CNT convoca huelga en cespa empresa concesionaria del servicio de limpieza viaria y recogida de basura del municipio de Adra

La CNT ha convocado huelga en CESPA la empresa concesionaria del servicio de limpieza viaria y recogida de basura del Ayuntamiento de Adra. La huelga de 48 horas comenzará a las 22:00 horas del día 30 de Noviembre hasta las 22:00 horas del día 2 de diciembre.
El conflicto está motivado por la actitud de la empresa que tiene pendiente aplicar la subida salarial de este año así como abonar otros conceptos retributivos a los trabajadores. Las reivindicaciones de los trabajadores giran en torno a cuestiones ya establecidas en convenio colectivo y que por lo tanto, CESPA está vulnerando.
Aplicación de la subida salarial correspondiente al año 2009, un 2% según convenio. Actualización de nóminas y abono de atrasos.
Liquidación de las cantidades pendientes en concepto de prestaciones sociales solicitadas por los trabajadores durante el año 2008. Debieron ser saldadas en la nómina de febrero de 2009.
Subida del plus de productividad tal y como quedó pactado con la empresa en marzo de 2008 actualmente asciende a la cantidad de 210,12 €
Abono del plus de nocturnidad para los trabajadores subrogados que por introducción de medios tecnológicos o por decisión empresarial han sido trasladados del turno de noche a turno de día tal y como se pactó, cuando a CESPA se le adjudicó la concesión del servicio. . Para la central anarcosindicalista, que cuenta con una amplia representación en esta empresa a través de su sección sindical es inaceptable aguantar por más tiempo la actitud de CESPA que de forma retorcida e injustificada viene interpretando el convenio colectivo y los pactos y acuerdos establecidos para demorar lo máximo posible la aplicación correcta los derechos económicos que a los trabajadores les pertenecen.
Desde la CNT queremos destacar también, el pésimo papel que en este conflicto laboral está desempeñando el Ayuntamiento de Adra. Hasta la fecha ha permanecido indiferente a los problemas laborales existentes en la contrata. A pesar que tanto los dos delegados de personal de CCOO como el representante de la sección sindical de CNT comunicaron y solicitaron mediante escrito, con registro de entrada de 28 de septiembre de 2009 la mediación del Ayuntamiento en este conflicto laboral, desde el consistorio no se ha producido ninguna gestión significativa que evite la conflictividad laboral en la empresa.
El día 10 de noviembre el Comité de Huelga integrado por representantes de las centrales sindicales CNT y CCOO se reúnen con CESPA en el SERCLA donde la comisión de mediación de este organismo mediará para intentar llegar a un acuerdo que tiene que recoger necesariamente un calendario para la liquidación de todas y cada una de las deudas que esta empresa ha contraído con los trabajadores.

El Colegio de Abogados de Málaga vuelve a sancionar al Delegado Sindical de CNT-AIT y le amenaza con el despido

El pasado viernes 20 de noviembre había sobre la mesa del SERCLA un buen acuerdo para evitar de nuevo la vía judicial y las posibles acciones sindicales contr la junta de gobierno entrante, la misma que la anterior, la encargada de acosar, reprimir y discriminar a nuestro Delegado Sindical en la empresa.
El acuerdo era para evitar la posible demanda y acciones sindicales en relación al horario laboral para poder cursar estudios universitarios y poder promocionar en la empresa, ya que el compañero lleva 14 años en el mismo puesto de trabajo.
La sanción viene motivada por la acciones llevadas acabo durante la Elecciones promovidas por el Colegio de Abogados de Málaga para renovar su junta de gobierno. Durante esta semana la CNT-AIT tal y como comunicó a los representantes del Colegio en ese momento siguió realizando sus acciones de información, (dado la poca colaboración al diálogo), para dar a conocer a la ciudadanía malagueña lo que se lleva cosiendo durante estos 3 últimos años en está Institución del Derecho.
Con esta actitud el Colegio de Abogados en nombre de su decano Manuel Camas Jimena vuelve a demostrar que no quiere a sindicatos que no sean de su tendencias políticas a su lado; éstas gobiernan el estado español actualmente.
Es la moneda de cambio que utiliza para poder pagar los nervios y tensiones sufridas durante la elecciones celebradas en el Colegio de Abogados. Las últimas noticias recibidas llegadas a este sindicato son que amenazan a nuestro compañero con el despido si no paran las acciones sindicales de inmediato.
CNT-AIT, un sindicato, que ni se calla, ni se vende, ni se queda en casa.

Solidaridad con la compañera despedida en la residencia de ancianos Arteclini

El SOV Córdoba viene llevando a cabo una campaña para conseguir la readmisión de la compañera despedida de Arteclini por exigir sus derechos, además de conseguir el abono de todas las cantidades que le adeudan.
Os pedimos que apoyéis esta campaña enviando fax y correos a la empresa con el siguiente texto:
Arteclini, paga lo que debes.Readmisión de Sonia Ya!Basta de abusos y de chantajes.
Datos Arteclini:
Teléfonos:
Tlf: 957 327 625
Fax: 957 458 551
Móvil: 639 445 085
Correos:
info@arteclini.com
arteclini@hotmail.com
Web: http://www.interclini.com/

Pacifistas asaltan la base de la OTAN en Valencia para pedir el fin de la ocupación en Afganistán

Quince pacifistas han entrado a la base de la OTAN en Bétera (Valencia) en un acto de desobediencia civil en el que han participado cerca de un centenar de personas para proclamar la abolición de los ejércitos y pedir el fin de la "ocupación" de Afganistán por parte de las tropas españolas por "fracasar en todos sus objetivos".
Según ha explicado a Efe, Carlos Pérez, miembro de Alternativa Antimilitarista-MOC, personas procedentes de Zaragoza, Bilbao, Valencia y Elche han desfilado en un pasacalles reivindicativo con la música de 'dolçainas y tabalets', instrumentos tradicionales valencianos, por el centro de esta localidad y han continuado hasta la instalación militar, a unos tres kilómetros.
Organizados en la que es la séptima edición de la denominada 'Inspección Ciudadana' del cuartel de la OTAN en la base de Bétera (Valencia), los manifestantes de han dividido en cuatro grupos para entrar de forma escalonada por diferentes puntos de la base.
Saltando las vallas, han conseguido acceder al recinto por la zona de la pista de helicópteros, la zona de la puerta principal, la de transporte militar y han colgado una pancarta con el lema 'No a la guerra' en un camión.
Los pacifistas han terminado su proclama sin incidentes y después de haber sido identificados por agentes de la Guardia Civil, que en el transcurso de media hora han desalojado a los pacifistas del recinto con sus propios vehículos y que han señalado a Efe que no se ha producido ningún incidente.
Pérez ha exigido la "inmediata retirada de las tropas españolas en la ocupación de Afganistán porque sólo está agravando la situación de la población afgana y es una misión militar que ha fracasado en todos sus objetivos".
"Esta guerra no ha conseguido ni fraguar nada parecido a una democracia ni combatir el terrorismo, sino que está logrando avivar más el odio del mundo musulmán hacia Occidente", ha asegurado.
Pero el "no a la guerra y a los ejércitos en el mundo" es, según el pacifista, la motivación de fondo que ha reunido como otros años a antimilitaristas, una reivindicación que se ha trasladado también a otras ciudades de España.
Además de la manifestación en Madrid, que partirá a las seis de la tarde de la Glorieta de Atocha y concluirá en la Puerta del Sol, están convocadas movilizaciones en las ciudades de Barcelona, Albacete, Pamplona, Jaén, Murcia y Segovia, según informaron ayer fuentes de la Plataforma contra la guerra de Afganistán.

fuente: EFE

Vecinos de Ubrique amenzan con una nueva cacerolada si Junta no ofrece una "mejora" en la asistencia sanitaria

La plataforma 'Movimiento Ciudadano' amenazó una nueva cacerolada, como la protagonizada hoy desde la oficina de Correos hasta la Plaza de la Estrella del municipio gaditano de Ubrique, si la Junta de Andalucía no ofrece una "mejora" en la asistencia sanitaria, pasando consulta al menos un día a la semana los médicos especialistas de las distintas áreas.
En un comunicado, uno de los miembro del Consejo de Salud de Ubrique y portavoz del Movimiento Ciudadano, Antonio Rodríguez, manifestó que "más de 500 han asistido a esta manifestación" pidiendo que la consejera de Salud de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, "cumpla sus promesas de mejorar la asistencia sanitaria a más de 100.000 vecinos de la sierra de Cádiz y concretamente en Ubrique, que cuenta con 17.200 habitantes.
De la misma forma, Rodríguez indicó que en el actual centro de salud existe "espacio sobrado" para que ginecólogo, traumatólogo y oftalmólogo dispongan de un "despacho exclusivo para cada uno de ellos, así como sala anexa de exploraciones, igual o más amplio del que disponen en un hospital o en un Centro de Especialidades", pues actualmente, los diez médicos de familia y los dos pediatras del centro de salud de Ubrique "disponen cada uno de despacho de uso exclusivo".
Por todo lo expuesto, el pasado 25 de noviembre el Pleno del Ayuntamiento de Ubrique "aprobó por unanimidad" de todos los grupos políticos, una moción conjunta para pedir a la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía que haga un estudio sobre optimización de las instalaciones y organización del actual centro de salud de Ubrique.
Todo esto "con el fin de que se implanten lo antes posible las consultas de especialidades médicas", cumpliéndose así "las promesas de mejoras sanitarias prometidas por la consejera en la sede de la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz el 23 de enero de 2009, y ratificadas por ella misma en el Parlamento".

