Más de 300 políticos españoles están imputados en presuntos
casos de corrupción
La mayoría ha abandonado la actividad pública, aunque en el
Parlamento de Valencia continúan nueve imputados y uno en Baleares Más de una
treintena de alcaldes y hasta medio centenar de exalcaldes están siendo
investigados por la Justicia
MADRID, 1 Ene. (EUROPA
PRESS) -
Más de 300 políticos
españoles están imputados en presuntos casos de corrupción que se despliegan
por todo el territorio y que afectan sobre todo a las comunidades del arco
mediterráneo, con Baleares y la Comunidad Valenciana a la cabeza seguidas de
cerca por otras regiones como Cataluña o Galicia. Además, están en marcha
investigaciones sobre la gestión de distintas entidades financieras como Bankia
o la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), de cuyos consejos de
administración formaban parte diversos políticos.
Los casos de
corrupción afectan a todos los niveles de la administración y las
investigaciones en marcha salpican tanto a quienes han sido miembros del
Gobierno --como el exministro José Blanco, relacionado con la 'Operación Campeón'--,
como a dirigentes autonómicos y numerosos alcaldes y responsables municipales.
Alguno de los casos
más llamativos de corrupción descubiertos en el seno de una comunidad autónoma
son los abiertos en Baleares y que suman casi un centenar de imputados entre
cargos y ex altos cargos públicos. La mayoría tuvieron lugar durante la última
legislatura del expresidente Jaume Matas, imputado por alrededor de una docena
de casos relacionados con la corrupción y la financiación irregular del PP
balear durante su mandato.
Entre las operaciones
en marcha en las Islas Baleares destacan casos como el que investiga las
actividades presuntamente irregulares cometidas a través del Instituto Noós,
que presidía Iñaki Urdangarin, o el caso Over Marketing, en el que está
implicado el 'popular' Pere Rotger, que recientemente dimitió de su cargo como
presidente del Parlamento autonómico aunque mantiene el escaño.
También en el ámbito
autonómico son numerosos los casos abiertos en la Comunidad Valenciana. De
hecho, en las Cortes autonómicas hay nueve diputados del PP con imputación
formal por casos relacionados con delitos de corrupción, mientras que Pedro
Hernández renunció a su escaño el pasado día 4 tras ser condenado a tres años
de prisión por su gestión al frente del ayuntamiento de Torrevieja.
Hace pocas semanas
dimitió también en la Comunidad Valenciana José Manuel Vela como conseller de
Hacienda por la presunta filtración de un documento que había pedido el
juzgado. Diversos ex altos cargos de la administración de Francisco Camps están
implicados también en los numerosos casos abiertos en la comunidad, entre los
que destacan investigaciones tan importantes como la operación Gürtel o el caso
Noós.
Otro de los procesos
con más repercusión pública durante los últimos meses es el de los ERE
fraudulentos de Andalucía, en el que hay imputadas cerca de 70 personas entre
ellas el exconsejero de Empleo de la Junta Antonio Fernández, el
exviceconsejero Agustín Barberá, los exdirectores generales de Trabajo y
Seguridad Social, un exparlamentario socialista o el exdelegado provincial de
Empleo.
RED DE CORRUPCIÓN
MUNICIPAL
Sin embargo, la
mayoría de los casos de corrupción abiertos en España se despliegan por sus más
de 8.000 municipios, en los que hay casi medio centenar de exalcaldes y una
treintena de alcaldes en el poder que están siendo investigados judicialmente.
Algunos de estos mandatarios envueltos en casos judiciales son alcaldes de
ciudades tan importantes como Murcia, Alicante, Lugo, Valladolid o Sabadell. A
estos se suman varias decenas de concejales también implicados en estos
escándalos locales.
La mayoría de los
regidores municipales están imputados por delitos de prevaricación,
malversación de caudales públicos, fraude o tráfico de influencias, casi todos
por causas relacionadas con el urbanismo y la adjudicación de obras públicas.
Es el caso de los casos Pretoria o Mercurio, abiertos en Cataluña, que
investigan presuntas tramas de corrupción en Santa Coloma de Gramanet, Sant
Andreu de Llavaneres y Sabadell.
