Guerra sucia del Estado español contra el
anarcosindicalismo: El Caso Scala
La sala Scala en llamas
El domingo 15 de enero de 1978 la CNT
organizó una manifestación en Barcelona contra la firma de los Pactos de la
Moncloa y las elecciones sindicales. En la misma se juntaron alrededor de
10.000 trabajadores que seguían oponiéndose a ese pacto social y que era prueba
evidente de la gran capacidad de convocatoria que tenia la CNT en aquellos
momentos.
A las 13:15 horas, terminada la
manifestación, tuvo lugar un ataque con cócteles Molotov contra la sala de
fiestas más conocida y de más éxito de Barcelona en aquellos momentos, la sala
"Scala", situada en la esquina de la calle Consejo de Ciento y Paseo
de San Juan. El resultado inmediato fue la muerte de cuatro trabajadores de la
sala: Diego Montero, Bernabé Bravo, Ramón Egea y Juan Manuel López; tres de los
cuales eran afiliados de la propia CNT.
Por aquellos días podría decirse que los
ciudadanos estaban en cierto modo acostumbrados a las noticias de atentados
terroristas. A nadie asombraba el asesinato de policías o militares, los
coches-bomba y demás actos que resultaban casi habituales en aquella época. Sin
embargo, un atentado contra una sala de fiestas era algo que resultaba
inverosímil por lo absurdo y disparatado de la idea. Probablemente por ello en
los primeros momentos se aventuraron toda clase de hipótesis. Algunos medios
achacaron el atentado a vulgares asesinos, otros lo relacionaron con cuestiones
particulares relacionadas con la sala de fiestas, algunos llegaron a establecer
una relación con la campaña en pro de la libertad de expresión que por aquel
entonces se desarrollaba en solidaridad con el dramaturgo Albert Boadella.
La duda y la incredulidad siguió siendo la
tónica general para la inmensa mayoría hasta que, tan sólo cuarenta y ocho
horas después, el martes 17 de enero un comunicado de la policía informó de la
detención de todos los presuntos autores del atentado, a quienes inmediatamente
se les relacionó con la CNT.
«Un comando de la FAI (Federación
Anarquista Ibérica), integrado por tres sujetos en cuyo poder se ha hallado
asimismo documentación que les acredita como afiliados a la central sindical
CNT ha sido autor, según la Jefatura de Policia de Barcelona, del atentado
contra el restaurante-espectáculo Scala.»
Agencia Pyresa
Efectivamente, los detenidos eran todos
afiliados a la CNT y poco antes del atentado habían participado en la
manifestación. Al finalizar la manifestación -según la policía- los acusados se
habían dirigido a la sala de fiestas lanzando contra ella seis cócteles molotov
que ocasionaron el incendio y la muerte de los cuatro trabajadores que se
hallaban dentro. De esta manera quedó establecida la relación de los detenidos
con la CNT y el atentado con la manifestación. Bajo la dirección del gobernador
civil José María Belloch y del comisario Francisco Álvarez, empezaron las
detenciones en los medios anarcosindicalistas.
Sin duda lo que más sorprende es la
insólita eficacia policial que había permitido encontrar a los culpables entre
las 10.000 personas que aproximadamente participaron en la manifestación. Cómo
consiguió la policía barcelonesa este alarde de perfección es algo que no se
llegaría a saber hasta algún tiempo después. En aquel momento sólo dio lugar a
toda clase de conjeturas que tenían como común denominador la sospecha de que
detrás de todo había gato encerrado. Con el tiempo esa sospecha se acabaría
convirtiendo en certeza.
Comienzo de la campaña orquestada contra el movimiento libertario
Los detenidos fueron debidamente acusados
y procesados, pero eso no detuvo la operación policial. Muy al contrario, en
los días posteriores fueron detenidas alrededor de 170 personas más, al mismo
tiempo que se desataba una imponente campaña de descrédito contra la
organización confederal por medio de los medios de comunicación y de los
aparatos represivos del estado, que vieron la ocasión de amordazar y destruir
la única fuerza con cierto peso social que amenazaba la amplia operación de
blanqueo de la dictadura franquista y de los propios franquistas. Dicha
operación pasaba por los Pactos de la Moncloa -a los que ni asistieron ni
fueron invitadas las fuerzas sindicales, aunque luego la mayoría de las mismas
los aceptaran- destinados a hacer recaer sobre las espaldas de la clase
trabajadora el grueso de la crisis económica que se estaba viviendo, a costa de
fuertes recortes salariales, subidas de impuestos sobre el consumo y pérdida de
derechos laborales y a la vez sentar las bases de los cambios políticos que
deberían llevar a la Constitución de 1978, fruto de un gran pacto entre el
franquismo y una nueva clase política emergente ávida de poder.
