La Junta lleva entregados a CCOO 253 millones de euros

Pedro de Tena
Entre ambas, apenas superan el 16 por ciento de la afiliación de trabajadores asalariados. Si hace una semana poníamos de manifiesto que la UGT, según la investigación realizada sobre toda la información que arroja el BOJA(Boletín Oficial de la Junta de Andalucía), había recibido 251.090.256,42 euros, algunas fundaciones incluidas, por diferentes conceptos, desde subvenciones varias a pago de gastos generales, Comisiones Obreras no le queda a la zaga. Según la misma investigación practicada sobre la totalidad de los BOJA, Comisiones Obreras ha recibido por los mismos conceptos la cantidad de 253.107.343,83 euros, es decir, 42.114 millones de pesetas. Básicamente el dinero ha sido recibido por la sección andaluza de la confederación sindical, 246, 15 millones de euros. El resto fue recibido por la Fundación de Estudios Sindicales, unos pocos 4.000 euros, la Fundación Paz y Solidaridad, que recibió casi 31.000 euros y, sobre todo, FOREM, Formación para el Empleo, que ha recibido alrededor de 7 millones de euros.
Las cifras exactas son las siguientes:
Subvenciones de la Junta de Andalucía aparecidas en el BOJA.(Para verlas una a una, debe pulsar aquí)CC.OO. ......................................................246.152.692,32

Fundación Estudios Sindicales......................................... 4.000,00

Fundación Paz y Solidaridad.......................................... 30.866,58 FOREM............................................................................... 6.919.784,93 TOTAL....................................................................... 253.107.343,83 EUROS (42.113.518.510,00 PESETAS) Por tanto, entre Comisiones y UGT, las dos centrales "mayoritarias" han recibido en los últimos años en Andalucía, sin contar las subvenciones recibidas del gobierno de la Nación, Diputaciones, Ayuntamientos y otras instancias), la cantidad conjunta de más de 504 millones de euros, unos 83.000 millones de pesetas. Ya pusimos un ejemplo la semana pasada en referencia a UGT de cómo los Ayuntamientos daban dinero para “obras piadosas” como la manifestación del 1 de mayo. Sepan que la Diputación de Sevilla firmó en 2008 un acuerdo “provincial” de concertación social en el que, imaginamos sin mucha brillantez, también habría dinero de por medio. Se habló de 700 millones en tres años, pero no se sabe a quién ni para quién o para qué. Incluso hay una Intersindical en la Diputación de Sevilla que se presenta al público como “sindicalismo no subvencionado”, así que fíjense. De destacar es el papel de FOREM, con más de 100 millones de pesetas de subvención. Lo primero que hay que destacar es que a diferencia de la UGT que no justifica nada ni informa de nada, CC.OO hace una memoria anual -2008 es la última, naturalmente -, en la que al menos da cuenta de en qué dicen emplear el dinero. Un detalle que a la UGT ni se le pasa por la cabeza. Pero, lamentablemente, no encontramos ni una línea que nos diga de dónde sale el dinero para tan gran cantidad de actividades, aunque, naturalmente, nos maliciamos que sale en su totalidad tanto del Estado como de las Comunidades Autónomas, teniendo la Fundación una dependencia total de las subvenciones públicas y habiéndose convertido en detentadores del poder de formación profesional gracias a estas subvenciones. Estos dineros se fijan en Andalucía a lo largo de las negociaciones para lo que se llama "la concertación social", por lo que resulta patente ver con qué angustia se refieren a ella los líderes sindicales cuando tarda demasiado el acuerdo. Sencillamente, es que se acaba la "pasta" pactada y hay que sustituirla por nueva "pasta" que ayude a mantener el quiosco, quiosco que, dadas las cifras, va camino de convertirse en grandes almacenes sindicales en la apoteosis sindical socialista del régimen andaluz.

La trama Obra Nueva Chiclana suma ya 58 personas imputadas

Nada menos que 58.

Ésta es la cifra oficial de personas imputadas, a día de hoy, en la trama Obra Nueva Chiclana, dedicada a la regularización de viviendas ilegales. La diligencias, que lleva el Juzgado de Instrucción Número 3 de Chiclana, sufrieron un parón importante porque el órgano quedó vacante, estando mucho tiempo sin titular. Al frente ya se halla una nueva juez, nueva también en la carrera judicial, que trabaja a marchas forzadas para ponerse al día en el asunto.La Fiscalía de Cádiz sigue muy atenta el caso. De hecho, una vez que culmine la instrucción, el Ministerio Público se plantea solicitar al Juzgado que la causa se desglose por grupos de delitos/acusados. Con ello, se pretende "facilitar la pronta celebración de juicio", según ha avanzado a este periódico la fiscal jefe de Cádiz, Ángeles Ayuso.La investigación comenzó en mayo de 2007, a raíz de una denuncia presentada ante la Fiscalía por un particular.

Fue un vecino de Chiclana, que otorgó un poder notarial a un corredor inmobiliario, que le prometió la venta de una finca suya. Al darse cuenta de que habían falsificado datos de su propiedad (como la división en cuatro fincas, con una vivienda en cada una, cuando en sus terrenos no había inmueble alguno), interpuso la denuncia que dio paso a la investigación que la Fiscalía de Medio Ambiente ordenó a la Guardia Civil.Entre los 58 imputados, se hallan el abogado con bufete en Cádiz José Ignacio Rosano, pieza importante de la trama, según la Guardia Civil, junto al arquitecto Joaquín Pallí Selga, detenido por agentes de la Benemérita hasta en cuatro ocasiones en los últimos dos años, por rubricar presuntamente certificados falsos de antigüedad de viviendas tanto en Chiclana como en El Puerto.Junto a ellos, están imputados cinco aparejadores, dos empleados de banca (entre ellos, el director del Banco Santander de Cádiz, Enrique Antonio A.A.), tres tasadores de fincas para entidades de crédito (Julio G.G., Agustín J.S. y Jaime Valentín R.C.), varios gestores inmobiliarios, corredores de fincas y un buen número de propietarios. La primera fase de la operación de la Guardia Civil se llevó a cabo en el verano de 2007. Desde entonces, en sucesivas oleadas, se han ido registrando nuevas detenciones e imputaciones, hasta sumar en la actualidad la cifra oficial de 58.

