El alcalde de Casarabonela (Málaga), Sebastián Gómez (PSOE), se enfrentará a una petición fiscal de un año de prisión y ocho de inhabilitación por conceder presuntamente una licencia de obras a sabiendas de la ilegalidad.
El ministerio público pide la apertura de juicio oral y que el regidor sea condenado por un delito contra la ordenación del territorio, según el escrito acusatorio, al que ha tenido acceso Efe.
Los hechos se remontan al 3 de febrero de 2006 cuando un particular solicitó una licencia municipal de obras para la reforma y ampliación de una vivienda unifamiliar en el consistorio.
El Ayuntamiento incoó un expediente de licencia de obras y en mayo de 2007 se emitió un informe por la técnico municipal como "no favorable", pero, a pesar de ello, el alcalde dictó el mismo día un decreto que otorgaba la licencia de obras, sin informe jurídico y a sabiendas de la ilegalidad.
Unos días después se notificó al particular la concesión de la licencia de obras y se le especificaba que "era necesario presentar proyecto de ejecución para poder comenzar las obras".
Tras recibirse en el Ayuntamiento un oficio del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) donde se ponía en conocimiento las obras que se estaban realizando, al día siguiente el regidor dictó decreto de suspensión de las obras.
El fiscal afirma que "sin aportar ningún documento más al expediente", el particular comenzó las obras que consistían en la ampliación de una vivienda ubicada en suelo no urbanizable.
En abril de 2009 una técnico municipal tras una visita de inspección comprobó que las obras estaban prácticamente finalizadas.
Estas obras, según el fiscal, no son susceptibles de legalidad y fueron llevadas a cabo por el particular amparándose en una licencia ilegal, al haberse concedido pese al informe desfavorable del arquitecto técnico municipal y sin haberse aportado por parte del interesado proyecto de ejecución.
Por todo ello, el ministerio público también pide que el propietario de la vivienda sea juzgado y condenado por otro delito contra la ordenación del territorio a nueve meses de prisión, multa de 15 meses con una cuota diaria de quince euros e inhabilitación para realizar obras durante dos años y seis meses. El fiscal también solicita en su escrito acusatorio que el propietario del inmueble proceda a la demolición de lo ilícitamente construido.
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