La CNT, reacia al conjunto de dichos
pactos y reacia, sobretodo, a olvidar el pasado y a renunciar a exigir cuentas
al franquismo depurando todo el aparato estatal, ya fuese político, policial,
judicial e incluso cultural, se había convertido en el gran objetivo a batir.
El simple hecho de aparecer en la agenda
de teléfonos de algunos de los acusados o de una persona relacionada con alguno
de los acusados se convirtió en motivo suficiente para ser detenido. Después de
ser interrogados y pasar alguna noche en el calabozo, los detenidos eran
puestos en libertad sin cargo alguno. Resultaba evidente que la policía no buscaba
nada ni a nadie -ya tenían a los culpables- se trataba simplemente de
amedrentar a los cenetistas y de ahuyentar de la organización a miles de
trabajadores afiliados que, si bien se identificaban con la línea sindical de
los anarconsindicalistas, no estaban dispuestos a llegar demasiado lejos en su
adhesión, ni mucho menos a desafiar una represión policial de aquella
envergadura.
La cosa no era de broma, las noticias de
nuevas detenciones crearon un ambiente de inseguridad en gran parte de la
afiliación. Por otra parte, la certeza de la implicación de la CNT en el
atentado fue afianzándose en la opinión pública, lo que provocó un serio
deterioro en la imagen de la organización y de los anarquistas por extensión.
Si a esto añadimos las noticias de agresiones y asaltos por parte de grupos
fascistas, que en aquellos días se incrementaron de forma muy considerable,
podemos hacernos una imagen aproximada de la situación. Ser libertario en
aquellos momentos se convirtió en algo bastante desagradable. Los medios de
comunicación lo hicieron impopular, la policía y los grupos de la ultraderecha
lo hicieron peligroso. Como consecuencia, se fueron debilitando las filas
cenetistas, abandonadas por muchos trabajadores.
Ni que decir tiene que los Pactos de la
Moncloa pasaron a un segundo plano.
Como hemos dicho la represión no sólo fue
policial. El caso Scala marcó el comienzo de una intensa campaña de atentados
contra el Movimiento Libertario y contra una CNT de nuevo en auge -ya contaba
con 100.000 afiliados sólo en Cataluña- en particular protagonizada por grupos,
al parecer de ultraderecha, que se escondían detrás de siglas desconocidas e
indescifrables. En aquellos meses se tuvieron noticias de atentados en varias
ciudades, sin que la policía demostrara la misma eficacia en detener a sus
autores que había demostrado en el caso Scala.
El montaje policial sale a luz
La vista del caso tuvo lugar en diciembre
de 1980. Los abogados defensores solicitaron que el ministro de gobernación,
Rodolfo Martín Villa, compareciese a declarar, pero no lo hizo. Tampoco lo hizo
Joaquín Gambín, confidente de la policía y responsable del incendio del Scala
según la defensa. Gambín había logrado fugarse de la prisión de Elche en
extrañas circunstancias y, a pesar de que tenía varias órdenes judiciales de
busca y captura, la policía no pudo dar con su paradero.
La posición de la defensa apuntaba hacia
un montaje policial orquestado mediante confidentes infiltrados en el sindicato
CNT con el objetivo de desacreditar al sindicato ante los trabajadores y evitar
así su progresión en Cataluña. La sentencia condenó a José Cuevas, Xavier
Cañadas y Arturo Palma a 17 años de prisión como autores de un delito de
homicidio involuntario y por fabricación de explosivos; Luis Muñoz fue
condenado a dos años y seis meses por complicidad, y Rosa López, a 5 meses por
encubrimiento. El recurso presentado por los abogados defensores, por
quebrantamiento de forma y denegación de pruebas por la no comparecencia de
Martín Villa en la vista, fue rechazado por el Supremo.
La presión sobre la policía por el asunto
Gambín se multiplicó a raíz de la vista y de las exigencias, en aquel sentido,
del indignado fiscal del caso, Alejandro del Toro, que desde instancias
judiciales conservadores fue acusado de "simpatizar con los
anarquistas". Con el paso de los años se fue descubriendo el papel crucial
y decisivo que desempeñó Joaquín Gambín, el Grillo, o también conocido como el
Rubio o el Legionario, en este asunto. Como se llegó a demostrar, fue él quien
se infiltró en la CNT para dirigir el atentado. La presión de la prensa sobre
la policía y la ausencia de Gambín en la vista del caso hicieron levantar
sospechas sobre las verdaderas causas del atentado, provocando incluso
desavenencias entre el Ministerio Fiscal y algunos miembros de la judicatura.
Finalmente, a finales de 1981, Gambín fue detenido por la policía tras un
tiroteo en Valencia. El Caso Scala volvía a abrirse.
La segunda vista del Caso Scala Barcelona,
en diciembre de 1983, solo tuvo un acusado: Joaquín Gambín. La sentencia lo
condenó a 7 años de prisión por acudir a la manifestación con armas y por
preparación de explosivos.