La investigación llevada a cabo por la Fiscalía y la Guardia Civil sacó a la luz una trama dedicada a la compra de fincas en suelo no urbanizable, sobre las que los imputados procedían a realizar escrituras públicas en las que declaraban la existencia de obras nuevas en realidad inexistentes. Para ello, contaban con la participación de algunos arquitectos y arquitectos técnicos, que emitían certificados falsos haciendo constar que las edificaciones tenían más de cinco años de antigüedad, con objeto de que, al haber transcurrido de este modo los plazos de prescripción, no pudiera desarrollarse contra las viviendas actuación alguna sancionadora o de restablecimiento de la legalidad.A continuación, procedían a la división horizontal, parcelaban la finca matriz y vendían las parcelas resultantes.Y aquí entraba en acción el otro gran delito atribuido a esta trama, la estafa. Porque a los compradores de esas parcelas en las que no había vivienda alguna, se les ofrecía financiación para construirlas sin problemas (al haber logrado ya 'probar' la existencia de la casa con las escrituras y la inscripción en el Registro de la Propiedad), a través de solicitudes de crédito hipotecario en determinadas sucursales bancarias, con informes de tasación falsos en los que se describían y valoraban viviendas inexistentes. Lograban así la constitución de una hipoteca sobre una vivienda fantasma consiguiendo el dinero necesario para la edificación.La Guardia Civil ha detectado irregularidades en más de 200 hipotecas impulsadas por esta trama. Más de 100 se habrían tramitado en oficinas de Unicaja, y 6o en el Banco de Andalucía.

fuente:diario de cadiz

El Gobierno de Feijoó elimina los 200 euros adicionales que cobraban unas 50.000 pensionistas

El Gobierno del PP en la Xunta de Galicia ha eliminado la pensión de 200 euros anuales que cobraban unas 50.000 personas en Galicia.
Los pensionistas gallegos dejarán de cobrar los 200 euros adicionales que había aprobado el bipartito como complemento a las pagas de jubilación que en Galicia son las más bajas del Estado.
Un jubilado gallego cobra 704 euros frente alos 1074 que recibe un vasco.
Según los últimos datos, la Consellería de Traballo ha asegurado que son en total 10 millones de euros que se van a dedicar a políticas asistenciales dirigidas al mismo colectivo que, de momento, no son capaces de especificar.
El Gobierno de Feijoó justifica su decisión al considerar que esa paga es un mero parche que no soluciona los problemas de los pensionistas gallegos.

Él cuanto dinero gana, que cara hay que tener. Que mire cuanto se gasta su compañero Camps en los trajes. Quitaselo a la trama Gurtell.

Salgado: "El Gobierno está cómodo alineado con los sindicatos"

En la entrevista, concedida a El Periódico de Cataluña, Salgado reconoce que existe una crisis económica "importante" y que, "por responsabilidad de todos", sindicatos, empresarios y Gobierno, no ha generado una crisis social. "Esa paz social no puede ponerse en riesgo", añade, y "está fuera de toda cuestión electoral".Explica que el Gobierno se siente cómodo alineado con los sindicatos, y que si hay que alinearse con una de las posiciones, "para un Gobierno progresista es más lógico hacerlo con los sindicatos". También ve posibilidad de pequeños acuerdos entre patronal y sindicatos: "Creo que esa es la vía", dice.Por si hubiera dudas, afirma que la política económica es del presidente del Gobierno y de la ministra de Economía , "de los dos", y que, "por supuesto", ambos han tenido discrepancias y puntos de vista distintos sobre algunas cosas. No llega a hablar esta vez de Rajoy y su supuesto, como algunos han visto, comportamiento machista al criticar directamente a Zapatero por el rumbo económico.También dice Salgado que las comunidades autónomas tendrán que devolver por el descenso de la recaudación el año pasado unos 6.000 millones de euros de 2008 y previsiblemente otra cantidad similar de 2009, aunque tienen cuatro años para devolver lo recibido de más el año pasado y éste, "con posibilidad de alargarlo a cinco".La ministra opina que la recuperación de la economía empezará desde la primera mitad de 2010 y el número de parados empezará a bajar de manera estable a partir del segundo semestre del año que viene.También cree que es posible que la Comisión Europa decida dar un año más para reducir el déficit al 3% del PIB y, si eso ocurre, el Gobierno lo utilizará.Para Salgado el proceso de reestructuración bancario "va lento" y las fusiones de cajas deben hacerse sobre criterios económicos, "criterios muy objetivos de ganar eficiencia, robustez y solvencia".Sobre las fusiones de las cajas catalanas, la ministra dice que hasta donde ella sabe, "el Banco de España ha estimado razonables las operaciones que se han formulado en Cataluña".

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Receta para capear la crisis en Puerto Real

Manuel Rueda González, de Puerto Real
Cuando vemos a todos los ayuntamientos de la zona como por ejemplo Cádiz, El Puerto de Santa María gobernado por el PP, que congelarán sus Impuestos Municipales para el año 2010, por contra vemos que el Ayuntamiento de Puerto Real gobernado por las izquierdas como IU y el PSOE proponen subir los Impuestos Municipales en un 3% para el año 2010, y todo esto cuando las subidas de las pensiones más bajas subirán un 1%. Y todo esto después de haberse hecho (según el Concejal de Hacienda de este Ayuntamiento) un Plan de Saneamiento en este Ayuntamiento para salir de la Crisis, y que según la opinión de muchos Ciudadanos y Ciudadanas de este pueblo este Plan de Saneamiento consistiría en CONGELARSE LOS SUELDOS DE LOS CONCEJALES, la eliminación de tantos concejales liberados, de limitar los teléfonos móviles a los concejales, de quitar tantos cargos de confianzas como tiene este Ayuntamiento y que aumentaron con la llegada de los socialistas al poder con IU, o que este Plan de Saneamiento impediría que electricistas de plantilla de este Ayuntamiento no se dedicarían a quitar los toldos de la calle de La Plaza y en su lugar una contrata de electricistas estén haciendo su trabajo, o que los albañiles de plantilla de este Ayuntamiento no se dedicarían a limpiar el patio de la brigada de mantenimiento y una contrata este realizando el trabajo de albañilería.Así que confundido de no saber dónde están las izquierdas en este Ayuntamiento de Puerto Real, de querer confundir a los ciudadanos y ciudadanas de este pueblo algunos grupos que dicen llamarse de izquierdas absteniéndose en la subida de los Impuestos propuesta por IU, lo mejor será ver pasar el tiempo, a contemplar el paisaje que está muy negro para las izquierdas en este pueblo y a esperar que lleguen de nuevo las elecciones locales y limpiar el trigo de la paja.

