Después de pasar décadas dejando flores en una tumba profanada, sin saberlo, el profesor Joan Pinyol tiene claro que sobran los motivos para abrir las fosas que todavía ocultan a los republicanos fusilados, como su abuelo. Pinyol supo a través de una reciente investigación de la revista Sapiens que el régimen robó los restos de su abuelo republicano, Joan Colom, para rellenar el cementerio de "héroes y mártires de la Cruzada" habitado por la abadía del Valle de los Caídos, que hoy, 20-N, recordará con una misa la muerte de Franco y José Antonio. Los documentos del Ministerio de Gobernación, a los que ha tenido acceso Público, revelan el porqué de esas profanaciones.
El Gobierno autorizó el traslado de republicanos sin aviso a las familias tras comprobar la dificultad para identificar a sus propios homenajeados. En 1958 se vislumbra el final de las obras y el cementerio está listo para recibir cuerpos. Los gobernadores civiles preguntan entonces a Gobernación qué hacer con las fosas comunes donde los cuerpos yacen amontonados, sobre todo en las zonas donde el frente de guerra acabó con miles de soldados republicanos y golpistas.
El Ministerio, en una circular de mayo de ese mismo año, responde que en esos casos "no es preciso el consentimiento familiar" para el traslado. Un informe consultado por este diario en el Archivo General de la Administración de Alcalá de Henares relata que "al tratar de llevar a la práctica, los traslados se tropieza con que parte o la generalidad de los familiares de los allí [en las fosas comunes] enterrados, unas veces en campo Nacional y otras del contrario, manifiestan su oposición a las exhumaciones". Como consecuencia, el Gobierno sigue con las exhumaciones clandestinas en las fosas de los republicanos y paraliza las de los franquistas cuyas familias se oponen.
Los cuerpos se envían al Valle a toda prisa para su inauguración y una circular de octubre de 1958 señala que los Gobernadores civiles han concluido que han sido trasladados 2.494 cuerpos identificados y 32.001 en cajas colectivas. La suma de ambos explica que la abadía sostenga que fueran llevados "35.000 cuerpos aproximadamente".
El Gobierno autorizó el traslado de republicanos sin aviso a las familias tras comprobar la dificultad para identificar a sus propios homenajeados. En 1958 se vislumbra el final de las obras y el cementerio está listo para recibir cuerpos. Los gobernadores civiles preguntan entonces a Gobernación qué hacer con las fosas comunes donde los cuerpos yacen amontonados, sobre todo en las zonas donde el frente de guerra acabó con miles de soldados republicanos y golpistas.
El Ministerio, en una circular de mayo de ese mismo año, responde que en esos casos "no es preciso el consentimiento familiar" para el traslado. Un informe consultado por este diario en el Archivo General de la Administración de Alcalá de Henares relata que "al tratar de llevar a la práctica, los traslados se tropieza con que parte o la generalidad de los familiares de los allí [en las fosas comunes] enterrados, unas veces en campo Nacional y otras del contrario, manifiestan su oposición a las exhumaciones". Como consecuencia, el Gobierno sigue con las exhumaciones clandestinas en las fosas de los republicanos y paraliza las de los franquistas cuyas familias se oponen.
Los cuerpos se envían al Valle a toda prisa para su inauguración y una circular de octubre de 1958 señala que los Gobernadores civiles han concluido que han sido trasladados 2.494 cuerpos identificados y 32.001 en cajas colectivas. La suma de ambos explica que la abadía sostenga que fueran llevados "35.000 cuerpos aproximadamente".
El objetivo fundamental del traslado de la fosa de Paracuellos fracasó un año antes del estreno
Las exhumaciones practicadas por las familias de las víctimas, con la recuperación de la democracia, demuestran que en muchas fosas faltan cuerpos que presumiblemente pertenecen a esos 32.001 cuerpos.
Uno de los objetivos fundamentales del proyecto fracasó apenas un año antes de su inauguración, en 1959. Los familiares de los asesinados en Paracuellos del Jarama, símbolo de la propaganda franquista, se negaron al traslado. El escándalo saltó a la prensa internacional, que denunció una "manifestación ante Gobernación". El Ministerio responde con circulares a toda España en las que desmiente que "familiares de víctimas de la revolución roja se manifestaran". Matizan que "una veintena" de personas, entre las que estaba el hijo del dramaturgo Pedro Muñoz Seca, reclamaron al Gobierno que no se llevara los cuerpos porque era imposible identificarlos. El director de las obras, Diego Méndez, acude aParacuellos en 1958 y confirma ese extremo. Sólo se trasladarían a la sierra de Guadarrama los restos que pudieron ser identificados.
Negativa del Obispado
A Gobernación llegaron justificaciones de todos los ámbitos para impedir el traslado. El Obispado de Málaga envío una carta tres meses antes de la inauguración que asegura que la identificación de los enterrados en la cripta de la catedral "es imposible". El Obispado razona así la negativa al traslado de "miles" de cuerpos: "Están perfectamente conservados y sobre todo especialmente atendidos en cuanto a la parte espiritual". Además, añade que los familiares acuden a la cripta "para tener el consuelo cerca de los que murieron por Dios y por España".
El decreto fundacional de 1940 de la que acabaría siendo la tumba honorífica de Franco estableció dos criterios para el traslado que fueron pasados por alto. Sólo se exhumarían personas despedidas desde la "fe católica" (es decir, en cementerios religiosos) y de "nacionalidad española". Esas acotaciones llevaron a la protesta de los familiares del soldado holandés Roberto Dellemijn, que cruzó a nado la frontera española como voluntario para participar, según su familia, "en la lucha entre la idea de Dios y el comunismo" y murió en el frente en Alcubierre (Zaragoza). Gobernación lo asumió y decidió que se buscasen sus restos para el traslado.
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