El funcionario isleño insiste en que no ha manipulado ni un dato de las cuentas

Once horas después de que el único detenido por el desfalco de 7,8 millones de euros del Ayuntamiento isleño, el funcionario Clemente Ruiz García, hiciera su entrada en el Palacio de Justicia de San Fernando, volvía a salir camino de la prisión de Puerto II, después de prestar declaración por espacio de tres horas y media. Por la mañana, su pareja, Manuela Oneto, y la otra funcionaria imputada, María José Lebrero de Celis, habían hecho lo propio. Pero las más esperadas eran las palabras del abogado de la defensa Clemente, Ignacio Quintana, quien, instantes antes de las nueve y media de la noche, daba detalles acerca de lo ocurrido tras los muros del edificio.Las toma de declaración, apuntaba, se había centrado en los aspectos clave hasta ahora conocidos del caso. La Fiscalía ha puesto sobre la mesa documentación económica relativa a las cuentas municipales, datos muy específicos, señalaba Quintana, "y difíciles de defender teniendo en cuenta que nosotros no tenemos acceso a ella", apuntaba. Clemente, eso sí, y como en anteriores ocasiones, fue tajante en su defensa. "Ha insistido en que no ha manipulado ni un dato del Ayuntamiento". Volvió a señalar, una vez más, a tesorera e interventor. Y no sólo a ellos dos, sino también a otros compañeros de trabajo, según ha podido saber este periódico. El detenido dio incluso detalles de las facilidades de acceso a la caja municipal. Fue preguntado además al respecto de su relación con los marroquíes. "Y él ha vuelto a explicar que les une una relación de amistad, desde hace 15 años, fundamentada también en el hecho de que ambos tienen hijos con una discapacidad". Sobre su nivel de gasto, "lo ha justificado por todos sus ingresos", decía el abogado. Unos gastos que podrían ascender, sin embargo, a los 12.000 mensuales.Durante el tramo de la mañana la toma de declaraciones se centró en la esposa de Clemente García y en la otra funcionaria. Entraron y salieron juntas del Juzgado, a las diez menos veinte de la mañana y pasadas las tres de la tarde. Eso sí, los ánimos mostrados en ambos momentos fueron bien distintos. Así, a la calma de los primeros momentos le sucedió la consternación de la marcha, acompañadas por el abogado de la trabajadora municipal, Juan Manuel Priego. No quisieron hacer declaraciones y sólo la esposa, interrogada por los periodistas, tuvo unas contundentes palabras: "No os preocupéis, que ya hablaré cuando llegue el momento", espetaba. Porque, previamente, ésta había tenido que responder al cuestionario de la jueza, quien la interrogó acerca de su relación con los dos marroquíes, que se basaba en que Manuela había trabajado varios años en el negocio de uno de ellos, propietario de una tienda de quads, ya cerrada. Precisamente en el registro practicado durante el fin de semana han aparecido documentos de esta empresa, lo cual ha podido servir para completar el interrogatorio de ayer, que estaba sin embargo ya fijado desde el jueves. En cuanto a María José, las preguntas que se le han realizado han estado más vinculadas a su papel como funcionaria de caja. El cuestionario en este sentido se centró especialmente en su tarea profesional.