La Guardia Civil halla uranio en los fosfoyesos que vende Fertiberia

Uranio, cobre, aluminio, níquel, plomo, cadmio, arsénico, cobalto... La Guardia Civil encontró trazas de todos estos elementos en los fosfoyesos que la empresa Fertiberia vende como "enmienda en tierras de cultivo" del Bajo Guadalquivir. En un informe del Seprona de marzo se detalla que estos subproductos -que son los residuos de la fabricación de abonos- presentan "elevados contenidos en sulfato, calcio, sodio y fósforo, destacando además la presencia de uranio". Los subproductos -los fosfoyesos- se venden para corregir la acidez de la tierra de determinadas zonas.

"El uso de fosfoyesos en agricultura, de forma intensiva o continua, puede producir la acumulación de metales tóxicos como el uranio", advierte la Guardia Civil. El caso primero estuvo en un juzgado de Huelva y ahora está en uno de Lebrija (Sevilla), según Greenpeace. Esta asociación reclamó que cese la venta de este producto. Según esta organización, "la comarca más afectada por estas prácticas es la del Bajo Guadalquivir, frente al parque nacional de Doñana". Son unas 70.000 hectáreas dedicadas al girasol, remolacha, arroz y algodón."Los fosfoyesos de Fertiberia están contaminando campos de cultivo y aguas del entorno de Doñana", es la conclusión a la que han llegado las organizaciones Mesa de la Ría, Ecologistas en Acción, Greenpeace y WWF, que presentaron ayer en Sevilla el informe del Seprona.
La empresa lo niega. El director general de Fertiberia, Roberto Ibáñez, reconoció que este subproducto se está vendiendo "desde hace muchos años": "Es algo positivo". Ibáñez, al igual que la Consejería de Medio Ambiente, indicó que la venta de estos residuos de la fabricación de los abonos está permitida y regulada. En concreto, por un Real Decreto de julio de 2005, que luego fue desarrollado por una orden ministerial de 2008.
El problema, según las organizaciones ecologistas, reside en que este subproducto no podría contener los restos de uranio y las otras sustancias detectadas por la Guardia Civil en una inspección de marzo de este año. El informe del Seprona fue remitido a la justicia en junio.
Según explica el Seprona en su informe, Fertiberia produce "fertilizantes fosfásicos para la agricultura". Emplean rocas "fosfáticas" de Marruecos que son tratadas con ácido sulfúrico. "Por cada tonelada de ácido fosfórico producido se generan aproximadamente unas cinco toneladas de residuo de fosfoyeso", que es el subproducto que luego se vende como "enmienda" y en el que se han encontrado los restos de uranio.
Según la Guardia Civil, el uranio "puede pasar al medio acuoso con el agua de riego o lluvia, con el consiguiente riesgo de ser absorbido por las plantas de cultivo". "El continuo empleo de fosfoyesos como agente acondicionador de tierras de cultivo puede producir la acumulación de metales tóxicos como el uranio", continua el informe del servicio del Seprona.
Roberto Ibáñez dijo ayer que Fertiberia desconoce "qué tipo de análisis se han realizado". Además, dijo que no tiene "ningún conocimiento" de que haya un procedimiento judicial abierto por este asunto.
Los informes elaborados por la Guardia Civil surgieron de una inspección realizada por los agentes en marzo. El Seprona acudió a la factoría onubense para certificar que la empresa había dejado de verter fosfoyesos, como ha ordenado la Audiencia Nacional. Según relatan los agentes en su informe, allí se encontraron con un camión cargado de fosfoyesos que se dirigía a la cooperativa El Cuervo, de Sevilla. Unos días después, se inspeccionó uno de estos vehículos cargados de fosfoyesos. Se recogieron las muestras y se analizaron. Luego, se instruyeron las diligencias por un "supuesto delito contra los recursos naturales y el medio ambiente".
Los portavoces de las organizaciones ecologistas recordaron ayer los problemas medioambientales y judiciales que está provocando desde hace años la factoría onubense de Fertiberia, a la que la Audiencia Nacional ha denegado la concesión para seguir vertiendo fosfoyesos en la ría de Huelva y cuya Autorización Ambiental Integrada está recurrida en la Comisión Europea.