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jueves, 12 de diciembre de 2013

DOS CONDENADOS POR DESFALCO SIGUEN CONTROLANDO LAS CUENTAS EN EL AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO


Dos condenados por desfalco siguen controlando las cuentas en el Ayuntamiento de San Fernando

Cerca de ocho millones de euros menos de las arcas municipales, la dimisión de un exalcalde y el posible reembolso de menos de 200.000 euros. Este es, hasta el momento, el balance del desfalco municipal que se cometió en el Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz) desde los años 2003 hasta 2009. Pero el caso del robo de la caja del consistorio de este municipio tiene mucha miga política que complica aún más su resolución.

El Tribunal de Cuentas ha dictado una sentencia que señala como culpables directos a los cajeros municipales, Clemente Ruiz y María José Lebrero, y responsables subsidiarios a los dos interventores (el actual y el anterior, José Antonio López y Rafael Monzón), la secretaria, María de las Virtudes Gómez, y los dos alcaldes andalucistas, Antonio Moreno y Manuel María de Bernardo. El primero, fuera de la política, y el último, acaba de abandonarla tras presentar su dimisión de concejal. Fue durante su mandato cuando se descubrió el caso de corrupción. De Bernardo, el último alcalde andalucista, denunció el robo de la caja municipal cuando el 1 de abril de 2009, una inspección rutinaria de la Cámara de Cuentas descubrió un desfase contable de 460.000 euros de enero a abril de ese año. Tirando del hilo, las irregularidades llegaron a sumar 7.790.515 de euros, que desaparecieron de la caja. Los dos cajeros municipales, Clemente Ruiz y María José Lebrero, fueron detenidos de inmediato como responsables directos y la sentencia del Tribunal de Cuentas los ha ratificado en esa consideración, condenándolos a abonar 7.665.733,92 millones de euros (más intereses). En el caso de que no lo hicieran, tendrían que responder los responsables subsidiarios, a los que el juzgado ha rebajado la cuantía económica una cuarta parte de lo que exigía la demanda que presentó el Ayuntamiento del PP, a través de los servicios jurídicos de la Diputación Provincial, también gobernada por el PP.

De esta manera, al tesorero y actual interventor, José Antonio López, se le exige el pago de 67.450,72 euros; al anterior interventor, Rafael Monzón, 29.779,05 euros; 29.554,65 euros a la tesorera, María de las Virtudes Gómez, y 29.250 euros a cada uno de los dos exalcaldes. En suma, poco más de 185.000 euros de los casi ocho millones que desaparecieron.

Pero si el procedimiento contable ya identifica a los culpables, la vía penal aún está por dirimir con nuevas imputaciones en el entorno del cajero condenado, Clemente Ruiz. Y además, las responsabilidades políticas no dejan de oscurecer aún más este caso: cuando todo se destapó, el PA gobernaba gracias al pacto con el PP. Un año antes de las elecciones de 2011, el PP rompió esta coalición alegando falta de confianza por el saqueo de la caja. El mismo PP que para gobernar, volvió a pactar con el PA en las elecciones siguientes, al no obtener mayoría absoluta para gobernar.

De esta manera, el exalcalde andalucista condenado como responsable subsidiario, Manuel María de Bernardo, se ha mantenido hasta ahora como concejal en el Ayuntamiento y formando parte del Gobierno municipal como delegado de Limpieza, gracias al bipartito. Y aunque la sentencia califica la actitud de todos ellos de negligencia grave, la tesorera y el interventor continúan en sus puestos de trabajo velando por las cuentas municipales. Resulta además que este último fue nombrado hace ocho meses por el alcalde de la ciudad y presidente de la Diputación Provincial, José Loaiza (PP), interventor de un órgano supramunicipal que gestiona los servicios de transporte y de tratamiento de los residuos urbanos entre distintos ayuntamientos. Un cargo adicional en el Consorcio Bahía de Cádiz (CBC) por el que el interventor ha venido cobrando todos los meses 1.200 euros añadidos a su salario como funcionario municipal, que se ve aumentado por el plus que recibe por vigilar la gestión financiera.

Este nombramiento, encendió a la oposición que denunció que el PP, no sólo mantuviera a uno de los responsables del robo sentado codo con codo con el alcalde en los plenos, sino que lo premiara con un nuevo puesto, por el que sumaría otro sueldo “que le va a permitir pagar la multa del Tribunal de Cuentas”, decían desde el PSOE local.

Por eso, con la sentencia en la mano, la formación socialista le ha pedido al alcalde que aplique a estos funcionarios las medidas disciplinarias que recoge el Estatuto Básico del Empleado Público, que pasa por apartarlos de su cargo, toda vez que han sido condenados por el robo millonario de las arcas municipales. Decisión que se tomará, según el alcalde, en función de lo que consideren los servicios jurídicos de la Diputación, el mismo que los incluyó en la demanda. Mientras, el interventor y la tesorera seguirán flanqueado al primer edil.

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