Citan al alto cargo de la Junta que recibió la denuncia de Mercasevilla

La jueza que investiga presuntas irregularidades en Mercasevilla ha citado a declarar el 4 de diciembre, como testigo, a Juan Gallo González, alto cargo de la Junta que recibió la primera denuncia de dos empresarios por el intento de cobro de una comisión ilegal de 450.000 euros.La declaración de Gallo había sido solicitada por el PP, que ejerce la acusación particular, dentro de una serie de testificales -rechazadas por la jueza- que incluían al consejero de Empleo, Antonio Fernández, por su papel cuando era presidente del Servicio Andaluz de Empleo, al viceconsejero de Empleo Agustín Barberá, al alcalde de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteseirín, y a los concejales Alfonso Mir, Antonio Rodrigo Torrijos y Gonzalo Crespo.La declaración de Gallo, director de la Oficina de Coordinación de la Consejería de Presidencia de la Junta, se producirá en la parte del sumario que investiga la presunta petición de una comisión de 450.000 euros al Grupo La Raza como condición para ser adjudicatario de la Escuela de Hostelería de Mercasevilla.En dichas diligencias están imputados el ex gerente de Mercasevilla Fernando Mellet, su adjunto Daniel Ponce, una funcionaria y el delegado de Empleo de la Junta en Sevilla, Antonio Rivas.Gallo fue la primera persona que recibió del Grupo La Raza una grabación, realizada el 27 de enero de 2009, con la petición de comisiones y quien inició el proceso para poner los hechos en conocimiento de la Fiscalía sevillana.En un auto al que ha tenido acceso Efe, la jueza de instrucción 6 de Sevilla acuerda pedir a la Junta el expediente íntegro con la adjudicación de la subvención de 900.000 euros a dicha Escuela de Hostelería, ante la "eventualidad de que la que hay aportada a las actuaciones no sea completa, al aparecer desordenada siguiendo la foliación de la Fiscalía".El PP había solicitado numerosas declaraciones y documentos, que la juez rechaza pues "lo único que podrían poner de relieve son decisiones políticas adoptadas con mayor o menor acierto y con mayor o menor diligencia, pero que en absoluto repercuten en la investigación criminal, que no política, que se está realizando en las presentes actuaciones", según el auto.En su escrito, el letrado del PP había denunciado que ciertos aspectos de la subvención "no se entienden", como el hecho de que "el procedimiento se inicie el 18 de noviembre de 2008, el mismo día esté elaborada la Memoria, el mismo día se autorice el inicio del expediente y esté firmada la propuesta de resolución por la directora general de Formación para el Empleo".La jueza responde que se trata de algo "irrelevante" a efectos penales pues no se ha cuestionado la legalidad de la subvención y todos los testigos e imputados "han puesto de manifiesto el enorme interés de la Administración en la Escuela de Hostelería".El PP había pedido indagar por qué Gallo tardó 16 días, hasta el 13 de febrero, en entregar el CD que le dieron los empresarios de La Raza al viceconsejero de Empleo, y por qué el 4 de febrero le comunicó su contenido al alcalde de Sevilla, según dijo éste en una carta remitida a la Policía Judicial.El PP afirma en su escrito que la esposa y dos cuñados de Gallo son personal de confianza del alcalde de Sevilla.La jueza, por otra parte, tampoco accede a indagar el papel de Juan Lanzas, sindicalista de UGT, dentro de la consejería de Empleo y como intermediario para la concesión de la subvención.

fuente: efe

La deuda ahoga a las subcontratas de la empresa corrupta de El Ejido

A Jesús Fatuarte, dedicado a tareas de jardinería en El Ejido (Almería), la empresa para la que trabaja le debe las dos últimas nóminas y la paga extra que por convenio debía percibir en octubre. En la misma situación se encuentran otros 84 trabajadores de Jardines del Poniente, Jardines del Alcor, Lobelia Gestión y Energías Renovables. Todas estas empresas son subcontratas de Elsur, sociedad sobre la que se tejió la trama corrupta de la localidad, destapada el 20 de octubre, y pertenecen a Juan Antonio Galán, encarcelado junto a los otros tres supuestos cabecillas de la red: el alcalde de El Ejido, Juan Enciso; el interventor accidental, José Alemán; y el ex director de producción de Elsur, José Amate. Las mercantiles de Galán acumulan deudas de 300.000 euros con sus trabajadores y de 480.000 con la Seguridad Social por impago de cotizaciones, lo que ha motivado su embargo.

Los trabajadores han convocado una huelga general para el miércoles.

"Han dejado el municipio pelado y nosotros sufrimos las consecuencias", afirma Fatuarte, quien reclama al Ayuntamiento y a la empresa subcontratista que asuman parte de la deuda. "Los trabajadores viven en una situación dramática, y muchos son jóvenes mileuristas que hacen malabares para pagar la hipoteca", afirma.
Reticente a admitir el saqueo perpetrado en el municipio, el consistorio achaca los impagos a la "parálisis económica" actual. "El dinero no fluye con la alegría de antes", afirma el alcalde accidental, Ignacio Berenguel, del Partido de Almería (PAL), quien se reunió el viernes con los representantes de los trabajadores y con el gerente de Elsur, Mario Pulido. En ese encuentro se aportó como única opción para pagar las nóminas el levantamiento parcial del embargo decretado por la Seguridad Social.
"Se están olvidando de nosotros, hablamos de neveras vacías en muchas familias", se indigna Fatuarte. Hartos de aguardar soluciones, los trabajadores de las subcontratas, que han sido ya advertidos de que se avecinan recortes de personal, iniciarán mañana una serie de paros que darán paso el miércoles a una huelga general. Ésta sólo será desconvocada si la Seguridad Social admite la preferencia de cobro de los salarios, o si acepta aplazar la deuda con la garantía del Ayuntamiento y de Elsur. En esta empresa matriz, con 243 trabajadores, la intranquilidad empieza a cundir.
La situación de las subcontratas de Galán es la punta del iceberg de los problemas de tesorería de Elsur. Tras garantizar pingües beneficios a los cabecillas de la trama, la empresa de servicios municipales sufre verdaderos problemas para pagar a sus empleados al haber dejado de percibir un canon de 3,5 millones, señala Antonio López, responsable del comité de empresa.
La misma inseguridad invade a los 97 trabajadores de Arborimar y Maviroad, otras dos de las firmas subcontratadas, propiedad de José Amate Rueda, ex directivo de Elsur. "Más de cuatrocientos trabajadores nos veremos afectados por el mismo problema de impago", aventura Antonio López, algo más optimista que el empleado Jesús Fatuarte, quien augura despidos ante el plan de saneamiento que el equipo de gobierno llevará a pleno el próximo mes de diciembre.
Mientras aguardan con incertidumbre los próximos movimientos del consistorio, los empleados de las subcontratas de Juan Antonio Galán digieren con dificultad la paradoja de que aquellos sobre los que pesa la sospecha de haber esquilmado el municipio, entre ellos la hija de Galán o el empresario Ambrosio Cuevas, se declaren incapaces de pagar sus nóminas a pesar de haber hecho frente a fianzas de entre 50.000 y 100.000 euros para eludir su ingreso en prisión.

fuente: el pais

Centenares de personas bloquean la N-340 por el cierre de Lear en Tarragona

Durante la protesta, que ha durado una hora y 20 minutos, los afectados han quemado algunos neumáticos y sus batas de trabajo y han reclamado a la empresa indemnizaciones "dignas".Asimismo, han gritado consignas como: "No queremos rebajas, queremos lo que nos toca", "Lear, traidora" y "Por unas indemnizaciones dignas".Los trabajadores de la planta se han mostrado "decepcionados" y "cansados" después de semanas de negociaciones entre los sindicatos y la empresa y han vuelto a reclamar a la multinacional que pague las mismas indemnizaciones que se ofrecieron cuando se cerraron las plantas de Cervera (Lérida) y Ávila.El pasado jueves se realizó la última reunión de negociación, y los sindicatos UGT, Comisiones Obreras y USOC reclamaron indemnizaciones de 60 días por año trabajado sin tope de mensualidades.Una petición muy alejada de la última propuesta de la multinacional, que era de 40 días con un límite de 25 mensualidades. El presidente del comité de empresa de Lear Roquetes, Joan Galcerà, ha calificado las ofertas realizadas por la empresa hasta ahora de "indecentes"."Los trabajadores hemos pasado por todo, por expedientes de regulación de empleo temporales, y ahora se van", ha lamentado Galcerà, quien pide para los trabajadores de Roquetes condiciones "equiparables" a las anteriores plantas cerradas por Lear en España.Algunos trabajadores han valorado esta mañana que las negociaciones "van demasiado lentas" y han pedido a la Generalidad "que se implique mucho más" para presionar a la empresa "a ofrecer unas indemnizaciones mejores".El próximo lunes acaba el periodo de negociaciones entre los sindicatos y la empresa por el expediente de cierre de la planta y ese mismo día está previsto que se celebre una nueva reunión, en la sede del departamento de Trabajo en Barcelona y los trabajadores de la planta tienen previsto concentrarse ante las puertas de la consejería.La multinacional Lear anunció oficialmente el pasado día 20 de octubre su intención de cerrar la planta de Roquetes, la última en el Estado donde se producía cableado para el sector de la automoción.

EFE

Asamblea de Parados de Cadiz

POR UNA ASAMBLEA CIUDADANA CONTRA LA CRISIS EN CÁDIZ

(Este sábado 28 a las 13 hs. citan en la Plaza de las Flores de Cádiz)

La crisis económica está empeorando una situación social, la de Cádiz, que siempre ha sido de las peores en el Estado Español. Paro y precarización en el empleo, pobreza y miseria, falta de un techo digno están golpeando dramáticamente a muchas familias gaditanas. Esta situación de nuestra ciudadanía es bastante desconocida aquí mismo: suele ocurrir que se conoce mejor el Tercer Mundo que este Cuarto Mundo que se desarrolla en nuestros barrios.
Así, por ejemplo, oficialmente alrededor de 50.000 personas se encuentran en paro en la Bahía; unas 14.000, sólo en Cádiz. ¡Ya hasta los propios Expedientes de Regulación de Empleo tienen dificultad para aplicarse, por no encontrar prácticamente dónde! Por su parte, los organismos de beneficencia declaran que han doblado en dos años el número de personas a las que tienen que ayudar para comer y cubrir los gastos de vivienda. Con respecto a ésta, la vivienda, a grandes sectores de la juventud se les aleja el sueño de poder dejar el techo familiar, cuando resulta que en nuestra provincia más de 15.000 pisos terminados y muchos de las 20.000 que están a punto de serlo no encuentran quién los compre. Todo ello, en un contexto de hacinamiento agravado porque precisamente son muchas las personas que tienen que devolver la casa al banco al no poder pagarla. Y esta crisis, como ninguna otra, amenaza con erosionar considerablemente las pensiones y subsidios, pues ya se encargan de recordarnos que el déficit presupuestario está desbocado y hasta las diferentes Administraciones afirman encontrarse sin un euro.
Mientras, el gobierno nos endeuda a la mayoría para salvar antes que nada a una minoría: a esa misma banca que ha provocado la crisis, al tiempo que las grandes fortunas seguirán sólo tributando un 1% por las rentas de capital. Poco podemos esperar, pues, que se nos conceda si no es exigiéndolo y arrancándolo. De ahí este llamamiento a que vayamos gestando un amplio movimiento social que dé respuesta a la crisis, no sólo resistiendo las medidas antipopulares que vienen imponiéndose, sino forjando redes de solidaridad y alternativas en el seno del mismo pueblo. En este sentido, si bien la crisis tiende a empeorar la situación social, también se lleva por delante falsas ilusiones acerca de salidas individuales dentro de este sistema explotador, generador de miseria y brutalmente competitivo.
Por eso no cabe la desesperanza. De esta dramática crisis podemos salir triunfantes. Sólo depende de nosotros y nosotras. De nuestra denuncia y movilización colectivas.
¡Vencer la resignación y la apatía es posible!
Cádiz, noviembre de 2009

