Anticorrupción destapa la supuesta financiación ilegal del
PP de Baleares
El fiscal de Baleares Pedro Horrach y el juez José Castro,
que investigan el caso Urdangarín, han descubierto indicios de delito en la
actuación del Gobierno de Jaume Matas (2003-2007) en relación a la adjudicación
irregular de contratos públicos a una empresa. Con parte del dinero adjudicado
a esa firma, el Partido Popular de Baleares pudo financiarse para la campaña
electoral.
Los hechos
descubiertos por la investigación judicial pueden dar lugar a la imputación de
una decena de ex altos cargos del Gobierno de Matas —entre ellos tres de sus
consejeros—, así como de varios empresarios. El juez y el fiscal se han
desplazado a Madrid para tomar declaración a implicados que residen en la
capital.
Por sus
características, se considera un asunto gemelo del caso Gürtel. Una primera
estimación fija en tres millones de euros el dinero manejado en contratos
públicos bajo sospecha.
La investigación
comenzó en 2010, tras unos registros a sedes de organismos del Gobierno de
Baleares y de distintas oficinas y almacenes de compañías de publicidad.
El núcleo del
escándalo radica en las adjudicaciones a la firma Over Marketing y Comunicación
(Over Mc), controlada por el publicista Daniel Mercado, que ideó las campañas
de imagen y estrategia de Matas para las elecciones de 2007 y antes en 2003.
Mercado es uno de los implicados que residen en Madrid, su sociedad figura en
liquidación en el Registro Mercantil. En el apogeo del PP de Matas abrió una
oficina en Palma de Mallorca.
Cuando Matas retornó
al poder en 2003, tras ser ministro de Medio Ambiente con José María Aznar, la
mayoría de las 13 consejerías del Gobierno balear y muchos Ayuntamientos del PP
pasaron a contratar trabajos con Over MC. La acusación acumula pruebas de que
mediante este mecanismo se financió indirectamente con fondos públicos una
parte de las campañas electorales del PP.
La firma de Mercado
fue beneficiada con adjudicación de contratos para promocionar nuevas infraestructuras
de las islas. Para trabajos similares con el macrohospital de Son Espases, Over
Mc cobró 1,3 millones y la mayoría de contratos eran de hasta 12.000 euros,
directos sin concurso. El lanzamiento del parque de Sa Riera de Palma costó
120.000 euros. Los contratistas públicos destinaban una partida a publicidad
que el Gobierno controlaba y Over MC era la privilegiada.
Un equipo de
investigadores de la Guardia Civil ha rastreado en la maraña de expedientes,
facturas, la vida económica de empresas y los pagos desde las instituciones
vinculadas. Antiguos gestores que trabajaron en el aparato del PP y empleados
de Over MC han detallado aspectos sospechosos.
La investigación
judicial se ha cobrado ya una primera víctima política. En julio de 2012 fue
forzado a dimitir el que era delegado del Gobierno en Baleares, José María
Rodríguez, consejero de Interior con Jaume Matas y secretario general del PP
balear, en cuyo departamento se efectuaron contrataciones oficiales con OverMC.
Cuando trascendió la
supuesta irregularidad, Rodríguez ordenó que se averiguase en la Guardia Civil
las filtraciones sobre las investigaciones que le implicaban en un caso de
corrupción. En el Ministerio del Interior se le invitó a dejar su cargo.
En las carpetas
halladas durante el registro en la empresa de publicidad se encuentran apuntes
que no distinguen entre el cliente PP y las instituciones: “Campaña 2007
Baleares, Ibsalut, Manacor, noticias varias, PP, Menorca”.
Otra de las
semejanzas con el operativo del caso Gürtel, centrado en el método de
contrataciones instituciones paralelas a trabajos partidistas, son los
obsequios documentados para altos cargos y sus esposas. En la causa existen
listados de regalos de gran lujo, su precio y el nombre de los beneficiarios.
Tres autonomías bajo sospecha
Con la causa abierta
por supuesta financiación ilegal del PP balear ya son tres las autonomías donde
gobierna el partido conservador sospechosas de una grave práctica de corrupción
consistente en adjudicar contratos con dinero público a empresas que acaban
financiando actos electorales de esta formación política.
El caso Gürtel, cuyo
epicentro es la Comunidad de Madrid, destapó varios casos de supuesta
financiación ilegal del PP a través de las empresas con las que intermediaba
Francisco Correa, jefe de la trama. El mecanismo era parecido al descubierto
ahora en Baleares. Correa influía sobre alcaldes del PP para que adjudicaran
contratos a unas empresas determinadas. Estas pagaban comisiones por esas
adjudicaciones a la trama Gürtel quien, a su vez, acababa desviando una parte
de esos fondos a actos electorales del PP.
En la Comunidad
Valenciana, la investigación del caso Gürtel descubrió cómo el Partido Popular
financiaba muchos actos electorales con dinero de empresas privadas que, a su
vez, eran contratistas de la Administración.
Estas empresas
contratistas aparentaban contratar servicios con las firmas de la trama Gürtel
y les pagaban unas cantidades de dinero que, en realidad, servían para
financiar actos de distintas campañas electorales del PP en esa comunidad
autónoma.
El Tribunal Superior
de Justicia de la Comunidad Valenciana abrió hace meses una causa a la
financiación ilegal del PP y mantiene imputados a los empresarios que
supuestamente financiaron ilegalmente a esta formación política y a varios
miembros del Gobierno autónomo que presidía Francisco Camps.
En la Comunidad de
Madrid, el caso Gürtel sigue instruyéndose en la Audiencia Nacional con una
causa única en la que se acumulan distintas irregularidades, entre ellas los
contratos adjudicados por determinados Ayuntamientos, gobernados por el PP, que
dieron lugar a comisiones ilegales que recaudó la trama Gürtel y que,
supuestamente, acabaron financiando actos del PP.
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