Canales Bermejo contra España
Un grupo de hombres armados irrumpe a las dos de la
madrugada en un hogar de Pajares de Adaja (Ávila). Dentro, Valerico, su mujer,
Virgilia y sus dos hijos, Victorico y Fausto, de cuatro y dos años, duermen. El
grupo saca violentamente a Valerico de la cama, le ata las manos, lo introduce
en una camioneta y se lo lleva. Virgilia, Victorico y Fausto no volverán a
verle. Ninguna autoridad investigó este secuestro. Nadie intentó buscar a los
responsables ni al desaparecido.
Nadie lo investigó
entonces porque ocurrió en 1936; los hombres armados eran falangistas y a
aquella detención ilegal sucedieron 40 años de dictadura. Pero nadie lo
investigó tampoco cuando llegó la democracia y se consolidó y eso es lo que ha
llevado a Fasuto Canales, el niño de dos años que dormía aquella madrugada del
36 en la habitación de sus padres, a demandar a España ante el Tribunal Europeo
de Derechos Humanos de Estrasburgo por “la violación continuada de su
obligación de llevar a cabo una investigación efectiva de la desaparición” de
su padre e inclumplir así, según la demanda, de 97 páginas, el Convenio Europeo
de Derechos Humanos.
“Mi padre, jornalero,
tenía 29 años cuando nos lo arrancaron de un hogar al que nunca volvimos",
explica Fausto. "Esa misma noche, mi madre nos llevó a mi hermano y a mí a
casa de mis abuelos, que eran pastores, y después se puso a servir en casas
para sacarnos adelante. Apenas la veíamos. Estuvo 30 años de luto. No cobró
pensión de viuda hasta 1979 y durante toda su vida fue incapaz de hablar de él
sin llorar. Yo siempre estoy pensando en mi padre. Para mí ha sido muy
frustrante que las autoridades de mi país no me hayan ayudado. Me entra envidia
cuando veo que en Argentina, en Chile, en Yugoslavia... sí ha sido
posible".
Fausto ha acudido a Estrasburgo tras agotar todas las vías
judiciales y administrativas en España. El pasado 27 de febrero el Tribunal
Supremo le cerraba la última puerta con una sentencia sobre la competencia para
investigar los crímenes del franquismo que establece que “la búsqueda de la
verdad” sobre unos hechos “con apariencia de delictivos” es “una pretensión tan
legítima como necesaria”, pero en este caso no es posible “una indagación
judicial” por concurrir “una causa de extinción de la responsabilidad penal,
muerte, prescripción o amnistía”.
El fiscal del Supremo
Carlos Castresana, impulsor, junto a Baltasar Garzón, de los procesos abiertos
en España contra las juntas militares argentinas y el dictador chileno Augusto
Pinochet, ha incorporado a la demanda de Fausto, realizada por el equipo de
Rights International Spain, un informe pericial en el que explica la
“indefensión” que han sufrido los represaliados del franquismo. “Las víctimas
no ejercen las acciones legales cuando quieren, sino cuando pueden”, afirma el
informe. “El incumplimiento por parte del Estado de su deber de restablecer la
verdad histórica ha condicionado severamente el accionar de las víctimas
españolas. Estas se han encontrado frente a la indiferencia general, cuando no
ante la abierta animadversión de una parte de la opinión pública, espoleada por
algunos medios de comunicación y por algunos representantes políticos
conservadores simplemente porque la mayoría de la sociedad española desconoce
su pasado. Y se han encontrado, lo que es aún peor, con la incomprensión y el
rechazo de las autoridades gubernativas, que han negado autorización o
colaboración para las exhumaciones, y de los jueces, que han rehusado cumplir
con sus obligaciones tanto del derecho interno como del internacional”.
Castresana explica
cómo en Argentina, las demandas de justicia por parte de las víctimas, se
reactivaron precisamente tras los procesos abiertos en España en aplicación del
principio de jurisdicción universal y la derogación de las leyes argentinas de
punto final y obediencia debida, equivalentes a la ley de amnistía española. Y
que cuando vieron que los tribunales españoles abrían procesos para proteger a
las víctimas de las dictaduras del cono sur latinoamericano, los represaliados
del franquismo pensaron que “con mayor razón deberían hacer otro tanto con las
víctimas de su propio país. Sin embargo, la realidad que se han encontrado es
que los tribunales españoles no han podido, sabido o querido amparar hasta
ahora a las víctimas españolas”. Para Castresana la detención ilegal del padre
de Fausto es un delito que no prescribe y que el Estado español “está obligado
a investigar”.
La demanda incluye
también un informe pericial realizado por los antropólogos Francisco Ferrándiz
-que investiga para el CSIC desde el año 2002 las políticas de la memoria en
España-, Julián López, María García Alonso, Pedro Tomé y Juan Antonio Flores.
El documento expone “la marginación sistemática” de las víctimas del
franquismo, frente al “tratamiento privilegiado” de las víctimas del bando de
los vendedores de la Guerra Civil (“investigados, exhumados y homenajeados”);
la “cultura del miedo” a hablar y reclamar que instauraron 40 años de férrea
dictadura y las “limitaciones a medio y largo plazo de los pactos políticos de
élite, como el caso de la transición española” a la hora de reparar a las
víctimas.
Y finalmente, la
demanda incluye un tercer informe pericial realizado por los psicólogos
Guillermo Fouce, Conchi San Martín, Ernolando Parra y Luis Muiño, que explica
“los efectos de la traumatización que se dieron en España durante la guerra y
la posterior dictadura militar”.
Desde que llegó la
democracia, y en especial, desde que se jubiló, en 1999, Fausto ha dedicado
cada jornada de su vida a intentar averiguar qué le ocurrió a su padre. Se ha
reunido con ministros, como Ramón Jáuregui, con representantes de casi todos
los partidos políticos; acudió a la Audiencia Nacional —su denuncia fue una de
las que animó al juez Garzón a abrir la frustrada causa contra los crímenes del
franquismo—, a los juzgados territoriales... y mientras pedía ayuda a las
autoridades administrativas y judiciales, inició una investigación privada que
le permitió averiguar que aquella madrugada de 1936, en la puerta de su casa
esperaban vecinos que habían facilitado a los falangistas una lista con nombres
de simpatizantes republicanos, y que aquella noche, aportaron, además, las
cuerdas que sirvieron para atar las manos de su padre, de 29 años. Que después,
se los llevaron en una camioneta con otros cinco hombres y una mujer y que los
fusilaron en una cuneta en Aldeaseca, a 25 kilómetros. Y que en 1959 , por
orden del Régimen, aquella fosa común fue abierta para trasladar en secreto los
restos al Valle de los Caídos. “Todo eso he averiguado, pero no lo sé con
certeza. Quiero que se aclaren los hechos en sede judicial. Que Estrasburgo
obligue a España a localizar y si es posible, devolverme, los restos de mi
padre. No estoy obsesionado con esto, pero sí determinado a seguir”, asegura
Fausto. “Y cuando yo muera, si no lo he conseguido, seguirán mis hijos”.
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