“El que ordenó ejecutar a Salvador fue el suegro del
ministro de justicia de Rajoy”
Daniel Enzetti, Tiempo Argentino, 22.12.2013
Salvador Puig Antic militaba en el Movimiento Ibérico de
Liberación (MIL) junto a otros jóvenes
anarquistas como Santi Soler y Xavier Garriga, y en septiembre de 1973
participó de un tiroteo en el que se enfrentó con un grupo franquista que lo
venía siguiendo. Luego de su detención, fue acusado supuestamente por haber
matado al subinspector Francisco Anguas Barragán, sin pruebas, con testimonios
falsos y en un juicio sumarísimo armado por los criminales. Lo detuvieron
varios meses en la Cárcel Modelo de Barcelona, e inmediatamente después de un
atentado de la ETA contra un funcionario del régimen, Franco eligió a Salvador
para vengarse. Utrera Molina, uno de los hombres de confianza del dictador y suegro de Alberto Ruiz Gallardón, actual
ministro de Justicia de Mariano Rajoy, estampó su firma en la orden de
ejecución de Antich, para que un verdugo ajustara su cuello con un collar de
hierro hasta destrozarle la garganta.
Hasta la noche de la muerte, nadie reclamó por la vida del
militante. Ni siquiera el socialismo, al que le preocupaba bastante poco lo que
pasara con un anarquista que, sin disparar un solo tiro, asaltaba bancos para
repartir el dinero en fondos de trabajadores en huelga contra la política
económica de los genocidas.
“Ni la justicia ni el gobierno español quieren discutir
cuestiones que hagan referencia a la época franquista y a la memoria -dice
Merçona-, siempre hablan de olvidar y tirar para adelante. Pero no se puede
avanzar con el olvido, porque lo único que queda es dolor e impunidad”.
- Cuando el franquismo
detiene a Salvador, vos tenías 13 años. ¿Recordás todo?
- Sí, porque estuve cerca suyo en todo momento, menos la
noche de la ejecución. Me agarró un enojo enorme con él durante un tiempo, por
no haberme dejado acompañarlo. Aunque con el tiempo, lo entendí, Salvador no
quiso que algo tan terrible como lo que le hicieron fuera visto por una niña.
La familia entera estuvo cerca: mi hermano mayor, médico, y mis otras tres
hermanas, Carmen, Inmaculada y Montse. Eran épocas difíciles de resistencia, y
entraba y salía de casa por su trabajo militante. Durante un año cumplió el
servicio militar obligatorio, y al regresar, nos dijo que viviría solo, pero
que no podía darnos otra información.
- ¿Seguían
manteniendo contacto?
- En todo momento, pero se cuidaba. Al entrar al MIL se
convirtió en un “señor”, pelo corto, traje, ya no era aquel hiposo de los
setenta (se ríe). Venía a buscarme al colegio, y lo empezaron a apodar “el
mecha”, de la época del Servicio, cuando se hizo pasar por médico dando algunas
inyecciones a los soldados, para que no lo metieran a hacer trabajos más
pesados. Lo interesante de ese movimiento es que el MIL no practicaba la
violencia, sólo atracaba bancos, y repartía el dinero a los obreros en huelga,
o lo destinaba a imprimir revistas y folletos que resistían a la dictadura.
- ¿Cómo lo detienen?
- El 25 de septiembre de 1973 fue a una cita en Gerona 70,
una calle de Barcelona, a la que Salvador ni siquiera le correspondía
presentarse. Lo hizo para apoyar a un compañero, y los estaban esperando porque
el dato se filtró en la policía un día antes. Después de agarrarlos, los
molieron a golpes, los metieron en una portería y Salvador terminó con la
cabeza llena de culatazos. Para distraerlos, Salvador disparó al aire, y la Guardia Civil inventó que el disparo había
matado a un policía del grupo.
- ¿En ese momento?
- Al policía lo trasladaron a un hospital, y murió en el
camino. Los médicos vieron el cuerpo, se dieron cuenta que estaba cosido a
balazos, y cuando quisieron revisarlo, los otros guardias se lo llevaron para
hacer la autopsia en una comisaría, algo totalmente irregular. Dijeron que era
una cuestión de ellos, y que “de armas sabemos mucho”. El informe forense tiene
dos tipos distintos de máquina de escribir, como si hubieran agregado cosas en
el medio. Para la oficialidad, Salvador lo había acribillado a bocajarro. Mi
hermano llegó al hospital atontado, tenía un balazo en el hombro y otro en la
cara, que le destrozó la mandíbula y no le permitía hablar. Pero sin embargo,
ahí mismo en la habitación, dibujaron sus “declaraciones” en un testimonio
también falso.