Un tránsfuga da una alcaldía en Lugo a una ex edil popular

Primero fue en Silleda (Pontevedra), hace menos de un mes. Ayer, en Folgoso do Courel, en la alta montaña lucense. El Partido Popular resulta prácticamente el único beneficiario de las mociones de censura en Galicia. El apoyo de un concejal tránsfuga del PSdeG, Manuel Bouza, contribuyó al relevo del hasta ahora alcalde de la localidad de Folgoso do Courel, el socialista José López Fontal. Aunque los cuatro concejales que tramitaron la operación se habían dado de baja en el PP, el secretario provincial de los socialistas, Ricardo Varela, acusó "a la alta dirección del PP en Galicia" de lo que calificó como "robo con alevosía".
La nueva alcaldesa, Dolores Castro, se hace así con un sillón que desde 1999 habían ocupado con mayoría absoluta los socialistas. El texto de la moción de censura invocó argumentos idénticos a los de Silleda, entre ellos "caos en la gestión".

Condenan a una periodista saudí a recibir sesenta latigazos

Según informan varios medios saudíes y árabes Rosana Al Yami fue acusada de trabajar sin licencia en el programa "La Oscura Línea Roja" que emitió el canal libanés de capital saudí LBC.Sin embargo, el juez determinó que la acusada no había participado directamente en la elaboración del programa, a pesar de que el fiscal le había acusado durante el proceso de colaborar a través de internet.El pasado mes de julio, el saudí Mazen Abdel Yawad apareció en una emisión de "La Oscura Línea Roja", en la que relataba cómo era su vida sexual en su ciudad natal de Yeda, en Arabia Saudí.Abdel Yawad fue juzgado y condenado a cinco años de prisión y 1.000 latigazos y las oficinas del canal libanés en el reino saudí fueron clausuradas y sus equipos confiscados. Al Yani, que recibirá los 60 latigazos de una sola vez, fue detenida junto a otra periodista, de cuyo caso no se hacen eco los medios saudíes.Las intimidades de Yawad, que entre otras cosas contaba ante las cámaras como conocía a chicas en Yeda y mostraba algunos objetos sexuales, soliviantaron a la sociedad saudí.En los meses que siguieron a la emisión del programa decenas de ciudadanos presentaron denuncias particulares contra lo que consideraron una apología del pecado y un atentado contra la moral y los principios religiosos.Según informa este sábado el periódico Al Watan, el canal LBC, ha eliminado el programa "La Oscura Línea Roja" de su programación internacional y únicamente se podrá ver dentro de las fronteras libanesas.
EFE

Paro y concentración en la Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir

El próximo Lunes 26 de Octubre se realizará un paro y concentración en la sede de Mancomunidad, (Ctra. Las Cabezas - Lebrija. Camino San Benito - Finca San José, s/n. Lebrija Sevilla) como protesta por el impago del salario a los alumnos de las escuelas taller a los profesores y a los trabajadores y trabajadoras de la Mancomunidad. La concentración será de 3 horas dando comienzo a las 12:00 horas y finalizando a las 15:00.


Por parte de La Mancomunidad está habiendo presiones a los trabajadores que han intentado movilizarse, amenazando con amonestaciones y partes para quitarles días de sueldo, queremos hacer saber que el acto está legalizado para que no puedan tomar represalias por asistir. Pero queremos dejar claro desde CNT que este intento por parte de la Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir de represión de la libertad sindical es lamentable y no lo vamos a consentir.

Silbar al alcalde de Mazarrón cuesta 200 euros

Silbar al alcalde de Mazarrón tiene un precio: 200 euros. Cristina Navarro y Ana María Arias, dos vecinas de la localidad murciana, han sido multadas por desacato a la autoridad por silbar al alcalde, el conservador Francisco Blaya, en un acto público. Los hechos ocurrieron el pasado verano, aunque ha sido ahora cuando han recibido la sorprendente notificación de la sanción.
Durante la Gala del Deporte, que congregó a más de quinientos vecinos, Cristina y Ana María se presentaron, junto a un nutrido grupo de mujeres, ataviadas con una camiseta en la que se podía leer No al traslado de la plaza de abastos. Y es que las dos forman parte de una plataforma vecinal que protesta desde hace meses por el cambio de ubicación del viejo mercado local.
Cuando vieron que el alcalde irrumpía en el escenario, las dos mujeres comenzaron a silbarle. "La verdad es que Ana María silbó, pero yo, como no sé, abucheé al alcalde, que estamos en un país libre", explica Cristina.
Dos policías locales interceptaron entonces a las mujeres. Uno de los agentes les pidió el DNI y les dijo: "La broma os va a costar 600 euros". Pero ninguna de las dos se esperaba que la sanción se hiciese algún día realidad. Cristina y Ana María se preguntan ahora si el alcalde de su pueblo es "más importante que el presidente Zapatero, que fue abucheado el día de las Fuerzas Armadas", porque, a lo que se ve, a nadie se le ha impuesto una multa.
El alcalde de Mazarrón, Francisco Blaya, echa balones fuera y descarga toda responsabilidad en la policía. "Los policías de Mazarrón realizan un trabajo rutinario en el que no nos metemos los políticos, tienen que poner orden y seguridad en el municipio y para eso tienen autonomía y autoridad".
Muy bien pagado
La plataforma que agrupa a los vecinos que se oponen al traslado de la plaza de abastos, por el contrario, ha mostrado su indignación por lo que consideran represión policial a instancias del regidor, al que tachan de "fascista". Sostienen los vecinos que "el alcalde firma los decretos como Franco firmaba las penas de muerte. Parece que no se ha enterado que estamos en democracia desde 1978 y que hay libertad de expresión".
Francisco Blaya, alcalde de Mazarrón, con 34.000 habitantes, es uno de los munícipes mejor pagados de España, con unos ingresos de casi 90.000 euros al año, más gastos de protocolo. Tiene siete concejales de su equipo de gobierno liberados que cobran unos 50.000 euros al año.

