Los políticos acuerdan mantener su pensión máxima con solo 7
años cotizados mientras recortan todas las demás
No es una inocentada: la reforma de las pensiones que
prosperará en el Congreso mantiene las prerrogativas de los diputados. Y es que
funciona una secreta solidaridad grupal: ninguno de los parlamentarios
intervinientes hizo mención durante el debate a su situación privilegiada, por
la que consiguen la pensión máxima con solo siete años cotizados. Esta ventaja
con respecto al resto de los ciudadanos se suma a otras ventajas fiscales, ya
que no tributan de su sueldo casi un 30% del mismo y en la Ley del IRPF figuran
en su artículo 17.2 apartado b http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/l35-2006.t3.html#a17
sus exenciones por ser políticos: los beneficiarios son, según esta ley, “los
diputados españoles en el Parlamento Europeo, los diputados y senadores de las
Cortes Generales, los miembros de las asambleas legislativas autonómicas,
concejales de ayuntamiento y miembros de las diputaciones provinciales,
cabildos insulares u otras entidades locales”. Y además lo escandaloso hoy es
que sus pensiones, a las que llegan en su valor máximo con sólo los mencionados
7 años cotizados pueden, incluso, compatibilizarse con varias pensiones más,
para mayor escarnio hacia el resto de los ciudadanos.
La reforma la va a aprobar el PP en solitario pero sobre
toda esta ristra de privilegios nada dice la oposición socialista o de IU. El
PSOE, que con el gobierno de Zapatero retrasó la edad de jubilación a los 67
años, llegó a congelar las pensiones en 2011. Las propuestas para hacer
sostenible este sistema, que equipos como Fedea ven abocado a la quiebra, se
limitan a mantener el denominado “Pacto de Toledo” , acuerdo secreto entre
todos los partidos para asaltar la caja pública con los ahorros de las
pensiones cada vez que a un partido le falte dinero para mantener el
despilfarro del Estado. Todo ello aflora una situación desconocida: los
políticos se salvan a costa del ciudadano, pues la situación de sus pensiones
les garantiza no verse afectados nunca por los duros recortes que está viviendo
el resto de la ciudadanía. Creen que jamás les van a pedir rendir cuentas a su
voto en las cámaras.
Uno de los pilares en los que se están apoyando los
ciudadanos españoles en situaciones de precariedad es la ayuda que reciben de
sus padres, abuelos y, en general, familiares con pensión. Esta reforma que
acaba de aprobar el PP con toda la oposición en contra va a reducir la
capacidad adquisitiva del sistema de pensiones español, a la par que mantienen intactas
las privilegiadas pensiones políticas.
La parafernalia del discurso político-legal afirma que lo
único que se está haciendo es “ajustar el valor de las pensiones a la esperanza
de vida y a la cantidad de perceptores de pensiones”, pero no es verdad. Están
gastando el dinero que detrajeron a los trabajadores para su pensión futura
porque les sirve para ocultar el fracaso económico al que está llevando su
gestión de la crisis y que asientan, como siempre, sobre las clases menos
pudientes.
Y es que la emergencia social no puede ocultarse por más
tiempo. Cruz Roja denuncia en su último informe que los mayores son los que
están sosteniendo de forma abnegada las consecuencias del paro en las familias.
Uno de cada cuatro vive en un hogar con todos los miembros desempleados. Son
420.000 hogares los que viven gracias a la pensión del abuelo, según esta
organización.
El portavoz de la Cruz Roja, Antoni Bruel, ha insistido en
que los pensionistas son un colectivo que no se queja pero que supone un muro
de contención social y económico ante la catástrofe económica y social que
padece España. Este factor, junto a la diversidad de los ayudados – hijos
(59,8%), nietos (12,8%) y otros familiares (9,8%) – explica la aparente calma
de los españoles respecto a la tremenda situación de paro. Todo ello, además, a
costa de la salud de los ancianos, pues un 38,3% de los mayores enfermos ha
tenido problemas relacionados con su salud. El 17,7% ha encontrado problemas
para sufragar las medicinas no cubiertas por la Seguridad Social y el 9,7%,
para afrontar el copago de los medicamentos que necesitaba. «El impacto de este
coste para una pensión de 300 euros es mucho dinero», ha denunciado Bruel.
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