Condenados por prevaricación a penas de inhabilitación y cárcel dos ex alcaldes de Monachil (Granada)

El Juzgado de lo Penal 1 de Granada ha condenado al ex alcalde de Monachil (Granada) Francisco Lara (PSOE) a una pena de siete años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y al también ex primer edil Antonio Trinidad (PP) a seis meses de prisión, multa de 3.600 euros y la misma inhabilitación por los delitos de prevaricación y prevaricación urbanística respectivamente por su participación en la permuta de un solar con uso de equipamiento socio-cultural en Sierra Nevada a una promotora que construyó en la finca un edificio con 82 apartamentos para su venta a particulares. En la sentencia, a la que tuvo acceso Europa Press, el juzgado declara además la nulidad del estudio detalle y de la licencia que dieron lugar a la construcción del edificio y ordena su demolición, a la que deberán hacer frente en un plazo de seis meses los ex regidores y los otros dos procesados en la causa, el que fuera edil de Urbanismo Benjamín Rodríguez y al arquitecto municipal, "respondiendo solidariamente de todos los gastos e indemnizaciones a posibles perjudicados". Por un delito de prevaricación y otro de prevaricación urbanística ha sido también condenado Rodríguez, que deberá hacer frente a una pena de 12 meses de prisión, multa de 6.000 euros, y 20 años de inhabilitación, mientras que el arquitecto, que el juez ve "cooperador necesario" de los mismos delitos, tendrá que asumir ocho meses de cárcel, 16 años de inhabilitación, y multa de 2.400 euros.El juez considera probado que la parcela en cuestión tenía como destino el uso socio-cultural, según había determinado el Plan Especial 'Maribel' de 1992 y ratificado la Revisión de las Normas Subsidiarias de Monachil en 1999, y que sus propietarios cedieron el solar al Ayuntamiento "en ese preciso concepto". No obstante, en el año 2003, cuando actuaba como alcalde Francisco Lara, era concejal Rodríguez, y arquitecto A.M.C.S., éstos "idearon" un plan para construir pisos en esa finca y se destinara a un fin "mucho más lucrativo" que el socio-cultural, "aún a costa de prescindir de todas las normas jurídicas y garantías aplicables". Así, encargaron al arquitecto que buscar la fórmula legal para el establecimiento de una nueva ordenación pormenorizada y que procediera a modificar la realidad urbanística adquirida de la parcela, que conllevaba un cambio puntual de las Normas Subsidiarias y que derivó en la redacción de un Estudio de Detalle, "que abría paso a la transformación del uso".

IGNORANDO "DELIBERADAMENTE" EL PROCESO URBANIZADOR

De este modo, "ignorando deliberadamente todo el proceso urbanizador previo, la cesión de la finca por los propietarios y sus derechos", el Estudio de Detalle fue aprobado inicialmente el 16 de diciembre de 2003 en la Comisión de Gobierno Municipal, con el voto favorable de sus cuatro miembros, entre ellos Lara y Rodríguez, "con pleno conocimiento de la ilegalidad que cometían y con perspectivas a conseguir que finalmente la finca fuese destinada a construir pisos para la venta", y después definitivamente en pleno de 23 de abril de 2004."Conseguido el propósito", continúa el fallo, los acusados procedieron "de inmediato", en el mes de julio, a tramitar el expediente de permuta de la finca a particulares, de quienes, tras dos ventas consecutivas, pasó a la promotora interesada en construir una edificio de apartamentos. Ésta última adquirió finalmente la finca, en menos de un año, por un importe "muy superior" al que le atribuyó el Ayuntamiento, de 1,9 millones de euros a 2,55.Con esta operación, los procesados "consiguieron modificar ilícitamente la configuración jurídica de la finca afectada utilizando un instrumento absolutamente inidóneo para ello", sorteando las "garantías esenciales" que hubiera llevado consigo la tramitación adecuada.Con posterioridad, el concejal, el arquitecto, y el nuevo alcalde, Antonio Trinidad, se dispusieron al último paso para que en la finca "se levantase un lucrativo edificio de apartamentos". Así, el 21 de octubre de 2004 la empresa propietaria de la finca solicitó al Ayuntamiento la licencia para construir 82 apartamentos turísticos, que obtuvo el 22 de noviembre de ese año concedida por la Comisión de Gobierno municipal.En esta licencia, se concedió una superficie edificable de 7.189 metros cuadrados (muy por encima de los 3.192 que tenía atribuidos inicialmente el solar) de los que 4.320 metros cuadrados tenían uso residencial y el resto aparcamientos y local 'guardaesquís'. Una vez llegado hasta el final el plan de los acusados para "modificar ilícitamente la situación urbanística" de la finca, la promotora procedió a la construcción del edificio y a ofrecer en venta a particulares las viviendas resultantes, "al margen de todo uso turístico".El juez considera que los cuatro acusados eran "conscientes" desde el principio que en el solar se iba a construir un bloque de apartamentos "sin más" para destinarlos a la venta, "y por eso no llevaron las exigencias legales al promotor más allá de las exigidas a cualquiera que construye viviendas". Resulta "nada creíble" para el magistrado que los procesados "no reparasen en datos como el origen, uso y posible destino de una parcela de propiedad municipal que el Ayuntamiento pretendía permutar por un molino". "Cualquiera que se haya acercado a un Ayuntamiento sabe que ante una eventualidad de esas características, en el seno de la corporación suele ser un asunto muy comentado", agrega el titular del Juzgado de lo Penal 1.

Cristina Hoyos recibió subvenciones para un Museo que ahora vende privadamente

Cristina Hoyos ha puesto a la venta el Museo del Baile Flamenco por un precio de 5.997.000 euros a través de un anuncio en la página web 'idealista.com', que cuenta con un informe y un vídeo donde la propia bailaora explica las prestaciones y características de la casa-palacio que alberga el museo. El proyecto supuso un capital de 5,1 millones de euros y recibió 881.459 de euros de subvención por parte de las administraciones públicas. Pero si otros museos de Sevilla incluido los más relevantes, eran y son de acceso gratuito, no era gratuito el de Cristina Hoyos que cobraba10 euros la entrada. El portavoz de Cultura del PP en el Parlamento andaluz, Antonio Garrido, criticó el "magnífico negocio" del Museo del Flamenco, propiedad privada de la directora del Ballet Flamenco de Andalucía, Cristina Hoyos, a la que reclamó la devolución de las subvenciones y exigió a la Junta de Andalucía la apertura de una investigación Según indicó una nota de prensa, Garrido ya reprochó en otras ocasiones el "trato de favor" que las Consejerías de Cultura y de Innovación, así como el Ayuntamiento de Sevilla, han dado desde 2006 a una de las artistas del "club de beneficios asegurados" y de las más implicadas en la defensa de la política socialista.Aunque la consejera de Cultura de la Junta de Andalucía no quiso «entrar en detalles» sobre si el museo tendrá que devolver las subvenciones que le fueron concedidas, la Junta de Andalucía pedirá a la bailaora Cristina Hoyos que devuelva la subvención de 537.000 euros que le concedió a principios de 2007 si cierra el Museo de Baile Flamenco tras la venta del inmueble en el que se ubica desde hace tres años, en el barrio de la Alfalfa.

En virtud de la normativa vigente y de la orden de incentivos a la que se acogió Hoyos cuando solicitó la subvención, según ABC, la inversión debe mantenerse por un plazo mínimo de cinco años, cosa que en este caso no sucedería hasta el año 2012. La Consejería sostiene que la ayuda de más de medio millón de euros se ajustó a la ley puesto que se justificó la inversión realizada en este espacio cultural, pero que la orden autonómica de incentivos deja claro que el proceso «no acaba cuando se concede la subvención, sino que existe un control y seguimiento que se debe mantener durante cinco años desde el momento de la concesión». Así, la empresa beneficiaria debe comunicar durante este período cualquier alteración que se produzca en relación al proyecto presentado, «incluso un mero cambio de domicilio». Lo que plantea, pues, Cristina Hoyos, que es la venta del inmueble, con independencia del uso que el nuevo propietario le dé, obligaría a la Consejería de Innovación a pedir la devolución total o parcial de la subvención recibida. Una historia de favoritismoEl antecesor de Bibiana Aido en la Agencia Andaluza del Flamenco, Alberto Bandrés, tuvo que dimitir como consecuencia de su encontronazo con Cristina Hoyos, la bailaora mimada del régimen.

Fue en 2006. La Agencia del Flamenco comenzó a funcionar en el mes de enero de 2005, "con una clara vocación de erigirse en el organismo único de coordinación de todos los recursos de preservación e impulso del flamenco". El Partido Popular de Andalucía vinculó la dimisión del director de la Agencia Andaluza del Flamenco al "escandaloso" informe de la Cámara de Cuentas sobre la fiscalización del año 2004 de la Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales, al "fracaso de la Agencia" y al "enfrentamiento que mantuvo Bandrés con la todopoderosa Cristina Hoyos". Hoyos estuvo entre "Los gorrones de Guadalajara", feria del libro mejicana a la que acudieron invitados casi 400 personas pagadas por la Junta. "Claro, por eso tienen que reforzar la embajada cultural. Venga, flamenco, mucho flamenco. Como saben, no hay nada que tenga más que ver con los libros que el flamenco. A Guadalajara, de gorra, han ido la directora de la Agencia del Flamenco y la directora del Centro Andaluz de Flamenco. Y la inevitable Cristina Hoyos, que es al régimen de Chaves como las castañuelas de Lucero Tena al franquismo."

La directora de la Agencia era Bib Aido, recuerden.Y no olviden el maltrato de la Junta a Matilde Coral, bailaora familiar de Sevilla, si se compara con las ayudas recibidas por la Hoyos. Escribñia Eusebio Pérz, jefede informativo de la COPE Andalucía, aún en tiempos de Losantos y Vidal: "Cristina Hoyos, activista del PSOE, se ha beneficiado de múltiples subvenciones públicas que le permiten mantener sus variadas actividades artísticas y su amplia actividad politica. 700 mil euros no es moco de pavo; una suma muy importante que ha salido tanto de mi bolsillo como del que en este momento lea este post. Es un ejemplo más de lo tremendamente rentable que supone estar al servicio de los socialistas en Andalucia. Los que no están al servicio del régimen, por ejemplo, Matilde Coral, la pasan canutas. Coral, artista trianera de los pies a la cabeza, no se vendió a los socialistas, y lo está pagando caro. Lleva 10 años intentando mantener a duras penas su Escuela de Danza de Triana, donde ha formado a cientos de artistas andaluces sin recibir un euro de subvención. Sin embargo, Matilde Coral, necesita ampliar su Escuela y hasta el momento, sólo ha recibido buenas palabras de la Consejería de Cultura mientras que el alcalde de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteseirín, ni tan siquiera se ha molestado en recibirla. Esa falta de espacio, le ha provocado una pérdida de una cuarta parte de su alumnado.