Tras las cenizas del Scala
El Caso Scala fue la punta de lanza de la
gran represión que se abatió sobre el movimiento libertario, en momentos de
cierta debilidad organizativa y estructural debido a las evidentes divisiones
que se estaban ya gestando en el seno de la anarcosindical.
Como posteriormente escribiría Xavier
Cañadas Pérez, uno de los encausados y encarcelados durante ocho años por el
Caso Scala:
Esta relación de hechos, documentalmente contrastados, arrojan un tal
cúmulo de datos que permiten afirmar que el Caso Scala constituye el punto de
inflexión de una dinámica de represión, políticamente concebida y previamente
estudiada en los altos niveles del Gobierno, pues dichos hechos escapan a la
competencia exclusiva de un estamento, de una sola brigada o servicio policial,
de un solo magistrado, de un solo Ministerio.
La intensificación de la persecución
polical contra el movimiento libertario fue alarmante. El 13 de marzo de 1978
murió Agustín Rueda, preso en la cárcel de Carbanchel, a consecuencia de la
paliza que le propinaron un grupo de funcionarios de prisiones. Tres meses
después Agutín Valiente falleció en Almeria mientras intentaba evitar una
detención polical. En junio de 1979 el cenetista Valentín González murió por el
impacto de una pelota de goma lanzada por la policía al reprimir la huega de
los trabajadores del Mercado de Abastos de Valencia. Pero la represión no terminó
aquí.
Ante esta situación creció el número de
compañeros que optaron por la violencia como respuesta a la denominada nueva
represión democrática. En febrero de 1978 se detuvo en Barcelona, Valencia y
Madrid a veintidós personas acusadas de pertenecer a los Grupos Autónomos, en
abril cuatro trabajadores de la SEAT de Barcelona fueron detenidos acusados de
formar el Ejército Revolucionario de Ayuda al Trabajadoar (ERAT), al mes
siguinete cayeron una docena de compañeros en Valladolid y ese verano continuaron
las detenciones. En febro de 1979 hubo once nuevos detenido, en mayo uno más en
la Junquera y en junio hubo una amplia redada contra la Federación Ibérica de
Grupos Anarquistas (FIGA) en varias ciudades de la península, en agosto se
produjeron cuatro nuevas detenciones en el movimeinto libertario barcelonés y
en octubre otras tres en Madrid. En noviembre hubo dos heridos de bala en
Valencia que pertencáin a los Grupos Autónomos Anarquistas, acusación que se
repitió contra otros cuatro anarquistas detenidos en el mes de diciembre de
1979.
La ofensiva de estos miltiantes
libertarios alimentó la intoxicación de los medios de comunicación, que, por
jemplo, asociaban a los Comado Autónomos Anticapitalistas con ETA, y aumentó el
aislamiento de la CNT y del resto de organizaciones anarquistas. Ya no había
base social para revolución alguna y el movimiento libertario se fue quedando
solo en la lucha por una transformación social más profunda.
El Caso Scala marcó el fin del crecimiento
espectacular de la CNT y del movimiento libertario, y el inicio de su
decadencia acelerada. Supuso el frenazo de una organización que crecía a ojos
vista, el acentuamiento de sus divisiones y un descrédito que arrastró la
organización confederal que quedó ampliamente desautorizada socialmente y
prácticamente neutralizada: se consumó el gran Pacto de Estado de la Transición
y de la nueva Democracia Española, sin oponentes. La monarquía democrática se
consolidó con la Constitución, aprobada en referendum el 6 de diciembre de
1978.
El acoso policial, la consolidación de la
monarquia democrática y el reflujo de las luchas obreras llevaron a la CNT a
una seria crisis. Cerrado el periodo de luchas revolucionarias del
tardofranquismo, había llegado el momento de hacer balance del largo y complicado
proceso de reconstrucción y adaptarse a la nueva realidad social y política de
la España de los años ochenta.
Así pues, a finales de 1979 la CNT
organizaría su V Congreso y primero desde el Congreso de Zaragoza en 1936 y
desde que la dictadura arrojara a la organzación a los círculos infernales de
la clandestinidad y del exilio. Ya durante el periodo precongresual se hicieron
evidentes las profundas divergencias que enfrentaban a los distintos grupos y
tendencias que convivían en el seno de la organización. No había discrepancias
en el diagnóstico de la situación por la que atravesaba la CNT y el conjunto
del movimiento libertario, pero las diferencias eran muy agudas cuando se
buscaban las causas y se proponían las soluciones.
Según se iba profundizando en el debate, se fueron decantando dos grandes
corrientes de opinión que confluirían al Congreso para generar la primera gran
escisión de la CNT desde 1933.
Fuente: CNT Madrid
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