El exjefe de la Inspección de Hacienda en Cataluña, Josep María Huguet, y losexinspectores a su cargo Manuel Abella, Roger Bergua, Álvaro Pernas, Juan José Lucas, y la esposa de éste, Mayra Mas, condenados en elcaso Hacienda, obtuvieron dádivas de diferente cuantía.
Así, según la sentencia, el importe total de los ingresos efectuados por el abogado y asesor fiscal del grupo Torras, Juan José Folchi, a una cuenta que Huguet tenía en el banco Paribas de Ginebra (Suiza) ascendió a 1,5 millones de euros y 800.000 dólares, que el tribunal ha ordenado decomisarle.
La sentencia también cuantifica en 114.062.167 pesetas --algo menos de un millón de euros-- los pagos que recibió Abella y en 88,5 millones de pesetas las que cobró Bergua, siempre por hacer la vista gorda o amañar inspecciones fiscales a la baja en las sociedades de los empresarios condenados.
El tribunal también ordena el comiso de 300.000 euros cobrados por Álvaro Pernas y calcula el beneficio obtenido por el exinspector Juan José Lucas y por su esposa Mayra Mas, que erasubinspectora de Hacienda en excedencia y gerente de la entidad LML, en 1,5 millones de euros.
'Encargos de indebido ahorro fiscal'
La sentencia relata como los inspectores "en reiteradas ocasiones se mostraron propicios a los intereses de determinados contribuyentes de elevado perfil económico, alentados por las ventajas o beneficios patrimoniales que éstos les ofrecieron con la finalidad de ganarse sus voluntades en perjuicio del erario público".
La resolución judicial, de 730 páginas, desvela el funcionamiento de la trama y como "los corruptos contactos entre funcionarios y empresarios se instrumentalizaron en algunos casos a través de los asesores legales y/o fiscales de los empresarios, movidos por las significativas recompensas, beneficios o ventajas económicas proporcionadas por dichos contribuyentes".
El tribunal considera probado que los inspectores de Hacienda condenados "torcieron intencionada y deliberadamente el ejercicio de sus funciones públicas con la finalidad de beneficiar la posición tributaria de aquellos en detrimento de la Hacienda Pública". Los jueces relatan que si bien estas conductas surgieron de forma individual "se generalizaron por estos inspectores de Hacienda, quienes realizaban lo que podríamos denominar encargos de indebido ahorro fiscal para el empresario que les pagaba".
No injerencia en los respectivos 'encargos'
"Pero al mismo tiempo --relata la sentencia-- debían colaborar con los otros inspectores para que estos, a su vez, pudieran cumplir con sus propios encargos de indebido ahorro fiscal de quien percibían dinero y bienes patrimoniales, dado que el procedimiento de inspección requería laparticipación de determinados niveles de inspectores, generándose entre ellos una situación de colaboraciones".
Ayudándose unos a otros, el inspector Juan José Lucas era quien asesoraba a los diferentes empresarios, "y por ello percibía de todos ellos importantes cantidades de dinero a través de una empresa creada ex profeso para ello y que detentaba su entonces esposa, Mayra Mas".
La sentencia considera probado que "se generó un clima o pacto de no injerencia y conveniente silencio respecto de sus respectivas actividades que se derivaba de su simultánea y coetánea participación en las respectivas actuaciones ilícitas".
"A ese pacto de silencio --añade la sentencia-- concurría además, en los funcionarios públicos inculpados, otra conjunción de intereses generada por su participación en actividades inversoras comunes canalizadas a través de sociedades instrumentales en las que colocaban de forma opaca, sin declararlas fiscalmente, los beneficios que les reportaba".
fuente: Kaosenlared
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