De hecho, ayer en los muros del centenario edificio se respiraba un ambiente de relativa tranquilidad, mientras en las redes sociales seguidores y simpatizantes del movimiento animaban a los organizadores a seguir adelante su idea de recuperar el edificio para convertirlo en una ‘Casa del Pueblo’. Y esa fue la determinación que se tomó en una reunión celebrada en la tarde de ayer en el antiguo inmueble. «Seguiremos con nuestras actividades y nuestro proyecto de crear un centro social», explicaron ayer fuentes del grupo de comunicación.
Lo cierto es que, desde Valcárcel, reconocían que están preparados para este momento y sabían que podía llegar. «Demasiado ha tardado la denuncia», reconocían. En concreto, un mes y cinco días es el tiempo que se ha cumplido desde la ocupación del edificio hasta que Zaragoza Urbana ha decidido interponer la denuncia ante la Policía Nacional. Una acción justificada en el mal estado del edificio y no en contra de los propios activistas.
Para los miembros de Valcárcel, esta aseveración de la empresa aragonesa (cuyo presidente, Antonio Presencio prefirió no pronunciarse) no es mas que la confirmación de que no se ha ocupado de la conservación del edificio neoclásico, declarado Bien de Interés Cultural. «Decir que el inmueble está mal es reconocer que ha dejado perder un edificio que le correspondía mantener por ley».
Precisamente, ése es el origen del resquicio legal en el que se encuentran tanto Diputación (cuyo nuevo presidente, José Loaiza, también prefirió callar ayer) como la empresa hotelera. Y es que ambas instituciones rubricaron una cesión que quedó rota en octubre de 2010 cuando Zaragoza Urbana desistió de construir el equipamiento hotelero. Fue entonces cuando la propiedad del edificio debía revertir en la institución pública si no hubiera sido porque Diputación exigía el arreglo de los daños producidos por los años de abandono.
Y así se postergó la situación hasta la entrada de ciudadanos (antiguos alumnos y personas vinculadas al 15M) dispuestas a darle vida al inmueble. Las mismas que ayer dejaban claro que toda esta encrucijada legal hace que «no esté tan claro que el edificio sea en realidad de Zaragoza Urbana». «La empresa tendrá que demostrar que el inmueble sigue siendo suyo, porque el contrato parece estar roto», explicaban. Una aseveración que deberá dilucidar el juez en quien recaiga la denuncia.
De hecho, es probable que en estos días sean convocados los representantes legales de la empresa para que expliquen qué quieren que se haga con el inmueble. Así, si Zaragoza Urbana (y una vez que el asunto recaiga en un juzgado de Instrucción) no define si desea que se desaloje el inmueble, ni la Fiscalía ni la propia Policía actuará de oficio.
En medio de este intríngulis legal se encuentran los activistas del Valcárcel, o ‘recuperadores’ como ellos suelen autodenominarse, a los que también se les presentan distintas opciones legales. De momento, esperarán mientras que en el interior del antiguo colegio la actividad permanece inalterable. Para más adelante quedará, y ante el nuevo movimiento de ficha de Zaragoza Urbana o de Diputación, la toma de medidas más radicales, como mantener la ocupación aunque ordenen el desalojo.
fuente: lavozdigital
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