Secuestro de una niña

Elise es una niña de tres años y medio que ha sido secuestrada recientemente en Arlés, en el sudeste francés.Sus secuestradores, dos hombres y una mujer, viajaban en el momento del secuestro en un Renault Modus 99 ABD 76, de color beige o marrón.Si la ven, avisen inmediatamente a la Policía Local de su ayuntamiento.

15 imputados en la trama de corrupción de Alhendín

El juicio por la supuesta trama de corrupción urbanística de Alhendín (Granada) está próximo. Están imputadas 15 personas, entre ellas el ex alcalde del municipio José Guerrero (PP) y tres ex ediles (Urbanismo, Obras Públicas y Medio Ambiente). El juez de Instrucción número 2 de Santa Fe, Miguel Ángel Gómez Torres, considera que hay "indicios racionales suficientes" contra los ex ediles y los empresarios implicados.

Las partes tienen 10 días para formular su escrito de acusación por este caso, denominado Marchelo, que saltó a la luz en marzo de 2007 cuando fue detenido el entonces concejal de Urbanismo, Manuel Fernández. El juez se centra en cinco proyectos: la promoción de viviendas Novosur, el Parque Empresarial Alhendín, la vulneración de la servidumbre aérea de la Base de Armilla, la Gasolinera Estaciones de Servicio Penibéticas y el parque municipal-mercadillo del municipio.
Según la investigación realizada durante estos años, los implicados recibieron dádivas en especie, realizaron contratos ficticios y llevaron a cabo otra serie de irregularidades urbanísticas para supuestos beneficios de políticos y empresarios. El arquitecto municipal también está imputado.
Como ejemplo de esta supuesta trama de corrupción valga el caso de Novosur. Según el juez, el ex concejal de Urbanismo pudo haber recibido "en su propio provecho" una dádiva del promotor de la urbanización, Fernando Rafael R. A., también imputado, consistente en una vivienda en Armilla, donde fue detenido, valorada en 340.000 euros.

Golpe de mano de los barones del PP valenciano para controlar a Camps

Los tres presidentes provinciales del PP en la Comunidad Valenciana han decidido dar un golpe de mano para controlar al presidente de la Generalitat e imponer sus decisiones a Francisco Camps, paralizado desde hace meses por los escándalos del caso Gürtel. Carlos Fabra (Castellón), Alfonso Rus (Valencia) y José Joaquín Ripoll (Alicante) han esbozado ya la hoja de ruta para evitar que el presidente de la Generalitat arrastre a todo el PP valenciano a la situación de parálisis en la que se ha instalado. Una situación que, desde que se conoció su amistad con Álvaro Pérez, El Bigotes, se ha deteriorado progresivamente. Primero con el escándalo de los trajes pagados por la trama corrupta y ahora por la supuesta financiación irregular del PP y el sainete de la defenestración de Ricardo Costa.

El presidente no piensa cambiar a su equipo, según la consejera portavoz
Fabra, Rus y Ripoll se reunieron el pasado jueves en un campo de golf de Castellón, sin la presencia de Camps, y pusieron en común su malestar con la gestión realizada por el presidente valenciano. Los tres dirigentes exigen del jefe del Consell tres cosas: una remodelación de Gobierno; la convocatoria de un Comité Ejecutivo Regional para elegir un nuevo secretario general tras la defenestración de Ricardo Costa; y ser tenidos en cuenta en la elección de un nuevo portavoz parlamentario que rehaga la maltrecha moral de los diputados populares en las Cortes Valencianas.
La dirección nacional del PP, según fuentes del partido, fue consultada antes de la iniciativa. A Francisco Camps se la comunicaron.
Las presiones de los presidentes provinciales -que desde hace meses mantienen conversaciones telefónicas para analizar la situación- obligó a Camps el pasado martes a pedir a sus vicepresidentes Vicente Rambla -también salpicado por el escándalo- y Gerardo Camps que adquiriesen más protagonismo en la estrategia de defensa del caso Gürtel.
Fuentes del PP aseguraron que la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, almorzó esta misma semana con Camps para trasladarle el malestar del partido por cómo se había deteriorado la situación. La reacción de éste el pasado jueves en la sesión de control de las Cortes valencianas, donde se tomó a burla el caso Gürtel, lejos de tranquilizar a Barberá aumentó su inquietud, según las mismas fuentes.
Los tres presidentes provinciales del PP quieren sumar ahora a su hoja de ruta a Barberá; al alcalde de Castellón, Alberto Fabra; y a la primera edil de Alicante, Sonia Castedo.
La alcaldesa de Valencia es vista por la mayoría de los cargos del PP como la alternativa más sólida a Camps; aunque Alberto Fabra, también diputado autonómico, es otra de las figuras ascendentes. Tanto los tres presidentes provinciales, como Barberá consideran que Francisco Camps aún está a tiempo de reaccionar y de retomar la iniciativa para enderezar la deteriorada situación.
Ripoll reconoció ayer que la reunión con sus homólogos de Valencia y Castellón fue "en el ámbito privado" y que los tres están de acuerdo en "arrimar el hombro para salir cuanto antes de la situación de impasse, que es mala para el partido".
La portavoz del Gobierno valenciano y consejera de Justicia, Paula Sánchez de León, aseguró que la reunión de los tres presidentes provinciales forma parte de "la más absoluta normalidad de trabajo dentro de cualquier partido". Fabra, Rus y Ripoll no se habían reunido desde hacía años al margen de Camps, y los tres mantenían hasta ahora diferencias irreconciliables entre ellos.
Sánchez de León aseguró que la posición del presidente de la Generalitat, que ha sido "muy claro y contundente", es la de no modificar su Gobierno.
En el seno del PP no ocultan su preocupación por la decisión de Camps de ignorar la gravedad del caso Gürtel y aguantar contra viento y marea y han empezado a consultar el calendario. Los cargos populares temen que si Camps no reacciona a tiempo, y acaba por caer víctima de nuevos escándalos tras una prolongada agonía, el partido no tendrá tiempo para reaccionar y afrontar con garantía las próximas elecciones autonómicas previstas para dentro de año y medio.

