El ex alcalde Pedro Pacheco ha respondido a la denuncia presentada en su día contra él por la alcaldesa por dos presuntas contrataciones irregulares. Pero esta vez, lo ha hecho de una manera más contundente: el lunes pasado presentó en los juzgados una querella criminal contra Pilar Sánchez por los presuntos delitos «continuados en el tiempo» de prevaricación, nombramiento ilegal, falsedad en documento público, malversación y tráfico de influencia.
Pacheco pretende demostrar en la querella que Pilar Sánchez, «prevaliéndose del cargo de alcaldesa, trazó de un plan de contratación de asesores y cargos de responsabilidad» con muy elevadas retribuciones económicas, «sin apoyo legal alguno y quebrando los principios de transparencia, publicidad y concurso público». El letrado de Pacheco, Felipe Meléndez, indicó a LA VOZ que en el escrito también se deja bien claro que los mismos se llevaron a cabo «basándose en relaciones personales» y en algunos casos además «determinados puestos de trabajo están vacíos de contenido».
Los presuntos contratos ilegales a los que alude Pacheco son un total de 45 y afectan a 40 personas, por lo que se pide a la jueza que todos sean citados a declarar como testigos. Asimismo, se han solicitado al Ayuntamiento una serie de pruebas que certifiquen los ingresos económicos, nivel laboral, lugar de puesto de trabajo, formación académica y efectiva labor que desempeña cada una de estas personas.
Varios apartados
Por cierto que la querella se divide en varios apartados. El primero hace referencia a cinco contrataciones de asesores, en el año 2005, cuando Pilar Sánchez entró como alcaldesa fruto del pacto político con el PSA de Pedro Pacheco. Dos de ellos, explicó Meléndez, realizaban labores de coordinación del gabinete de prensa con Alcaldía y con los medios de comunicación; y un tercero una labor similar. La retribución mensual en estos casos superaba los 4.000 euros.
El escrito presentado por Pacheco resalta además que entre los meses de junio y agosto de 2007 (con el PSOE ya en posesión de la mayoría absoluta) se contrata a 19 asesores a través de distintas resoluciones de Alcaldía, cinco de ellos, de nuevo, los anteriormente citados. Se trata de un asesor de Alcaldía, otro de Presidencia, tres del grupo municipal y otros 14 de Delegación.
Ya en un segundo bloque, la querella se refiere a la presunta contratación irregular de Sebastián Rubiales, gerente de la empresa municipal del suelo (Emusujesa), «que sin concurso alguno, se mantiene en el puesto como fijo indefinido, tras haber entrado como asesor y luego pasar al desempleo durante un mes».
Igualmente se tiene en cuenta que algunos de los asesores contratados entre 2005 y 2007 desempeñan la labor de concejales del grupo municipal.
Mención aparte tiene en el escrito la contratación de Juan Carlos Jiménez, actual jefe de gabinete de Alcaldía, que «suscribe contrato de asesor mientras mantiene una relación estable sentimental» con la alcaldesa, argumenta Pacheco en la querella. Añade que éste es nombrado asesor de Presidencia con una retribución superior a los 6.000 euros.
Respuesta municipal
Por su parte, el gobierno local insistió ayer en la «plena legalidad de la contratación de asesores», a la vez que recordó que los juzgados investigan «una gestión municipal anterior».
Asimismo, subrayó que «el Ayuntamiento carece de evidencia alguna acerca de la supuesta presentación de una querella por parte de Pedro Pacheco» y recordaron que sus acciones derivan de «su personación como acusado por una denuncia presentada contra él por la Fiscalía Anticorrupción».
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