Matilde Coral teme que esta noticia, las subvenciones de 700 mil euros a la socialista Cristina Hoyos y el apoyo de la Justicia al articulista que la criticó a ella y a las administraciones públicas, le pueda perjudicar ante una próxima reunión que tiene prevista con la Junta. La bailaora trianera nunca ha querido venderse al poder político, sólo buscaba apoyo de la administración para sacar hacia adelante una Escuela de Danza que aporta mucho al panorama cultural andaluz. Matilde Coral se queda con su ética y con su integridad, de lo contrario, hoy tendría una hermosa Escuela de Danza y una saneada cuenta corriente." NO hace falta más.

fuente: Por Andalucia Libre

Un concejal de Málaga admite que contrató a una empresa de su cuñado

El pleno municipal de Málaga, que pese al recorte a las iniciativas impuesto a la oposición sigue durando más allá de 12 horas, acabó pasadas las 23.00 del jueves con sorpresa. El concejal del PP Manuel Marmolejo pidió la palabra antes de levantarse la sesión para confesar "de manera voluntaria" que una de las empresas que ha obtenido varios contratos directos, sin concurso público, en los departamentos de los que es responsable (distrito de Bailén-Miraflores y área de Parques Empresariales) tiene como accionista propietario a un cuñado suyo.
Marmolejo explicó ayer que desconocía hasta ahora que la ley le impide participar en procesos de contratación con un adjudicatario con el que tiene tal grado de cosanguinidad. "Reconozco que no tenía que haber firmado esas adjudicaciones, me he equivocado", afirmó. Ni el concejal tiene intención de dimitir, ni el alcalde de exigirle responsabilidades. Francisco de la Torre se amparó en la "buena voluntad" del edil, en la "escasa incidencia presupuestaria" de los contratos, y en que "no se ha producido quebranto para el Ayuntamiento".
De momento, la única medida es el anuncio de Marmolejo de abstenerse a partir de ahora en los procedimientos de contratación "en aras de salvaguardar cualquier atisbo de dudas acerca de la legalidad".

80 contratos

Sin embargo, la oposición aportó varios elementos de duda. Según el portavoz socialista, Rafael Fuentes, "podemos estar ante un nuevo caso de presunto trato de favor", y explicó que la empresa Greensur, dedicada a la conservación de obras públicas y plantación de árboles, se constituyó en agosto de 2003, un mes después de que Marmolejo fuera nombrado director del distrito centro, cargo de confianza que desempeñó hasta que en 2007 fue elegido concejal.
El PSOE informó de que entre 2006 y 2009 el Ayuntamiento de Málaga ha firmado más de 80 contratos con Greensur por un importe de 1,9 millones de euros. De ellos, 11 en el distrito de Marmolejo, presupuestados en 200.000 euros. Fuentes exigió explicaciones al alcalde sobre este "nuevo despropósito" en las contrataciones municipales. El portavoz de IU, Pedro Moreno Brenes, aseguró que el tema tiene "gravedad porque se trata del incumplimiento de la ley" y exigió aclaraciones urgentes.

Los discapacitados de Puerto Real denuncian que se han quedado «fuera de los presupuestos»

«De las muchas obras nuevas que se construyen, algunas todavía se hacen con barreras arquitectónicas». Así lo advertía ayer Pedro Palacios, el presidente de la asociación de minusválidos físicos, psíquicos y sensoriales Las Canteras, que advertía, cómo en las obras llevadas a cabo en las calles de Puerto Real dentro del conocido Plan E, se han realizado sin atender a los ciudadanos que sufren minusvalías.
Una patrulla de inspección
En los últimos días, los miembros de la asociación Las Canteras han actuado como una «patrulla de inspección», para detectar y avisar de esos olvidos sobre el terreno. «A medida que hemos ido viendo las deficiencias, las hemos comunicado» explicaba el representante de la asociación, que lamentaba cómo «en algunas ocasiones han llegado tarde». La patrulla ha denunciado al Ayuntamiento varios casos concretos, como las obras en la zona del Meadero de la Reina o la reparación de la calle Carretas (esta última acogida al Plan E), en la que se ha construido una carrera insalvable en silla de ruedas, sin una rampa que la complemente. Palacios hizo extensivos los problemas de accesibilidad en estas calles a personas con algún tipo de minusvalía, a la gente mayor o a quienes manejan carritos.
Desde la asociación se recordó, aparte de las barreras arquitectónicas, hay otros «obstáculos móviles» en las calles con los que los minusválidos físicos se topan cada día. Los protagonistas principales son los coches. «Hay muchos sitios que están reservados para que aparquen los discapacitados, pero suelen estar siempre cogidos», afirmaba Palacio, que considera que, para muchos conductores, Puerto Real es una «ciudad sin ley»: «Queremos sensibilizar a los puertorrealeños para que no se aparque en los rebajes, ni que dejen los coches encima de la acera», explicaba Palacio, para denunciar estos comportamientos incívicos, que dejan sin efecto los logros contra las barreras arquitectónicas.
Un sello de calidad
Los requerimientos de accesibilidad abarcan igualmente a los locales comerciales. De este modo, la asociación Las Canteras recibe de manera mensual de manos del Ayuntamiento un listado con las licencias de apertura de establecimiento, para que los integrantes de colectivo puedan analizar los negocios. Si se cumplen los requisitos, se les ofrece una pegatina que confirma la condición de local accesible. «Es algo simbólico, pero se puede ver desde fuera», valora Pedro Palacios, que recuerda que la colocación de la pegatina no es el punto y final: requiere un trabajo continuo para que el empresario mantenga las condiciones. «Algún local tiene doble puerta, pero la accesible la mantiene cerrada», advierten desde la asociación.
fuente: La Voz

Menos horas de trabajo por menos sueldo

La patronal gaditana admite que seguirá la destrucción de empleo el próximo año La recesión ha traído un aumento del 31% de los contratos a tiempo parcial Los expedientes de regulación que se han presentado en Cádiz ascienden a 115 Las empresas de la provincia buscan fórmulas para afrontar otro año de recortes.
«Mi jefe me ofrece una reducción de la jornada laboral a cambio de una bajada de sueldo. ¿Qué debo hacer?». Esta es una de las consultas más frecuentes que aparece ahora en distintos foros de Internet ante los efectos que la crisis ha provocado en las empresas. El mercado laboral se tambalea y los empresarios buscan alternativas para equilibrar los gastos que genera su plantilla con la caída de producción, y evitar así más pérdidas. Se tiende a pactar la temporalidad. En la provincia se han firmado en lo que va de año 115 expedientes de regulación de empleo (ERTE).
Las expectativas para el próximo año no son nada alentadoras. Al contrario. El último estudio de la Asociación de Grandes Empresas de Trabajo Temporal (Agett) adelanta que el empleo seguirá en caída libre y habrá que esperar, como mínimo, hasta el segundo semestre de 2010 para que aumente la afiliación y disminuya el paro. El director de Analistas Económicos de Andalucía, Francisco Villalba, adelanta que el desempleo subirá dos puntos el próximo año.
Los bancos no dan créditos
La provincia cerró el mes de octubre con 162.417 parados, la cifra más alta registrada en 2009, y en sólo doce meses se han destruido 15.395 empleos. Es decir, la afiliación a la Seguridad Social ha caído un 4%. Suma y sigue. El presidente de la Confederación de Empresarios de Cádiz (CEC), Miguel González Saucedo, reconoce que la situación puede estallar en 2010 si los bancos no abren el grifo del crédito. En su opinión, el paro seguirá creciendo porque no hay nuevas inversiones ni empresas capaces de generar actividad. González Saucedo sostiene que la crisis ha llegado por oleadas, primero fue la financiera, luego la inmobiliaria, después la industrial y ahora, de golpe, la del comercio y el turismo. Pero la crisis más importante acaba de tocar la línea de flotación del Estado: «las cuentas han entrado en déficit». Así, la situación ha obligado a subir primero los impuestos indirectos y ahora los directos, «la presión fiscal que soportan los empresarios es enorme y hay inversiones que se han ido a otra parte».
Este escenario obliga a replantear las relaciones laborales de cara al próximo año. El que fue secretario general de CC OO durante los últimos ocho años, José María Fidalgo, reconoció el pasado diciembre que en época de crisis es más importante mantener los puestos de trabajo que subir los sueldos. Fidalgo perdió el noveno congreso del sindicato por 28 votos.
El modelo alemán
La patronal gaditana alerta de que los convenios colectivos que se están negociando ahora no pueden firmarse por encima del IPC previsto. La razón es que no hay margen para aguantar las plantillas.
Pero el secretario provincial de UGT, Pedro Custodio, aclara al respecto que los trabajadores «no pueden pagar el pato de la crisis con sus salarios» y es necesario, por tanto, que las entidades financieras abran el grifo del crédito.
Una jornada reducida por menos sueldo. Esta es la filosofía para combatir la crisis y evitar cierres y despidos. El ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, se ha mostrado partidario de aplicar en España el modelo alemán con el fin de contener el empleo. El secretario de Estado de Economía, José Manuel Campa, afirmó a primeros de mes que se debería reducir la jornada laboral, aunque no llegó a concretar la compensación económica a la empresa y al trabajador.
Este modelo obliga al Estado a compensar la disminución del sueldo de los trabajadores con la parte correspondiente de la prestación de desempleo y, de igual modo, bonificaría la parte de las cotizaciones sociales a la empresa. La vicepresidenta económica, Elena Salgado, ha mostrado su escepticismo sobre esta fórmula porque sería sobrecargar aún más las arcas del Estado.
De momento, al margen de pactos internos entre trabajadores y empresarios, las principales actuaciones que se llevan a cabo en este sentido para contener la hemorragia del paro se hacen a través de expedientes temporales (ERTE) donde el trabajador acuerda con la empresa pasar al desempleo durante un determinado espacio de tiempo. Cobra el 70% de la base reguladora. El inconveniente de esta medida es que el trabajador se come parte del desempleo que le corresponde en caso de despido o cierre. La ventaja, es que mantiene su vinculación con la empresa y recupera su puesto de trabajo una vez que la producción remonte el vuelo.
Los sindicatos y la empresa de Acerinox, ubicada en Los Barrios, han llegado a un preacuerdo para prorrogar el ERTE que firmaron en marzo y que expira a finales del próximo diciembre. Esta empresa redujo su producción un 50% y antes de extinguir los contratos optó por una regulación temporal que afecta de manera alterna a 1.200 trabajadores. La empresa pide ahora la prórroga de este expediente.
Los expedientes de regulación de empleo que se han tramitado en la provincia durante 2009 ascienden a 115 y afectan a 4.050 trabajadores. La extinción definitiva del contrato (ERE) ha tocado a 195 empleados, mientras que la fórmula de regulación o suspensión temporal de empleo (ERTE) ha salpicado a 3.700 empleados. La tercera vía adoptada ha sido la reducción de jornada, pactada por 175 trabajadores. Los datos ponen de manifiesto que la alternativa más utilizada en Cádiz es la suspensión temporal con un 90,8%.
«No hay confianza»
El presidente de la CEC, Miguel González Saucedo, reconoce que el problema añadido que impide la creación de empleo es la caída del consumo interno, «que no remonta porque no hay confianza».
La crisis económica ha traído como consecuencia el incremento de los contratos a tiempo parcial. Los últimos datos revelan que el 31% del total de contratos realizados son con jornada parcial. Según la Asociación de Grandes Empresas de Trabajo Temporal, los empresarios están apostando por la contratación a tiempo parcial como alternativa para preservar el empleo. A estas alturas del año y con los expedientes abiertos, todo apunta a que muchos trabajadores aceptan reducir su jornada de trabajo y sueldo a cambio de mantener una cierta actividad laboral.

