Aunque pocas cosas pueden ya sorprender del ex presidente del Palau de la Música, Fèlix Millet, cada papel o informe oficial arroja nuevos y curiosos datos sobre la gestión que realizó al frente del Palau de la Música de Barcelona. La última perla es que en febrero de este mismo año se hizo firmar un contrato por el que cobraba del Consorcio del Palau de la Música-Orfeó Català como gerente. La intervención general había detectado que Millet no tenía ningún documento sobre su relación laboral con el Consorcio (que es una de las entidades del Palau; las otras son la Fundación, el Orfeó Català y el Coro de Cámara), que tiene la condición de organismo público y debe estar fiscalizado por la Administración.
Sólo había un problema: ¿Cómo hacerse un contrato a sí mismo? ¿Puede un gerente contratarse por cuenta de un tercero? Ningún problema. Ni corto ni perezoso, “en fecha 1 de febrero de 2009, se formaliza un contrato de trabajo indefinido a tiempo completo con el Consorcio, con el cargo de gerente y una retribución anual total bruta de 155.018,16 euros anuales. En este contrato firman como trabajador el señor Fèlix Millet i Tusell y como representante de la empresa o Consorcio el señor Jordi Montull Bagur, cuando este último no tiene poderes para firmar el contrato del gerente”, dice el informe de auditoría encargado por la Generalitat. Montull era la mano derecha del ex presidente de la entidad y ejercía como director administrativo de la misma. Que tuviese o no potestad para hacer de representante del Consorcio y contratar a Millet como gerente era un tema baladí, por lo que formalizaron la relación.
La historia tiene miga. El informe detalla que el 7 de octubre de 1983, el comité ejecutivo del Consorcio acordó retribuir el cargo de presidente con cinco millones de pesetas, acuerdo que se formalizó el 2 de marzo de 1984 con efectos retroactivos. Y ello debido a que, como no había gerente, debía cubrir sus funciones. El 23 de junio de 1986, el mismo comité ejecutivo le otorgó poderes de gerente, función que ya desempeñaba desde dos años antes y que ha durado hasta finales de julio de 2009, tras su dimisión como consecuencia del registro policial de la sede del Palau.
De acuerdo con estas decisiones, según la auditoría, quedaba sujeto a exclusividad, por lo que no podía tener otras remuneraciones. Pero eso tampoco era problema para él. “Se ha visto que de la Fundación percibía una retribución que el año 2008 fue de 1.261.999,34 euros. Por un lado, se infringe la exclusividad y, por otro, aunque ésta no existiese, se considera que la suma de las dos retribuciones es excesiva”. Además, la ley de incompatibilidades impide al personal “ejercer un segundo puesto de trabajo en el sector público. Si se considera que la Fundación es sector privado, también las leyes prohiben el ejercicio de actividades privadas por cuenta de entidades que se relacionen directamente con el organismo o entidad en el que prestan servicio. Caso que es el presente”. Más claro, el agua. En el mismo caso que Millet, sin embargo, se encontraba también Montull y otros altos cargos que cobraban salarios o pluses de varias entidades.
El vídeo de Jaume Roures
La investigación encargada por la Generalitat revela también una curiosa operación en el año 2007, cuando encargó a Mediapro un audiovisual que luego hinchó en más de 106.000 euros. El contrato con Mercuri, una de las sociedades de Jaume Roures comprada por Mediapro, recibió el encargo de una obra audiovisual y un documental el 16 de octubre del 2006. El importe total del contrato fueron 313.740,80 euros. Los pagos realizados a lo largo de todo el año 2007 se incluyeron en la justificación de gastos de la subvención otorgada al Consorcio por el Ministerio de Cultura a través del Instituto Nacional de las Artes Escénicas (Inaem).
Según los números presentados por Millet, la aportación del Inaem a esta obra fueron 156.870,04 euros. Además, la Fundación Caja Madrid puso 120.000 euros y Ferrovial Agroman otros 100.000 euros para que en los créditos apareciese su logotipo. En total, pues, Millet justificó el gasto de 376.870,04 euros en la realización del documental, cuando el gasto real, según las facturas, había sido de más de 313.000 euros. Sin embargo, las cifras que pagó también tienen trampa, ya que el IVA no puede justificarse ni detraerse de las subvenciones, por lo que el coste del vídeo fue, en realidad, de 270.466,21 euros y el “total del exceso de financiación” fue de 106.403,83 euros. “La financiación obtenida supera el coste del vídeo”, señala el texto de la auditoría. Por si fuera poco, en el vídeo no aparece el logotipo del principal financiador, el Inaem, que era un requisito establecido.
La picaresca le llevó también a hacer trampas en la adjudicación, ya que “algunos de los presupuestos solicitados para cumplir los requisitos” de la convocatoria (ha de tener como mínimo tres ofertas diferentes) “son de empresas que se dedican a otras actividades de las que se presupuestan”. Así, algunas de las ofertas que se utilizaron para cubrir el expediente eran de las empresas constructoras que realizaron trabajos de albañilería en el propio Palau o en los domicilios particulares de Millet y Montull (y que pagaba igualmente la entidad).
De las cuentas del Consorcio, que se nutre de fondos públicos salieron 3,8 millones sin justificación. De ellos, 1,7 millones fueron pagos irregulares del Consorcio al Orfeó Català, la ùnica entidad del Palau que no está fiscalizada. El dinero salía del Consorcio, pero no llegaba nunca a las cuentas del Orfeó. En obras particulares en su residencia de l’Ametlla del Vallès, Millet pagó más de 750.000 euros. Además, imputó indebidamente a las subvenciones públicas más de 276.000 euros que correspondían a IVA deducible. Entre los gastos que cargó a las subvenciones figuran, asimismo, los relativos a la estancia en Madrid de los dos máximos directivos del Palau juntamente son sus esposas, hijos y yerno el pasado mes de enero. Por hacer noche en Madrid cuando viajaban hacia las Maldivas, pasaron gastos por casi 3.500 euros de hotel. Todo un lujo. Tan asiático como las propias Maldivas.
