Las cuentas opacas de UGT-A
(en la foto el S.G. UGT Cadiz con el presidente de los
empresarios)
Una auditoría certificó un superávit de casi un millón cinco
meses antes del ERE
La ley no obliga a la central, considerada asociación sin
ánimo de lucro, a publicar su estado financiero o a que el Estado lo fiscalice
La situación real
financiera de UGT-Andalucía es todo un misterio. Con la aplicación de un ERE y
un ERTE a la plantilla andaluza por razones económicas, la organización está
obligada a acreditar el estado negativo de sus cuentas, en caso de pérdidas
reales, o a justificar la previsión futura de balances en rojo. Así, a finales
de noviembre, cuando se presentaron los expedientes de regulación que afectan a
218 empleados, 26 de los cuales están destinados en Cádiz, sus representantes
recibieron una voluminosa documentación con 15 anexos. En ella, la central
sindical justifica con números la drástica medida, que en el caso de la
provincia gaditana ha provocado una fractura interna con peticiones al
secretario provincial, Salvador Mera, de que dimita por no rechazar el llamado
plan de viabilidad cocinado en Sevilla.
Sin embargo, los trabajadores cuestionan los datos que
aparecen en dicho informe: «Esas cuentas no nos la creemos. Por eso las hemos
puesto en manos de una perito economista que ya nos ha anticipado que los
números no encajan», dice el secretario general de la sección sindical,
Francisco Serrano.
La organización alega que se encuentra en pérdidas reales y
aporta una cifra exacta del agujero económico que presentaban sus cuentas a
fecha del 30 de noviembre de 2012: 3.652.660 euros. Una cantidad, que según la
documentación del ERE a la que ha tenido acceso íntegro LA VOZ, la certifica el
mismo sindicato y no un órgano fiscalizador independiente. Las previsiones que
entregaron a los trabajadores son catastróficas, con un cierre del ejercicio
pasado rozando los 4 millones de pérdidas.
Esa situación financiera, según UGT-A, viene de lejos como
consecuencia de una disminución progresiva de los ingresos y la crisis
económica de contexto. Así, en las cartas de despido que recibieron los
afectados por los expedientes se señala que 2011 acabó con unas pérdidas
próximas a los 150.000 euros.
Ese análisis tan pesimista contradice por completo los
resultados de una auditoría externa que encargó la Comisión Ejecutiva Regional
en 2011 para que verificara el estado de las cuentas. Un compromiso que
adquirió el líder ugetista andaluz, Manuel Pastrana, en el V Comité celebrado
en Sevilla el 19 de octubre de 2011. En el acta de esa reunión se menciona el
momento en que Pastrana anuncia que ya se ha contratado una auditoría para «que
haga un estudio más exhaustivo, real y certero» de la situación económica cuyas
conclusiones se darían a conocer.
Dicho informe fue
finalizado el 15 de junio de 2012 y de su lectura no se intuye, ni de lejos,
que el sindicato se encontrara en números rojos, sino todo lo contrario. Sin
embargo, la dirección andaluza convocaba en julio a los trabajadores para
plantearles modificaciones sustanciales de las condiciones laborales, que según
los afectados suponían recortes de nómina entre un 40% y un 60%. Los empleados
se negaron y en noviembre, la organización presentaba los expedientes de
regularización.
19, 5 millones en
inmuebles
La auditoría firmada por la empresa BAT Gestión certifica
que UGT-A cerró 2011 con un resultado financiero positivo de 825.908,36 euros y
un patrimonio neto y pasivo de 131.419.283,88. En este segundo apartado se
incluyen las propiedades inmobiliarias que tiene la organización y las
inversiones financieras realizadas. Como dato relevante, el sindicato atesora
en Andalucía un parque inmobiliario entre locales, pisos y naves valorado en
19,5 millones, según el citado informe encargado por la organización.
Ese saldo positivo de
casi un millón de euros y las conclusiones positivas del auditor no aparecen en
la documentación que se entregó a la representación de los trabajadores.
Tampoco coinciden las cifras relativas al patrimonio real de la organización.
Así, de los 131 millones que certifica la empresa externa en cuanto al valor
del patrimonio real de la organización en 2011, se pasa a una valoración de 126
millones por parte del sindicato.
La sección sindical tuvo conocimiento del contenido de esta
auditoría el pasado mes de diciembre durante el periodo de consultas en el que
se negociaba el ERE y el ERTE y que se cerró sin acuerdo. «Les preguntamos por
esos resultados y la respuesta que obtuvimos es que se refería al ejercicio de
2011 y que en 2012 la situación había empeorado. Es una prueba más de que esas
cuentas no son reales y se han maquillado para justificar unos despidos de la
peor manera posible», señala Francisco Serrano.
La sospecha de los trabajadores no es caprichosa ya que ante
la ley, el sindicato es una organización privada sin ánimo de lucro que está
exenta de elaborar las cuentas anuales, auditarlas y presentarlas en el
Registro Mercantil. La dirección de la central sindical lo declara en la
documentación del ERE (anexo 7); si bien matiza, que de manera voluntaria, al
final de cada ejercicio elabora un balance de situación. Un control financiero
que se hace desde la propia casa y que no lo supervisa ningún órgano
fiscalizador independiente como por ejemplo el Tribunal de Cuentas.
La representación de
los más de 200 trabajadores afectados en Andalucía por los expedientes
planteados por UGT ha puesto toda esta documentación en manos de una
economista, que ya les ha anticipado que las cuentas presentadas por la
dirección «no encajan». Las conclusiones del contrainforme que están elaborando
se incluirán en la demanda que previsiblemente presenten mañana ante el TSJA
con el objetivo de tumbar los despidos y recortes de nómina que ha impuesto la
organización.
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