Las ‘artísticas’ listas negras de la dictadura argentina
Listas negras que incluían a Julio Cortázar, María Elena
Walsh, Héctor Alterio, Federico Luppi y Mercedes Sosa, planes para perpetuarse
en el poder hasta el siglo XXI, órdenes para cambiar de manos la única fábrica
argentina de papel para periódicos, instrucciones para contestar las preguntas
de los organismos internacionales sobre las personas desaparecidas, la
reclamación formal de la presidenta de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de
Bonafini, por el paradero de sus dos hijos secuestrados. Todo eso y mucho más
figuran en unos 1.500 archivos secretos de la última dictadura militar de
Argentina (1976-1983) que halló personal de la Fuerza Aérea de este país el
pasado viernes y cuyo descubrimiento fue anunciado este lunes por el ministro
de Defensa, Agustín Rossi.
Los documentos incluyen 200 actas originales de la Junta
Militar que asoló Argentina y que datan desde el 24 de marzo de 1976, día del
golpe de Estado contra el Gobierno de Isabel Perón (1974-1976), hasta el 10 de
diciembre de 1983, cuando hace casi 30 años volvió la democracia con el inicio
de la presidencia de Raúl Alfonsín (1983-1989). El material se encontraba
ordenado de forma cronológica y temática en un subsuelo del edificio central
del Ejército del Aire y fue el jefe de esta fuerza, Mario Callejo, quien lo
halló, según el ministro Rossi. "La justicia decidirá si esta
documentación que hemos encontrado tiene, además de valor histórico, valor
jurídico para las distintas causas que se están llevando (a cabo) en los
distintos estrados judiciales de Argentina", añadió el integrante del
Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, de excedencia por motivos de salud
hasta el próximo viernes.
"Es la primera vez que tenemos acceso a una
documentación que ocupa todo el período (del régimen)", destacó Rossi. El
último dictador militar de Argentina, Reynaldo Bignone (1982-1983), había
ordenado la destrucción de todos los documentos del régimen, en un intento por
ocultar los crímenes ante el regreso de la democracia y ante el temor a juicios
que finalmente los asesinos y torturados no han podido esquivar. El ministro
dijo que los archivos evidencian "el sustento doctrinario e
ideológico" de la dictadura. Los documentos demuestran que “los planes de
gobierno de la Junta constaban de dos partes: la fundacional, que llegaba hasta
los 90, y la segunda, o nueva república, en la que pensaban llegar hasta 2000".
Entre los materiales encontrados figuran listas de artistas
y periodistas considerados peligrosos para el régimen. Allí estaban los
escritores Cortázar y María Elena Walsh, los actores Norma Aleandro, Alterio,
Luppi y Norman Briski, el periodista Osvaldo Bayer y los músicos Sosa, Horacio
Guaraní, Víctor Heredia, Osvaldo Pugliese y Marilina Ross.
Unas 13 actas originales se refieren a la venta de la
empresa Papel Prensa de la familia Graiver, cuyos miembros fueron detenidos y
torturados por el régimen, a los periódicos Clarín, La Nación y La Razón en
1976. Rossi dijo que esos papeles confirman que “la detención de la familia
Graiver estaba directamente relacionada a la venta". El Gobierno de
Fernández denunció en 2010 a los accionistas de esos tres diarios de apropiarse
de Papel Prensa gracias a los tormentos a los que fueron sometidos sus antiguos
dueños, una imputación que fue negada por los acusados y que aún no ha
prosperado en la justicia. Los archivos también se refieren al apoyo económico
de la banca al régimen.
Los documentos también "hablan de qué explicación"
había que dar "a la sociedad” sobre los desaparecidos, que en plena
dictadura se calculaban en 30.000. “Hay información elaborada sobre los
requerimientos de los organismos internacionales por los desaparecidos”, añadió
Rossi. A partir de un viaje de integrantes de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH) en 1979 comenzó la presión externa sobre la dictadura
argentina.
También ha quedado constancia de las peticiones de Bonafini
en búsqueda de sus hijos. "Encontramos tres libros originales de la mesa
de entrada (de las oficinas públicas). Cualquier comunicación que se quisiera
hacer a la Junta Militar quedaba asentada en ese lugar. Figura, por ejemplo, la
solicitud de Hebe (de Bonafini) por la aparición de sus hijos”, comentó el
ministro.
Unos 12 empleados del Ministerio de Defensa revisaron desde
el pasado viernes los documentos, los clasificaron y los pusieron a resguardo.
En los próximos seis meses continuará su estudio en el Ejecutivo y serán
enviados a los tribunales correspondientes. Desde 2006, cuando se derogaron las
leyes de impunidad en el Gobierno de Néstor Kirchner (2003-2007), hasta
principios de 2013 se habían dictado 91 sentencias contra criminales del
régimen. Unas 2.071 personas han estado acusadas en los diversos juicios. De
ellas, unas 370 han sido condenadas y 35, absueltas, según la estadística del
Centro de Estudios Legales y Sociales.
Este lunes comenzó un juicio emblemático contra los
homicidas del régimen, el que investiga el asesinato del obispo de La Rioja
(noroeste de Argentina), Enrique Angelelli, en 1976. Angelelli, una especie de
Óscar Romero argentino que se comprometió mucho con su pueblo y sus carencias
sociales, murió en un choque de su automóvil en la carretera. La dictadura
intentó que pareciera un accidente y como tal lo aceptó en su momento la
jerarquía eclesiástica. Pero el entonces sacerdote que lo acompañaba en el
coche denunció más tarde que otro vehículo los había embestido y se sospecha
que el prelado fue rematado de un culatazo. En 1986, un año después de la
condena a las autoridades máximas de la Junta Militar, se abrió una causa por
el crimen, al poco tiempo se cerró por las leyes de impunidad que ese año y en
1987 beneficiaron a mandos medios y bajos, pero en los últimos años ha revivido
y el exdictador Jorge Videla (1976-1981) fue acusado antes de morir en mayo
pasado. El juicio que se inició en La Rioja tiene como imputados a dos
militares ya condenados por otros delitos, el general Luciano Menéndez y el
comodoro Luis Estrella. Ambos fueron condenados en 2012 por el crimen de dos
sacerdotes de la diócesis de Angelelli, Carlos Murias y Gabriel Longueville. En
2005, el entonces arzobispo de Buenos Aires y actual papa Francisco, Jorge
Bergoglio, encabezó la reivindicación de la memoria de Angelelli al calificarlo
de "mártir" en una misa de homenaje.
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