Reflexiones sobre Las Aletas

Purificación González de la Blanca, de Cádiz
Por una Sentencia del Tribunal Supremo ha quedado anulado el acuerdo del Consejo de Ministros que daba luz verde al denominado Parque Empresarial Las Aletas, proyectado en plena zona de dominio público marítimo-terrestre estatal, con una ocupación prevista de 5.200.000 m2. No podía ser de otra manera al amparo de la legalidad vigente, que antepone la protección de este dominio como valor prevalente a cualquier otra consideración, aunque la provincia de Cádiz esté plagada de inadmisibles precedentes.
En este país, en el que todo se pervierte, la última modalidad especulativa de pelotazo ha pasado a ser la de los parques industriales o empresariales, que sistemáticamente se vienen proyectando en zona marítimo-terrestre estatal, con la complicidad de unas administraciones que utilizan este territorio protegido (por la propia Constitución Española y por la ley que la desarrolla en esta materia: la de Costas) como moneda de cambio. Al tratarse de suelo protegido y público (de todos) no va a ser defendido por nadie y va a ser más barato, incluso gratis. Además, al ser necesario desecarlo y/o drenarlo, convierte las obras en sumamente costosas para la hacienda pública pero altamente rentables para determinadas empresas, de todos conocidas, que son las que “venden” los proyectos, deciden las inversiones públicas y hacen su agosto a costa de los rellenos, desecaciones e infraestructuras.
Es sorprendente que tantas administraciones, partidos, incluso sindicatos, se hayan puesto de acuerdo para vulnerar abiertamente el artículo 132 de la Constitución Española, el Plan de Ordenación del Territorio de la Bahía de Cádiz y la Ley de Costas, entre otras disposiciones. Tan sorprendente como conocer declaraciones de algún político de que “La Junta espera que el Consejo de Ministros lo arregle”.
¿En qué país estamos? ¿Aún no conocen la división de poderes? Pues que tengan cuidado con esa Ley de Costas (artículo93), que hace responsables a los promotores, los constructores, los políticos, los funcionarios, los asesores, los organismos colegiados, etc.,…que adoptaran decisiones o acuerdos en contra de esta ley. Pero si lo que quieren son terrenos –no obras, como parece- , en la Bahía de Cádiz hay numerosos excedentes de terrenos desecados para polígonos industriales (ahora llamados parques industriales o empresariales), que en algunos casos, como el de Tres Caminos, en que fueron desecados 665.532 M2 de salinas, después de 30 años todavía tienen sin cubrir alrededor del 50% de su superficie. En otros, como el de IMPULSA, en las Salinas de Poniente (El Puerto de Santa María), tras tan inmenso derroche de desecación de salinas y marismas en un lugar de tan alta sensibilidad ecológica (que afecta también a la ribera del Guadalete) y derroche también de alumbrado, parece ser que solo tiene instaladas dos o tres naves industriales.
Y además tenemos desecaciones en El Trocadero, 1.239.024 M2; Río San Pedro, 310.000 M2 ; Salina San José, de 1.000.000 M2; Salina La Isleta, de aproximadamente 1.000.000 M2; Salina de Poniente, de 1.600.000 M2 desecados, y prácticamente vacía en su totalidad, etc., por solo mencionar algunos de estos polígonos. En el caso de Las Aletas, con gran parte de terrenos desecados (sin que por ello dejen de ser de dominio público), albergan una importante biodiversidad, ya que aquí se censan distintas especies protegidas, en proceso de extinción, como las escasas cigüeñas negras que visitan la provincia, terreras marismeñas, patos cuchara, ánades frisos, alcaravanes, garzas, ánades reales (han llegado a contarse hasta un millón), etc. Siendo también territorio de caza de algunos halcones, ya que aquí proliferan las liebres. Todo esto deben saberlo quienes tienen la obligación de preservar el litoral y el medio ambiente. Pero parecen ignorarlo cuando actúan sistemáticamente contra todos esos seres que, sin duda, constituyen una de las grandes riquezas de esta provincia.
Han tratado de vendernos Las Aletas como la panacea que iba a resucitar la Bahía, tal y como hicieron con los rellenos de San Felipe, esos terrenos hoy marginales que iban a dar 12.000 puestos de trabajo y se convertirían en “el motor del desarrollo”. No hablemos de Puerto Sherry, que iba a dar empleo a medio El Puerto de Santa María… (consulten la hemeroteca). Qué falta de respeto a los ciudadanos. Cómo destruyen el medio ambiente y cómo dilapidan los presupuestos públicos.Pero la gran pregunta que hay que hacerse es qué está sucediendo con el dominio público marítimo-terrestre estatal en la provincia de Cádiz.