Seis de las subcontratas que trabajaban para Elsur, la empresa mixta de servicios municipales de El Ejido, propiedad de José Amate encarcelado en la operación Poniente desde el 23 de octubre, compraban facturas falsas a otras empresas, buena parte de ellas de la provincia de Cádiz, para justificar gastos e inversiones, según la primera denuncia anónima presentada en torno a la trama ante la Inspección de Hacienda el 14 de febrero de 2007, que ahora está en poder de la Fiscalía Anticorrupción y de la juez que tramita el caso.
Entre estas facturas se encontraban, supuestamente, las emitidas por D.M., una empresa gaditana cuya actividad, recogida en el registro mercantil, es la del «comercio al por menor de pescados y caracoles», pero que facturó «12 kilómetros de tuberías» que habrían sido instaladas en El Ejido, «cosa que nadie se cree, porque esa gente no se ha visto nunca por aquí», señala la denuncia, a la que ha tenido acceso EL MUNDO de Andalucía, y que fue interpuesta presuntamente por un trabajador de Elsur.
Esta denuncia fue, precisamente, el primer hilo que sirvió para desenmarañar el ovillo de la trama que ha dado lugar a la operación desarrollada por la Fiscalía Anticorrupción , en la que hasta el momento han sido detenidas 20 personas.
De ellas, siete permanecen en prisión, entre los que se encuentran el alcalde ejidense, Juan Enciso (PAL), el interventor José Alemán, y el propio José Amate junto uno de sus hijos y dos yernos, como propietarios de las subcontratas que pudieron defraudar unos 150 millones de euros.
Lo que parece claro, dos años y medio después de la presentación de este documento, es que quien lo dirigió a Hacienda tenía un conocimiento profundo de la situación de las empresas y de sus actividades fraudulentas, puesto que buena parte de los hechos que relata han sido corroborados oficialmente después –en primer lugar por la Inspección de Trabajo en un informe demoledor sobre otras dos subcontratas de Amate (Arborimar y Mariroad)– y ahora siguen siendo investigados.
Tras esta primera denuncia, este diario puso de manifiesto la existencia de la red de subcontratas que trabajaban sólo para Elsur, constituidas la mayoría con un capital mínimo por el propio Amate, entonces también director de producción de la empresa mixta, y que conseguían desmesurados beneficios, puesto que sólo ofrecían mano de obra y apenas contaban con maquinaria o vehículos para hacer sus trabajos de servicios de todo tipo para el Ayuntamiento.
De ahí que, además de inflar los partes de trabajo de sus empleados –como el cobro de 2.100 euros por colocar una baldosa o 24.000 por un paso de peatones elevado– necesitaran de otras facturas para justificar las supuestas inversiones y gastos y completar los supuestos servicios cobrados al Ayuntamiento.
Entre estas facturas se encontraban, supuestamente, las emitidas por D.M., una empresa gaditana cuya actividad, recogida en el registro mercantil, es la del «comercio al por menor de pescados y caracoles», pero que facturó «12 kilómetros de tuberías» que habrían sido instaladas en El Ejido, «cosa que nadie se cree, porque esa gente no se ha visto nunca por aquí», señala la denuncia, a la que ha tenido acceso EL MUNDO de Andalucía, y que fue interpuesta presuntamente por un trabajador de Elsur.
Esta denuncia fue, precisamente, el primer hilo que sirvió para desenmarañar el ovillo de la trama que ha dado lugar a la operación desarrollada por la Fiscalía Anticorrupción , en la que hasta el momento han sido detenidas 20 personas.
De ellas, siete permanecen en prisión, entre los que se encuentran el alcalde ejidense, Juan Enciso (PAL), el interventor José Alemán, y el propio José Amate junto uno de sus hijos y dos yernos, como propietarios de las subcontratas que pudieron defraudar unos 150 millones de euros.
Lo que parece claro, dos años y medio después de la presentación de este documento, es que quien lo dirigió a Hacienda tenía un conocimiento profundo de la situación de las empresas y de sus actividades fraudulentas, puesto que buena parte de los hechos que relata han sido corroborados oficialmente después –en primer lugar por la Inspección de Trabajo en un informe demoledor sobre otras dos subcontratas de Amate (Arborimar y Mariroad)– y ahora siguen siendo investigados.
Tras esta primera denuncia, este diario puso de manifiesto la existencia de la red de subcontratas que trabajaban sólo para Elsur, constituidas la mayoría con un capital mínimo por el propio Amate, entonces también director de producción de la empresa mixta, y que conseguían desmesurados beneficios, puesto que sólo ofrecían mano de obra y apenas contaban con maquinaria o vehículos para hacer sus trabajos de servicios de todo tipo para el Ayuntamiento.
De ahí que, además de inflar los partes de trabajo de sus empleados –como el cobro de 2.100 euros por colocar una baldosa o 24.000 por un paso de peatones elevado– necesitaran de otras facturas para justificar las supuestas inversiones y gastos y completar los supuestos servicios cobrados al Ayuntamiento.
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