Un nuevo presunto caso de corrupción por malversación de fondos públicos vuelve a salpicar a la Junta de Andalucía, de la que depende el Consorcio Escuela de Joyería de Córdoba, en concreto de la Consejería de Empleo. Una de las trabajadoras de este organismo denunció ante la Administración autonómica ciertas irregularidades que se estaban produciendo en el Consorcio, tras lo cual fue despedida. Sin embargo, llevó el caso al Juzgado de lo Social de Córdoba por considerar que su despido había sido improcedente. Y para justificarlo aportó una documentación de la que ahora se ha servido el PP para denunciar públicamente estas irregularidades.
Estas presuntas anomalías se circunscriben en el marco del desarrollo del proyecto Mujeres Emprendedoras para la Industria (MEI), auspiciado por la iniciativa europea Equal que, a su vez, está cofinanciada por el Fondo Social Europeo (FSE) y por la Administración autonómica. Una de las más llamativas está relacionada con la contratación de dos mujeres como asesoras para prestar formación especializada en temas de joyería y para impartir conferencias a las alumnas que forman parte del proyecto Equal Mei.
El objetivo final de este curso es mejorar la situación laboral de la mujer en el sector industrial de las manufacturas. Sin embargo, lo llamativo es que una de las mujeres tiene una pescadería y la otra una zapatería, ambas en la localidad cordobesa de Pozoblanco, de donde fue alcalde Antonio Fernández, actual delegado de Empleo de la Junta y director del Consorcio de Joyería.
Así lo ha dado a conocer el secretario general del Partido Popular en Córdoba, Federico Cabello de Alba, quien ha cuestionado el mérito de las dos presuntas formadoras, expertas en joyería, como zapatera una y pescadera la otra. Asimismo, Cabello de Alba, ha confirmado que Francisca Fernández Serrano –la zapatera- fue concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Pozoblanco como responsable del área de Juventud y miembro del comité provincial del partido.
«Al final todo se queda en lo mismo. Todo se reparte de la misma manera, por lo que tendrán que explicarnos por lo menos por qué se están gastando fondos públicos en beneficio propio», ha señalado el secretario general del PP. Cada una de ellas habría recibido, según las facturas emitidas, 1.200 euros.
No obstante, éste ha puntualizado que aún existe la duda de si los fondos se han empleado en beneficio de determinadas personas o sólo del partido, ya que “de forma directa o indirecta se está financiado el clientelismo”. Sin embargo, las irregularidades no terminan aquí. Se da la circunstancia de que el Consorcio de Joyería de Córdoba podría haber presuntamente falsificado unas facturas con cargo a este mismo proyecto relativas a la prestación de un servicio formativo por un curso de inglés que, en principio, tendría que haber estado destinado exclusivamente a seis alumnas del Equal y a sus formadores. A estos últimos se les daría un curso avanzado de inglés.
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