La demanda presentada por los 31 mineros en el IX Juzgado Civil de Santiago se fundamenta en que presuntamente el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) no fiscalizó de forma adecuada el yacimiento de la mina San José en el que ocurrió el derrumbe que atrapó a los trabajadores el 5 de agosto del año pasado.
Esta mina está situada en la región de Atacama, a unos 830 kilómetros de Santiago y tras un enorme esfuerzo y despliegue de medios encabezado por el Gobierno los mineros fueron rescatados, aunque muchos tienen aún secuelas sicológicas de la odisea y de todos ellos, sólo uno ha vuelto a trabajar en el sector.
La demanda es patrocinada por el abogado Edgardo Reinoso, quien dijo a los medios locales que el Sernageomin incurrió en negligencia al permitir el funcionamiento de la mina, que ya había sido cerrada varias veces por incumplimiento de las normas sobre ventilación y salidas de emergencia y registraba numerosos accidentes laborales.
De tener éxito la reclamación, cada uno de los demandantes recibiría 250 millones de pesos (unos 379.000 euros). Los mineros, además, se mantienen a la expectativa de que la Fiscalía decida sobre la responsabilidad que eventualmente les cabe a los dueños de la mina, Alejandro Bohn y Marcelo Kemeny, para proceder posteriormente a demandarlos y obtener otra indemnización.
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