Espejismos

Nada más que espejismos son algunos de los datos que el INE nos ha ofrecido con la última encuesta de la EPA. Una bajada del desempleo de 14.100 personas en España y de 4.300 en Andalucía. ¿Acaso significan el tan esperado cambio de tendencia en las incesantes subidas de las cifras de paro? Eso no se lo cree ni el propio Gobierno. Todos los gobernantes suelen lanzar las campanas al vuelo cuando las cifras son de su conformidad o se ajustan a sus previsiones, mas en este caso hasta ellos mismos nos dicen que los datos que correspondan a los próximos meses pueden ser aún peores. Cautela, pues.

Que duda cabe que esta bajada correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre ha estado condicionada por la campaña turística y por las obras llevadas a cabo con los fondos estatales y autonómicos invertidos en obras públicas –FEIL y PROTEJA-. Pero el verano acabó y buena parte de estas obras públicas también tocaron a su fin. Lo que no ha cesado es la destrucción de empleo. Las cifras siguen siendo de vértigo y la situación de las familias no es muy esperanzadora.

Ante este panorama llama la atención la escasa movilización social que se está produciendo. Las encuestas de opinión nos dicen que el descontento social ha aumentado en los últimos meses; ya no se culpabiliza sólo a las entidades financieras, como al principio de la crisis, sino a los gobiernos, central y autonómicos. A la situación de la crisis acompaña, además, un nuevo aluvión de casos de corrupción de la clase política –Gürtel, El Ejido, Mercasevilla, etc., etc.-, que no hacen sino aumentar la desconfianza en los partidos, en las elecciones, en los gobiernos.

Pero hay colchones para todo. Los conocidos como ‘agentes sociales’, los sindicatos UGT y CCOO y la patronal, que duda cabe que están ejerciendo su labor de contención. En Andalucía ya nos anuncian para las próximas semanas importantes avances en la VII Concertación Social, un engaño más, como las VI anteriores. Bolsas de dinero de las que un importante pellizco son subvenciones para los propios agentes.

El descontento está en la calle, pero es incapaz de articularse de una manera eficaz. Están surgiendo asambleas de parados de carácter puramente local, inconexas, vinculadas a sus inmediatas condiciones, pero no preocupan a más autoridad que al alcalde del municipio en cuestión. Nuestros compañeros de Lebrija se enzarzaron en una lucha honesta hace unos meses. En diversos pueblos de la campiña cordobesa hay conatos diversos que arrancan lentamente. En Jaén hay asambleas y manifestaciones en Úbeda, Bailén, Torreperogil. En Jerez de la Frontera, cuadrillas de albañiles exigen trabajo paralizando las obras en las viviendas del Polígono San Benito, que son acalladas con los antidisturbios. Protestas, al fin, que se disolverán como azucarillos si no encuentran una coordinación suficiente, unos objetivos comunes. Ante esta situación, como ante otras semejantes, la CNT siempre ha lanzado el mensaje de que lo que no quiere es el voto de los trabajadores, ni suplantarles en su fuerza y su decisión, porque siempre les ha dicho a los trabajadores que la resolución de sus problemas es cosa de ellos mismos, o no será. Éste es el espíritu de la Acción Directa, la que hace falta poner en práctica frente a la desilusión, frente al desengaño de políticos y agentes sociales, frente a los espejismos.

Los errores del tramposo

Vivía el señor don Juan Ramón Tramposo feliz en su castillo, cuando una trabajadora decidió denunciar sus contratos en fraude de Ley y aprovechar para dar a conocer la existencia de una Sección Sindical de CNT AIT al Ayuntamiento y al CEMAC. Inmediatamente le quitó 142,60 € mensuales de su nómina, y cuando la compañera protestó, le prepararon una encerrona con la PrimeraTeniente Alcalde Delegada de Personal y de la Mujer en la “Gran Sala del Trono” y la amenazó con echarla de todas todas. Soy un alcalde con mayoría absoluta y con tres años de legislatura por delante. ¿Qué te habías creído?.
Mira por donde, la compañera le salió rana, y comenzaron las movilizaciones. Exaltado de los nervios, cuando la trabajadora repartía panfletos contra el nefasto convenio colectivo que CCOO y UGT iban a firmar, instigado por estos, le prohibió a la trabajadora pisar cualquier dependencia que no fuera la suya, pisar el Ayuntamiento fuera de su horario de trabajo y salir a la calle a trabajar, ya que la calle es donde trabaja principalmente. Así no podría repartir nada. Atada a una silla.
A la par, la compañera, conocedora de que el Alcalde había decidido tirar las casas históricas del pueblo para especular con el suelo, lo informó a CNT y organizamos un movimiento ciudadano, ahora con entidad propia, que es la PLATAFORMA DE VECINOS CONTRA EL PGOU. En ese momento, al borde de la histeria colectiva, el señor Tramposo decide expedientarla por informar sobre un documento en INFORMACIÓN PÚBLICA. Panfletea ESOS ANARQUISTAS.... como si fuera un insulto.
Unos vecinos, molestos por el ruido que hace el metro que va en superficie y pegado a sus ventanas, acuden a la Plataforma de Vecinos contra el PGOU y a la Asociación para la Defensa del Territorio del Aljarafe, que CNT había avisado como experta en estos temas, y a CNT para que les ayuden también a organizarse, y constituyen su propia plataforma: LA PLATAFORMA CONTRA EL RUIDO de San Juan de Aznalfarache, con autonomía propia y eficiente modo de trabajar.
Llega la sentencia por represión sindical contra nuestra delegada, se acobardan y deciden dejar prescribir el expediente pero decide meter su plaza, siendo por sentencia ya trabajadora indefinida, en la oferta de empleo pública del 2.007. Por lo que comenzamos una campaña contra las mentiras del Alcalde, pero, por si fuera poco con CNT, la Plataforma de Vecinos contra el PGOU, Plataforma de Vecinos contra el Ruido, Asociación para la Defensa del Territorio del Aljarafe, se mete en conflictos laborales con el Sindicato de Policías Locales y lo arregla a su manera, con expedientes disciplinarios.
El Defensor del Pueblo comienza a hacer preguntas sobre el ruido, sobre el PGOU… Vamos, sobre todo lo que está pasando.
En resumen, Un Alcalde, DON JUAN RAMÓN TRONCOSO PARDO y una Primera Teniente Alcalde DOÑA MARÍA DOLORES MOGOLLO, del PSOE con mayoría absoluta, han presentado su dimisión con fecha 19 de octubre.