Sólo había un problema: ¿Cómo hacerse un contrato a sí mismo? ¿Puede un gerente contratarse por cuenta de un tercero? Ningún problema. Ni corto ni perezoso, “en fecha 1 de febrero de 2009, se formaliza un contrato de trabajo indefinido a tiempo completo con el Consorcio, con el cargo de gerente y una retribución anual total bruta de 155.018,16 euros anuales. En este contrato firman como trabajador el señor Fèlix Millet i Tusell y como representante de la empresa o Consorcio el señor Jordi Montull Bagur, cuando este último no tiene poderes para firmar el contrato del gerente”, dice el informe de auditoría encargado por la Generalitat. Montull era la mano derecha del ex presidente de la entidad y ejercía como director administrativo de la misma. Que tuviese o no potestad para hacer de representante del Consorcio y contratar a Millet como gerente era un tema baladí, por lo que formalizaron la relación.
La historia tiene miga. El informe detalla que el 7 de octubre de 1983, el comité ejecutivo del Consorcio acordó retribuir el cargo de presidente con cinco millones de pesetas, acuerdo que se formalizó el 2 de marzo de 1984 con efectos retroactivos. Y ello debido a que, como no había gerente, debía cubrir sus funciones. El 23 de junio de 1986, el mismo comité ejecutivo le otorgó poderes de gerente, función que ya desempeñaba desde dos años antes y que ha durado hasta finales de julio de 2009, tras su dimisión como consecuencia del registro policial de la sede del Palau.
De acuerdo con estas decisiones, según la auditoría, quedaba sujeto a exclusividad, por lo que no podía tener otras remuneraciones. Pero eso tampoco era problema para él. “Se ha visto que de la Fundación percibía una retribución que el año 2008 fue de 1.261.999,34 euros. Por un lado, se infringe la exclusividad y, por otro, aunque ésta no existiese, se considera que la suma de las dos retribuciones es excesiva”. Además, la ley de incompatibilidades impide al personal “ejercer un segundo puesto de trabajo en el sector público. Si se considera que la Fundación es sector privado, también las leyes prohiben el ejercicio de actividades privadas por cuenta de entidades que se relacionen directamente con el organismo o entidad en el que prestan servicio. Caso que es el presente”. Más claro, el agua. En el mismo caso que Millet, sin embargo, se encontraba también Montull y otros altos cargos que cobraban salarios o pluses de varias entidades.
El vídeo de Jaume Roures
La investigación encargada por la Generalitat revela también una curiosa operación en el año 2007, cuando encargó a Mediapro un audiovisual que luego hinchó en más de 106.000 euros. El contrato con Mercuri, una de las sociedades de Jaume Roures comprada por Mediapro, recibió el encargo de una obra audiovisual y un documental el 16 de octubre del 2006. El importe total del contrato fueron 313.740,80 euros. Los pagos realizados a lo largo de todo el año 2007 se incluyeron en la justificación de gastos de la subvención otorgada al Consorcio por el Ministerio de Cultura a través del Instituto Nacional de las Artes Escénicas (Inaem).
Según los números presentados por Millet, la aportación del Inaem a esta obra fueron 156.870,04 euros. Además, la Fundación Caja Madrid puso 120.000 euros y Ferrovial Agroman otros 100.000 euros para que en los créditos apareciese su logotipo. En total, pues, Millet justificó el gasto de 376.870,04 euros en la realización del documental, cuando el gasto real, según las facturas, había sido de más de 313.000 euros. Sin embargo, las cifras que pagó también tienen trampa, ya que el IVA no puede justificarse ni detraerse de las subvenciones, por lo que el coste del vídeo fue, en realidad, de 270.466,21 euros y el “total del exceso de financiación” fue de 106.403,83 euros. “La financiación obtenida supera el coste del vídeo”, señala el texto de la auditoría. Por si fuera poco, en el vídeo no aparece el logotipo del principal financiador, el Inaem, que era un requisito establecido.
La picaresca le llevó también a hacer trampas en la adjudicación, ya que “algunos de los presupuestos solicitados para cumplir los requisitos” de la convocatoria (ha de tener como mínimo tres ofertas diferentes) “son de empresas que se dedican a otras actividades de las que se presupuestan”. Así, algunas de las ofertas que se utilizaron para cubrir el expediente eran de las empresas constructoras que realizaron trabajos de albañilería en el propio Palau o en los domicilios particulares de Millet y Montull (y que pagaba igualmente la entidad).
De las cuentas del Consorcio, que se nutre de fondos públicos salieron 3,8 millones sin justificación. De ellos, 1,7 millones fueron pagos irregulares del Consorcio al Orfeó Català, la ùnica entidad del Palau que no está fiscalizada. El dinero salía del Consorcio, pero no llegaba nunca a las cuentas del Orfeó. En obras particulares en su residencia de l’Ametlla del Vallès, Millet pagó más de 750.000 euros. Además, imputó indebidamente a las subvenciones públicas más de 276.000 euros que correspondían a IVA deducible. Entre los gastos que cargó a las subvenciones figuran, asimismo, los relativos a la estancia en Madrid de los dos máximos directivos del Palau juntamente son sus esposas, hijos y yerno el pasado mes de enero. Por hacer noche en Madrid cuando viajaban hacia las Maldivas, pasaron gastos por casi 3.500 euros de hotel. Todo un lujo. Tan asiático como las propias Maldivas.
fuente: el confidencial
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