Para CNT es una desvergüenza que el Alcalde acuda a una manifestación contraria al cumplimiento de una sentencia del Tribunal Supremo. CNT cree que el tema del “cubo” no deben gestionarlo quienes lo crearon. El alcalde trata de ganar tiempo para llegar a las elecciones municipales. Responsabilidad personal y patrimonial de los políticos en caso de ilegalidades, pide CNT.
¿Alguien dejaría gestionar una empresa, un club o una asociación a quien la ha arruinado o deshecho? Es una pregunta retórica que se hace desde la CNT para mostrar su extrañeza por la actitud del Alcalde de la ciudad al intentar hacerse pasar por bombero cuando ha sido el culpable del fuego creado con el “cubo” de Biblioteconomía. El “sentido común” que el Alcalde pide ahora a la Asociación de Amigos de Badajoz (AAB) es el que él debería haber tenido hace años y que no solo no tuvo sino que, en un acto de soberbia política, trató de engañar a los tribunales haciendo modificaciones ad hoc en el plan de urbanización para “legalizar” a toro pasado una actuación urbanística ilegal. Para CNT, Miguel Celdrán no está éticamente capacitado para tratar de solucionar un problema que él y otros miembros de su corporación han creado, y mucho menos para dar consejos.
En una nota anterior, CNT pidió que las personas responsables de crear este problema pidieran perdón a la ciudad, reconocieran y valoraran el papel jugado por la AAB y se pusieran manos a la obra para buscar alternativas que fueran en dirección de recuperar para su uso y disfrute la zona afectada, pero lejos de eso, y en un acto casi de desacato a una sentencia del Supremo, el Alcalde se propone encabezar una manifestación, que si bien en palabras de sus convocantes es para mantener el “cubo” y recuperar espacios para la ciudad, no tiene otra finalidad que buscar la complicidad ciudadana a una gestión nefasta cuyo coste económico está aún por saberse, pero que nadie duda que será millonario.
Para CNT es una burla a toda la ciudadanía, y quizás a las leyes, que diga que no es el momento -¿y quien dice cuando lo es?- de buscar responsables porque, seguramente, no quiera tener que autonombrarse y, lógicamente, dimitir en un acto de vergüenza torera, ya que no cabría otra opción para una persona que va a ocasionar a sus conciudadanos un gasto millonario por una inexplicable actuación de soberbia política. Esta actitud del primer edil pacense no tiene otra explicación que el intentar ganar tiempo para llegar a las elecciones municipales y tratar que los votos “limpien” su actuación, en un intento muy típico de los políticos de enfrentar votos contra sentencias judiciales y poder decir que ellos están “legitimados” por el pueblo y los jueces no. En este sentido, esperamos que la ejecución de la sentencia y el derribo del “cubo” pongan a Celdrán y a sus cómplices en su sitio y quede para la historia y los tribunales su nefasta actuación desde el principio hasta el final.
CNT insiste en que estas prácticas urbanísticas, ilegales por lo demás, que ocasionen un quebranto económico a los ciudadanos y ciudadanas deben ser investigadas de oficio por los fiscales anticorrupción, por si hubiera delito, así como que todos los gastos que ocasionen estas actuaciones deben ser pagadas de su bolsillo por los responsables, con ello lograríamos que más de un alcalde y un concejal de urbanismo se lo pensaran antes de estampar su firma en planes de urbanización, como se lo habría pensado Celdrán y compañía si hace años, cuando firmó el proyecto del “cubo” tuviera claro que también firmaba la asunción de una responsabilidad personal y patrimonial si el proyecto era declarado ilegal.
¿Alguien dejaría gestionar una empresa, un club o una asociación a quien la ha arruinado o deshecho? Es una pregunta retórica que se hace desde la CNT para mostrar su extrañeza por la actitud del Alcalde de la ciudad al intentar hacerse pasar por bombero cuando ha sido el culpable del fuego creado con el “cubo” de Biblioteconomía. El “sentido común” que el Alcalde pide ahora a la Asociación de Amigos de Badajoz (AAB) es el que él debería haber tenido hace años y que no solo no tuvo sino que, en un acto de soberbia política, trató de engañar a los tribunales haciendo modificaciones ad hoc en el plan de urbanización para “legalizar” a toro pasado una actuación urbanística ilegal. Para CNT, Miguel Celdrán no está éticamente capacitado para tratar de solucionar un problema que él y otros miembros de su corporación han creado, y mucho menos para dar consejos.
En una nota anterior, CNT pidió que las personas responsables de crear este problema pidieran perdón a la ciudad, reconocieran y valoraran el papel jugado por la AAB y se pusieran manos a la obra para buscar alternativas que fueran en dirección de recuperar para su uso y disfrute la zona afectada, pero lejos de eso, y en un acto casi de desacato a una sentencia del Supremo, el Alcalde se propone encabezar una manifestación, que si bien en palabras de sus convocantes es para mantener el “cubo” y recuperar espacios para la ciudad, no tiene otra finalidad que buscar la complicidad ciudadana a una gestión nefasta cuyo coste económico está aún por saberse, pero que nadie duda que será millonario.
Para CNT es una burla a toda la ciudadanía, y quizás a las leyes, que diga que no es el momento -¿y quien dice cuando lo es?- de buscar responsables porque, seguramente, no quiera tener que autonombrarse y, lógicamente, dimitir en un acto de vergüenza torera, ya que no cabría otra opción para una persona que va a ocasionar a sus conciudadanos un gasto millonario por una inexplicable actuación de soberbia política. Esta actitud del primer edil pacense no tiene otra explicación que el intentar ganar tiempo para llegar a las elecciones municipales y tratar que los votos “limpien” su actuación, en un intento muy típico de los políticos de enfrentar votos contra sentencias judiciales y poder decir que ellos están “legitimados” por el pueblo y los jueces no. En este sentido, esperamos que la ejecución de la sentencia y el derribo del “cubo” pongan a Celdrán y a sus cómplices en su sitio y quede para la historia y los tribunales su nefasta actuación desde el principio hasta el final.
CNT insiste en que estas prácticas urbanísticas, ilegales por lo demás, que ocasionen un quebranto económico a los ciudadanos y ciudadanas deben ser investigadas de oficio por los fiscales anticorrupción, por si hubiera delito, así como que todos los gastos que ocasionen estas actuaciones deben ser pagadas de su bolsillo por los responsables, con ello lograríamos que más de un alcalde y un concejal de urbanismo se lo pensaran antes de estampar su firma en planes de urbanización, como se lo habría pensado Celdrán y compañía si hace años, cuando firmó el proyecto del “cubo” tuviera claro que también firmaba la asunción de una responsabilidad personal y patrimonial si el proyecto era declarado ilegal.
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