FELICIDADES A TODOS LOS VECINOS Y TRABAJADORES DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE

Pero no por ello debemos de bajar la guardia, porque son los mismos Tramposos los que siguen en el poder.

Perdida de facturas en el ayuntamiento de San Fernando

Las presuntas irregularidad realizadas por la empresa encargada del mantenimiento del alcantarillado, que fueron detectadas por el Partido Socialista (PSOE) y que podrían alcanzar los 600.000 euros, siguen levantando incógnitas.
La última ha sido lanzada de forma directa al equipo de Gobierno formado por los partidos andalucistas y popular, al acusarlos de tener «complacencia» con la UTE San Fernando acusada de las irregularidades e investigada por la Fiscalía. Lo hacen los miembros del PSOE local, al exigir responsables por la pérdida de 12 meses de facturas originales registradas por la empresa del alcantarillado al Ayuntamiento.
«¿Por qué se ha perdido este volumen de partes de trabajo?, ¿quién es responsable de custodiarlos?, la señora Álvarez debería explicarlo», señaló el concejal del PSOE, Fernando León. Y es que el socialista asegura que la mitad de las pruebas presentadas para mostrar la duplicidad de facturas, que fueron cobradas indistintamente a los ciudadanos y al Consistorio, sólo podrían comprobarse con esos originales desaparecidos.
De esta forma León ha solicitado que se convoque una Comisión de Medio Ambiente la próxima semana para hace un análisis de la situación y conocer que iniciativas está tomando el equipo de Gobierno, además de preguntar por qué no les ha remitido la información que les habían solicitado.
Sanciones
Los socialistas volvieron a sacar a la luz los retrasos de la empresa Mantenimientos Públicos Locales, componente de la UTE San Fernando, en la entrega de las obras de la estación de bombeo de Venta de Vargas. «Deben certificar el coste total de la penalización a la empresa porque no entregar la obra, y parece que con complacencia evitan sancionarla».
El Partido Socialista local pidió ayer la colaboración del Partido Popular isleño para conseguir información sobre las facturas sin consignación presupuestaria a empresas y proveedores. De esta forma aseguraron haber encontrado irregularidades en la liquidación de las cuentas generales de 2008.
«Queremos que el PP se posicione y muestre su transparencia en la gestión municipal para que no ocurra lo mismo que con el alcantarillado, porque sino será corresponsables de lo que vamos a denunciar la próxima semana», señaló el concejal socialista Fernando León. Para ello enviaron un escrito a la portavoz del PP, Carmen Pedemonte.

fuente: La voz digital

La Fiscalía eleva a 20 millones en cinco años el desfalco en el Palau

La Fiscalía de Barcelona eleva a 20 millones de euros el desvío de fondos del Palau de la Música que realizaron Félix Millet y Jordi Montull en los últimos cinco años, aparte de las últimas "depredaciones" conocidas, como el hecho de que las bodas de las hijas de Millet las pagó el Palau.

Este es uno de los principales argumentos que esgrime el fiscal del caso Millet, Francisco Bañeres, en el recurso de apelación que ha presentado hoy ante el Juzgado de Instrucción número 30 de Barcelona, que ve la causa del Palau de la Música, contra la libertad provisional de Millet y Montull dictada el pasado lunes 19 por el juez Juli Solaz.El fiscal recuerda que, además de los recursos de la institución cultural desviados sin justificación por los dos imputados, continúan "aflorando más depredaciones: bodas con cargo al Palau, gastos de índole personal", a lo que se debe añadir la percepción "injustificada de primas o estipendios no se sabe por qué gestión" de los dos imputados."Son sumas estratosféricas -añade- de las que se desconoce en qué pueden haberse invertido pero no es descartable que algunas hayan sido situadas en el extranjero, concretamente en Suiza, país donde ambos inculpados reconocieron en sus declaraciones poseer cuentas bancarias".Tampoco se puede obviar, a juicio de la Fiscalía, que Félix Millet tenía una caja de seguridad con 1.800.000 euros en billetes de 500 euros que fueron incautados por el juzgado.En el extenso recurso de apelación, el fiscal desgrana punto por punto la argumentación del juez Solaz a la hora de dictar la libertad provisional de ambos imputados y cita diversas sentencias y casos, como Afinsa, Fórum Filatélico, Gürtel, Jesús Gil, o "especialmente el caso Tous", en los que se aplicó prisión a sus presuntos responsables a pesar del arraigo familiar que tenían.Así, sostiene que la gravedad de las penas asociadas a los delitos que se imputan a Millet y Montull -falsedad en documento mercantil y apropiación indebida-, que podrían suponer alrededor de 14 años de prisión, "permitiría por sí sola, más allá de consideraciones relativas a su supuesto arraigo o a su pretendida ausencia de peligrosidad", el ingreso en prisión de ambos.A esos dos delitos mencionados, se podría añadir en un futuro el delito de malversación de caudales públicos de forma continuada, lo que sumaría una pena de cuatro a ocho años más de privación de libertad, si se considera finalmente que los fondos desviados del Consorcio del Palau de la Música "mantienen su naturaleza de fondos públicos".Estos fondos hasta ahora provenían de Generalitat de Catalunya, el Ayuntamiento de Barcelona y el Ministerio de Cultura, que se han personado conjuntamente como Consorcio en este caso como acusación.Recuerda también el fiscal el eco social que ha tenido este caso en Cataluña y especialmente en Barcelona, un elemento de ponderación a la hora de calibrar la existencia del peligro de fuga que "no ha sido objeto de valoración por parte del instructor omitiendo cualquier reflexión sobre el mismo", se afirma en el recurso