JAVIER RODRÍGUEZ CÁDIZ

Ocho detenidos por delitos urbanísticos

La Unidad del Cuerpo Nacional de Policía de la Jefatura de Cádiz adscrita ha culminado esta semana una investigación sobre presuntos delitos sobre la ordenación del territorio y falsedad documental en Chiclana en la que han sido detenidas ocho personas, entre ellas un arquitecto técnico y seis promotores y propietarios.
La investigación se inició a finales de verano a instancias del Juzgado Mixto Número Cuatro de Chiclana, previa denuncia de la Fiscalía de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, sobre una finca dividida en nueve parcelas, todas ellas con construcciones en su interior, excepto en una. La finca está situada en el Camino del Pozo Juncal, en Pago del Humo, en suelo clasificado como no urbanizable no especializado.
Las indagaciones iniciales consistieron en el cotejo de las ortofotografías aéreas de la última década. En el año 2001 aparece una finca totalmente vacía, mientras que, a partir de 2004, de detectan obras de parcelación con muros de hormigón, construcción de ocho edificaciones unifamiliares, tres de ellas de tamaño considerable con piscinas, y así hasta el estado actual.
En cuanto comienzan las obras, el Ayuntamiento de Chiclana incoa expedientes sancionadores por infracción urbanística. A pesar de todo, los constructores, obviando la legalidad urbanística, terminaron las construcciones.
En el curso de las investigaciones se identifican y localizan a los titulares y promotores de las viviendas y, a través de ellos, se identifica también a un promotor que, al parecer mediante engaño, convence a los compradores para declarar en conjunto las obras nuevas en Notaría para, posteriormente, llevarlas al Registro de la Propiedad. Ante la atipicidad del procedimiento, el promotor, presuntamente, promete gratificaciones a los compradores y se hace cargo de los gastos administrativos.
Para obtener la declaración de obra nueva fue preciso la mediación de un documento que certificara la antigüedad de las edificaciones por más de cuatro años (así consiguen la prescripción de la responsabilidad administrativo-sancionadora, por infracción urbanística grave), firmado por un técnico habilitado, que en este caso fue un arquitecto técnico local que ha sido ya imputado al menos tres veces más por hechos de las mismas características y otras tantas imputaciones similares por otras unidades policiales.
Una vez concluida la investigación, se han instruido las diligencias policiales correspondientes y han sido remitidas al Juzgado Mixto Número Cuatro de Chiclana de la Frontera.

El patrimonio del alcalde de Polop se disparó con el cargo

El alcalde encarcelado de Polop no perdió tiempo para invertir en su patrimonio personal. Sólo a título personal y al margen de las dos sociedades que manejaba, Juan Cano, del PP, tiene cuatro locales comerciales, un garaje, un piso, el chalé donde residía y una participación en cinco parcelas entre La Nucia y Polop (Alicante). El valor de las hipotecas pendientes de pago a la CAM es de 585.445 euros.

Cano ha comprado cuatro locales, un piso, un chalé y parte de cinco parcelas
Nada más tomar posesión del cargo de concejal de Urbanismo, comenzó la carrera de Cano por acumular bienes. Sólo entre el 19 y 20 de junio de 1995, al poco de acceder al gobierno municipal, él y su mujer, María del Carmen Berenguer, compraron tres locales comerciales de 26, 37 y 100 metros cuadrados y una vivienda de 124 metros, con una carga hipotecaria de 110.201 euros, según recoge el Registro de la Propiedad. El 30 de marzo de ese año habían adquirido otro local de 100 metros con una hipoteca de 25.242 euros.
En abril de 2004 escrituraron la casa donde viven con una hipoteca de 290.000 euros. El chalé, en la urbanización La Paz de Polop, tiene 487 metros de vivienda en tres plantas en una parcela de 727 metros.
El último incremento patrimonial de Cano fue entre abril y junio de este año al comprar cinco parcelas de poco más de 1.000 metros en el paraje Torrent, entre La Nucia y Polop. Según el Registro de la Propiedad, Cano dispone de la propiedad del 25% de las parcelas, el concejal de Turismo Joaquín Montiel de otro 25%, mientras Jonia State, SL y Solera SL se repartían la propiedad de la otra mitad. Las parcelas fueron compradas mediante una hipoteca conjunta de 600.650 euros.
El móvil que manejó la Guardia Civil desde el principio de la investigación para descifrar el asesinato del anterior alcalde, Alejandro Ponsoda, en octubre de 2007, fue el transfondo urbanístico. De la investigación del notable incremento patrimonial de Juan Cano y del concejal de Turismo Joaquín Montiel en su etapa como regidores han derivado las principales consecuencias. Además, ambos fueron grabados en 2002 pidiendo diferentes cantidades por realizar trámites urbanísticos.
El alcalde de Polop es el séptimo detenido por el asesinato de su antecesor en el cargo, Alejandro Ponsoda, que se fraguó en un club de alterne. Cano ingresó ayer en el centro penitenciario de Villena imputado de un delito de asesinato, según el auto dictado por la titular del juzgado de instrucción número 2 de La Vila Joiosa que lleva el caso. El todavía regidor se negó a prestar declaración. Su abogado, Carlos Ruiz Manero, justificó la estrategia de su cliente en que "a la vista de que el sumario es secreto y no sabemos qué se le imputa y de qué se le acusa, no declarará en tanto no se levante el secreto del sumario".

fuente: el pais

Los funcionarios europeos se suben el sueldo

Inmunes a la crisis. Con contratos blindados. Con una media de sueldo mensual que ronda los 4.000 euros... libres de impuestos. Es el retrato-tipo del funcionario europeo medio. A pesar de sus privilegios adquiridos hace mucho tiempo, la Comisión Europea propone ahora que, en medio de la crisis económica global, se aumenten sus remuneraciones en casi un 4 por ciento. No se trata de ciencia ficción. Según explicó la portavoz del Ejecutivo de Bruselas para temas Administrativos, Valerie Rampi, ese aumento "es objetivo y necesario" para los cerca de 36.000 funcionarios de la Comisión de Bruselas (unos 5.000 de ellos, españoles). Para establecer esa subida, afirma la Comisión, se ha basado en un "estudio estadístico comparativo", en función de los sueldos de los funcionarios nacionales de los 27 socios del bloque. "También hemos tenido en cuenta el alto coste de la vida en una gran ciudad como Bruselas", asegura Rampi. A modo de ejemplo, el sueldo neto que cobrarán los dos nuevos cargos que se acaban de crear, mediante el Tratado de Lisboa: el de presidente estable de la UE, en manos del belga Herman van Romopuy, y la nueva Alta Representante de Política Exterior, la británica Catherine Ashton, cobrarán en torno a 25.000 euros al mes. Preguntada en la sala de prensa de la Comisión Europea, la funcionaria se defendió de las críticas de quienes acusan a las instituciones europeas de ser excesivamente "generosas" en sus remuneraciones. "Mire, nosotros no decidimos nunca de manera discrecional, caprichosa, en función del humor, si subir o bajar los sueldos, lo que lo determina son los salarios de los funcionarios nacionales", explicó, en un intento por defender el futuro aumento, que será del 3,7 por ciento. A pesar de que el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, insiste desde que fue reelegido en su cargo, en verano pasado, en que su nuevo Ejecutivo escuchará más a los ciudadanos en "los tiempos de crisis" para aportarles soluciones, no parece predicar con el ejemplo. "Las reglas sobre la subida de sueldo se rigen por el Estatuto General del Funcionario Europeo", fue la -lacónica- explicación de Rampi. Bruselas ha llevado a cabo un cálculo -para aplicar la subida de sueldos- basado en el estudio de las remuneraciones de los funcionarios de ochos socios de la UE en 2008: Bélgica (con una subida del 4,4 por ciento en los sueldos de sus funcionarios en 2008), España (4,3 por ciento), Alemania (3,1 por ciento), Francia (3,8 por ciento), Italia (2,4 por ciento), Luxemburgo (4,5 por ciento), Países Bajos (2,3 por ciento) y Reino Unido (0,3 por ciento), según explicó la funcionaria. Según marca el estatus del funcionario, el sueldo se cobra neto, en su integridad y no está sujeto a gravámen fiscal. Además, se considera que un funcionario está expatriado, es decir fuera de su lugar de origen, extremo que le supone -de media- cobrar al mes entre 600 y 1.000 euros netos más en su nómina base. Por otra parte, algunos funcionarios optan por cambiar su lugar de residencia (su lugar de origen legal) y eligen destinos muy alejados de Bruselas (considerado el kilómetro cero en el cálculo) para aumentar esa partida. Por ejemplo, las normas del funcionariado permiten que, por ejemplo, un francés ponga como lugar de residencia Helsinki o Atenas, y así incrementar su partida mensual por expatriación.

