Dos condenados por desfalco siguen controlando las cuentas
en el Ayuntamiento de San Fernando
Cerca de ocho millones de euros menos de las arcas
municipales, la dimisión de un exalcalde y el posible reembolso de menos de
200.000 euros. Este es, hasta el momento, el balance del desfalco municipal que
se cometió en el Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz) desde los años 2003 hasta
2009. Pero el caso del robo de la caja del consistorio de este municipio tiene
mucha miga política que complica aún más su resolución.
El Tribunal de Cuentas ha dictado una sentencia que señala
como culpables directos a los cajeros municipales, Clemente Ruiz y María José
Lebrero, y responsables subsidiarios a los dos interventores (el actual y el
anterior, José Antonio López y Rafael Monzón), la secretaria, María de las
Virtudes Gómez, y los dos alcaldes andalucistas, Antonio Moreno y Manuel María
de Bernardo. El primero, fuera de la política, y el último, acaba de abandonarla
tras presentar su dimisión de concejal. Fue durante su mandato cuando se
descubrió el caso de corrupción. De Bernardo, el último alcalde andalucista,
denunció el robo de la caja municipal cuando el 1 de abril de 2009, una
inspección rutinaria de la Cámara de Cuentas descubrió un desfase contable de
460.000 euros de enero a abril de ese año. Tirando del hilo, las
irregularidades llegaron a sumar 7.790.515 de euros, que desaparecieron de la
caja. Los dos cajeros municipales, Clemente Ruiz y María José Lebrero, fueron
detenidos de inmediato como responsables directos y la sentencia del Tribunal
de Cuentas los ha ratificado en esa consideración, condenándolos a abonar
7.665.733,92 millones de euros (más intereses). En el caso de que no lo
hicieran, tendrían que responder los responsables subsidiarios, a los que el
juzgado ha rebajado la cuantía económica una cuarta parte de lo que exigía la
demanda que presentó el Ayuntamiento del PP, a través de los servicios
jurídicos de la Diputación Provincial, también gobernada por el PP.
De esta manera, al tesorero y actual interventor, José
Antonio López, se le exige el pago de 67.450,72 euros; al anterior interventor,
Rafael Monzón, 29.779,05 euros; 29.554,65 euros a la tesorera, María de las
Virtudes Gómez, y 29.250 euros a cada uno de los dos exalcaldes. En suma, poco
más de 185.000 euros de los casi ocho millones que desaparecieron.
Pero si el procedimiento contable ya identifica a los
culpables, la vía penal aún está por dirimir con nuevas imputaciones en el
entorno del cajero condenado, Clemente Ruiz. Y además, las responsabilidades
políticas no dejan de oscurecer aún más este caso: cuando todo se destapó, el
PA gobernaba gracias al pacto con el PP. Un año antes de las elecciones de
2011, el PP rompió esta coalición alegando falta de confianza por el saqueo de
la caja. El mismo PP que para gobernar, volvió a pactar con el PA en las
elecciones siguientes, al no obtener mayoría absoluta para gobernar.
De esta manera, el exalcalde andalucista condenado como responsable
subsidiario, Manuel María de Bernardo, se ha mantenido hasta ahora como
concejal en el Ayuntamiento y formando parte del Gobierno municipal como
delegado de Limpieza, gracias al bipartito. Y aunque la sentencia califica la
actitud de todos ellos de negligencia grave, la tesorera y el interventor
continúan en sus puestos de trabajo velando por las cuentas municipales.
Resulta además que este último fue nombrado hace ocho meses por el alcalde de
la ciudad y presidente de la Diputación Provincial, José Loaiza (PP),
interventor de un órgano supramunicipal que gestiona los servicios de
transporte y de tratamiento de los residuos urbanos entre distintos
ayuntamientos. Un cargo adicional en el Consorcio Bahía de Cádiz (CBC) por el
que el interventor ha venido cobrando todos los meses 1.200 euros añadidos a su
salario como funcionario municipal, que se ve aumentado por el plus que recibe
por vigilar la gestión financiera.
Este nombramiento, encendió a la oposición que denunció que
el PP, no sólo mantuviera a uno de los responsables del robo sentado codo con
codo con el alcalde en los plenos, sino que lo premiara con un nuevo puesto,
por el que sumaría otro sueldo “que le va a permitir pagar la multa del
Tribunal de Cuentas”, decían desde el PSOE local.
Por eso, con la sentencia en la mano, la formación
socialista le ha pedido al alcalde que aplique a estos funcionarios las medidas
disciplinarias que recoge el Estatuto Básico del Empleado Público, que pasa por
apartarlos de su cargo, toda vez que han sido condenados por el robo millonario
de las arcas municipales. Decisión que se tomará, según el alcalde, en función
de lo que consideren los servicios jurídicos de la Diputación, el mismo que los
incluyó en la demanda. Mientras, el interventor y la tesorera seguirán
flanqueado al primer edil.
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