Hacienda acaba de concluir las citaciones de la mayor parte de los españoles sospechosos de haber ocultado dinero a Hacienda en la selecta filial suiza del HSBC, uno de los principales bancos del mundo por valor en Bolsa. "Varios cientos de personas", según fuentes conocedoras del caso, han sido citadas entre agosto y septiembre en las oficinas de la Agencia Tributaria, aunque este organismo rehúsa dar datos sobre cuántos ciudadanos han atendido finalmente la citación ni con qué resultados.
Lo que sí es evidente es que la primera apuesta de la cúpula de la Agencia no ha funcionado. A mediados de junio, la Administración comunicó por escrito a esos contribuyentes que tenía conocimiento de unas cuentas no declaradas en Suiza y les daba hasta final de mes para regularizarlas. La respuesta fue prácticamente nula, lo que obligó a Hacienda a cambiar de estrategia e iniciar procedimientos de inspección para la mayoría de ellos. En esa fase sí que hubo ya algunos titulares de cuentas que intentaron ponerse al día con el fisco.
La ventaja de hacerlo consiste en que esa vía amigable suele descartar las sanciones y, sobre todo, la remisión de los casos a los tribunales. Si el contribuyente considera que tiene pocas posibilidades de rebatir la elusión de grandes cantidades de dinero al erario público, puede optar esta vía, que se salda con el ingreso de las cantidades que debía haber pagado en su momento más los intereses y un recargo moderado. El número de los que han optado por esta solución "no es despreciable", asegura un portavoz de la Agencia.
En cualquier caso, la mayoría ha preferido arriesgarse. Los abogados han recomendado a muchos de ellos litigar, pues la información de las cuentas del HSBC procede de un robo de un ex empleado del banco, con lo que un juez podría invalidar la prueba por su procedencia ilícita.
Lo más llamativo del proceso que ha seguido la Agencia Tributaria consiste en que, de momento, ningún caso ha llegado a los tribunales. Este organismo argumenta que aún es pronto, pues las inspecciones suelen demorarse un año, pero las cuantías presuntamente defraudadas apuntan a que hay margen para acusar a los propietarios de esas cuentas de delito fiscal. Aunque no es una regla oficial, la filial suiza del HSBC suele exigir un capital mínimo de 1,6 millones para abrir una cuenta. Eso implica que la cantidad defraudada (diferente, según el impuesto del que se trate) tiene muchas posibilidades de superar los 120.000 euros a partir de los cuales se presume delito fiscal.
El Gobierno tendrá el próximo martes una oportunidad para dar un vuelco a la opacidad que ha mantenido la Agencia Tributaria en este terreno. El secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, comparecerá en el Congreso a petición del PP y se verá obligado a dar explicaciones muy detalladas a los diputados de este caso y de otro anterior, de características muy similares, originado en Liechtenstein. La cita llega tres meses después de que se destapara el caso de las cuentas suizas, a raíz de un listado de clientes del banco que recibió el Gobierno de Francia. Ese país remitió a España la información concerniente a sus ciudadanos.
Esa es la única base documental de que disponen las autoridades españolas, pues el HSBC no ha proporcionado ningún dato adicional. "Hay que resaltar que se trata de una información robada", subraya un portavoz de este banco en Suiza, que asegura que no ha habido novedades en el proceso y que, si rinde cuentas, será el Gobierno suizo siempre que los tribunales le obliguen a hacerlo.
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