Electrolux cerrará su planta de Alcalá de Henares en 2011 y despedirá a 450 empleados

La compañía Electrolux cerrará en 2011 su factoría de Alacalá de Henares (Madrid), que cuenta con un total de 450 empleados, según informó la compañía sueca.
El cierre de la fábrica será completado durante el primer trimestre de 2011, y supondrá costes por valor de cerca de unos 43 millones de euros, que serán provisionados en los resultados operativos del grupo durante el cuarto trimestre de este mismo año.
"El mercado europeo de electrodomésticos es muy competitivo. Desafortunadamente, no podemos fabricar productos competitivos en costes en la factoría de Alcalá, por lo que Electrolux parará allí su producción en 2011", explica el grupo.
A finales de 2008 Electrolux anunció un plan para la reducción de costes en el que se contemplaba el despido de 3.000 trabajadores de las fábricas que la empresa sueca tiene repartidas por el mundo. Fue entonces cuando se comenzó a especular con el posible cierre de la fábrica de lavadoras de Alcalá, ya que Electrolux, al mismo tiempo que anunciaba los despidos, abría un estudio de viabilidad de la fábrica de Alcalá.
Para evitar el cierre, tanto la dirección de la fábrica complutense como los trabajadores acordaron un plan de mejora de la productividad que incluía, además de la congelación salarial, un aumento de la fabricación de lavadoras por hora a cambio de más inversión y nuevas líneas de productos de Electrolux para la factoría de Alcalá.
Sin embargo, ese plan de viabilidad fue rechazado por la dirección de Electrolux en Europa y, aunque en principio habían fijado el mes de diciembre para anunciar de qué manera se iban a llevar a cabo los despidos, el pasado 14 de octubre en Bruselas acordaron con los trabajadores decantarse sobre el futuro de Alcalá "la próxima semana o a principios de la siguiente".

fuente: Cadena Ser

Parada y quemada en el sindicato CCOO

• Estaba en paro y acudió a un curso de soldadura de la fundación de Comisiones Obreras en Gijón. Sufrió un accidente. Nadie le aplicó el extintor mientras se quemaba y ella misma tuvo que meterse en un barril de agua sucia para calmar su dolor.
Reportaje por: Luis Miguel MONTERO
Aquel viernes 4 de mayo de 2007 la desgracia se cebó con Montserrat Méndez, una parada asturiana de 44 años que recibía un curso para formarse como soldadora de estructuras metálicas ligeras. “Yo estaba en paro, y aunque no hay muchas mujeres soldadoras, pensé que era un trabajo que se me daría bien porque requiere concentración y perfección”, explica Montserrat, que recuerda el día del accidente con amargura: “Eran como las cuatro menos cuarto de la tarde y yo estaba haciendo un cordón de soldadura sentada en el suelo, con las piernas abiertas, las chispas botaban en el suelo y de repente me encontré con calor en la pierna y cuando quise reaccionar tenía las piernas en llamas”. Podría ser uno más de los 7.000 accidentes graves que se sufren al año en el ámbito laboral, según datos del Ministerio de Trabajo, pero su caso llama la atención porque se produjo en un curso del Forem Asturias, Fundación para la Formación y el Empleo, un organismo tutelado por el sindicato Comisiones Obreras (CC OO). Según establece la sentencia del caso, el curso no cumplía varios protocolos de actuación en materia de seguridad. Al respecto, Forem Asturias, que según los datos que facilita a esta revista forma anualmente a cerca de 6.000 alumnos en distintas especialidades, argumenta: “El accidente es un hecho excepcional y lamentable en la impecable trayectoria de nuestra fundación en materia de seguridad”.Lo cierto es que cuando esta mujer gijonesa, casada y madre de dos hijos, salió de la cabina donde soldaba y comenzó a gritar en la nave, donde había una docena de compañeros en sus respectivas cabinas, el monitor y tutor responsable del curso, José Ramón Estrada, no se encontraba allí y nadie supo reaccionar y rociarla con un extintor, hasta que ella misma se introdujo como pudo en un barril con agua sucia que se utilizaba para enfriar las planchas calientes de los trabajos de soldadura. “Después me llevaron al hospital de Gijón y desde allí a la unidad de quemados de Oviedo, porque tenía quemaduras de tercer grado”, recuerda Montserrat. La mujer permaneció 21 días internada en el hospital y necesitó siete meses más para recuperarse.La sorpresa fue que cuando denunció el accidente para cobrar el seguro, desde el Forem comenzaron a acusarla de imprudencia: “Dijeron que el pantalón de pana que llevaba había provocado más llama, que también llevaba unos ‘leggins’ puestos y que avivaron el incendio. Eso era mentira”, asegura. Además, dice que “el sindicato se portó mal. No reconocieron nunca su negligencia, porque el monitor del curso no estaba en ese momento y tampoco nos dieron los cursos de prevención antes de iniciar el cursillo”. El Juzgado de Primera Instancia número 2 de Gijón sentenció a favor de Montserrat Méndez y fijó una indemnización de 32.000 euros; la fundación no ha recurrido la decisión, que ya es definitiva. Durante el juicio, Forem Asturias justificó la ausencia del monitor porque “se encontraba en un taller contiguo cogiendo material para el curso”. “Grave negligencia” La sentencia también determina la “clara y grave negligencia que al tiempo de ocurrir el siniestro, según parece, cuando habían transcurrido dos meses desde el inicio de las prácticas de soldadura, todavía no se hubiese impartido en debida forma el preceptivo curso o módulo de prevención de riesgos”. En el juicio, la propia experta propuesta por CC OO admitió que es obligatorio realizar previamente un módulo de prevención de riesgos para orientar a los alumnos, que no se realizó y prueba de ello, argumenta la sentencia, es que cuando Montserrat tuvo el accidente “nadie tuvo la reacción de buscar un extintor, que estaba allí mismo”.Forem Asturias ha enviado un comunicado a esta revista en el que señala que “tras el análisis de las causas del accidente, efectuado en su momento por nuestro Servicio de Prevención, se detectaron fallos en los protocolos de actuación y en su puesta en práctica que han sido inmediatamente corregidos”. Añade Forem que antes del juicio rechazaron “la pretensión de Montserrat Méndez de ser contratada como trabajadora de Forem Asturias a cambio de paralizar las acciones judiciales que en caso contrario iniciaría”. El abogado de Montserrat matiza: “Cuando comenzamos la negociación antes de ir a juicio, pedí ayuda para encontrar trabajo a mi clienta durante seis meses, nunca para trabajar en Forem, porque yo sé que eso es casi imposible por la composición de este tipo de fundaciones. Lo que me contestaron fue: «Miraremos qué podemos hacer», y ya no supe más porque pusimos la demanda”.También deja zanjado la sentencia el asunto de la ropa que Montserrat llevaba el día del accidente: “Se ha discutido el tipo de ropa que vestía doña Montserrat el día que ocurre el accidente y en concreto si portaba unos ‘leggings’ de material acrílico, como ha sostenido la parte demandada para desplazar toda responsabilidad del siniestro a la actora por su culpa exclusiva y al respecto cabe concluir que no existe prueba suficiente de que ello fuera cierto porque ningún testigo ha declarado con contundencia al respecto”. Por su parte, Montserrat explica: “Dijeron que con pantalones vaqueros quizá no hubiera ocurrido tan fácil como con la pana, pero reconocieron que el mono que daban no era totalmente ignífugo y que sólo asegura segundos en retardar la acción del fuego”. El resto del equipo, compuesto por mandil, careta y polainas sí era el adecuado, según la sentencia.

