Objetivo: desactivar las protestas laborales en Cádiz
Dos años sin barcos. Manifestaciones por las ciudades,
movilizaciones, marchas desde las tres plantas (San Fernando-Puerto Real y
Cádiz) hasta la Subdelegación del Gobierno en Cádiz, exposición de los trabajos
realizados por Navantia San Fernando en
sus 300 años de historia y hasta donaciones de alimentos. Más de 30
movilizaciones desde octubre de 2011. El pasado 14 de noviembre, Gas Natural
confirma que sus gaseros van a ser construidos por astilleros asiáticos. Se
recrudece el conflicto entonces. “De momento, estamos al lado del Gobierno pero
si se confirma que nos están engañando, pasarán a ser nuestros enemigos”,
declaró entonces el presidente del comité intercentros, José Antonio Oliva.
La plantilla de Puerto Real reacciona. También lo hace la de
San Fernando pero la falta de la autorización de la Subdelegación del Gobierno
les impide realizar formalmente la protesta. Aun así, la llevan a cabo. Sin
aspavientos y sin trifulcas y, en cualquier caso, bajo una multa de hasta
30.000 euros. La plantilla de Cádiz corta simbólicamente la carretera
industrial. En suma, manifestaciones que van subiendo el tono sin llegar al
estallido. Tras varios cortes que mantienen el puente Carranza cerrado al
tráfico hasta siete días, el jueves 12 de diciembre la plantilla de Puerto Real
se encierra en la factoría y decide concentrarse en la puerta por la tarde. Los
trabajadores desisten de cortar el puente pero diez jóvenes lo hacen por su
cuenta y destrozan señales de tráfico y farolas dejando impracticable la vía de
comunicación. No hay actuación policial, no hay limpieza y el tráfico no queda
restablecido hasta casi las doce del mediodía del viernes. Pero ese mismo
jueves, sí detienen a estos diez jóvenes de Puerto Real que, según fuentes
policiales, tienen un largo historial de antecedentes penales y que,
efectivamente, no son trabajadores de astilleros. Dos salen en libertad y los
ocho restantes continúan en prisión preventiva y sin fianza. Hasta hoy.
Históricamente, ese puente, que da acceso a la capital
gaditana desde Puerto Real, ha sido escenario de la lucha de los trabajadores
de astilleros y del sufrimiento de millones de ciudadanos pacientes, o no, que han aguantado estoicamente colas
kilométricas, retrasos e, incluso, días perdidos de trabajo. Los obreros lo
saben, piden disculpas a la población pero alegan que si no fuera por estos
incidentes, no les harían caso. Ahora se enfrentan además a la desconfianza de
la gente al ver que, en esta situación de crisis, sus destrozos son
cuantificados en 300.000 euros, según el subdelegado del Gobierno, Javier de
Torre, y que provocan el cierre del tercer carril del puente ralentizando el
tráfico. ¿Pero por qué tantos días?
Ni siquiera en los episodios más graves en la historia de
los astilleros gaditanos, la respuesta judicial ha sido tan dura como la de
ahora. Cierto es que hubo detenidos. Juicios, multas, penas de cárcel pero
“nunca antes un trabajador ha estado más de dos noches en un calabozo”, explica
Ramón Linares, presidente del comité de empresa de Navantia Puerto Real. “Tienen
orden -continua- del Gobierno de paralizar las movilizaciones en Cádiz porque
somos muy molestos”.
CUANDO ARDIÓ CÁDIZ
Hace 17 años el mismo escenario: el puente. La situación,
más grave y, sobre todo, más clara. La Dirección de Construcción Naval (DCN)
informaba del cierre del astillero de Cádiz y una drástica reducción del de
Puerto Real. Las plantas de Cádiz y Puerto Real pertenecían a Astilleros
Españoles SA (AESA) y aún no se había producido la fusión con los astilleros
militares de la Empresa Nacional Bazán, como el de San Fernando, que luego
daría lugar a Izar. Fue antes de eso, en 1995. Un año que será recordado por
todos los gaditanos por vivir uno de los otoños más calientes en lo que a lucha
obrera se refiere. Antes, en pleno verano, 100.000 ciudadanos se echaron a la
calle el 16 de julio a defender la continuidad de sus astilleros (Cádiz y
Puerto Real), según recogía la prensa local del momento. La tercera
reconversión industrial se ceñía sobre la Bahía después de haber perdido 5.000
empleos. Ésta afectaba a nueve centros de seis comunidades autónomas, dos en
Andalucía: Cádiz y Sevilla.
