El Secretario de la Corriente Sindical de Izquierda (CSI), Samuel Fernández, y dos afiliados a este Sindicato, Balbino Cano y Alfonso Piney, como miembros que fueron del Comité de Empresa de Naval Gijón, presentaron querella criminal ante el Juzgado de Instrucción por estimar que los hechos denunciados pudieran ser constitutivos de varios delitos recogidos en el Código Penal, artículos 311, 290, 390, 435 y en los siguientes y concordantes a los citados, respectivamente, referidos a delitos contra el derecho de los trabajadores, delitos societarios de los Administradores, delitos de falsedades documentales o falsificación de documentos públicos y a los delitos de malversación de los responsables que se hallen encargados por cualquier concepto de fondos y rentas de las Administraciones públicas.
La querella, elaborada minuciosamente por el abogado Fernando Merodio, se extiende en 42 páginas, a las que se adjuntan 8 documentos que incluyen sentencias del Juzgado de lo Social nº 4 de Gijón y del TSJ de Asturias.
Barricada en Naval Gijón durante el encierro de junio 2009. El Astillero sería desmantelado semanas después
Para comprender el alcance de la denuncia es necesario retroceder a 1984 cuando la Reconversión del Sector Naval, que con la supuesta tarea de coordinar las actuaciones de los Astilleros y de las diversas Administraciones públicas, para agilizar y canalizar las ayudas a la construcción naval, se constituía con fondos públicos Pequeños y Medianos Astilleros Sociedad de Reconversión, S.A. (PYMAR), dependiendo del Ministerio de Industria y, en el caso de Naval Gijón, también de la Consejería de Industria de Asturias. Se trataba de garantizar la supervivencia de los astilleros porque, dada sus reducidas dimensiones, no disponían de suficiente capacidad de gestión y respuesta comercial y económica; de establecer un sistema de avales y garantías y de promover cuantas actividades contribuyeran a fomentar la reconstrucción naval a cuyo fin se aportarían los fondos patrimoniales precisos. Todo ello en teoría.
