Las cuentas de los sindicatos
A medida que se aproxima la fecha de la próxima huelga
general, vuelve a suscitarse la cuestión de la financiación de los sindicatos,
y la de los recursos que absorben las centrales convocantes de esa
movilización. Y, como tantas otras veces, al tratar de encontrar una respuesta
hay que reconocer que nos encontramos ante un enigma, un secreto celosamente
guardado por esas organizaciones, lo que obliga a reconstruir las cuentas
correspondientes a partir de informaciones parciales, seguramente incompletas,
publicadas en diferentes medios de comunicación.
El primer aspecto por
abordar es el de la estimación del conjunto de los recursos que la sociedad
utiliza para sostener las organizaciones sindicales y sus actividades. Dos son
los capítulos que han de tenerse en cuenta a este respecto. Por una parte, las
cantidades que, bajo la forma de subvenciones, destinan las Administraciones
Públicas a dicha finalidad; y por otra, la cuantía de los salarios que, pagados
por esas mismas Administraciones o por las empresas, corresponden a los
liberados sindicales.
Las subvenciones
otorgadas directamente a los sindicatos responden a conceptos muy diversos, que
van desde la representatividad –es decir, el dinero que se les concede por los
resultados obtenidos en las elecciones sindicales– hasta el desarrollo de
proyectos de naturaleza social, pasando por la financiación de las funciones
consultivas y de negociación dentro del ámbito de las Administraciones
Públicas. En 2011, la suma de lo que se conoce de estos conceptos fue del orden
de 34 millones de euros; es probable que se hayan quedado algunos millones
adicionales sin contabilizar. Además, están las subvenciones destinadas al
sostenimiento de actividades de atención a los trabajadores en los ámbitos de
la prevención de riesgos laborales, la mediación y el arbitraje y la formación;
actividades que se desenvuelven en el ámbito de las respectivas fundaciones, en
las que participan los sindicatos junto a las entidades patronales y, aunque no
siempre, las Administraciones Públicas. Los recursos que en 2011 obtuvieron los
sindicatos para estas actividades de servicios ascendieron a unos 367 millones
de euros. Por consiguiente, el conjunto de las subvenciones arroja una cantidad
mínima de 401 millones de euros.
Vayamos ahora con el
capítulo de los liberados sindicales. Las cifras que se han publicado sobre
este asunto son muy dispares y, a veces, seguramente muy infladas; se ha
llegado a afirmar que en 2010 había unas 57.000 personas dedicadas a tiempo
completo a las funciones sindicales. Teniendo en cuenta los datos que han
publicado recientemente tanto el Estado central como las comunidades autónomas
para sustentar su política de recortes en este terreno, así como los difundidos
por la CEOE y por algunas Administraciones locales, creo que 26.000 sería una
cuantificación razonable para el momento previo a dichos recortes –a comienzos
de 2011–. Esta cantidad se verá reducida a unos 12.000 cuando se complete,
seguramente en 2013, el proceso emprendido por las Administraciones Públicas
para ajustarla a los mínimos legalmente establecidos. En términos de coste,
puede estimarse que la sociedad ha dedicado unos 820 millones de euros a pagar
los salarios de los liberados en 2011, y que dejará reducida esa cifra a 372
millones cuando culmine el ajuste mencionado.
Por tanto, la suma
total de los recursos que bajo una u otra forma se han destinado a financiar a
los sindicatos y sus actividades en el año tantas veces mencionado está en un
nivel algo mayor a los 1.220 millones de euros. Sin embargo, sólo una parte de
esta cuantía corresponde estrictamente al sostenimiento de las organizaciones
sindicales como tales. Para cuantificarla es preciso establecer, por una parte,
cuál es el coste total de esas organizaciones y, por otra, qué parte de ese
coste sufragan los afiliados a las mismas.
La información a este
respecto es aún más fragmentaria que la disponible sobre la financiación
pública. Sin embargo, partiendo de los datos que se han difundido acerca del
número total de empleados por las centrales sindicales –unos 7.700– y de los
declarados en junio de 2011 por una ellas, se puede llegar a una estimación
razonable. En concreto, parece que el coste total de los sindicatos españoles,
con referencia en 2011, sería de unos 484 millones de euros. Para la
financiación de tal cuantía estas organizaciones dispusieron de 284 millones
correspondientes a las cuotas pagadas por los afiliados –el 59 por ciento del
total–, unos 40 millones de rendimientos producidos por empresas por ellas
participadas –ocho por ciento– y 34 millones de subvenciones directas –siete
por ciento–. Quedarían, por tanto, sin cobertura 126 millones –el 26 por ciento
de los gastos–, que tendrían que haber sido financiados con otras fórmulas,
seguramente mediante el empleo irregular de aproximadamente un tercio de las
subvenciones finalistas destinadas a la formación, el arbitraje y la prevención
de riesgos laborales.
Esto último es, de
momento, sólo una hipótesis. Pero no se formula sin una base que considero
sólida, pues a ello apuntan los resultados de las auditorías realizadas,
principalmente en el ámbito autonómico, por los organismos fiscalizadores de
las cuentas públicas. Y se corresponde, por otra parte, a la experiencia del
pasado, que quedó debidamente documentada por los informes del Tribunal de
Cuentas acerca de los fondos públicos destinados a la formación continua de los
trabajadores o la prevención de riesgos laborales.
En consecuencia,
parece razonable exigir una mayor claridad en lo que atañe a las cuentas de los
sindicatos. Su estructura y sus actividades están financiadas en buena parte
con fondos públicos y desempeñan un papel institucional público reconocido por
la Constitución. Ello debiera ser motivo suficiente para que, tal y como ocurre
con los partidos políticos, una ley regulara las formas y los límites de su
financiación, sometiendo ésta al escrutinio periódico del Tribunal de Cuentas.
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