante la juez de Trujillo , como en el caso del secretario Leopoldo B.L, que hoy se encontraba en sus funciones en Plasenzuela y quien al parecer es el hijo del secretario de Marbella que fue acusado en la operación 'Malaya'.
REACCIONES
Los dos principales partidos de la región han dado a conocer su postura sobre este asunto. Así, el secretario provincial del PSOE de Cáceres, Juan Ramón Ferreira, recordó ayer ,en nota de prensa, que el ex alcalde socialista de Plasenzuela José Villegas fue apartado de su cargo por la propia formación socialista, "cuando se advirtieron de las sospechas de irregularidad que el propio PSOE puso en manos del fiscal".
Por su parte, el presidente del Partido Popular de Cáceres, Laureano León, señaló que de la investigación interna abierta por los 'populares' extremeños sobre el alcalde de Torremocha, Domingo Galán, se desprende que las actuaciones de este último "no deben aparecer vinculadas ni asemejadas con las que les están siendo imputadas al ex alcalde de Plasenzuela, José Villegas" y que el alcalde de Torremocha "ha actuado con honestidad y no se encuentran indicios de delito".
La investigación que instruye este juzgado comenzó en julio de 2008, a raíz de una denuncia interpuesta por el actual alcalde de Plasenzuela, Adrián González, del Partido Socialista, quien al reemplazar en el cargo a su sucesor detectó al observar la documentación del Ayuntamiento que "había bastantes irregularidades", y una deuda en las arcas municipales de "5.100.000 euros", en un municipio que cuenta tan sólo con 500 habitantes.
Así lo expuso el denunciante a Europa Press Televisión, quien señaló que su antecesor está presuntamente imputado de "varios" supuestos delitos, entre ellos malversación, prevaricación y estafa a la Seguridad Social.
ARRUINADOS
Como consecuencia de estas presuntas irregularidades, el alcalde asegura que a día de hoy al municipio está "arruinado", y que "todos los edificios públicos" del mismo "están embargados o hipotecados" a excepción del Ayuntamiento y el cementerio.
Además, advirtió de que "al no tener las cuentas" municipales "en regla" no pueden recibir subvenciones del Estado con lo que se encuentran "con las manos cerradas" y sin capacidad adquisitiva, además de no tener fondos para pagar a las constructoras que realizaron trabajos encargados por el anterior alcalde, que permaneció en su cargo desde 1997 hasta el 2008.
Por ello y tras haber prestado declaración ante la juez que lleva el caso, espera que "se haga justicia" y si José Villegas "es culpable" de esta situación "que pague".
Asimismo, recalcó que la deuda del municipio se inició en el año 1997 fruto de supuestos "fraudes" a la Seguridad Social, también a las "subvenciones sin justificar" que se habrían otorgado desde alcaldía y otras actuaciones relacionadas con urbanismo, precisó.
El juzgado de Trujillo, al parecer, también ha imputado en este mismo asunto al ex concejal socialista de Francisco Crespo, al secretario municipal, Leopoldo B.L., ambos del equipo del anterior alcalde de Plasenzuela y el alcalde de la localidad cacereña de Torremocha, Domingo Galán (PP).
En relación al regidor de Torremocha, según indicó el denunciante, se habría beneficiado de "adjudicaciones de obras" encargadas por el ex alcalde de Plasenzuela a su empresa de construcción, aunque señaló desconocer lo que haya ocurrido en otros ayuntamientos.
Para finalizar, Adrián González explicó que han comprobado que una de las empresas con las que al parecer el ex alcalde y el ex concejal de su municipio gestionan "varias residencias de ancianos" está domiciliada en la localidad, coincidiendo con la misma dirección que ocupa el centro cultural del pueblo.
Al parecer, Villegas, fue apartado del puesto por el propio PSOE un año después de las últimas elecciones municipales, según informaron fuentes de esta formación.
En cuanto al alcalde de Torremocha, según informaron desde el Ayuntamiento, se encuentra de vacaciones, mientras el hermano de este político, Cecilio Galán, defendió la gestión de su familiar al frente del municipio, ya que en su caso "ha sido imputado por la empresa de construcción" que dirige y no con "la alcaldía" y apostilló que "está tranquilo" pues "no tiene nada que esconder".
Respecto al resto de imputados se negaron a declarar al respecto o prefirieron no realizar guardar silencio hasta su citación ante la juez de Trujillo , como en el caso del secretario Leopoldo B.L, que hoy se encontraba en sus funciones en Plasenzuela y quien al parecer es el hijo del secretario de Marbella que fue acusado en la operación 'Malaya'.
REACCIONES
Los dos principales partidos de la región han dado a conocer su postura sobre este asunto. Así, el secretario provincial del PSOE de Cáceres, Juan Ramón Ferreira, recordó ayer ,en nota de prensa, que el ex alcalde socialista de Plasenzuela José Villegas fue apartado de su cargo por la propia formación socialista, "cuando se advirtieron de las sospechas de irregularidad que el propio PSOE puso en manos del fiscal".
Por su parte, el presidente del Partido Popular de Cáceres, Laureano León, señaló que de la investigación interna abierta por los 'populares' extremeños sobre el alcalde de Torremocha, Domingo Galán, se desprende que las actuaciones de este último "no deben aparecer vinculadas ni asemejadas con las que les están siendo imputadas al ex alcalde de Plasenzuela, José Villegas" y que el alcalde de Torremocha "ha actuado con honestidad y no se encuentran indicios de delito".
Detienen al alcalde de Santa Coloma y a dos ex altos cargos del Gobierno de Jordi Pujol
El ex secretario general de Presidencia de la Generalitat Lluís Prenafeta y el ex conseller Macià Alavedra, ex altos cargos del Gobierno de CiU que presidió Jordi Pujol, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.
Sus detenciones se producen en el marco de una operación anticorrupción ordenada por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón.
También fueron detenidos el alcalde de Santa Coloma de Gramenet, el socialista Bartomeu Muñol, el concejal de Urbanismo, Manuel Dobarco, el presidente de Proinosa, el constructor Josep Singla, y el presidente del grupo inmobiliario Espais, Lluis Casamitjana.
Según fuentes jurídicas, se trata de una investigación iniciada en 2007 por el titular del Juzgado Central de Instrucción numero 5 de la Audiencia Nacional, aunque guarda relación con otra investigación incoada en 2005. Las actuaciones se encuentran secretas, añadieron estas fuentes, que además desvincularon la operación de este martes con las llevadas a cabo en este mismo Juzgado contra la mafia rusa ('Troika' y 'Avispa').