- Pasan varios meses
desde esa detención y el momento en que lo ejecutan. ¿Por qué?
- Bueno, nosotros tenemos una teoría. Lo visitábamos en la
Cárcel Modelo, hablábamos del régimen, le contábamos cosas de sus compañeros,
pero hubo un hecho que cambió todo. El 20 de diciembre de 1973, la ETA mató al
presidente del Gobierno, Luis Carrero Blanco, y desde ahí, nada fue igual. El 8
de enero del 74, la dictadura armó un juicio contra Salvador para formalizar la
acusación del policía, el 11 comunican la sentencia de ejecución, el 14 de
febrero la ratifican, y el 2 de marzo lo
asesinan. Fue todo rapidísimo, se ensañaron con él. Recuerdo que le dije: “La
ETA se cargó a Carrero Blanco”. Y él me contestó: “Pues la ETA me acaba de
cargar a mí, porque se van a vengar de alguna manera”. Y fue así, tenía todo
muy claro.
- ¿Cómo eran los días
en la cárcel, y qué pasó una vez que conocieron de la condena?
- Nadie movió un dedo, ni dirigentes, ni partidos políticos,
ni representantes de otros sectores. Hablábamos de la familia y de que saldría
pronto. Siempre en castellano, porque estaba prohibido el catalán. Pero los
días en que conocimos la sentencia, y su ratificación, fueron terribles.
Además, el régimen nunca dijo cómo lo matarían, creo que por miedo a que la
comunidad internacional reaccionara. En España hacía mucho tiempo que no se
condenada a un preso a muerte, y menos con ese método. El trato de la dictadura
fue frío, denigrante. Cuando confirmaron la orden, nos avisaron que
estuviéramos atentos los días viernes, porque eran las jornadas en que se
reunía el Consejo de Ministros, y ellos podían dar detalles de la condena.
Hasta que llegó el primero de marzo, y nos dijeron que al día siguiente, Salvador
estaría muerto. Antes, se dignaron a que aprovecháramos nuestras doce horas.
- ¿Qué doce horas?
- Previo a una ejecución, por lo menos en esa época en
España, la familia tenía doce horas para compartir con el acusado. Ahí fue
cuando Salvador no quiso que yo estuviera, creo que sabía que no aguantaría el
momento. Mis hermanas y él miraron fotos, contaron chistes, hicieron bromas y
recordaron cuando eran chicos. En el medio, se trataba de revertir la
situación. Nos enteramos que el médico de Franco intentó convencerlo para que
se anulara la orden, pero desde el gobierno le dijeron que el dictador estaba
durmiendo, y nadie podía molestarlo.
- No imagino qué se
puede hablar con un hermano menor condenado a muerte, horas previas al momento.
Es inimaginable el momento mismo.
- Haces bien, esas cosas no se pueden imaginar. Con una
entereza enorme, mis hermanas le decían que estaba todo bien: “No te harán
nada, mira, ¿no ves que te dan de comer y te han curao?”. Pero en los pasillos,
cuando Salvador no estaba, los guardias se burlaban: “¿Tienen nicho?, porque
aquí no hay lugar para enterrarlos a estos”. Eran bestias, y eso se comprobó
cuando eligieron el garrote vil para la muerte. Para colmo, nos enteramos que
el verdugo encargado hizo mal su trabajo, Salvador sufrió más de lo que debería
haber soportado. Lo hicieron en un lugar pequeño, todos bien vestidos, bien
bonitos, y sin testigos. Una asquerosidad.
- ¿La indiferencia
general se mantuvo después?
- No, ahí, la gente salió a la calle, y se indignó. Pero no
pudimos acusar a nadie, porque no encontrábamos abogados que se atrevieran a
representarnos. Varios años después presentamos el caso en el Tribunal de
Estrasburgo, pero sus integrantes se excusaron: España no formaba parte de los
acuerdos internacionales en materia de Derechos Humanos. Tampoco tuvimos suerte
en los foros españoles, hasta que por casualidad, gracias a compañeros
madrileños, nos enteramos de la existencia de la querella argentina, como la
llamamos nosotros. Y sumamos el caso de Salvador a esta querella. Así estamos
hoy, con lo que hemos entregado a la jueza Servini.
- ¿Qué tipo de
material?
