AYUNTAMIENTOS BAJO LA LUPA
JUDICIAL POR “HACER TRAMPAS “ CON LAS SUBVENCIONES
La condena de la exalcaldesa de
Jerez, Pilar Sánchez, por el desvío de subvenciones obtenidas a través de
planes estatales y convenios con la Administración andaluza ha supuesto la
censura jurídica a una práctica que no fue un hecho aislado, sólo llevado a
cabo en el Consistorio jerezano.
La crisis golpeó con dureza a los
ayuntamientos a partir de 2007, reduciendo sus ingresos y aumentando sus
deudas. Esa bola de impagos fue creciendo, dejando en la bancarrota algunos
municipios y a otros pidiendo el auxilio del Estado para obtener la liquidez
que les permitiera afrontar los gastos más urgentes; por ejemplo liquidar las
deudas con los proveedores.
A través de la difusión del caso
judicial que implicó a la exregidora de Jerez, la opinión pública conoció una
forma de conseguir fondos, que los Gobiernos locales articularon como medida de
urgencia ante la escasez que presentaban sus arcas. Una decisión política que
ahora la Justicia ha condenado, tildándola de prevaricadora.
Tras las últimas elecciones
municipales que propiciaron el cambio de color político en algunos
consistorios, comenzaron a aflorar estos desvíos de subvenciones para tapar
agujeros en sus tesorerías.
Los nuevos equipos de Gobierno se
encontraban con órdenes de reintegro inesperadas. Al no ejecutarse las ayudas
para los fines autorizados, la Administración que había liberado los fondos
ordenaba la devolución.
Sin las obras ejecutadas y con la
obligación de devolver dinero, estas prácticas salieron a la luz pública. Era
un arma para desacreditar a la oposición, pero también una explicación a la
caótica situación financiera que anticipaba a la adopción de medidas de ajustes
poco populares.
A cinco meses de los próximos
comicios municipales, la Justicia está investigando varias denuncias contra
ayuntamientos que recurrieron al dinero de fondos estatales como el Plan E para
atender a otras necesidades.
Dicho plan tenía como fin
reactivar las economías locales a a través de la realización de obras y la
consiguiente contratación de trabajadores. Pero en muchos municipios esa política
activa de empleo chocó y se hundió frente a la realidad de los ayuntamientos,
necesitados de ingresos para cubrir su funcionamiento ordinario.
La sentencia de dos años de
cárcel impuesta a Pilar Sánchez por ordenar ese desvío de dinero público ha cargado
de razones a aquellos consistorios que decidieron judicializar esta cuestión.
Otros, sin embargo, convocaron
ruedas de prensa, arremetieron contra los artífices del uso de ayudas y
subvenciones para otros menesteres, pero se quedaron ahí, en el enfrentamiento
mediático y no recurrieron a los tribunales.
Este periódico ha intentado sin
éxito conocer el listado detallado de esos municipios que están bajo la lupa
judicial. Pero algunos de los casos se encuentran en un momento muy incipiente
de la investigación, de la que apenas trasciende información.
Tan sólo hay confirmado a través
de fuentes judiciales que son varios los ayuntamientos denunciados.
Obras sin ejecutar, la clave
La clave para que el caso acabe
en los tribunales y no sea archivado sin consecuencias legales es que las
inversiones que debieron haberse ejecutado con los fondos que recibió la
Administración local, se llevaron a cabo.
A continuación se detallan
algunas de las denuncias que han trascendido ?la lista es más extensa? y que confirman
que la decisión acordada por el equipo de Pilar Sánchez fue asumida en otros
ayuntamientos. Estos casos evidencian también que no fue una práctica exclusiva
de un partido político.
Vejer: 1,5 millones
El PP arrebató la Alcaldía al
PSOE en los últimos comicios. A los pocos meses de arrancar la legislatura,
denunciaron que varias administraciones les reclamaban el reintegro de unas
ayudas concedidas al municipio para la ejecución de proyectos como la
ampliación del campo de fútbol o la construcción de la segunda fase del
polígono industrial Cañada Ancha.
En total, el nuevo gobierno se
encontró con diez expedientes que habían recibido financiación pero que no se
habían ejecutado. Una comisión interna cifró en 1,4 millones de euros el dinero
que debían devolver más los intereses devengados.
El PSOE reconoció en dicha
comisión que había usado esos fondos para pagar la nómina municipal y alegó al
principio de caja única a partir de la cual se atienden las obligaciones de
pago.
El Ayuntamiento denunció a la
Fiscalía de Cádiz, que en estos momentos está trabajando conjuntamente con la
Guardia Civil.