Bartomeu Muñoz (Santa Coloma de Gramenet, 1957) es alcalde desde 2002, cuando Manuela de Madre dejó el cargo por motivos de salud. Fue concejal sin cartera desde la segunda legislatura, en 1983. Su padre, Blas Muñoz, también fue alcalde durante la transición democrática en la ciudad.
Diversos despachos de los ayuntamientos de Badalona, Santa Coloma de Gramenet y Sant Andreu de Llavaneres (Barcelona) están siendo registrados por orden del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón por presuntos delitos urbanísticos.
Sus detenciones se producen en el marco de una operación anticorrupción ordenada por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón.
También fueron detenidos el alcalde de Santa Coloma de Gramenet, el socialista Bartomeu Muñol, el concejal de Urbanismo, Manuel Dobarco, el presidente de Proinosa, el constructor Josep Singla, y el presidente del grupo inmobiliario Espais, Lluis Casamitjana.
Según fuentes jurídicas, se trata de una investigación iniciada en 2007 por el titular del Juzgado Central de Instrucción numero 5 de la Audiencia Nacional, aunque guarda relación con otra investigación incoada en 2005. Las actuaciones se encuentran secretas, añadieron estas fuentes, que además desvincularon la operación de este martes con las llevadas a cabo en este mismo Juzgado contra la mafia rusa ('Troika' y 'Avispa').
Bartomeu Muñoz (Santa Coloma de Gramenet, 1957) es alcalde desde 2002, cuando Manuela de Madre dejó el cargo por motivos de salud. Fue concejal sin cartera desde la segunda legislatura, en 1983. Su padre, Blas Muñoz, también fue alcalde durante la transición democrática en la ciudad.
Diversos despachos de los ayuntamientos de Badalona, Santa Coloma de Gramenet y Sant Andreu de Llavaneres (Barcelona) están siendo registrados por orden del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón por presuntos delitos urbanísticos.
La Guardia Civil registra el ayuntamiento de Santa Coloma por orden de Garzón
Agentes de la Guardia Civil se han desplazado este martes a la sede del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), en el marco de una operación ordenada por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, han informado fuentes de la investigación.
Los agentes, según las mismas fuentes, van a proceder a registrar varios despachos de la sede municipal, y han hecho salir a los funcionarios para llevar a cabo la operación.
El ayuntamiento de Santa Coloma, un municipio cercano a Barcelona, está gobernado por Bartomeu Muñoz, del PSC.
fuente: Publico
Los agentes, según las mismas fuentes, van a proceder a registrar varios despachos de la sede municipal, y han hecho salir a los funcionarios para llevar a cabo la operación.
El ayuntamiento de Santa Coloma, un municipio cercano a Barcelona, está gobernado por Bartomeu Muñoz, del PSC.
fuente: Publico
Parlamento Europeo: La familia es lo primer
• Tanto el PP como el PSOE utilizan el Parlamento Europeo para colocar a dedo a su personal de confianza. La mayoría es contratada como asistente de los eurodiputados. Es la Cámara la que paga los sueldos, pero son los propios políticos quienes eligen el salario de sus ayudantes, hasta un límite de 17.540 euros mensuales.
La lista más larga de apadrinamientos es sin duda la del socialista Enrique Barón. El ex ministro de Transportes con el gobierno de Felipe González es desde hace años el principal responsable de la delegación del PSOE en Europa. De hecho, Barón ha sido incluso presidente del Parlamento Europeo. Y bajo su tutela han desfilado por la cámara los nombres de varios hijos, sobrinos y allegados de las figuras más representativas de la familia socialista. Nada fuera de lo normal, si no fuera porque los eurodiputados pueden elegir a dedo a sus asistentes, pero el sueldo corre a cargo de todo el electorado.Hasta las pasadas elecciones europeas, celebradas en junio, los diputados españoles –y todos los que componen el hemiciclo– podían contratar incluso a familiares directos en su propio gabinete. En el Partido Popular hay varios ejemplos: Ignacio Salafranca contrató durante algunos meses a su hermano, mientras que Alejo Vidal-Quadras, importante figura de los conservadores catalanes, tuvo como asistente a un hermano de su mujer, según datos confirmados por su propio partido.
fuente: Interviu
Un tránsfuga socialista suscribe una moción de censura en Jabalquinto
Un edil tránsfuga del PSOE junto a los cuatro concejales de Izquierda Unida y al único del Partido Popular con representación en el Ayuntamiento de Jabalquinto han apoyado la moción de censura conjunta contra el alcalde socialista, José Manuel Martínez, quen ha ocupado el cargo durante los últimos 14 años.
Unos 200 vecinos de este municipio han acompañado a los seis ediles hasta las dependencias donde quedaba registrado el documento en medio de aclamaciones y aplausos dirigidos especialmente al concejal que ha roto la disciplina del PSOE, Pedro López Lérida.
Precisamente, los firmantes del acuerdo han propuesto como sucesor a la alcaldía a este edil tránsfuga que hasta ahora había desempeñado el cargo de teniente de alcalde y responsable del área de Urbanismo. López Lérida ha justificado su decisión por el carácter "autoritario y partidista" practicado durante tiempo por el alcalde, al que también le ha acusado de no realizar un reparto ecuánime de las tareas de gobierno.
'Soy 'técnicamente' un tránsfuga'
"Le reproché su actitud y por ello me aisló, me humilló y me quiso sacar del gobierno y de las filas del PSOE", ha señalado el concejal, quien se ha considerado "técnicamente" un tránsfuga pero "socialista en mis valores personales, mi ideología política y en la forma en la que gobernaré para todo el pueblo, con justicia e igualdad".
Por su parte, el único concejal del PP, Salvador Molina, ha valorado positivamente la presentación de la moción después de "haber recibido el apoyo de los vecinos" y haber constatado que "el alcalde ha gobernado solamente para los suyos porque aquí quien no tenga el carné del PSOE no trabaja".
El texto de la moción a la que se dará lectura el la sesión plenaria prevista para el próximo 7 de noviembre, justifica la decisión en la “parálisis total, la falta de proyectos de futuro y un total descontento entre los habitantes” motivada por la “ineficaz” gestión del equipo de gobierno socialista.
La corporación municipal de Jabalquinto está conformada por 11 concejales de los cuales 6 pertenecen al PSOE; 4 a Izquierda Unida y 1 al PP. Si prospera la moción presentada por la oposición y el concejal tránsfuga del grupo socialista, el equipo de gobierno perderá la mayoría absoluta con lo que la gestión municipal recaerá sobre el hasta ahora miembro socialista, Pedro López Lérida
Unos 200 vecinos de este municipio han acompañado a los seis ediles hasta las dependencias donde quedaba registrado el documento en medio de aclamaciones y aplausos dirigidos especialmente al concejal que ha roto la disciplina del PSOE, Pedro López Lérida.