El 4 de septiembre de 1995, el astillero gaditano se queda
sin barcos y comienza la guerra: corte del puente Carranza, de la carretera
industrial, la vía del tren e, incluso, cierre del puerto de Cádiz con una
cadena humana en el agua. A Sevilla también fueron para manifestarse con sus
compañeros de AESA en una protesta que terminó con carga policial. Pero todo se
desborda cuando la DCN anuncia el cierre
definitivo de la planta gaditana y 1.300 personas a la calle. Entonces, arde
Cádiz. Tres fechas clave: el 14 de septiembre, la sede provincial del PSOE, en
la calle Ancha, es atacada, es objeto de pedradas y cócteles molotov que
terminan por quemarla. Las barricadas se extendieron por toda la ciudad y las
calles del centro se convirtieron en escenario de luchas entre agentes de la
Policía Nacional y trabajadores. Y así, hasta extramuros, donde se registraron
fuertes cargas policiales en la barriada de la Paz y en el Cerro del Moro. La
prensa de entonces recoge lo que se ha repetido después como una leyenda urbana
de Cádiz: “La gente tiraba a la Policía objetos desde las ventanas”. Tal cual.
Al día siguiente, viernes 15 de septiembre, la lucha en la
ciudad continuó. Por su parte, los trabajadores de Puerto Real, cortaron el
puente Carranza de manera consecutiva -operarios de los turnos mañana, tarde,
noche- durante más de 25 horas. El balance fue de dos trabajadores y tres
policías heridos y 14 jóvenes detenidos. El sábado se limpió el puente y se
abrió al tráfico a las nueve de la noche. Las autoridades cuantifican los daños
en la ciudad de 100 millones de pesetas y de tres en el puente. Aún quedaba lo
peor. Cuatro días después, el 19 de septiembre, se produce una batalla campal
en el puente que se recrudece cuando los trabajadores atacan la torre de
control. El enfrentamiento es tan grave que seis policías resultan heridos y un
trabajador pierde un ojo. Los daños ascienden a 20 millones de pesetas. A
partir de entonces, el puente es custodiado por los antidisturbios con la
intención de evitar la puesta en peligro del sistema de control de los tramos
móviles, explicaba entonces el gobernador civil, el socialista César Braña.
La intención inicial de cerrar la planta gaditana y despedir
a 1.300 trabajadores quedó, tras los meses de movilización, en la pérdida de
500 puestos de trabajo en la Bahía en la que sería la tercera reconversión
naval. Un triunfo, a medias.
Nueve años después, en 2004, los tres centros -Cádiz, Puerto
Real y San Fernando- unidos en la misma empresa, Izar, se enfrentan a un nuevo
recorte y cierre. Y otra vez con el PSOE. Bruselas exige la devolución de las
ayudas que el anterior Gobierno del PP concedió ilegalmente y esto pone a la
empresa pública en una situación delicada. La solución: cerrar centros públicos
civiles. En la Bahía, el de San Fernando, precisamente el que ha sido militar
desde hace tres siglos, pasa a formar parte de la lista de desahuciados y de
astilleros civiles que se iban a privatizar. La población isleña es ahora la
que se echa a la calle en apoyo de sus trabajadores, que cortan la carretera
CA-33 que une Cádiz con Chiclana y las traviesas del tren, impidiendo la
circulación ferroviaria. El conflicto volvió a producirse en otoño y la lucha
se prolongó durante cuatro meses. También hubo enfrentamientos duros en Cádiz y
en Puerto Real, otra vez en el puente Carranza. En San Fernando, los cortes de
carretera no tienen respuesta policial inmediata pero el incidente con la
conexión ferroviaria provoca que el subdelegado del Gobierno de entonces,
Sebastián Saucedo, ordene la intervención de las fuerzas de seguridad.