Bornos: 1,3 millones
Su alcalde, Juan Sevillano
(PSOE), recuperaba el bastón de mando en 2011. Apenas había cumplido el año de
su regreso a la Alcaldía de Bornos cuando denunciaba públicamente que el
anterior equipo de Gobierno del PP les había dejado una herencia de más de un
millón de euros (1,3) de pagos que presentaban reparos porque los fondos
procedían de ayudas para la ejecución de proyectos en la localidad serrana.
Sevillano acusó a su antecesor,
Fernando García, de haber «aplicando mal un principio de caja única que no
existe» y dejarle cuentas pendientes como la devolución de 229.000 euros a la
Junta por no justificar el uso de esa inversión para la rehabilitación de casas
en la pedanía de Coto de Bornos.
Pero esas declaraciones a la
prensa en mayo de 2012 no llegaron a más y el asunto se fue diluyendo con el
paso del tiempo.
Jerez: 9,7 millones
Por esas fechas, la alcaldesa de
Jerez, María José García-Pelayo (PP), ya había anunciado que denunciaría en
Fiscalía el desvío de fondos que se produjo durante la última etapa del
Gobierno de Pilar Sánchez (PSOE), esgrimiendo los mismos argumentos que el
regidor socialista de Bornos.
En primera instancia la Justicia
le ha dado la razón a García-Pelayo. Tanto la jueza como el fiscal señalan el
convenio y la normativa que amparaban las ayudas concedidas por la Junta y el
Estado, respectivamente, y que impedían el uso de esos fondos para otros
objetivos.
Para dificultar ese desvío, las
administraciones que aportan los recursos económicos incluyen la obligación de
ingresar las subvenciones en cuentas bancarias restringidas para diferenciar
esos ingresos del resto y evitar su utilización para sufragar otros gastos.
Este obstáculo para impedir el
desvío de fondos procedentes de subvenciones fue incorporado al articulado del
Real Decreto aprobado en 2009 y que entró en vigor un año después. Con él, el
Estado autorizaba continuar con la ejecución de obras locales que ayudaran a
reactivar el empleo en los municipios.
Era el segundo decreto firmado
por el gobierno socialista. El primero, que vio la luz en 2008, había reservado
una partida de ocho mil millones de euros para llevar a cabo esta política de
dinamización de las economías locales. Nacía una de la grandes apuestas del
presidente Rodríguez Zapatero para paliar la incipiente crisis económica.
El Estado impuso medidas para frenar esta práctica
Ese primer decreto no obligaba a
los ayuntamientos a crear una cuenta bancaria restringida. Eso facilitó que los
fondos del Plan E fueran usados por los ayuntamientos como flotador ante el
naufragio de sus arcas públicas.
Aunque no hubo un reconocimiento
público de esas irregularidades en el funcionamiento del Plan E, el Gobierno
central trató de blindó los fondos estatales que enviaba a los consistorios en
el segundo decreto.
Puerto Real: 5 millones
La Cámara de Cuentas ha detectado
irregularidades en varios préstamos concedidos al Consistorio puertorrealeño
durante la última legislatura de José Antonio Barroso (IU) como alcalde. Uno de
esos créditos fue solicitado a través de una empresa municipal tan sólo un mes
y medio antes de las elecciones.
El actual equipo de Gobierno del
PA reconoció que uno de esos préstamos eran para las obras del soterramiento
pero finalmente no llegó a invertirse para ese fin.
No es la única sombra que hay en
algunas operaciones de tesorería realizadas en ese Consistorio.
Dos meses después de las
elecciones, el concejal de Hacienda, Jesús Plaza (PA), denunciaba que se habían
encontrado con una partida de 1,3 millones procedentes de los fondos de
estabilidad del Estado que habían tenido otra utilidad. Anunciaba a la prensa
que podrían esa documentación en manos de la Fiscalía.
En el seno de este Ayuntamiento
se abrió una comisión de investigación para aclarar el destino final de los
fondos que debieron usarse en el soterramiento.
Desde Equo Puerto Real
solicitaron que se incorporaran a esa mesa de trabajo las subvenciones del Plan
E y Plan Proteja por importe de cinco millones de euros recibidos en la
anterior legislatura, pero la propuesta no salió adelante.
«Estamos convencidos que lo mismo
que ha ocurrido en Jerez, se ha hecho en Puerto Real donde se han quedado obras
sin hacer, pero el equipo de Gobierno no informa sobre ese anuncio de denuncia
que hicieron hace tiempo. Vamos a pedir explicaciones porque dudamos que al
final se haya realizado», afirma el portavoz de la formación ecologista, Iván
Canca.
Fuente: Silvia Tubio – La Voz
Digital Cadiz