Precisamente, los firmantes del acuerdo han propuesto como sucesor a la alcaldía a este edil tránsfuga que hasta ahora había desempeñado el cargo de teniente de alcalde y responsable del área de Urbanismo. López Lérida ha justificado su decisión por el carácter "autoritario y partidista" practicado durante tiempo por el alcalde, al que también le ha acusado de no realizar un reparto ecuánime de las tareas de gobierno.
'Soy 'técnicamente' un tránsfuga'
"Le reproché su actitud y por ello me aisló, me humilló y me quiso sacar del gobierno y de las filas del PSOE", ha señalado el concejal, quien se ha considerado "técnicamente" un tránsfuga pero "socialista en mis valores personales, mi ideología política y en la forma en la que gobernaré para todo el pueblo, con justicia e igualdad".
Por su parte, el único concejal del PP, Salvador Molina, ha valorado positivamente la presentación de la moción después de "haber recibido el apoyo de los vecinos" y haber constatado que "el alcalde ha gobernado solamente para los suyos porque aquí quien no tenga el carné del PSOE no trabaja".
El texto de la moción a la que se dará lectura el la sesión plenaria prevista para el próximo 7 de noviembre, justifica la decisión en la “parálisis total, la falta de proyectos de futuro y un total descontento entre los habitantes” motivada por la “ineficaz” gestión del equipo de gobierno socialista.
La corporación municipal de Jabalquinto está conformada por 11 concejales de los cuales 6 pertenecen al PSOE; 4 a Izquierda Unida y 1 al PP. Si prospera la moción presentada por la oposición y el concejal tránsfuga del grupo socialista, el equipo de gobierno perderá la mayoría absoluta con lo que la gestión municipal recaerá sobre el hasta ahora miembro socialista, Pedro López Lérida
El ex-ministro Jose Barrionuevo es socio del cabecilla de la trama de El Ejido
Sociedades de Juan Antonio Galán y del ex ministro gestionan Sclarea SL.
El ex ministro del Interior José Barrionuevo es socio, junto a su mujer, de Juan Antonio Galán, uno de los principales cabecillas de la trama de presunta corrupción destapada en el Ayuntamiento de El Ejido (Almería), por la que han sido detenidas hasta el momento 20 personas. Entre ellas, el alcalde, Juan Enciso (Partido de Almería, PAL), en prisión incondicional desde el viernes.
Galán es uno de los cuatro 'patriarcas' encarcelados sin fianza que han involucrado a sus familiares más directos en la red que percibía cantidades millonarias de la sociedad mixta Elsur participada en un 30% por el Consistorio y en un 70% por Cajasol, Cajasur y Abengoa a través de subcontratas que eran, en realidad, empresas fantasma, creadas con un capital mínimo y sin apenas medios materiales, pese a lo que percibían desmesurados beneficios de hasta el 80% del capital que les pagaba la compañía matriz.
Galán es uno de los cuatro 'patriarcas' encarcelados sin fianza que han involucrado a sus familiares más directos en la red que percibía cantidades millonarias de la sociedad mixta Elsur participada en un 30% por el Consistorio y en un 70% por Cajasol, Cajasur y Abengoa a través de subcontratas que eran, en realidad, empresas fantasma, creadas con un capital mínimo y sin apenas medios materiales, pese a lo que percibían desmesurados beneficios de hasta el 80% del capital que les pagaba la compañía matriz.
Con estas actividades habrían conseguido defraudar a las arcas públicas unos 150 millones de euros, según calcula la Fiscalía Anticorrupción. Junto a Galán fueron detenidas su mujer y su hija. La primera ha quedado en libertad con cargos y la segunda ha pagado una fianza de 50.000 euros para eludir el ingreso en prisión.
Según detalla una de las denuncias presentadas en 2007 ante la Fiscalía, Juan Antonio Galán es administrador solidario de la firma Sclarea junto a Jeos Integral, una sociedad que a la vez tiene como administradores solidarios a José Barrionuevo, condenado en 1998 por el secuestro de Segundo Marey por los GAL, y a su mujer, Esperanza Huélamo.
Robo en el ayuntamiento de San Fernando (Cadiz)
El robo de 7,8 millones de euros de la Caja municipal del Ayuntamiento isleño sigue siendo uno de los mayores misterios de la ciudad. Sin haberse dado a conocer aún datos relevantes que pueden señalar como pudo desaparecer esta cantidad de dinero de una delegación municipal, todo apunta a que el octavo mes de investigaciones podría ser clave para despejar dudas sobre el asunto.
Así en tan sólo una semana la jueza encargada del caso podría levantar el secreto de sumario y hacer públicos puntos claves de la investigación. Será en unos días cuando los abogados deberán recibir de forma oficial la decisión de la magistrada. Según explico Ignacio Quintana, abogado de Clemente R.G., uno de los funcionarios imputados tras haber sido denunciado por el Ayuntamiento por la desaparición de dinero líquido de la delegación de Economía y Hacienda, el mes pasado «la jueza apuntó en su respuesta que podría abrirse el secreto sumarial este mes». El letrado lo ha solicitado personalmente para poder defender a Clemente en diciembre cuando se celebre el juicio en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Cádiz para solicitar la reincorporación a su anterior puesto de trabajo.
Quintana aseguró que además de intentar poner fin a la situación que esta padeciendo el trabajador municipal podrán conocerse nuevos datos sobre el caso puesto que será la única forma de poder negar la vuelta de Clemente al puesto que ha estado ocupando desde hace más de 25 años.
También fuentes cercanas a la investigación habrían afirmado que la recabación de datos policiales podrían haber llegado a su fin, algo que daría mayor empuje al levantamiento del secreto sumarial.
Mientras tanto los técnicos de la Cámara de Cuentas siguen realizando el trabajo de campo para completar el informe sobre las cuentas municipales. Así las cosas los primeros resultados no se conocerán hasta principios de 2010, ya que tras la redacción de un documento provisional, antes de hacerse público, tendrán que considerar las alegaciones que realice al respecto la administración local. Por el momento han afirmado haber hallado irregularidades.
