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viernes, 20 de noviembre de 2009

Pueblos enteros ilegales en Almanzora... y en los juzgados


Agentes del Servicio para la Protección de la Naturaleza (Seprona) y de la Policía Judicial de la Guardia Civil de la Comandancia de Almería han tramitado en los últimos años decenas de atestados sobre construcciones ilegales en el municipio de Arboleas y en otros pueblos del Almanzora, especialmente Zurgena y Albox, a raíz de denuncias interpuestas en la mayoría de los casos por ciudadanos particulares.
Entre las denuncias investigadas también se encuentra la presentada en octubre de 2006 por Ecologistas en Acción de Almería, que informó de la existencia de cientos de viviendas construidas ilegalmente en siete pedanías de Arboleas, municipio gobernado por el socialista Ángel García, así como de proyectos para construir otras 6.000.
Entre los casos más graves, los ecologistas se referían al núcleo de Los Carrascos, que en ese año ya alcanzaba la misma población que el pueblo de Arboleas, e informaba de que, además, se estaban realizando movimientos de tierras para construir más casas ilegales y volver a duplicar su número. El atestado instruido fue dirigido en su momento tanto a la Fiscalía de Medio Ambiente como al Juzgado de Huércal-Overa.
Los agentes de la Guardia Civil que acudieron al valle del Almanzora para investigar las denuncias presentadas dieron fe de la existencia de «pueblos enteros construidos en zonas no urbanizables», lo que, lógicamente, hicieron constar en los atestados correspondientes.
La mayoría de las denuncias fueron presentadas a partir de 2005, aunque han seguido goteando hasta este mismo año, y en su mayor parte ha sido confirmada la ilegalidad de las construcciones, algo que no es ningún secreto en la comarca, donde según estimaciones de la Junta de Andalucía existen más de 5.000 casas construidas al margen de la ley.
De ahí que la Consejería de Vivienda, al frente de la cual está Juan Espadas, haya concebido un plan de inspección al que se han sumado la mayoría de ayuntamientos, entre ellos los tres mencionados, donde se aglutina un mayor número de ilegalidades. Una vez realizado el recuento, se analizará cada caso para intentar la regularización de la mayor parte de casas posible, atendiendo a los criterios marcados por la Ley de Ordenación del Urbanismo en Andalucía (LOUA).

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