Ningún desobediente a la cárcel. Una carta abierta al poder
y un nuevo proyecto colectivo
Enric Duran, con este comunicado, anuncia una insumisión
judicial continuada porque solo acepta un método de gestión de conflictos en
que todas las personas afectadas puedan participar. Tras protegerse de forma
preventiva presenta el RADI; nuevo colectivo que trabajaré para generar una
infraestruc
Para empezar este tercer comunicado de la triada de estos
últimos días, quiero recordar que en mi declaración del 17 de septiembre de
2008, ya decía "no pienso que el sistema judicial esté legitimado para
juzgarme", y lo mismo repetí en diciembre de 2011, en el comunicado
titulado "La insumisión bancaria y el derecho de rebelión: un llamamiento
a la desobediencia civil masiva".
Entonces, ya daba
algunos argumentos para no aceptar la legitimidad del sistema judicial: su
falta de respuesta ante la "desaparición" especulativa de billones de
euros del mundo financiero, la reforma de la constitución española, de
septiembre de 2011, para beneficiar a los bancos poniendo como "prioridad
absoluta" el pago de la deuda pública, los gravísimos recortes sanitarios
que en Cataluña han matado ya a unas cuantas personas y recortado el valor de
la vida de todas.
Tampoco concedía
legitimidad a la fiscalía: Una fiscalía del Estado que se inhibe mientras
banqueros y políticos conspiran contra el pueblo, no tiene ninguna legitimidad
para acusarme de nada, ni para pedir ninguna pena por una acción política como
la mía.
Las leyes en que se
basan sus acusaciones no tienen ninguna validez mientras se utilicen en
beneficio de los de arriba y en contra de las clases populares. Precisamente mi
acción antibancaria fue un acto de recuperación y justicia social, para
reequilibrar, aunque de manera muy pequeña, una parte de las injusticias que
cometen los que ostentan el poder. Estoy convencido de que quien no es
merecedor de mi depósito de soberanía, tampoco tiene legitimidad para acusarme
o juzgarme, obviando el conflicto existente entre las clases dominantes y las
clases populares.
Por lo tanto, a nadie
debería sorprender que el pasado martes 12 de febrero no me presentara al
juicio farsa que me tenían preparado, pues de hecho se puede decir que ya lo
había avisado. Si ya no creo a priori en el sistema judicial, ¿como me podía
presentar ese día en la boca del lobo, después de las vulneraciones producidas
a mis derechos?
Cabe recordar que en
este proceso judicial se me acusa de unos hechos de los que ya me
responsabilicé el 17 de septiembre de 2008, (por cierto, la acusación ni
siquiera tiene en cuenta el atenuante de confesión de los hechos en su petición
penal), y por este motivo precisamente el elemento clave de este proceso
judicial – según la legalidad de este sistema que desobedezco – es si había o
no estado de necesidad como eximente de pena ... (ver comunicado 12 de febrero)
En todo el proceso de
denuncia, detención, prisión preventiva, libertad provisional, instrucción,
escrito de la acusación, revocación de todos los testigos y juicio, en ningún
momento ni la acusación, ni los jueces han querido reconocer la motivación de
desobediencia civil a una actuación financiera ilícita y a la vez peligrosa
para la mayoría de la población, en que se enmarca mi acción.
Ante esto, un
tribunal que no valora estos hechos y por lo tanto, este posible estado de
necesidad, no se merece que una persona comprometida con los derechos humanos
colabore; por eso la cuestión ya no es sólo que yo no participe, sino que
recomendaría que nadie que mantenga su dignidad, colabore en unas
circunstancias como estas .
Nuestra crítica al
sistema judicial va mucho más allá como explica el comunicado (1/3) “Ni Leyes
para mantener las desigualdades ni juicios para perpetuar la opresión.” que
difundí este 20 de febrero.