Mercadona acosa y despide de nuevo en Cádiz
Informamos que CNT Cadiz ha abierto un conflicto con la cadena de supermercados MERCADONA, por el acoso y posterior despido del trabajador Luis Fernando Gutierrez.Luis trabajaba en la empresa desde principios del 2007 en el centro situado en la Avda. de la Ilustración s/n de la capital gaditana.Desde hace 3 meses ha sido objeto de acoso por parte del encargado de tienda, que sin motivo alguno, insultaba y vejaba delante de sus compañer@s.Este acoso continuo hace que Luis tenga que ponerse en tratamiento psicologicoEl acoso y la presión sufrida tuvo como consecuencia que el trabajador cuando salia del centro tuviera un accidente de trafico, por el que fue dado de baja ante la importancia de las lesiones sufridas. A partir de este momento el acosador pasa a ser el medico de la empresa que dos dias despues del accidente lo llama para decirle que lo que tiene que hacer es volver inmediatamente a su puesto de trabajo, cosa que desaconseja el medico especialista y su medico de cabecera.La empresa manda un burofax para comunicarle despido procedente por bajo rendimiento.El encargado del centro reune a tod@s l@s trabajadores/as del centro para hacerles ver que Luis se ha portado mal , y que ya saben como las gasta la secta mercadona con los trabajadores/as que esten de baja.El SOV de Cádiz, no va a parar hasta conseguir el reconocimiento del despido improcedente de Luis por parte de Mercadona,ya que no tiene ganas de volver a trabajar en esta empresa que tanto daño causa a l@s trabajadores/as.Creemos que lo vamos a conseguir mediante la acción directa y no dudaremos de pedir solidaridad al resto de sindicatos, en caso que las primeras medidas que vamos a tomar no obstenga el fin preseguido.
MERCADONA ACOSA Y DESPIDE!!! BOIKOT !!!
CNT Cadiz
PP-PSOE-PNV, con el apoyo cómplice de IU vetan una moción sobre accidentes laborales
PNV e IU con el apoyo de PP y PSOE se han negado a tratar en Pleno municipal a celebrar el próximo jueves, una moción sobre la siniestralidad laboral que sólo este año se ha cobrado ya la vida de seis vecinos de la villa (8 en 2008). La moción fue presentada por el grupo municipal de la izquierda abertzale, tras el fallecimiento en accidente de trabajo, el pasado 8 de octubre de Francisco Jabier Arteta Marina. Hoy mismo, una concentración en el Arriaga ha denunciado la muerte de otro trabajador Carlos Martínez Escadon, fallecido el pasado jueves en una obra de la Ribera. En la movilización han participado los compañeros del trabajador muerto.
La moción fue presentada por el grupo municipal de la izquierda abertzale, tras el fallecimiento en accidente de trabajo, el pasado 8 de octubre de Francisco Jabier Arteta Marina, trabajador de 40 años muerto mientras trabajaba en las obras de la Super-Sur para la empresa Leken, subcontratada de la UTE Urazca-Mariezcurrena-Nortunel y Olarra.
El grupo municipal ha denunciado "este nuevo veto impuesto por aquellos partidos que compiten por aparecer en los medios cada vez que se ennegrece una pared en la villa". En este sentido, ha señaldo que es demostrativo de su "hipocresía, al tiempo que evidencia que los y las trabajadoras son en Bilbo ciudadanos de segunda, ciudadanos sin derechos".
La izquierda abertzale trataba, con esta moción nuevamente rechazada, que el Pleno municipal se pronunciara sobre la siniestralidad laboral que sólo este año se ha cobrado la vida de seis vecinos de la villa. La moción fue registrada el pasado 9 de octubre.
Entre otras cuestiones, la izquierda abertzale, demandaba que la corporación se posicionara públicamente y asumiera un compromiso ético contra las malas condiciones de trabajo y la precariedad a la que se somete a los trabajadores.
La citada moción pivotaba sobre los siguientes puntos:
* La corporación muestra su solidaridad con los trabajadores bilbainos fallecidos en accidente laboral.
* La Corporación municipal pondrá los medios necesarios para esclarecer lo sucedido a Francisco Jabier Arteta Marina, entre otros, pedirá una reunión con la dirección de la empresa Leken donde ha ocurrido el percance para que ofrezcan toda la información sobre el accidente.
* Si se abre la vía judicial para esclarecer este accidente de trabajo, este ayuntamiento se compromete a presentarse en la misma como acusación popular.
* El Pleno del ayuntamiento convocará a la ciudadanía a una movilización de 15 minutos contra la precariedad laboral.
Cabe destacar que es la tercera moción de similares características que este grupo municipal presenta este año. La anterior, llevada a discusión tras otro fallecimiento por accidente laboral en la villa, tampoco fue siquiera incluida en el orden del día del correspondiente Pleno debido a la oposición de PNV, IU, PP y PSOE. Entonces alegaron que el Pleno no se posiciona sobre las muertes en el trabajo por ser una cuestión "atípica y ajena a la competencia municipal".
Se da la circunstancia de que sólo este año el Pleno ha debatido y se ha posicionado en más de una docena de ocasiones sobre temas como la bandera española, el TAV, la propuesta de Ibarretxe o la lucha armada, cuestiones, todas ellas, que se escapan de la competencia municipal.
Por otro lado, a convocatoria de LAB, se ha desarrollado esta mañana una movilización en el Arriaga. Han denunciado la muerte el pasado jueves Carlos Martínez Escadon que falleció a consecuencia de otro accidente de trabajo, esta vez en la calle Ribera.
En la concentración han participado los compañeros de empresa de Martínez.
La moción fue presentada por el grupo municipal de la izquierda abertzale, tras el fallecimiento en accidente de trabajo, el pasado 8 de octubre de Francisco Jabier Arteta Marina, trabajador de 40 años muerto mientras trabajaba en las obras de la Super-Sur para la empresa Leken, subcontratada de la UTE Urazca-Mariezcurrena-Nortunel y Olarra.
El grupo municipal ha denunciado "este nuevo veto impuesto por aquellos partidos que compiten por aparecer en los medios cada vez que se ennegrece una pared en la villa". En este sentido, ha señaldo que es demostrativo de su "hipocresía, al tiempo que evidencia que los y las trabajadoras son en Bilbo ciudadanos de segunda, ciudadanos sin derechos".
La izquierda abertzale trataba, con esta moción nuevamente rechazada, que el Pleno municipal se pronunciara sobre la siniestralidad laboral que sólo este año se ha cobrado la vida de seis vecinos de la villa. La moción fue registrada el pasado 9 de octubre.
Entre otras cuestiones, la izquierda abertzale, demandaba que la corporación se posicionara públicamente y asumiera un compromiso ético contra las malas condiciones de trabajo y la precariedad a la que se somete a los trabajadores.
La citada moción pivotaba sobre los siguientes puntos:
* La corporación muestra su solidaridad con los trabajadores bilbainos fallecidos en accidente laboral.