- Documentos, estudios de balística, datos de archivo,
fotos, testimonios de los médicos que presenciaron todo, a los que pudimos
recurrir después de muchos años. Pero además de varias declaraciones, Servini
recibió una prueba infográfica de aquel tiroteo por el cual a Salvador se lo
acusa de algo que no hizo, y que es el principio de toda la historia armada
después. El estudio demuestra la posición de mi hermano, el lugar donde estaban
los policías que lo detuvieron, y hasta la orientación de los disparos. La
justicia argentina ha demostrado mucha predisposición, mi familia está
esperanzada en esta investigación, y en que se encontrarán culpables.
Comenzando por Utrera Molina, que es el que ordenó la ejecución de Salvador en
aquel momento. «
El garrote vil
Se trató de un método de ejecución vigente en España desde
1820, y abolido definitivamente en 1978. Consistía en un collar de hierro
atravesado por un tornillo unido a una manija, que al girarla, producía el
corrimiento del collar y la rotura del cuello del condenado.
El método se originó en la República Romana, también fue
utilizado durante la Edad Media y por los conquistadores españoles en América.
Algunos reyes europeos lo eligieron en reemplazo de la
horca, que producía finales más lentos. La presión y el movimiento del verdugo
de garrote vil, generalmente, ocasionaba muertes instantáneas.
Buscan que se dicte
su detención internacional
José Utrera Molina está cerca de cumplir 90 años, pero lejos
de arrepentirse por el papel que cumplió en la dictadura española que arrancó
al estallar la Guerra Civil. El declarado ultramontano, que preside la
Fundación Francisco Franco y acostumbra a organizar actividades
reivindicatorias del exterminio de miles de republicanos, es padre de la esposa
de Alberto Ruiz Gallardón, ministro de Justicia español y uno de los
colaboradores más cercanos al presidente Mariano Rajoy. En la querella iniciada
en la Argentina contra los crímenes del franquismo, Utrera se encuentra
imputado por haber integrado el gobierno que sentenció a muerte a Salvador Puig
Antich, ejecutado mediante garrote vil en 1974, y dar la orden para que los
verdugos asesinaran al militante.
La investigación que conduce la jueza federal María Servini
es la única abierta en el mundo sobre el genocidio franquista, y analiza
aproximadamente 300 casos que ejemplifican unas 115 mil desapariciones y
asesinatos, y 30 mil niños robados que sufrieron el cambio de identidad, entre
1936 y 1975, año de la muerte del dictador.
Los abogados representantes de las víctimas, Carlos Slepoy y
Ana Messuti desde España, y Máximo Castex, David Baigún, Beinusz Szmukler y
Ricardo Huñiz en Argentina, intentaron en varias oportunidades que Utrera
Molina fuera llamado a declarar en Europa, y ante la negativa de los tribunales
españoles, gestionaron la posibilidad de que el anciano lo hiciera desde Madrid
vía teleconferencia. El gobierno español boicoteó la audiencia dos veces este
año, comunicando a la Cancillería argentina que Servini no estaba autorizada a
escucharlo ya que el sistema violaba “normas internacionales”.
Pero el testimonio brindado personalmente la semana pasada
por Merçona Puig Antich a la magistrada agiliza las cosas. Servini recibió
nuevas versiones que ayudan a reconstruir la condena a muerte (ver entrevista),
digitalizaciones de documentación de la época de los lugares donde Salvador
estuvo detenido, y estudios que revelan la manera en que fue “armada” su causa.
Utrera comenzó a militar en las fuerzas de choque del
régimen como parte del Frente de Juventudes (organización juvenil del partido
fascista), carrera que coronó en 1975 al ocupar el Secretariado General del
Movimiento y la Vicepresidencia del Consejo Nacional, poco antes de la muerte
de Franco. Fue también presidente del Banco Rural. En 2010 escribió un artículo
de opinión en el diario ABC, en el que calificaba a la Ley de Memoria
Histórica, y el intento por investigar los crímenes y desapariciones impuestos por
el dictador, como una “vandálica invasión del gobierno socialista”.
Para Slepoy, la presidencia de la Fundación que con orgullo
desempeña Utrera es “como si en nuestro país hubiera una llamada ‘Jorge
Videla’, o en Alemania otra denominada ‘Adolf Hitler’. Sólo en Madrid, más de
200 calles llevan el nombre de funcionarios franquistas, algo repetido en todos
lados. Los crímenes del franquismo han sido ocultados por una política del
Estado de desmemoria y olvido, de no enseñar a las nuevas generaciones lo que
ocurrió. No fue una Guerra Civil, como se la llama, sino la planificación de un
exterminio masivo, y posteriormente de una dictadura feroz.”
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