El Gobierno irlandés ocultó durante décadas los abusos sexuales a menores cometidos por sacerdotes

La Iglesia Católica irlandesa gozó de inmunidad durante décadas para ocultar los abusos sexuales contra menores cometidos por sacerdotes de la archidiócesis de Dublín, ha revelado un informe elaborado por la juez Yvonne Murphy.
La connivencia entre la jerarquía eclesiástica y las autoridades del Estado, entre ellas la propia Policía y la Fiscalía, sirvió, dice el texto, para encubrir los esfuerzos de cuatro obispos dublineses por mantener el prestigio de la Iglesia, proteger a los pederastas y evitar escándalos. Esas son algunas de las conclusiones de un documento presentado por el ministro irlandés de Justicia, Dermot Ahern.
El texto, de 700 páginas, ha visto la luz con una serie de cortes para no prejuzgar presentes o futuros casos penales, al tiempo que se ha eliminado toda referencia a aquellos sacerdotes que se enfrentan a procesos penales ante el temor de que pudiera afectarlos, por lo que se utilizan seudónimos para proteger la identidad de otros.
El informe, fruto de tres años de investigaciones, asegura que la política y tácticas ocultistas de la Iglesia se pueden resumir bajo la frase de tintes mafiosos "no preguntes, no hables". "La Comisión no tiene duda alguna de que el abuso sexual clerical fue encubierto por la Archidiócesis de Dublín y otras autoridades de la Iglesia. Las estructuras y reglas de la Iglesia Católica facilitaron ese encubrimiento", explica el texto.
"Las autoridades del Estado -prosigue- facilitaron el encubrimiento al no cumplir con sus obligaciones y asegurar que la ley se aplicase a todos por igual, lo que permitió a las instituciones de la Iglesia mantenerse fuera del alcance del proceso legislativo normal".
450 acusaciones
La Comisión investigadora de la Archidiócesis de Dublín ha examinado las acusaciones de 450 personas presentadas contra 46 sacerdotes por hechos ocurridos entre 1975 y 2004, así como el manejo del escándalo por parte de diecinueve miembros de la jerarquía católica, entre ellos el cardenal Desmond Connell. El purpurado llegó a acudir a los tribunales para impedir la entrega de unos 5.000 documentos archivados durante su ejercicio al frente de la Archidiócesis, petición que le fue denegada.
Cuando abordó las denuncias de maltratos sexuales, Connell estableció en dos ocasiones juicios secretos bajo los términos de la Ley Canónica, según el informe. Aunque la Comisión no halló pruebas de la existencia de una red organizada de pederastia en la Archidiócesis, detalló varios casos tan estremecedores como los recogidos en el llamado "Informe Ryan" del pasado mayo.
Un sacerdote, por ejemplo, admitió haber cometido abusos sexuales contra más de 100 menores, mientras otro confesó que, durante el ejercicio de más de 25 años de Ministerio, abusaba de menores cada "dos semanas". En otra instancia, el informe denuncia que la policía irlandesa (la Garda) tardó 20 años en presentar cargos contra un sacerdote.
"Altos cargos de la Garda, incluido el Comisionado (máximo responsable) en 1960, consideraban que los curas estaban fuera de su alcance. Hay algunos casos en que los agentes, de hecho, informaban a la diócesis sobre denuncias en lugar de investigarlas", añade el texto.

EFE Dublin

Curas católicos desvían fondos para la guerrilla

Varios religiosos católicos con base en Europa y en África están dando "apoyo material y financiero" al Frente Democrático para la Liberación de Ruanda (FDLR), el grupo armado ruandés acusado de graves abusos de los derechos humanos en Congo.
Así lo afirma el informe del Grupo de Expertos de la República Democrática de Congo, nombrado por Ban Ki-moon, en el que también se ha acusado a dos activistas españoles Joan Casòliva, de Inshuti, y Joan Carrero, de Fundació SOlivar de prestar apoyo logístico y financiero a la guerrilla hutu, extremo que ambos niegan categóricamente.
El informe aporta correspondencia por correo electrónico realizada por el misionero católico italiano Pier Giorgio Lanaro, de la congregación Severiens, que vive en Kasongo, a 700 kilómetros de la localidad congoleña de Bukavu.
El misionero italiano "hace referencia a comunicaciones directas que ha tenido con Ignace Murwanashyaka", presidente del FDLR, detenido en Alemania el pasado 17 de noviembre junto a su vicepresidente, Straton Musoni.
"De acuerdo con las comunicaciones de Lanaro, este desvió deliberadamente para apoyo directo al FDLR fondos recaudados por su congregación en Europa para ayudar a refugiados y lo ha hecho con la complicidad de Franco Bordignon, el mánager de finanzas para la congregación en Bukavu", señala el informe.
El informe asegura que se trata de "apoyo intencional" al frente guerrillero
"Por suerte no tengo problema para recibir dinero y enviarlo sin advertir a nadie más que a nuestro contable", escribe Lanaro en uno de los correos, que forman parte de los anexos del informe.
"He visitado a la autoridad del FDLR", explica en otro. En un tercero, Lanaro comenta que su familia podría recibir fondos que luego serían enviados al FDLR y copia un mensaje de Murwanashyaka confirmando su disponibilidad para recibir el dinero.
"Queridísimo, te mando el último email del presidente I", afirma en referencia al jefe del FDLR. "Lo mejor sería saber cuánto quieres enviar (...). Lo puedes mandar especificando que es una oferta destinada a mí para los prófugos ruandeses. Así no tengo dificultad para retirar el dinero. Por lo demás, lo podrías mandar a mis parientes (...)"
El misionero italiano advierte en otro fragmento de correspondencia de que está escribiendo "al presidente Ignace para ver cómo hacer (...), ya que leo en un correo que he recibido hoy mismo que la cuenta bancaria en Alemania del FDLR ha sido suspendida".
Dinero para operativos
El informe también alude al cura belga Constant Goetschalckx, que ha estado al frente de la organización Hermanos de la Caridad en la localidad tanzana de Kigoma. Goetschalckx aparece mencionado junto a Casòliva en una conversación telefónica obtenida por el Grupo de Expertos, en la que otro religioso de origen ruandés y residente en España, Jean-Berxchmans Ntihabose, le dice a su interlocutor que ambos "proveían dinero a operativos del FDLR que cruzaban desde la RDC a Tanzania por el Lago Tanganika", según el texto. Ntihabose aparece en el listado de llamadas que el general Mudacumura del FDLR en Congo hizo desde su teléfono satélite.
Un religioso está en la lista de llamadas del teléfono satélite de un general
El Grupo de Expertos afirma ser consciente de que "organizaciones religiosas que operan en zona de conflicto y proveen asistencia humanitaria a los refugiados acaban invariablemente teniendo algún contacto con grupos armados no estatales", pero precisa que los casos denunciados son de "apoyo intencional" al FDLR.
La Iglesia ha tenido históricamente una gran importancia en los Grandes Lagos. En Ruanda, la Iglesia católica estaba presente desde la ocupación alemana. Durante la colonización belga, los católicos fueron fundamentales a la hora de educar a las masas, ya que disponían del monopolio de las escuelas.
Su gran implicación no la ha hecho inmune a los efectos del conflicto. La Audiencia Nacional investiga si el Frente Patriótico Ruandés de Paul Kagame asesinó a seis religiosos españoles en Ruanda y Congo. Por su parte, el Tribunal Penal Internacional para Ruanda ha condenado a tres religiosos por su papel en el genocidio de 1994.

fuente: Publico

La Línea expedienta a 10 trabajadores por sabotear un camión municipal

El Ayuntamiento del municipio gaditano de la Línea de la Concepción ha decidido abrir un expediente disciplinario a diez trabajadores del servicio de limpieza. Se trata de la decena de empleados que han trabajado en el servicio desde el 16 de noviembre pasado. Al parecer, los mecánicos de este servicio han informado al Consistorio de que uno de los camiones utilizados para la recogida de las basuras sufrió un sabotaje. La concejal de Limpieza, Inmaculada Olivero (PP), fue ayer la que anunció la apertura del expediente. Según detalló, "el vehículo ha quedado inutilizado al haberse introducido en el tanque de combustible gran cantidad de azúcar".

Los sindicatos denunciarán a los responsables de una carga policial

Olivero afirmó que "si finalmente ha quedado gripado el motor, el coste de la reparación ascenderá, según los mecánicos, a unos 20.000 euros". Un agravante más para la delicada situación económica del Ayuntamiento que mantiene a toda su plantilla sin cobrar las nóminas de octubre, lo que ha provocado una serie de movilizaciones que el pasado martes acabaron con una carga policial en las inmediaciones de la verja con Gibraltar.
Hasta allí volvieron a dirigirse ayer unos 200 empleados municipales, que cortaron los accesos a la colonia británica durante cinco minutos. José Porras Naranjo, secretario provincial de la Federación de Servicios Públicos de UGT, aseguró que "si el fin de semana los trabajadores del Ayuntamiento siguen sin cobrar", volverán a la frontera unos 500 empleados municipales para concentrarse. El sindicalista confirmó que "los servicios jurídicos de los sindicatos están preparando las denuncias contra el coordinador general del Estado en el Campo de Gibraltar, José Andrés Hoyo, y el subdelegado del Gobierno en Cádiz, Sebastián Saucedo", a los que las centrales consideran responsables de las supuestas heridas causadas a cinco trabajadores durante la carga policial del martes. José Andrés Hoyo dijo ayer que "es respetable cualquier decisión que tomen los sindicatos", pero "deben respetar los itinerarios marcados en sus peticiones de manifestación y, por supuesto, no impedir el tráfico en los accesos a Gibraltar".
Los principales sindicatos demandan una inmediata intervención de la Junta de Andalucía, después de que los más de 900 empleados del Ayuntamiento cumplan hoy 26 días sin cobrar. El Ayuntamiento ha planteado poner en marcha un expediente de regulación de empleo temporal en el Consistorio, pero no cuenta, al menos mientras no se cobre la nómina, con el apoyo de los representantes de los trabajadores.