Autonomos: Aqui no paga ni Dios

Tengo facturados más de 300.000 euros que todavía no he cobrado. Así no se puede vivir”. Miguel Ángel Lozano se enciende cuando repasa las facturas que le faltan por cobrar: “Aquí no paga ni Dios. Trabajé para una gran constructora en Huelva en 2006 y me han dado largas hasta ahora; tengo un pagaré que vence a finales de octubre y me han pedido rescatarlo 180 días más, pero les he dicho que no, estoy harto. En abril hice una obra en Alcalá de los Gazules (Cádiz) por 1.600 euros y acabo de cobrarlo ahora, seis meses después y porque me he puesto borde…”, enumera el propietario de la empresa gaditana Pavimentos Lozano, con 15 trabajadores –antes de la crisis eran 25–, que se indigna aún más cuando habla de la ley de morosidad. “Aquí es muy fácil robar, la ley está hecha para el chorizo. Una empresa de Sanlúcar de Barrameda me debe 36.000 euros, pero ha presentado suspensión de pagos. En realidad sigue funcionando, ahora la empresa la ha puesto a nombre de su hija. Aunque lo he denunciado, yo no cobraré y él se pasea con su Mercedes”, denuncia Lozano, que en más de una ocasión se ha apostado en la puerta de las promotoras que le debían dinero con un cartel. “Algunas me han denunciado por hacerlo, pero sólo reclamo lo que es mío, tengo el lomo roto de trabajar y no quiero que nadie se quede con mi dinero”.Lozano no sólo es víctima de los impagos de constructoras privadas “El Ayuntamiento de Villamartín (Cádiz) me adeuda una obra que hice cuando todavía había pesetas; el de Lucena del Puerto (Huelva) me debe 1.500 euros desde hace nueve años; el de Castilblanco de los Arroyos (Sevilla), 4.000; el de Burguillos (Sevilla), 7.000…”, enumera y no para. El Ayuntamiento de Burguillos, a través de su empresa pública Burguillos Natural SL, tiene contraída una deuda de 14 millones de euros con 160 empresarios por la construcción de una piscina climatizada, un campo de fútbol de césped artificial, la ampliación del edificio consistorial, un aparcamiento y un hotel.Los ayuntamientos acumulan una deuda de 33.000 millones de euros, de los que una tercera parte, en torno a 10.000 millones, corresponden al sector de la construcción, según datos de la Asociación Española de Proveedores Impagados de la Construcción (AEPIC), que hartos de ser las víctimas han organizado, junto con la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), una protesta en Madrid el 22 de octubre. Estiman que las comunidades autónomas les adeudan más de 18.000 millones de euros. “Consideramos inaceptable que los procedimientos de reclamaciones de la deuda y que los procedimientos concursales puedan llegar a durar hasta cuatro años, porque no hay empresa que pueda aguantar”, denuncia José María Carrasco, vicepresidente de AEPIC. No es su única reclamación: “Hacen falta más juzgados mercantiles, que agilicen el cobro de la deuda. En Madrid sólo hay nueve, cuando son necesarios 30; que cambie la ley de morosidad y que las constructoras no hagan pagarés a 240 días, como está ocurriendo; y que no tengamos que pagar el IVA hasta que cobremos la factura… En 2009 han desaparecido 116.000 autónomos, la mitad del sector de la construcción. Es un ERE silencioso, que afecta al motor económico del país”.

fuente: Interviu