El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Málaga, Rafael Fuentes, dio ayer a conocer que el consistorio adjudicó de forma directa otras 10 obras por un importe total de 266.744 euros entre los años 2006 y 2008 a un constructor allegado al PP, al que ha representado como interventor y miembro de un consejo de distrito. Los nuevos datos evidencian, según Fuentes, la existencia de un "trato de favor" por parte del equipo de gobierno que preside Francisco de la Torre.
En total, Miguel Ángel Pérez Barba obtuvo entre los años 2006 y 2008 la adjudicación a dedo de 25 contratos de obras en los distritos de Campanillas y Churriana por un importe que suma de 635.837 euros. Además de haber sido representante político del PP en el distrito de Campanillas o interventor en las elecciones europeas del pasado junio, Pérez Barba es propietario también del local donde el partido tiene su sede de barrio.
Fuentes volvió a exigir ayer explicaciones al equipo de Gobierno y calificó el asunto de inmoral. Denunció que en muchos casos por la cuantía y el concepto de las obras cabe deducir que se han fraccionado actuaciones en varios contratos para que no superaran los 30.000 euros, cuantía a partir de la cual la ley exige un concurso público.
De la Torre insistió ayer en que las contrataciones son "legales" y "absolutamente legítimas". Según el equipo de Gobierno no hay ninguna norma que impida contratar con un consejero político de un distrito y que nunca se mira el carné. Además desveló que cuatro empresas han obtenido más adjudicaciones que Pérez Barba.
En total, Miguel Ángel Pérez Barba obtuvo entre los años 2006 y 2008 la adjudicación a dedo de 25 contratos de obras en los distritos de Campanillas y Churriana por un importe que suma de 635.837 euros. Además de haber sido representante político del PP en el distrito de Campanillas o interventor en las elecciones europeas del pasado junio, Pérez Barba es propietario también del local donde el partido tiene su sede de barrio.
Fuentes volvió a exigir ayer explicaciones al equipo de Gobierno y calificó el asunto de inmoral. Denunció que en muchos casos por la cuantía y el concepto de las obras cabe deducir que se han fraccionado actuaciones en varios contratos para que no superaran los 30.000 euros, cuantía a partir de la cual la ley exige un concurso público.
De la Torre insistió ayer en que las contrataciones son "legales" y "absolutamente legítimas". Según el equipo de Gobierno no hay ninguna norma que impida contratar con un consejero político de un distrito y que nunca se mira el carné. Además desveló que cuatro empresas han obtenido más adjudicaciones que Pérez Barba.
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