* La Corporación municipal pondrá los medios necesarios para esclarecer lo sucedido a Francisco Jabier Arteta Marina, entre otros, pedirá una reunión con la dirección de la empresa Leken donde ha ocurrido el percance para que ofrezcan toda la información sobre el accidente.
* Si se abre la vía judicial para esclarecer este accidente de trabajo, este ayuntamiento se compromete a presentarse en la misma como acusación popular.
* El Pleno del ayuntamiento convocará a la ciudadanía a una movilización de 15 minutos contra la precariedad laboral.
Cabe destacar que es la tercera moción de similares características que este grupo municipal presenta este año. La anterior, llevada a discusión tras otro fallecimiento por accidente laboral en la villa, tampoco fue siquiera incluida en el orden del día del correspondiente Pleno debido a la oposición de PNV, IU, PP y PSOE. Entonces alegaron que el Pleno no se posiciona sobre las muertes en el trabajo por ser una cuestión "atípica y ajena a la competencia municipal".
Se da la circunstancia de que sólo este año el Pleno ha debatido y se ha posicionado en más de una docena de ocasiones sobre temas como la bandera española, el TAV, la propuesta de Ibarretxe o la lucha armada, cuestiones, todas ellas, que se escapan de la competencia municipal.
Por otro lado, a convocatoria de LAB, se ha desarrollado esta mañana una movilización en el Arriaga. Han denunciado la muerte el pasado jueves Carlos Martínez Escadon que falleció a consecuencia de otro accidente de trabajo, esta vez en la calle Ribera.
En la concentración han participado los compañeros de empresa de Martínez.
x La Haine - Euskal Herria
lunes, 26 de octubre de 2009
Ordenan un registro en el ayuntamiento de Castro de Rey
La titular del juzgado de instrucción número 3 de Lugo está procediendo al registro del Ayuntamiento de Castro de Rey y parte de los integrantes del equipo de Gobierno se encuentran en su interior en calidad de detenidos, según fuentes municipales.
El registro comenzó a primera hora de la mañana y se impide al acceso al interior de la casa consistorial. Además, allí se encuentran, al menos, el alcalde, el socialista Juan José Díaz Valiño, y otros 4 concejales, uno de ellos de Terra Galega.
Las mismas fuentes han explicado que se les imputan presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias y se prevé que el registro se puede prolongar a lo largo de toda el día.
Éste es el mismo juzgado que investiga supuestas irregularidades en la tramitación de expedientes sancionadores en la Jefatura Provincial de Tráfico de Lugo.
Este municipio está gobernado por una coalición entre PSOE (4 concejales), Tega (uno) y BNG (dos), aunque las investigaciones no afectan a los ediles nacionalistas, que se integraron en el gobierno después del verano, concluyeron las fuentes.
EFE
El registro comenzó a primera hora de la mañana y se impide al acceso al interior de la casa consistorial. Además, allí se encuentran, al menos, el alcalde, el socialista Juan José Díaz Valiño, y otros 4 concejales, uno de ellos de Terra Galega.
Las mismas fuentes han explicado que se les imputan presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias y se prevé que el registro se puede prolongar a lo largo de toda el día.
Éste es el mismo juzgado que investiga supuestas irregularidades en la tramitación de expedientes sancionadores en la Jefatura Provincial de Tráfico de Lugo.
Este municipio está gobernado por una coalición entre PSOE (4 concejales), Tega (uno) y BNG (dos), aunque las investigaciones no afectan a los ediles nacionalistas, que se integraron en el gobierno después del verano, concluyeron las fuentes.
EFE
Convenio Colectivo Personal Laboral EMSISA (Chiclana)
Para ver el convenio pulse el enlace mas abajo, pagina 11:
http://www.bopcadiz.org/BOP_PDF/BOP205_26-10-09.pdf
http://www.bopcadiz.org/BOP_PDF/BOP205_26-10-09.pdf
Cuatro consejeros de Aguirre avalaron 51 contratos a la trama
No sólo Ignacio González, vicepresidente del Gobierno de Esperanza Aguirre y su candidato a presidir Caja Madrid, firmó pagos a empresas de la trama Gürtel. Otros cuatro consejeros hicieron lo mismo: los dos últimos titulares de Inmigración, Lucía Figar y Javier Fernández-Lasquetty; el que fue consejero de Cultura hasta las elecciones europeas de junio, Santiago Fisas; y Alberto López Viejo, ahora imputado por el caso Gürtel y quien desde su posición de viceconsejero de Presidencia a las órdenes de Ignacio González fue ascendido a máximo responsable de Deportes tras las elecciones de 2007.
En total, de acuerdo con el listado de facturas incluido en el sumario del caso Gürtel, los cuatro signaron 51 pagos y contratos por 719.143 euros, lo que equivale a casi el 25% de los más de tres millones que las cuatro empresas de la red corrupta obtuvieron gracias a los 342 contratos que les otorgó la Comunidad de Madrid a partir de 2004. La propia Figar, ahora responsable de Educación, reconoció el jueves que "algunas" de las facturas de las empresas de la red corrupta que aprobó el Ejecutivo madrileño en la pasada legislatura "no cumplían con el principio de austeridad".
La interventora reprochó a Lasquetty que fraccionara pagos
López Viejo, a quien Aguirre señala como único responsable de que el conglomerado empresarial de Francisco Correa introdujera sus tentáculos en la Comunidad, fue el que más se reservó en su puesto de consejero: como titular de Deportes, sólo firmó dos abonos que suman 12.153 euros. El hombre que, según el equipo de Aguirre, organizaba todos los actos de la presidenta dentro y fuera del partido, autorizó un pago de 5.708 euros por la inauguración de un polideportivo y otro de 6.445 por la de una piscina.
Diecisiete contratos
El mayor volumen de pagos avalados por consejeros se da en Inmigración. Lucía Figar, responsable de ese departamento desde su nacimiento, en septiembre de 2005, hasta que, tras las elecciones de 2007, se hizo cargo de Educación, otorgó 17 contratos a empresas de la trama, todos ellos a dedo por un importe total de 97.979 euros. Su sucesor en Inmigración, Javier Fernández-Lasquetty, siguió la estela, corregida y aumentada. En contra de lo dicho por su predecesora, los pagos no terminaron con la legislatura que expiró en junio de 2007.
En 2008, la Comunidad siguió contratando a las empresas de la red
En un año y medio, el transcurrido entre ese mes y diciembre de 2008, Lasquetty estampó su rúbrica en documentos de abono para 17 facturas que suman 117.776 euros. Todos estos encargos se adjudicaron como contratos menores. Hay otro más, cifrado en 69.020 euros, que lo obtuvo Diseño Asimétrico, mediante procedimiento negociado sin publicidad. O sea, también a dedo. El contrato tenía por objeto el montaje del stand de la Consejería en la Feria Integra, que se celebró entre los días 5 y 8 del pasado mes de diciembre. La adjudicación provisional se hizo pública el día 2 de ese mes, tres días antes de que comenzara el certamen.
