El Estado pone al servicio de UGT una finca de casi 30.000
metros cuadrados situada en la céntrica Avenida América de Madrid
Los sindicatos y la patronal reciben cada año una ingente
cantidad de dinero en forma de subvenciones por parte del Estado Central que
contrasta abiertamente con los presupuestos designados por el Gobierno Central
para otras entidades de vital importancia para el mantenimiento del statu quo.
Son muchos los que se preguntan si esta medida es ética o si corrompe el
cometido genuino de este tipo de organizaciones.
Sin ir más lejos en los Presupuestos Generales del Estado
del ejercicio presente los sindicatos son beneficiarios de 17,3 millones de
euros. Una cifra elevada ya de por sí y que ha visto reducida su inversión de
2011 (25,9 millones) en un 33% debido a los recortes que desde La Moncloa se
han aplicado de forma masiva para combatir la crisis. Lo que resulta llamativo
es que del total de las ayudas destinadas a los sindicatos y la patronal
-entidades que luchan en pos de la igualdad de los trabajadores y unas
condiciones dignas del proletariado-, el clásico tándem sindical en España,
conformado por UGT y CCOO, se queda con el 70% de las mismas y alimenta el
beneficio de la duda con acciones poco transparentes manteniendo año tras año a
los mismos líderes –encerrados en una espiral de intercambio de favores con el
Gobierno- al frente de la organización.
La finalidad de estas aportaciones económicas queda en
evidencia a la hora de examinar su forma y fondo. En lo que va de año el
Gobierno ha publicado en varias ocasiones a través del BOE paquetes de ayudas
millonarias a los dos sindicatos más visibles del panorama nacional días antes
o días después de la convocatoria de huelgas y manifestaciones en contra de las
decisiones tomadas por el Estado. Causalidad o casualidad. Según informaciones
difundidas por El Confidencial, el 21 de febrero –días después de ser aprobada
una partida del Ministerio de Agricultura de 80.000 euros destinados a UGT para
la formación náutico pesquera- el Ministerio de Empelo y Seguridad Social
concedía a UGT y CCOO subvenciones por un importe cercano a los 340.000 euros
como parte de las ayudas a la inmigración –visitas a centros, elaboración de
informes y prestación de asesoramiento socio laboral-. Tan sólo un mes más
tarde, a dos días de la huelga general del 30 de marzo, el Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad repartía 1,3 millones con un objetivo
similar: el desarrollo de programas de formación y de apoyo a la inmigración.
Los adjudicatarios seguían siendo los mismos.
Descontrol hasta en
las cantidades entregadas
He aquí el principal problema para cuantificar las ayudas y
el cómputo total de fondos que los sindicatos y la patronal gestionan cada año.
Aparte de las partidas económicas reservadas para sus arcas en los Presupuestos
Generales del Estado, a lo largo del ejercicio la mayoría de los ministerios
abonan a los mismos grandes paquetes de subvenciones destinadas a diferentes
áreas programáticas que conjuguen con las competencias de cada cartera. En este
aspecto destaca el filón de los cursos y actividades de formación. En 2010, los
sindicatos españoles y la patronal fueron acreedores de la friolera de cerca de
200 millones de euros en materia de formación sectorial e intersectorial. Según
publicó La Gaceta con motivo del Día Internacional de los Trabajadores de 2011,
sumando las cantidades aportadas en 2010 referidas a acción sindical,
formación, organismos autónomos, Seguridad Social y contando solo con las
aportaciones emitidas desde el Ministerio de Trabajo, los dos sindicatos
mayoritarios se repartieron una tarta de 204 millones de euros aproximadamente.
Estas cifras atribuyen a UGT, a ojo de buen cubero, un total de más de 100
millones de euros anuales, a los que habría que sumarle las partidas
implementadas por los restantes ministerios nacionales. Según la misma
información citada arriba, los dos colosos del sindicalismo español habrían
gestionado en 2010 ayudas por más de 220 millones de euros.
30.000 metros
cuadrados para el sindicato
Los datos son suficientemente ilustrativos de la situación
que atraviesa el sindicalismo español. Sin embargo existen otras vías de
cooperación subsidiaria del Gobierno con los sindicatos españoles, en este caso
con la formación dirigida por Cándido Méndez, UGT. La organización sindical
obrera española fundada en 1888 dispone de un total de siete sedes en la
Comunidad de Madrid entre las que destaca la Calle Hortaleza donde está el
Comité Confederal o la finca sita en
Avenida América que dispone de casi 30.000 metros cuadrados construidos. Este
edificio situado en el corazón de Madrid y en usufructo de la institución
sindical presenta una característica cuanto menos peculiar. De acuerdo con la
información facilitada por el Registro de la Propiedad de Madrid Número 21 a
extraconfidencial.com el inmueble no es propiedad de UGT, sino que su
titularidad actual responde a la Administración del Estado como figura en el 1º
libro del Registro con fecha 19-07-1965. Tras la corroboración de este dato
anómalo y las pesquisas emprendidas para esclarecer los detalles de la cesión
que el Estado realiza del inmueble para su uso –si es que la hay-, tanto las
sedes principales como los departamentos de prensa se cierran en banda al
responder con un “no” rotundo a las peticiones de información que expliquen el
régimen del solar. Del mismo modo no logran aportar una respuesta clara a la
cuestión de la titularidad, aduciendo desconocer “a alguien que pueda tener ese
dato”.
Cesiones inmobiliarias junto a millonarias partidas
económicas desde los ministerios a los sindicatos -de entre las que UGT saca
una tajada cercana al 40%-, construyen un escenario protagonizado por un
clarividente trato favorable del Estado hacia las organizaciones del movimiento
obrero. Las motivaciones de tal práctica no son ignoradas. Por un lado se
mitiga el fervor radical y reivindicativo de las organizaciones a través de la
politización de las mismas en una época en que los trabajadores españoles se
enfrentan a las condiciones más crudas que el ámbito laboral moderno ha
presentado jamás. Por otro, se reducen considerablemente las huelgas y
manifestaciones, en vez de la proliferación que deberían experimentar ante la
aguda situación del proletariado.
Esta práctica contributiva emprendida por el Estado español
desvirtúa la filosofía clásica del movimiento obrero, el cual en sus inicios
-allá por la década de los 40 del XIX- anteponía la representación laboral a la
política. Muchos análisis de las obras clave de Karl Marx y Friedrich Engels
sitúan a esta politización de los organismos y su subsistencia mediante
subvenciones estatales como una de las imprecisiones de la teoría marxista que
impidieron la puesta en práctica de su paradigma crítico del conflicto. Según
Harold Kerbo, este comportamiento del Estado forma parte de una planificación
económica en la que los sindicatos obtienen ganancias a cambio de controlar a
la clase trabajadora en beneficio de los intereses de los capitalistas. En el
examen que realiza de Marx, Kerbo asegura que el intelectual alemán de Tréveris
olvidó esta y otras evoluciones del sistema cuando confiaba en el florecimiento
de la propiedad colectiva a través de la revolución de los trabajadores.
Aplicando el esquema teórico a la situación práctica observada en España,
resulta curioso contemplar como una institución alumbrada desde las bases del
marxismo como UGT puede llegar a atentar de motu propio contra sus orígenes
ideológicos.
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