Las hojas de caja de la Delegación de Hacienda del Ayuntamiento isleño las realizaba diariamente el funcionario Clemente Ruiz. Así se reconoce y describe en el recurso de reforma -al auto de detención- interpuesto en la jornada del lunes por Ignacio Quintana, abogado del trabajador de caja detenido hace hoy una semana por su implicación en el desfalco de 7,8 millones de euros del Ayuntamiento isleño. Unas hojas que, al parecer, no iban firmadas ni por él ni por nadie, por lo cual, se alega en el documento, "podrían ser alteradas por cualquiera con acceso a ellas y en cualquier momento". Y que además pasaban por las manos de cuatro personas más, entre ellos dos funcionarios, el interventor y la tesorera. Porque el procedimiento a seguir, apunta el documento, sería el siguiente: diariamente Clemente Ruiz confeccionaba una carpetilla con la hoja de caja y cada uno de los comprobantes de los apuntes recogidos en esa hoja. Esta carpetilla pasaba entonces a manos de otro trabajador municipal, quien se encargaba de sumar los apuntes, verificar los justificantes y hacer el arqueo, que a continuación se depositaba a interventor y tesorera quienes deban fe de esas cuentas. Por último, toda la carpetilla se entregaba a una cuarta persona que introducía los datos en el programa de archivo Sicalwin y a continuación los guardaba físicamente para su conservación. Con esta explicación Quintana quiere defender la inocencia de su cliente, ya que, según la secuencia de comprobaciones, las hojas de caja estarían sometidas diariamente a un exhaustivo control, "siendo por tanto una falsedad absoluta que Clemente Ruiz pudiera falsificar esos documentos" ya que tendrían que haber desaparecido, cada día laborable durante cinco años, 10.263 euros.Junto a este argumento, el letrado utiliza otro para volver a implicar a la figura del interventor. Según se recoge en el recurso, fue ya el 4 de abril -tan sólo tres días después de que se detuviera a los dos funcionarios- cuando tanto Clemente Ruiz, como la otra imputada, María José Lebrero, explicaron en el juzgado que la cantidad descuadrada no respondía a los 486.000 euros denunciados, sino que se elevaba a 7,8 millones de euros, y que este desajuste había sido puesto en conocimiento del interventor municipal en varias ocasiones, "y éste siempre manifestaba que tal cantidad se habría imputado en valores". Un interventor que vuelve a aparecer, junto a otros nombres, en otro asunto que también pretende desmentir el recurso, el hecho de que Clemente Ruiz extendiera talones. Porque estos talones, apunta el documento, resultaban ser en esencia cheques que eran firmados "por tesorera, interventor municipal y el alcalde, Manuel de Bernardo, en su anverso". Las cantidades recogidas en los mismos eran de nuevo registradas siguiendo el procedimiento descrito anteriormente, según vuelve a citarse en el recurso.Pero, junto a la concienzuda explicación de las tareas que, como funcionario de caja, realizaba su cliente, el abogado también cuestiona otras acusaciones como el nivel de vida. Así, hay un desglose, también minucioso, de los ingresos mensuales de Ruiz y su familia. Según se recoge en el documento que ya obra en poder del juzgado de instrucción número dos de La Isla, la cantidad ascendería hasta los 4.400 euros. Y además, a la herencia de la mujer de Ruiz, también habría que añadir un inmueble que heredó el propio funcionario años atrás, con cuya ganancia compró a su vez otro inmueble, vendido en el año 2005 por 180.000 euros.
fuente: diario de cadiz
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