LIDIA JIMÉNEZ - Huelva
El alcalde de Cartaya (Huelva), Juan Antonio Millán (PSOE), y el teniente de alcalde de la localidad, Miguel Novoa, prestaron declaración ayer en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Ayamonte (Huelva) imputados por delitos de prevaricación y contra la ordenación del territorio.
Las presuntas irregularidades urbanísticas se llevaron a cabo en unos terrenos cercanos al centro de Cartaya, en la barriada de El Almendral, en 2006. Según los denunciantes, la construcción de viviendas de 21.000 metros cuadrados comenzó sin que estuviese aprobada la normativa municipal que regula el urbanismo del casco urbano y con un informe de la arquitecta municipal en el que señalaba que algunos aspectos eran ilegales.
La empresa Hiconsa, según la acusación, pagó al Ayuntamiento 1,3 millones de euros, valoración realizada por un arquitecto, también denunciado. Una valoración alternativa, encargada por la oposición y visada por el Colegio de Arquitectos, estimó en 4,4 millones lo que debió haber pagado Hiconsa. Los denunciantes piden que se aclare "por qué no se cobró ese dinero y el pueblo de Cartaya perdió 3,1 millones de euros".
Según el alcalde se trata de "un proceso claramente partidario" y que se valoran económicamente dos cosas diferentes: aprovechamientos urbanísticos por parte del Ayuntamiento, mientras que la valoración del arquitecto, "desproporcionada", valora el suelo urbano. Millán recordó, además, que se trata tan sólo de diligencias previas. Hoy declaran en el mismo juzgado Juan Márquez, dueño de Hiconsa, y Francisco Benítez, el arquitecto supuestamente implicado.
Las presuntas irregularidades urbanísticas se llevaron a cabo en unos terrenos cercanos al centro de Cartaya, en la barriada de El Almendral, en 2006. Según los denunciantes, la construcción de viviendas de 21.000 metros cuadrados comenzó sin que estuviese aprobada la normativa municipal que regula el urbanismo del casco urbano y con un informe de la arquitecta municipal en el que señalaba que algunos aspectos eran ilegales.
La empresa Hiconsa, según la acusación, pagó al Ayuntamiento 1,3 millones de euros, valoración realizada por un arquitecto, también denunciado. Una valoración alternativa, encargada por la oposición y visada por el Colegio de Arquitectos, estimó en 4,4 millones lo que debió haber pagado Hiconsa. Los denunciantes piden que se aclare "por qué no se cobró ese dinero y el pueblo de Cartaya perdió 3,1 millones de euros".
Según el alcalde se trata de "un proceso claramente partidario" y que se valoran económicamente dos cosas diferentes: aprovechamientos urbanísticos por parte del Ayuntamiento, mientras que la valoración del arquitecto, "desproporcionada", valora el suelo urbano. Millán recordó, además, que se trata tan sólo de diligencias previas. Hoy declaran en el mismo juzgado Juan Márquez, dueño de Hiconsa, y Francisco Benítez, el arquitecto supuestamente implicado.
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