La Fiscalía Provincial de Cádiz acusa a miembros de la Mesa de Contratación del Ayuntamiento de La Línea en el caso Roseworld, originado por la venta de cuatro parcelas municipales a una empresa con ese nombre, de recibir dos millones de euros "en compensación por el trato de favor recibido" en esta operación.
En concreto, acusa a los miembros de la Mesa de Contratación que aprobó esta operación: el ex alcalde linense, Juan Carlos Juárez, y los ediles del PP María Cruz Atienza, Juan Francisco Montero y Francisco Muñiz, así como al ex coordinador de Hacienda, Carlos Ruiz Calama; el ex secretario general del Ayuntamiento, Agustín Sevillano, y el ex interventor municipal, Sergio Gómez. Además, acusa a Anil Thakurdas, administrador de Roseworld, y a Rafael de los Reyes Medina, representante de Abuztúa Inversiones, empresa que compró luego dichas parcelas.
La Fiscalía concluye que son responsables de los delitos de prevaricación y cohecho pasivo Juárez, Atienza, Montero, Muñiz, Calama, Agustín Sevillano y Sergio Gómez, a los que por el segundo de los delitos solicita una pena de cuatro años de prisión y una multa de 500.000 euros a cada uno con responsabilidad personal subsidiaria, así como una pena de inhabilitación especial para el empleo de cargo público durante 8 años y seis meses.Para Thakurdas solicita cuatro años de prisión y una multa de 500.000 euros por un delito de cohecho.
La multa más cuantiosa es la que solicita para Rafael Reyes Medina por un delito de blanqueo. En concreto, la Fiscalía solicita una multa de 25 millones de euros, tres años de prisión y dos años de inhabilitación especial para el ejercicio de su profesión o industria.Así consta en el escrito de calificación que la Fiscalía Provincial de Cádiz ha derivado al juzgado número uno de La Línea, solicitando que las actuaciones se transformen en los trámites de procedimiento abreviado y que se abra juicio oral.
En el análisis de los hechos, el escrito de calificación de la Fiscalía recuerda que el Ayuntamiento acordó enajenar mediante concurso público y en un único expediente cuatro parcelas municipales en La Colonia.
En una sesión plenaria de carácter extraordinario celebrada el 25 de octubre de 2005, fue aprobada por el pleno la propuesta efectuada por el alcalde para la enajenación y el pliego de cláusulas que debían regir el concurso, publicándose en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) y dando el plazo de 15 días naturales para la presentación de ofertas.
Además se establecía como tipo de licitación la cifra de 12,2 millones de euros.La Fiscalía considera que los acusados "se pusieron de acuerdo para favorecer a la empresa Roseworld frente a cualquier otra que presentara su oferta".
De hecho, la empresa Promaga quedó excluida del concurso. La adjudicación se materializó en cuatro escrituras públicas, acordándose un primer pago de 6,1 millones de euros que se efectuó en cuatro cheques. El resto debía ser abonado con la aprobación provisional del PGOU.Pese al inicio del procedimiento penal, que se hizo constar en el Registro de la Propiedad así como al inicio de un procedimiento contencioso-administrativo de impugnación a Roseworld, la Fiscalía explica que los acusados "en virtud del plan preconcebido, acordaron vender los terrenos objeto de litigio a Abuztúa Inversiones en febrero de 2007 para así simular la apariencia de tercero de buena fe y asegurarse el mantenimiento de las fincas, concertando el precio en 14,4 millones de euros más IVA".
Además, señala que 22 días antes de efectuarse la transmisión, Lábaro, grupo al que pertenece Abuztúa, ordenó un ingreso en el Ayuntamiento de 1,3 millones de euros que Calama dijo era en concepto del pago de la deuda a Roseworld, constando otro importe igual fechado en marzo de 2008.En marzo de 2007, el Ayuntamiento requirió a Abuztúa el pago aplazado del débito de Roseworld, 6,1 más 980.000 euros de IVA al constarle por comunicación del apoderado de ésta que se había producido la transmisión.
Abuztúa pagó al Ayuntamiento la cantidad restante del precio que se aplazó a Roseworld, aunque no los 980.000 euros del IVA. La Fiscalía concluye que los acusados de la Mesa de Contratación recibieron a través de la empresa Líneatrans, "de la que es único titular y administrador Calama, por parte de Thakurdas en compensación por el trato de favor recibido y tal y como habían acordado, dos millones de euros, constando efectuado el ingreso a través de la sociedad de la que el único administrador y titular es Thakurdas, Laxmi Developments", agrega en el escrito de acusación.
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