Muy probablemente, Diseño Asimétrico sabía de antemano que el contrato acabaría en su poder. En realidad y con independencia de que resulta difícil dilucidar si el precio se ajustaba o no al mercado, el grupo de Correa sí sabía de antemano que se vería beneficiado con esa adjudicación: la Consejería cursó las tres invitaciones preceptivas en el procedimiento negociado. Pero las tres fueron a parar a empresas de la trama.
Tanto Figar como Lasquetty tuvieron como subordinado a Carlos Clemente, viceconsejero de Inmigración hasta octubre de 2008 e imputado en el caso Gürtel por el presunto cobro de sobornos. Clemente cesó a petición propia y, cobijado por el ex ministro José María Michavila, logró un alto cargo en una prestigiosa fundación a la que ya no pertenece.
Fraccionar los pagos
Al igual que Ignacio González, también Lasquetty firmó pagos que incumplían el precepto de la Ley de Contratos Públicos que prohíbe el fraccionamiento para minorar cuantías y evitar la convocatoria de concurso. El 13 de mayo de 2008, el consejero de Inmigración rubricó el ADOK (documento que contiene la autorización y reconocimiento de gasto) de una factura de Servimadrid fechada el 15 de octubre del año anterior. El objeto del contrato, el personal encargado del "montaje y desarrollo" de la carroza del Día de la Hispanidad en la Cabalgata Viva América. Servimadrid cobró por ese trabajo 11.997,85 euros.
Las cuatro empresas de la trama operaban con el Gobierno de Aguirre
Y la intervención avisó, por escrito, de que otras empresas, entre ellas Good and Better, habían prestado servicios para el mismo evento. "Se ha podido incurrir en un fraccionamiento", expuso la interventora. Que se sepa, no hubo consecuencias. Desde luego, Figar acertó al reconocer la falta de austeridad o despilfarro de algunas adjudicaciones. Ella misma firmó una factura de 5.825 euros que emitió Servimadrid por organizar una visita a un centro de formación del grupo Sigla. Las fotos del evento muestran el ya clásico cartelón de la "trasera" y la no menos clásica moqueta "rojo institucional". En el centro de la imagen, Aguirre.
Las cuatro empresas de la trama (Easy Concept, Good and Better, Servimadrid y Diseño Asimétrico) operaban con el Gobierno de Aguirre como un fármaco de amplio espectro. Lo mismo montaban una trasera que asesoraban a la Consejería de Cultura y Deportes en cuestión de imagen.
El 12 de noviembre de 2004, el entonces consejero de Cultura y Deportes, Santiago Fisas, firmó un pago de 11.925 a Down Town Consulting (nombre anterior de Easy Concept) por la "asesoría de imagen en el acto Getafe C.F.". Ese acto consistió en una celebración en la sede de la Presidencia de Madrid por el ascenso del Getafe a Primera. No se sabe, porque la memoria explicativa no se molesta en explicarlo y la factura tampoco, en qué consistió tal asesoramiento. Down Town cobró otra factura por averiguar la "repercusión mediática del ascenso" del Getafe. La investigación le costó al erario público madrileño 4.098,68 euros. Gracias a una tercera factura según la cual imprimir unas lonas costó 10.743 euros, Down Town se embolsó 26.766 euros tras el acto del Getafe. Y Esperanza Aguirre tuvo su baño de flashes.
Fisas, hoy eurodiputado, pidió incorporarse a la lista para las elecciones europeas
Fisas, hoy eurodiputado, pidió incorporarse a la lista para las elecciones europeas del pasado mes de junio con el objetivo de alejarse del Ejecutivo de Aguirre, según fuentes del PP. Antes de irse, firmó 12 pagos a la trama y dos contratos.
Esos dos contratos se corresponden con las adjudicaciones más sustanciosas cosechadas por el grupo de Correa en el fértil campo de la Comunidad de Madrid. Ambos tenían por objeto organizar, en las ediciones de 2005 y 2006, la gala de entrega de los Premios de la Cultura y de la Medalla Internacional de las Artes. Y ambos concursos los ganó Servimadrid. El primero, por 162.000 euros. El segundo, por 177.570 euros. Al primer concurso acudieron varias empresas. En el segundo, nadie quiso competir. Sólo Servimadrid. En total, Santiago Fisas avaló pagos por valor de 422.215 euros.
Las cifras
21/06/2004Asesoramiento sin explicaciones: 11.925 euros Santiago Fisas avaló el pago de 11.925 euros a Down Town (Easy Concept) por “consultoría y asesoramiento de imagen”. No se sabe en qué consistió.
07/02/2006Entregar premios escolares: 11.763 eurosComo consejera de Inmigración, Lucía Figar validó con su firma un pago de 11.763 euros a Servimadrid por montar el acto de entrega de los premios escolares Paz y Cooperación. Aguirre protagonizó el evento, como casi todos los encargados a la trama.
26/07/2007 Inaugurar una piscina local: 6.445 eurosLópez Viejo firmó dos pagos a Servimadrid, que cobró 6.445 euros por la inauguración de una piscina; y 5.708 por la apertura de un polideportivo.
12/10/2007Diseñar una carroza: 11.200 euros Javier Fernández-Lasquetty rubricó el pago de 11.200 euros a Diseño Asimétrico por “diseño y presentación en 3D de la carroza” para el Día de la Hispanidad. La carroza reportó a la trama 46.847 euros divididos en cuatro facturas. Lasquetty las firmó todas.
"La ‘Gürtel’ es una hiedra que llega a la cúpula del PP"
"No somos iguales"El vicepresidente tercero del Gobierno y presidente del PSOE, Manuel Chaves, se encargó ayer de clausurar la I Convención Socialista de la Ciudad de Madrid. Y entró al trapo de la ‘Gürtel’, algo que evitó el líder regional del partido, Tomás Gómez. Es un caso “escandaloso”, dijo Chaves, “una hiedra que empieza en los pies y llega hasta la cúpula” del PP. El vicepresidente combatió un temor lógico: que el electorado entienda que, con tantos focos de corrupción, la política no vale. “No todos somos iguales. No. Ningún partido está exento de que en algún momento ocurra algún caso de corrupción, pero nosotros asumimos responsabilidades, decimos la verdad y tomamos decisiones”. La solución no es “amedrentar a jueces, fiscales y policías”, ni tampoco “escurrir el bulto o cambiar de sitio a tres diputados”. Chaves aludía así a la expulsión del Grupo Popular de los tres parlamentarios madri-leños imputados en la ‘Gürtel’. Hace falta sólo que se “coja el toro por los cuernos”, demandó.Chaves se mofó de la falta de autoridad de Rajoy. Dudó de que pueda gobernar España quien “no es capaz de mandar en su partido”, ni de “arreglar cuentas con el que está sentado en el despacho de al lado”, en clara alusión a Luis Bárcenas, ex tesorero del PP.