Malversacion en la Escuela de Joyeria de Cordoba

Un nuevo presunto caso de corrupción por malversación de fondos públicos vuelve a salpicar a la Junta de Andalucía, de la que depende el Consorcio Escuela de Joyería de Córdoba, en concreto de la Consejería de Empleo. Una de las trabajadoras de este organismo denunció ante la Administración autonómica ciertas irregularidades que se estaban produciendo en el Consorcio, tras lo cual fue despedida. Sin embargo, llevó el caso al Juzgado de lo Social de Córdoba por considerar que su despido había sido improcedente. Y para justificarlo aportó una documentación de la que ahora se ha servido el PP para denunciar públicamente estas irregularidades.
Estas presuntas anomalías se circunscriben en el marco del desarrollo del proyecto Mujeres Emprendedoras para la Industria (MEI), auspiciado por la iniciativa europea Equal que, a su vez, está cofinanciada por el Fondo Social Europeo (FSE) y por la Administración autonómica. Una de las más llamativas está relacionada con la contratación de dos mujeres como asesoras para prestar formación especializada en temas de joyería y para impartir conferencias a las alumnas que forman parte del proyecto Equal Mei.
El objetivo final de este curso es mejorar la situación laboral de la mujer en el sector industrial de las manufacturas. Sin embargo, lo llamativo es que una de las mujeres tiene una pescadería y la otra una zapatería, ambas en la localidad cordobesa de Pozoblanco, de donde fue alcalde Antonio Fernández, actual delegado de Empleo de la Junta y director del Consorcio de Joyería.
Así lo ha dado a conocer el secretario general del Partido Popular en Córdoba, Federico Cabello de Alba, quien ha cuestionado el mérito de las dos presuntas formadoras, expertas en joyería, como zapatera una y pescadera la otra. Asimismo, Cabello de Alba, ha confirmado que Francisca Fernández Serrano –la zapatera- fue concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Pozoblanco como responsable del área de Juventud y miembro del comité provincial del partido.
«Al final todo se queda en lo mismo. Todo se reparte de la misma manera, por lo que tendrán que explicarnos por lo menos por qué se están gastando fondos públicos en beneficio propio», ha señalado el secretario general del PP. Cada una de ellas habría recibido, según las facturas emitidas, 1.200 euros.
No obstante, éste ha puntualizado que aún existe la duda de si los fondos se han empleado en beneficio de determinadas personas o sólo del partido, ya que “de forma directa o indirecta se está financiado el clientelismo”. Sin embargo, las irregularidades no terminan aquí. Se da la circunstancia de que el Consorcio de Joyería de Córdoba podría haber presuntamente falsificado unas facturas con cargo a este mismo proyecto relativas a la prestación de un servicio formativo por un curso de inglés que, en principio, tendría que haber estado destinado exclusivamente a seis alumnas del Equal y a sus formadores. A estos últimos se les daría un curso avanzado de inglés.

Las empresas de basura, jardinería y limpieza viaria de Chiclana amenazan con una huelga

Tres de los cuatro sindicatos que ostentan la representación de los casi 200 trabajadores de las adjudicatarias de los servicios de recogida de basura, limpieza viaria y mantenimiento de parques y jardines -CGT, UGT y Autonomía Obrera-, anunciaron ayer que si no reabren la negociación de los respectivos convenios colectivos irán a la huelga.
Los representantes sindicales de Urbaser, Vertesa y Orto, respectivamente (tres firmas aglutinadas bajo el mismo grupo, ACS), consideran que la patronal «está incumpliendo los pliegos de condiciones» de sus respectivos servicios, que cuestan a las arcas municipales en conjunto casi 9 millones de euros al año. Paco Mena, responsable de CGT, resumía la situación: «Llevamos más de 11 meses y están rotas las negociaciones del nuevo convenio»; este documento debería haberse aprobado a principios de año después de que el anterior, con una duración de dos años y firmado en 2006 tras la convulsa huelga de basuras en la feria de aquel año, ya haya expirado.
Las reclamaciones de los sindicatos son, a su juicio, «justas». Estas pasan por una subida salarial que los sindicalistas consideran «bastante moderada», por la consolidación de los trabajadores eventuales (13 por ejemplo en Urbaser), y mejoras sociales como días libres pagados o jubilación anticipada.
El responsable de UGT, Juan Manuel Ruiz, apuntó que el único objetivo que persiguen los trabajadores es «homologarse salarialmente a las empresas del mismo ámbito de la Bahía». Se refería fundamentalmente a la empresa de limpieza viaria, Vertesa, con la que las negociaciones comenzaron en marzo. Los trabajadores de la basura, la limpieza y parques y jardines podrían decidir, en las próximas semanas, un calendario de movilizaciones, que tendría una gran repercusión si se llevan a cabo en Navidad. Los sindicatos lamentan que «las tres empresas, cuyos representantes en las mesas de negociación son los mismos, quieran forzar una negociación única».
De momento hoy está previsto un encuentro de Urbaser, que se antoja esencial para conocer si Chiclana vivirá en unos meses una nueva huelga de basureros.

CNT rechaza el ERE de Ybarra Guomet SL

La sección sindical de CNT muestra su rechazo más absoluto ante el ERE presentado por los responsables de la empresa Ybarra Gourmet SL, dentro de las medidas contempladas por la dirección de la misma.
El expediente de regulación de empleo (ERE), que afecta a la totalidad de la plantilla, ha sido valorado por nuestro sindicato de manera muy negativa, y en consecuencia,manifestamos nuestro rechazo total y absoluto ante este tipo de medidas injustificadas que tienen como objetivo la destrucción de empleo, bajo la excusa (muy manida),de la coyuntura economica desfavorable (crisis).
Ante las sospechas que teniamos denunciamos el pasado mes de septiembre a la empresa y a la opinión pública lo que se iba a producir y hacía donde se encaminaba la factoria (ERE). saliendo los responsables de Ybarra Gourmet SL a desmentirlo.
CNT ya tiene en su poder la documentación entregada por la empresa ante la autoridad competente, la cual estamos analizando, y que a nuestro juicio contiene muchas irregularidades.

!!!CONTRA LA DESTRUCCIÓN DE EMPLEO , ORGANIZATE Y LUCHA!!!

CNT - AIT CADIZ

El plan de GM para Opel supondrá el recorte de unos 900 empleos en Figueruelas

El plan de reestructuración que el grupo General Motors prepara para la firma automovilística Opel supondrá el recorte de unos 8.700 puestos de trabajo en toda Europa, de los que 900 corresponderán a la planta zaragozana de Figueruelas.
Así lo aseguró este miércoles el presidente del comité de empresa europeo de Opel, Klaus Franz, al término de la reunión que los representantes sindicales mantuvieron con el consejero delegado interino de General Motors Europa, Nick Reilly.
De confirmarse las cifras avanzadas por el líder sindical, el recorte de puestos de trabajo para la factoría aragonesa sería similar al acordado con Magna, antes de que General Motors revocara sus planes para vender Opel al fabricante canadiense de componentes.
Franz avanzó que el sindicato IG Metall no aceptará las bajas previstas para las factorías alemanas que, según los planes de General Motors, concentrarán entre el 50% y el 60% de los despidos de la reestructuración.
En concreto, la planta alemana que se vería más afectada por el plan de ajuste sería Ruesselsheim, que sufriría 2.500 bajas. Además, General Motors pretende eliminar casi 1.800 empleos en Bochum, 300 en Eisenach y otros 300 en Kaiserslautern. Con ello, en Alemania se producirían 4.900 despidos.
Por lo que respecta a la planta belga de Amberes, la empresa plantea un doble escenario: el cierre de las instalaciones, que conllevaría la eliminación de 2.321 empleos, o la producción de un pequeño todoterreno, que reduciría el ajuste a 750 puestos de trabajo.
Klaus Franz añadió que las fábricas de Hungría y de Austria no sufrirían ningún ajuste de plantilla, como tampoco se producirían reducciones de empleo en las instalaciones británicas de Ellesmere Port ni en la factoría polaca de Gliwice.
Por último, el líder sindical, uno de los impulsores del fallido acuerdo con Magna, anunció que IG Metall pedirá el apoyo del Gobierno alemán, y comentó que Reilly no presentó ninguna propuesta concreta sobre la mayor independencia de Opel respecto a su matriz.

fuente: europapress

La plantilla de Sergesa (Jerez) recrudece sus protestas

La plantilla de Sergesa, la empresa concesionaria del servicio de ayuda a domicilio en Jerez, cortó ayer durante una hora y media la A-4 tras un mes de reivindicaciones en demandas de mejoras laborales. Tras concentrarse frente a la sede de la empresa llevaron su protesta hasta la carretera.El de ayer era el quinto día de huelga de 24 horas para la platilla, que demanda que la empresa les garantice el pago de sus salarios antes del día cinco de cada mes, la dignificación de su trabajo y un convenio propio, que responda a las necesidades de este tipo de trabajadores. “Queremos un salario de 950 euros y una jornada laboral digna”, señaló encarni Barrio, presidenta del comité de empresa.Las protestas programadas por el comité de empresa terminanmañana jueves. “Hoy -por ayer- hemos subido hasta las oficinas de la empresa y les hemos trasladado verbalmente y por escrito nuestras demandas. Ahora esperamos que la empresa se siente a negociar con nosotros. Hasta ahora se han negado tomando como excusa la presión de los distintos actos reivindicativos. Nosotros no hemos desconvocado la huelga porque cuando aplazamos los paros iniciales vimos que la empresa no quería acercar posturas. Estamos asqueados y reacios pero hoy les hemos hecho llegar nuestro interés por sentarnos a negociar”.Por otra parte, el comité pidió intervenir en el próximo Pleno municipal, que se celebra mañana. “Esperamos que nos den la palabra y que podamos exponer nuestra demandas. Ya lo pedimos otra vez y no se nos permitió hablar”.El próximo 30 de noviembre la plantilla celebrará una asamblea donde decidirán los próximos pasos a seguir. “El comité de empresa está trabajando en previsión de lo que tengamos que hacer el próximo mes de diciembre si la empresa no se quiere reunir con nosotros. Aún no tenemos claro que medidas vamos a tomar porque deben ser consensuadas por el resto de la plantilla. Lo que sí tenemos claros es que el comité de empresa no se va a quedar quieto”.AyuntamientoDe otro lado, el Gobierno local reiteró ayer que el conflicto laboral en el que se encuentra Sergesa responde a un problema de los trabajadores y la empresa, en el cual el Ayuntamiento no tiene ninguna responsabilidad. Así, subrayó que el papel del Ayuntamiento es el de supervisar la calidad de los servicios que se prestan y velar por los derechos de los ciudadanos.En este sentido, el Gobierno local “no entiende los insultos de los que es objeto por parte de los empleados de la empresa en sus manifestaciones, los cuales no se justifican cuando en este conflicto el Ayuntamiento poco puede hacer más allá que jugar un papel lógico de mediador para que las partes alcancen un acuerdo”.De esta forma, el Ayuntamiento manifiestó que dirigir la protesta contra el Gobierno local no es el mejor camino para salir de una situación que, como se ha dicho, debe superarse a través del diálogo entre trabajadores y empresa.A este respecto, Encarni Barrio señaló que “nosotros realizamos todas nuestras acciones contra la empresa pero pensamos que el ayuntamiento también es responsable de este servicio”. “No es de recibo que saquen un pliego de condiciones tan pésimas para nosotros. Queremos un salario digno. Ni siquiera pedimos ser mil euristas”, concluyó.

fuente: Informacion

María José Campanario pagó 18.000 euros para que su madre cobrara una pensión

Remedios Torres Jiménez, la madre de María José Campanario, trabajó por última vez en noviembre de 1974. Pero las personas a las que su hija pagó con objeto de lograr una pensión para ella inventaron que fue limpiadora en dos empresas en 2005. A final de ese año, incluso la inscribieron en el Inem “a efectos de solicitud.

