El fiscal de la Audiencia Provincial de Ávila ha solicitado que la senadora del PP Carmen Aragón sea imputada por un delito de prevaricación urbanística presuntamente cometido cuando era alcaldesa de Arenas de San Pedro, por lo que pide que la Audiencia Provincial envíe el caso al Tribunal Supremo, por su condición de aforada.
En la resolución de un recurso, el fiscal indica que tanto ella como el resto de integrantes de la Junta de Gobierno Local, como el arquitecto municipal, pudieron cometer ese delito al autorizar que un edificio levantase más altura que la permitida en las Normas Subsidiarias de planeamiento, lo que no fue aprobado por la Comisión Territorial de Urbanismo de la Junta, que había suspendido la tramitación de la modificación puntual de las normas.
El fiscal, Juan Miguel Gómez Cortes, aprecia "la existencia de indicios racionales de la comisión de delitos de prevaricación urbanística tipificados en el artículo 320 del Código Penal", ya que el Consistorio no ejerció "sus facultades de disciplina urbanística", y es "flagrante" la ilegalidad del acuerdo.
También la fiscalía subraya que la Diputación se había dirigido al Ayuntamiento "para que tomara las medidas oportunas para proteger la legalidad". El Procurador del Común había solicitado "infructuosamente" informes sobre el acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo, y el jefe del Servicio Territorial de Fomento requirió informes sobre el recurso de reposición del querellante.
La denuncia fue presentada por el teniente de alcalde del Ayuntamiento de Arenas, Javier Soler, de IU, cuando en 2006 era concejal en la oposición.
La senadora se la ofreció declarar de forma voluntaria, indica el fiscal, pero "declinó" hacerlo ante el Juzgado de Instrucción número 1 de Arenas, "prefiriendo mantener su privilegio procesal", por lo que cree que "es el Tribunal Supremo el competente para el conocimiento del asunto y además para enjuiciar también a los no aforados".
Junto a la senadora y ex alcaldesa, ahora concejala, en la denuncia figuran Valentín de León, Alejandro Blázquez, José F. Núñez y Benito Martín de Blas, siendo el último el único que se mantiene como edil.
En la resolución de un recurso, el fiscal indica que tanto ella como el resto de integrantes de la Junta de Gobierno Local, como el arquitecto municipal, pudieron cometer ese delito al autorizar que un edificio levantase más altura que la permitida en las Normas Subsidiarias de planeamiento, lo que no fue aprobado por la Comisión Territorial de Urbanismo de la Junta, que había suspendido la tramitación de la modificación puntual de las normas.
El fiscal, Juan Miguel Gómez Cortes, aprecia "la existencia de indicios racionales de la comisión de delitos de prevaricación urbanística tipificados en el artículo 320 del Código Penal", ya que el Consistorio no ejerció "sus facultades de disciplina urbanística", y es "flagrante" la ilegalidad del acuerdo.
También la fiscalía subraya que la Diputación se había dirigido al Ayuntamiento "para que tomara las medidas oportunas para proteger la legalidad". El Procurador del Común había solicitado "infructuosamente" informes sobre el acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo, y el jefe del Servicio Territorial de Fomento requirió informes sobre el recurso de reposición del querellante.
La denuncia fue presentada por el teniente de alcalde del Ayuntamiento de Arenas, Javier Soler, de IU, cuando en 2006 era concejal en la oposición.
La senadora se la ofreció declarar de forma voluntaria, indica el fiscal, pero "declinó" hacerlo ante el Juzgado de Instrucción número 1 de Arenas, "prefiriendo mantener su privilegio procesal", por lo que cree que "es el Tribunal Supremo el competente para el conocimiento del asunto y además para enjuiciar también a los no aforados".
Junto a la senadora y ex alcaldesa, ahora concejala, en la denuncia figuran Valentín de León, Alejandro Blázquez, José F. Núñez y Benito Martín de Blas, siendo el último el único que se mantiene como edil.
fuente: europa-press
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