Gal, Filesa y ahora Faisán“No acepto ni media lección de aquellos condenados por Filesa, de aquellos que sabían lo que era el GAL”, dijo Javier Arenas, presidente del PP andaluz. Al igual que Francisco Camps, Arenas acarició la idea de que algún escándalo acabe costando el cargo a Zapatero. “El caso Faisán, en cualquier país de Europa le costaría la cabeza, no a un ministro, sino al presidente”. Frente a la corrupción, Javier Arenas defendió que su partido “nunca mira para otro lado” y señaló que en el ‘caso del chivatazo’ se llegó a “avisar a los etarras para que se escapasen de la Policía”. Los conservadores han encontrado un filón en el ‘caso Faisán’. Mariano Rajoy anunció el viernes que su formación se personará en la causa la próxima semana porque se “permitió a un etarra” darse a la fuga.
"La ‘Gürtel’ es una hiedra que llega a la cúpula del PP"
"No somos iguales"El vicepresidente tercero del Gobierno y presidente del PSOE, Manuel Chaves, se encargó ayer de clausurar la I Convención Socialista de la Ciudad de Madrid. Y entró al trapo de la ‘Gürtel’, algo que evitó el líder regional del partido, Tomás Gómez. Es un caso “escandaloso”, dijo Chaves, “una hiedra que empieza en los pies y llega hasta la cúpula” del PP. El vicepresidente combatió un temor lógico: que el electorado entienda que, con tantos focos de corrupción, la política no vale. “No todos somos iguales. No. Ningún partido está exento de que en algún momento ocurra algún caso de corrupción, pero nosotros asumimos responsabilidades, decimos la verdad y tomamos decisiones”. La solución no es “amedrentar a jueces, fiscales y policías”, ni tampoco “escurrir el bulto o cambiar de sitio a tres diputados”. Chaves aludía así a la expulsión del Grupo Popular de los tres parlamentarios madri-leños imputados en la ‘Gürtel’. Hace falta sólo que se “coja el toro por los cuernos”, demandó.Chaves se mofó de la falta de autoridad de Rajoy. Dudó de que pueda gobernar España quien “no es capaz de mandar en su partido”, ni de “arreglar cuentas con el que está sentado en el despacho de al lado”, en clara alusión a Luis Bárcenas, ex tesorero del PP.
Gal, Filesa y ahora Faisán“No acepto ni media lección de aquellos condenados por Filesa, de aquellos que sabían lo que era el GAL”, dijo Javier Arenas, presidente del PP andaluz. Al igual que Francisco Camps, Arenas acarició la idea de que algún escándalo acabe costando el cargo a Zapatero. “El caso Faisán, en cualquier país de Europa le costaría la cabeza, no a un ministro, sino al presidente”. Frente a la corrupción, Javier Arenas defendió que su partido “nunca mira para otro lado” y señaló que en el ‘caso del chivatazo’ se llegó a “avisar a los etarras para que se escapasen de la Policía”. Los conservadores han encontrado un filón en el ‘caso Faisán’. Mariano Rajoy anunció el viernes que su formación se personará en la causa la próxima semana porque se “permitió a un etarra” darse a la fuga.
fuente: Publico
Bancarrota en la Iglesia católica en EE UU
¿Se ha acogido la diócesis católica de Wilmington (Delaware) al Capítulo 11 de la Ley Federal de la Bancarrota para evitar el escándalo? Su obispo dice que no. Las víctimas aseguran que sí. Si lo ha hecho, no es la única. El de Wilmington sería el séptimo caso de una diócesis católica de Estados Unidos ligada a juicios relativos a abusos por parte de sacerdotes contra niños que desde 2004 se ha declarado en suspensión de pagos. Primero fue Portland (Oregon). Le siguieron San Diego (California); Tucson (Arizona); Spokane (Washington); Davenport (Iowa) y Fairbanks (Alaska).
Hace una semana, justo un día antes de que debiera iniciarse el juicio contra Francis DeLuca, un antiguo sacerdote de Wilmington, acusado de abusar sexualmente de un monaguillo menor de edad -que hoy tiene 57 años-, la diócesis presentó un recurso de bancarrota que dejó en suspenso de forma automática el caso que debía verse en la Corte Superior del Condado de Kent. Ése debía de ser el primero de ocho juicios por abusos sexuales cometidos en Delaware. Todos han quedado en el aire.
El obispo Francis Malooly emitió un comunicado a sus feligreses nada más declararse la suspensión de pagos. "Esta es una decisión dolorosa, una que esperaba y rezaba por no tener que tomar nunca", dijo el responsable de la diócesis, que justificó a continuación los pasos dados con el siguiente argumento: "Pedir Capítulo 11 de la ley de bancarrota nos ofrece la mejor oportunidad, dados los recursos finitos, de dar el tratamiento más justo posible a todas las víctimas de abuso sexual por parte de sacerdotes de nuestra congregación".
El planteamiento de la Iglesia de Wilmington es compensar a las víctimas a través de un solo proceso que llegue de la mano de la Corte de Bancarrotas. En esta maniobra -como en los anteriores casos-, los abogados de las víctimas ven un "esfuerzo desesperado" por parte de la Iglesia católica por evitar que se hagan públicas "miles de páginas de documentos escandalosos". "La diócesis quiere sepultarlos", ha declarado Thomas Neuberger, letrado cuya firma representa a más de 80 presuntas víctimas. "La declaración de bancarrota es el último y triste episodio de muchas décadas de intentos de tapar los crímenes cometidos por los sacerdotes y de mantener el secretismo que rodea la responsabilidad y la complicidad en el abuso de cientos de niños católicos", asegura Neuberger en un comunicado.
La diócesis de Wilmington, que a su vez cubre también la costa Este del Estado de Maryland, cuenta con 233.000 fieles repartidos en 58 parroquias y 14.000 estudiantes católicos. El documento de petición de suspensión de pagos valora los bienes de la congregación entre 50 y 100 millones de dólares (entre 33 y 66 millones de euros), con una deuda estimada de entre 100 y 500 millones. La Iglesia de Roma ha visto tambalearse sus cimientos norteamericanos debido a la ingente cantidad de escándalos que en la última década han salpicado sus templos y la callada respuesta que han tenido las altas esferas eclesiásticas.