No hubo el despliegue de 1995, cuando se desplazaron a Cádiz
240 agentes antidisturbios de Málaga, Sevilla y Madrid y hasta un helicóptero
de vigilancia, que los trabajadores bautizaron como el de Tulipán. Pero los
enfrentamientos en San Fernando en 2004 llegaron a alcanzar momentos de intensa
violencia. Sin embargo, la ubicación de este astillero, alejado de la ciudad,
provocaba que estas batallas campales entre trabajadores y policías pasaran
desapercibidas para la población porque los agentes no les dejaban casi salir
de la factoría. En cualquier caso, la ciudadanía respondió y protagonizó una
manifestación nunca antes vista en el municipio. Así que, en diciembre de ese
año, llegaron los acuerdos que dotaron a los astilleros de la Bahía de pedidos
militares que los mantenían casi hasta 2012: reparaciones, el Buque de
Aprovisionamiento de Combate (BAC) y los Buques de Acción Marítima (BAM) para
San Fernando y Puerto Real, como pedidos más importantes.
“NOS TENDRÁN QUE LLEVAR A TODOS A LA CÁRCEL”
Los trabajadores echan la vista atrás y no recuerdan una
represión tan grande a sus protestas como la que están sufriendo ahora. Sobre
su apoyo a los detenidos tras desmarcarse de los actos vandálicos que éstos
protagonizaron en el puente, el presidente del comité de empresa de Navantia
Puerto Real aclara: “Efectivamente, dijimos que no teníamos nada que ver con
esas acciones pero no los vamos a dejar solos. En todo caso, entendemos la
frustración de los jóvenes, porque sin Navantia, la Bahía se muere. ¿Qué
empresa es capaz de generar tanto trabajo?”.
De eso se encargó el presidente del comité de Navantia San
Fernando, José Antonio Oliva. De recordar lo que significan los astilleros, en
la marcha que el pasado jueves tuvo lugar en la ciudad con el apoyo de una
representación de las plantillas de Puerto Real y Cádiz y de las familias de
los ocho detenidos. 8.500 empleos en seis años, catorce buques construidos, más
de 200 millones de euros para empresas de la Bahía: “Eso somos y eso queremos
seguir siendo. Queremos trabajar, no queremos caridad ni limosna. Por eso
seguiremos, aunque seamos molestos y aunque nos quedemos solos”. El representante
sindical también pidió la libertad para los ocho. “Si no, nos van a tener que
llevar a todos a la cárcel”, gritaba un espontáneo. Para Oliva, “esto responde
a una línea política clara del Gobierno del PP. La Policía la manda la
Subdelegación”, pero advierte, “hasta para ser autoritarios, hay que ser
flexibles”.
Oliva sabe bien de lo que habla. Es uno de los tres
imputados, ahora por la vía de lo penal, por los incidentes ocurridos en San
Fernando en 2012 en la movilización por las calles del centro. Entonces, “hasta
catorce lecheras” nos esperaban y la policía actuó “brutalmente” contra los
trabajadores. Vecinos asomados a sus balcones increpaban a los agentes por su
actitud. Y ahora, han sido informados de que la Fiscalía entiende los hechos
constitutivos de un delito y no de falta. “Estamos peor que si estuviéramos en
guerra. Quieren criminalizar a los trabajadores y tienen que permitir que la
Bahía pueda expresarse”, sobre todo, “en la situación que estamos”, aclara otro
de los históricos del astillero de San Fernando, Francisco Sobrero.
Una situación que empeora por momentos. La planta de San
Fernando aún puede aguantar con las lanchas de desembarco para Australia hasta
2015 pero les preocupa no poder generar más empleo para la industria auxiliar.
La de Cádiz, dedicada a reparaciones, se mantiene, pero la de Puerto Real no
tiene pedidos de ninguna clase. La opción de los gaseros era su esperanza y se
ha esfumado. El Gobierno habla de un quinto al que va a optar Navantia. “Nos lo
tienen que demostrar porque no nos creemos ya nada”, dice Linares. Y aunque
fuera cierto, no sería hasta 2016 cuando empezaría a construirse. “Ninguno
queremos decirlo, pero la empresa no podría aguantar hasta ese año”. De hecho,
ya está en quiebra técnica, explica Oliva, por lo que muchos trabajadores temen
que todo esto suponga una “reconversión encubierta”. “Van a dejar a tres gatos
para desactivarnos y que perdamos fuerza”. Pero la gente del naval es dura y el
jueves lo recordó el representante sindical: “Vencidos puede, pero de rodillas,
nunca”.
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