Remedios Torres y su hija María José Campanario intentaron engañar a la Seguridad Social para que la mujer cobrara una pensión, según la abogada de la sanidad pública y la fiscalía, que piden para ellas cuatro años de cárcel. Como parte de ese plan, Carlos Carretero, ex jefe de policía local en Ubrique (Cádiz), dio de alta a Remedios en dos empresas que controlaba: así, para los efectos de la Seguridad Social, la madre de Campanario trabajó como limpiadora de las oficinas de Grupo Inmobiliario Jerezano (entre el 2 de febrero y el 31 de marzo de 2005) y de Área Inmobiliaria Jerezana (entre el 23 de mayo y el 22 de diciembre de 2005). La propia suegra de Jesulín de Ubrique desmintió ante el juez haber trabajado jamás en esas empresas.Pero es que el sumario revela que, mientras trataban de conseguirle una pensión a la que no tenía derecho, como hicieron con otra veintena de personas, Carretero y sus empleados apuntaron incluso al Inem a la madre de Campanario. Así consta en un informe remitido por la Seguridad Social a la Guardia Civil incluido en el sumario: “Certificado de la empresa Área Inmobiliaria Jerezana, con domicilio en comandante Paz Varela de Jerez de la Frontera a efectos de solicitud por desempleo de Remedios Torres Jiménez”.La Seguridad Social incluyó también en la documentación remitida a la Guardia Civil de Cádiz el resto de las cotizaciones de la madre de Campanario en su vida laboral por si hubieran tenido que pagarle el paro. No fue así; su trabajo como limpiadora ficticia sólo le sirvió para reunir nueve meses trabajados (hacen falta 12 meses de cotización en los últimos seis años para cobrar el subsidio durante cuatro meses). Lo cierto es que Torres sólo había trabajado (y esta vez de forma real) en una empresa llamada Carpi Iluminación entre el 26 de diciembre de 1966 y el 14 de octubre de 1974, por lo que no cobró ningún subsidio.

fuente: Interviu

Cádiz revienta

Una vieja copla andaluza define el devenir de Cádiz. «Desgraciaíto el que come el pan de la mano ajena, siempre mirando la cara si la pone mala o buena». Tenemos una ciudad subsidiada y somos incapaces de generar ilusión para nuestros jóvenes, la ciudad no progresa, el paro atenaza a millares de familias, la emigración es la única salida, salvo para los pocos que tienen la suerte de conservar su empleo en una sociedad donde sus políticos llevan mas de 30 años con su promesas y la realidad es que solo ellos y sus adláteres han sacado rentabilidad a sus políticas económicas y de desarrollo. Ahora nos habla del Bicentenario del 12 como una nueva panacea, como una nueva oportunidad y ciertamente lo será, pero muchos nos tememos que los beneficiados serán otra vez los mismos o quizás, quién sabe, sus hijos: y es que muchos de ellos se nos han hechos mayores en todos estos años. Gaditano/a, ¿vas a seguir permitiendo que te sigan engañando? Cádiz se merece mucho más, porque «la obligación de los pobres es reventar antes de que sobre» y Cádiz tiene que reventar, pero ya.

Pedro José Narváez y Juan Manuel Canle.
Cádiz

fuente: lavozdigital

Matas pagó 'en negro' 70.000 euros por obras en su palacete

Revés judicial para el ex presidente de Baleares Jaume Matas (PP), al que la Fiscalía Anticorrupción investiga por cohecho impropio (regalos) y enriquecimiento ilícito en la compra y decoración de su vivienda en un palacete, por la que pagó 2,5 millones de euros. Su cuñado, Fernando Areal, que fue gerente y tesorero del PP balear y apoderado personal suyo en el mandato al frente del Ejecutivo balear, pagó en dinero negro, en efectivo y sin facturación real, unos 70.000 euros de las obras de albañilería para reformar su vivienda de Palma, de 725 metros cuadrados. Así lo declaró ayer, como testigo, el receptor del pago, el maestro de obras Juan Serra, ante el juez José Castro y el fiscal Pedro Horrach.
El trabajador dice que el apoderado del político balear le entregó el dinero
"¿Eran billetes de 500?", le preguntaron. "Había de todo", contestó Serra. Éste precisó que al final de los trabajos, que fueron realizados a lo largo de dos años, de manera intermitente, presentó una factura formal de 92.007 euros. Una cantidad que cubre poco más de la mitad del importe de los trabajos realmente efectuados (más de 160.000 euros). "No tengo los papeles", agregó Juan Serra. Los pagos se iniciaron en 2004 y terminaron en 2006. Matas fue presidente del Gobierno de Baleares entre 2003 y 2007.
La actuación de Fernando Areal y sus pagos en especie, en dinero negro, enredan por segunda vez a Jaume Matas y al Partido Popular en este proceso judicial. En esta ocasión, los manejos aluden al patrimonio personal del ex dirigente popular balear y ex ministro de Medio Ambiente, que vive en Estados Unidos y que ha sido citado a declarar como imputado en Palma en marzo de 2010.
El cuñado de Matas fue imputado inicialmente, como gerente del PP, en las investigaciones por el sobrecoste del velódromo de la capital balear, el caso Palma Arena, por haber sufragado, también con dinero negro y mediante facturación falsa, gastos de la campaña electoral de su partido y de su entonces líder regional, Jaume Matas, en 2007. En concreto, realizó un pago, al menos, de 71.058 euros en efectivo a la agencia Nimbus. Areal y el PP negaron las entregas irregulares y la existencia de una caja B del partido nutrida por donaciones.
El abogado de Matas, Rafael Perera, estaba ayer demudado. "Nadie le ha dicho [a Serra] lo que tenía que declarar", comentó en el interrogatorio ante las respuestas del testigo. Éste asumió en su intervención que deberá afrontar las sanciones de Hacienda, y se declaró "abandonado" por Matas tras haber considerado "un honor" trabajar en su casa.
El maestro albañil, cuya esposa fue concejal del PP en Sa Pobla, simultaneó su trabajo en la lujosa vivienda de los Matas y la reforma de la nueva sede del Partido Popular en Palma, encargo este último que cobró desde Madrid y con facturas reales, según dijo. Las oficinas del PP fueron diseñadas por los arquitectos Luis y Jaime García Ruiz, los mismos a los que Matas encargó directamente los trabajos de dirección y conclusión del velódromo Palma Arena y que se encuentran imputados tras cobrar por su trabajo 8,9 millones.

Convenio Colectivo empresas Romero Abreu y Electra conilense

Para ver el convenio pinche en el enlace pagina 19:

http://www.bopcadiz.org/BOP_PDF/BOP226_25-11-09.pdf

Convenio Colectivo de Viticultura provincia de Cadiz

Para ver el convenio pulse el enlace pagina 18:

http://www.bopcadiz.org/BOP_PDF/BOP226_25-11-09.pdf

Imputado el alcalde de Cartaya por prevaricación

LIDIA JIMÉNEZ - Huelva

El alcalde de Cartaya (Huelva), Juan Antonio Millán (PSOE), y el teniente de alcalde de la localidad, Miguel Novoa, prestaron declaración ayer en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Ayamonte (Huelva) imputados por delitos de prevaricación y contra la ordenación del territorio.

Las presuntas irregularidades urbanísticas se llevaron a cabo en unos terrenos cercanos al centro de Cartaya, en la barriada de El Almendral, en 2006. Según los denunciantes, la construcción de viviendas de 21.000 metros cuadrados comenzó sin que estuviese aprobada la normativa municipal que regula el urbanismo del casco urbano y con un informe de la arquitecta municipal en el que señalaba que algunos aspectos eran ilegales.
La empresa Hiconsa, según la acusación, pagó al Ayuntamiento 1,3 millones de euros, valoración realizada por un arquitecto, también denunciado. Una valoración alternativa, encargada por la oposición y visada por el Colegio de Arquitectos, estimó en 4,4 millones lo que debió haber pagado Hiconsa. Los denunciantes piden que se aclare "por qué no se cobró ese dinero y el pueblo de Cartaya perdió 3,1 millones de euros".
Según el alcalde se trata de "un proceso claramente partidario" y que se valoran económicamente dos cosas diferentes: aprovechamientos urbanísticos por parte del Ayuntamiento, mientras que la valoración del arquitecto, "desproporcionada", valora el suelo urbano. Millán recordó, además, que se trata tan sólo de diligencias previas. Hoy declaran en el mismo juzgado Juan Márquez, dueño de Hiconsa, y Francisco Benítez, el arquitecto supuestamente implicado.

Detienen al alcalde de Polop por su relación con la muerte de su antecesor

La Guardia Civil registró el Ayuntamiento de Polop de La Marina (Alicante) y la casa del alcalde, Juan Cano, quien ha sido detenido por su presunta relación con la muerte de su antecesor en el cargo, Alejando Ponsoda, según informaron a Europa Press fuentes cercanas a la investigación.
Testigos vieron salir del edificio consistorial al primer edil --a quien su partido, el PP, ha decidido suspender cautelarmente de militancia a expensas de los resultados de la investigación--, acompañado por agentes de la Guardia Civil, sin esposar y con un ordenador portátil. Los agentes habían estado registrando la casa y el Ayuntamiento, en busca de pruebas relacionadas con la investigación.
Esta es la séptima detención que se practica en el caso de la muerte de Ponsoda, fallecido en octubre de 2007 tras ser tiroteado cuando paró su coche frente a la puerta de acceso al garaje de su vivienda.
En estos momentos hay imputadas seis personas por su presunta implicación en esta causa, abierta por el juzgado de primera instancia e instrucción número 2 de Villajoyosa (Alicante), que investiga los hechos.
Ayer mismo fue decretado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza de las tres personas arrestadas el pasado viernes, dos de nacionalidad checa y un español, por su presunta relación con la muerte de Alejandro Ponsoda. En concreto, la jueza imputó a los ciudadanos checos los delitos de asesinato y tenencia ilícita de armas, mientras que el español --el último en ser interrogado a última hora la tarde de ayer-- está imputado por un delito de asesinato.
La investigación señala a los dos ciudadanos checos como los presuntos autores materiales del asesinato de Ponsoda, que falleció después de recibir varios tiros en la puerta de su casa, en la noche del 19 de octubre de 2007 en la pedanía de Xirles. El primer edil murió el 27 de octubre, después de varios días ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital General de Alicante.

fuente: Europa-press