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lunes, 2 de noviembre de 2009

82 ayuntamientos valencianos no les queda ni un euro en la caja


Las administraciones locales se han convertido en el mayor nicho subprime de la crisis en el momento actual. Según recientes informaciones, los consistorios acumulan deudas de 3.500 millones de euros con las empresas pertenecientes a la Asociación de Empresas de Limpieza Pública, según esta propia organización.
Además, la crisis lleva al límite los impagos. El 90% de las pymes almacena facturas impagadasy una cuarta parte está al borde de la quiebra. Los retrasos alcanzan hasta los 800 días en Andalucía.
Precisamente esta comunidad autónoma alberga el primer ayuntamiento que suspendió pagos, el de Palomares, según una información de Pedro de Tena el pasado mes de junio en Libertad Digital.
Los ayuntamientos y las CCAA, adeudan a proveedores 30.000 y 12.000 millones de euros, respectivamente. Dicho de otro modo, este secuestro de recursos es más del triple de la recaudación extra que espera obtener el Gobierno con su última subida de impuestos (que afectará al tipo del IRPF, del IVA y los rendimientos del ahorro).
Ahora, según publica levante-emv.com un total de 82 ayuntamientos valencianos han pedido ayuda al Gobierno porque tienen las arcas vacías. Según esta publicación, los consistorios han pedido al Gobierno central 257 millones en préstamos para hacer frente a los pagos más inmediatos, como las nóminas de sus funcionarios. Algunos de los concejales que han dado la cara explican, como el responsable de hacienda del Ayuntamiento de Torrent, quien se defiende señalando que arrastraban remanentes negativos "heredados de la gestión socialista" desde 2006 a 2008 que llegaron a 8,7 millones.
Además, levante-emv.com señala que el Minisetrio de Economía y Hacienda ha autorizado a los 82 consistorios valencianos, concretar operaciones de endeudamiento para financiar su déficit de tesorería. Tienen las arcas públicas vacías. Así, los ayuntamientos podrán liquidar facturas pendientes que mantienen con empresas y autónomos, así como con sus propios funcionarios. El único requisito que el Gobierno exigía para poder acogerse a este plan es no tener ni un solo euro en la caja a cierre del ejercicio de 2008.

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