También en Galicia
son numerosos los casos judiciales que afectan a diversos municipios y que han
llevado a la imputación a alrededor de una docena de sus alcaldes; además de
provocar la dimisión de otros alcaldes como los de Santiago de Compostela,
Gerardo Roa, que dejó el cargo después de no haber declarado 291.000 euros en
concepto de IVA de la venta de unas viviendas de su promotora.
También concentran
varios casos de corrupción los municipios de Canarias, donde hasta una decena
de regidores están imputados en diferentes casos judiciales, además de varios
que ya han dejado el bastón de mando.
Mientras, en la
Comunidad de Madrid el caso de mayor corrupción abierto es Gürtel, que ha
salpicado a cuatro alcaldes de la comunidad y tres exdiputados autonómicos.
También está imputado el exalcalde de Getafe y ex alcalde de la Federación
Española de Municipios y Provincias (FEMP), Pedro Castro.
Los escándalos de
corrupción afectan además a numerosas localidades como Camas (Sevilla), donde
el exalcalde y dos concejales han sido condenados a 14 meses de cárcel;
Piélagos (Cantabria), Plasencia (Cáceres), La Muela (Zaragoza), Cabrales
(Asturias) o Águilas (Murcia).
DE CORRUPCIÓN A
LLAMADAS A PROSTÍBULOS
La mayoría de estas
operaciones están relacionadas con delitos urbanísticos, aunque hay casos
curiosos como el del municipio gallego de Melón, con sólo 1.400 habitantes y en
el que la alcaldesa --que relevó en el cargo a su marido inhabilitado-- ha sido
imputada por supuestamente participar en la manipulación de una hoja de control
de trabajos comunitarios a un vecino que no los cumplía.
También en Galicia,
el exalcalde de la localidad coruñesa de Santa Comba fue inhabilitado para
cargo público por conceder hasta 43 licencias de 'tablaos' flamencos en el
municipio para prolongar la hora de cierre de los locales de hostelería.
También está el caso del municipio cántabro de Las Rozas de
Valdearroyo, en el que el alcalde nombró al inicio de la legislatura actual
como concejal del Medio Ambiente a Juan Carlos Lantarón Pérez, condenado en
febrero de 2006 a seis meses de cárcel y el pago de una multa tras declararse
culpable de un delito de incendio forestal.
También hay casos más
llamativos, como el del concejal de Burgos que dimitió tras gastar 207.000
euros en dos meses con el teléfono móvil del Ayuntamiento, o el del
Ayuntamiento de Torrevieja, en el que algunos ediles utilizaron sus terminales
para hacer llamadas a prostitutas o suscribirse a un canal porno.
PARTIDOS POLÍTICOS Y
ENTIDADES FINANCIERAS
En algunos casos, la
corrupción afecta al seno de los partidos políticos, como es el caso de la ya
extinguida formación Unió Mallorquina, desaparecida después de que sus
dirigentes, con Maria Antonia Munar a la cabeza, estén relacionados con hasta
nueve casos de corrupción.
En Cataluña está
abierto el caso Millet, que estudia la presunta financiación irregular de CDC a
través del Palau de la Música y del enriquecimiento de la cúpula de esta
centenaria institución cultural barcelonesa. Además del expresidente de la
entidad, Fèlix Millet, y el exdirector financiero, Jordi Montull, están
imputado el extesorero de CDC, Daniel Osàcar, y el exsecretario de Comunicación
y actual director de Comunicación del Ayuntamiento de Barcelona, Mar Puig.
Dentro de los casos
que están siendo investigados en España hay que destacar los del Bankia y la
CAM, en los que están imputados exmiembros de sus consejo de administración que
han ostentado cargos públicos, entre ellos los exministros Rodrigo Rato y Ángel
Acebes, ex secretarios de Estado, exdiputados o exalcaldes. También está en
manos de la Audiencia Nacional investigaciones sobre el Banco de Valencia,
Novacaixa Galicia y Caja Castilla-La Mancha.
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