26 dirigentes de UGT-Canarias, al
banquillo por apropiarse de 872.00 euros de formación
La trama de UGT-Canarias se
apropió de unos 872.000 euros de los fondos públicos que el sindicato recibió
de 2006 a 2010 para la formación de trabajadores. La organización usaba la
Fundación para el Desarrollo Social (Fundescan) como instrumento para
financiarse con las subvenciones que le concedía el Gobierno regional. Así
consta en el auto de procesamiento contra los 26 encausados y contra el propio
sindicato que el 28 de febrero, hace apenas una semana, dictó el Juzgado de
Instrucción número 4 de Las Palmas de Gran Canaria. El juez , pues, ha hallado
indicios racionales de culpabilidad.
La resolución judicial expone que
la dirección de UGT-Canarias no solo controlaba totalmente la fundación
-nombraba a los miembros del patronato, que pertenecían al sindicato-, sino que
la utilizaba "como un instrumento para la financiación de forma indirecta
de UGT-Canarias". Y como el dinero que manejaba Fundescan procedía fundamentalmente
de las arcas públicas, eran estas las que alimentaban indebidamente la caja del
sindicato. "Principalmente mediante la obtención de subvenciones
concedidas por el Gobierno de Canarias destinadas a la formación de
trabajadores, y más concretamente para el desarrollo de los denominados planes
de formación", reza textualmente el auto de procesamiento.
El modus operandi de la trama era
sencillo. UGT solicitaba las subvenciones al Servicio Canario de Empleo (SCE),
organismo que depende del Ejecutivo autonómico, y después subcontrataba a su
propia fundación para que ejecutara las tareas de formación de los
trabajadores. Hasta aquí no había nada ilegal. Pero el caso es que los
responsables del sindicato en aquellos años no transferían todo el dinero público
a las cuentas de Fundescan, sino que ordenaban que una parte se la quedara UGT.
Así, fondos que debían servir para actividades formativas acabaron pagando
"gastos propios del sindicato totalmente ajenos a los planes de
formación", ahonda el auto.
En el escrito se detallan de
forma pormenorizada las cantidades que recibía UGT, las que transfería a
Fundescan y las que se quedaba irregularmente. A finales de 2006, y para
acciones de formación profesional continua, el SCE concedió al sindicato un
montante de, exactamente, 2.375.249,26 euros. A mediados de 2007, el Servicio
Canario de Empleo autorizaba a UGT a subcontratar a Fundescan, de modo que iba
a ser la fundación, como "entidad vinculada al sindicato", la que
llevaría a cabo la encomienda. Fue UGT la que pidió a la dirección del SCE que
permitiera la subcontrata. Sin embargo, de los casi 2,4 millones de la
subvención solo llegaron a la caja de la fundación 2.217.866,78 euros. Los
157.382,48 euros que faltaron fueron la primera apropiación, un dinero que por
orden de los imputados se quedó UGT-Canarias para "cubrir gastos
totalmente ajenos a los cursos".
La historia se repitió con el
mismo guión en la siguiente convocatoria de subvenciones. De los 2.569.578
euros que el SCE le concedió al sindicato el 28 de diciembre de 2007, solamente
acabaron en manos de Fundescan -UGT había vuelto a pedir permiso para que fuera
la fundación la que llevara a cabo la encomienda pública- un total de
2.307.927,5 euros. Otros 261.659 euros se fueron así a la caja del sindicato de
manera irregular. "También en este caso los imputados ordenaron que
UGT-Canarias se quedara con la diferencia entre el importe de la subvención
concedida y la cantidad transferida a Fundescan [...], cantidad que se aplicó a
cubrir gastos de UGT-Canarias totalmente ajenos a estos cursos de
formación", recoge el auto.
Lo mismo ocurrió también con
424.522 euros de la subvención concedida en diciembre de 2008, un total de
2.924.522 euros.
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