Bernard Law, cardenal de Boston y en su momento el católico de mayor rango dentro de Estados Unidos, fue forzado a dimitir en el año 2002 al descubrirse que 250 sacerdotes de su archidiócesis estaban involucrados en violaciones a menores. Las víctimas que denunciaron sumaban más de 550. Cuando esos casos salieron a la luz, Law permitió que los curas implicados fueran trasladados a otras parroquias y que no fueran expulsados. La dimisión diseñada desde la Santa Sede silenció el escándalo público. Hoy día, Law sirve en Roma como arcipreste de la basílica de Santa María la Mayor.
En opinión de la asociación Red de Sobrevivientes de Abusados por Curas (SNAP, siglas en inglés), la historia se repite. "El asunto de fondo es que el obispo no quiere que se conozca la verdad", declaró Barbara Blaine, presidenta de SNAP. Hasta ahora, el dinero ha silenciado la vergüenza eclesiástica. La diócesis de Wilmington ha pagado más de 6,2 millones en acuerdos que han evitado sentencias judiciales por abusos sexuales. Como otros casos dentro de EE UU, Delaware también ha pagado a víctimas en acuerdos extrajudiciales. La mayor cantidad desembolsada la hizo la archidiócesis de Los Ángeles en 2007 al indemnizar con 660 millones de dólares (438 millones de euros) a 500 personas víctimas de abusos.
Traslados silenciosos entre parroquias.
El obispo Francis Malooly emitió un comunicado a sus feligreses nada más declararse la suspensión de pagos. "Esta es una decisión dolorosa, una que esperaba y rezaba por no tener que tomar nunca", dijo el responsable de la diócesis, que justificó a continuación los pasos dados con el siguiente argumento: "Pedir Capítulo 11 de la ley de bancarrota nos ofrece la mejor oportunidad, dados los recursos finitos, de dar el tratamiento más justo posible a todas las víctimas de abuso sexual por parte de sacerdotes de nuestra congregación".
El planteamiento de la Iglesia de Wilmington es compensar a las víctimas a través de un solo proceso que llegue de la mano de la Corte de Bancarrotas. En esta maniobra -como en los anteriores casos-, los abogados de las víctimas ven un "esfuerzo desesperado" por parte de la Iglesia católica por evitar que se hagan públicas "miles de páginas de documentos escandalosos". "La diócesis quiere sepultarlos", ha declarado Thomas Neuberger, letrado cuya firma representa a más de 80 presuntas víctimas. "La declaración de bancarrota es el último y triste episodio de muchas décadas de intentos de tapar los crímenes cometidos por los sacerdotes y de mantener el secretismo que rodea la responsabilidad y la complicidad en el abuso de cientos de niños católicos", asegura Neuberger en un comunicado.
La diócesis de Wilmington, que a su vez cubre también la costa Este del Estado de Maryland, cuenta con 233.000 fieles repartidos en 58 parroquias y 14.000 estudiantes católicos. El documento de petición de suspensión de pagos valora los bienes de la congregación entre 50 y 100 millones de dólares (entre 33 y 66 millones de euros), con una deuda estimada de entre 100 y 500 millones. La Iglesia de Roma ha visto tambalearse sus cimientos norteamericanos debido a la ingente cantidad de escándalos que en la última década han salpicado sus templos y la callada respuesta que han tenido las altas esferas eclesiásticas.
Bernard Law, cardenal de Boston y en su momento el católico de mayor rango dentro de Estados Unidos, fue forzado a dimitir en el año 2002 al descubrirse que 250 sacerdotes de su archidiócesis estaban involucrados en violaciones a menores. Las víctimas que denunciaron sumaban más de 550. Cuando esos casos salieron a la luz, Law permitió que los curas implicados fueran trasladados a otras parroquias y que no fueran expulsados. La dimisión diseñada desde la Santa Sede silenció el escándalo público. Hoy día, Law sirve en Roma como arcipreste de la basílica de Santa María la Mayor.
En opinión de la asociación Red de Sobrevivientes de Abusados por Curas (SNAP, siglas en inglés), la historia se repite. "El asunto de fondo es que el obispo no quiere que se conozca la verdad", declaró Barbara Blaine, presidenta de SNAP. Hasta ahora, el dinero ha silenciado la vergüenza eclesiástica. La diócesis de Wilmington ha pagado más de 6,2 millones en acuerdos que han evitado sentencias judiciales por abusos sexuales. Como otros casos dentro de EE UU, Delaware también ha pagado a víctimas en acuerdos extrajudiciales. La mayor cantidad desembolsada la hizo la archidiócesis de Los Ángeles en 2007 al indemnizar con 660 millones de dólares (438 millones de euros) a 500 personas víctimas de abusos.
Traslados silenciosos entre parroquias.
El escándalo estalló a nivel nacional en 2002: La Iglesia católica estaba encubriendo a sacerdotes pedófilos. Un año después, la diócesis de Wilmington declaró que había recibido alegaciones creíbles de que 18 curas habían abusado sexualmente de niños. Algunos casos se remontaban a 1952. Sólo tres nombres se hicieron públicos del total de 18. De esos tres, dos religiosos dimitieron y uno fue apartado de sus funciones. La diócesis se negó a dar el nombre de los otros 15, alegando que siete de ellos habían muerto y que ninguno estaba en activo.
En 2004, la Iglesia de Wilmington admite que se han cometido violaciones durante los últimos 50 años y que se ha comprado el silencio de las víctimas y sus familiares con 1,6 millones de dólares. El diario de Delaware The News Journal reporta que Wilmington está siguiendo los pasos de Boston: los curas pederastas son transferidos, silenciosamente, de parroquia a parroquia.
En 2006, Francis DeLuca, que sirvió 35 años en la diócesis pero había sido apartado del sacerdocio, es detenido acusado de abusos sexuales. En 2007, Delaware aprueba una ley que elimina la prescripción del delito en los casos de abusos sexuales a niños y abre un nuevo periodo de dos años durante el cual las víctimas pueden hacer oír su caso. El plazo acabó el pasado 9 de julio con más de 170 demandas civiles interpuestas. La pasada semana la justicia quedó paralizada. El abogado de las víctimas declaró, pesimista, que muchos de sus clientes, que tenían sólo ocho años en el momento de los abusos, pueden morir esperando ver a la Iglesia en el banquillo de los acusados.
YOLANDA MONGE - Washington El Pais
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