La vida
oculta del asesino de Yolanda
—¿Emilio
Hellín Moro?
—Yo soy Luis
Enrique Hellín…
—Perdone,
pero ¿no es usted Emilio Hellín, el autor del asesinato de Yolanda González, la
joven de 19 años que murió en 1980?
—No… Emilio
Hellín murió hace tres o cuatro años… Somos familia.
—No sabía
que tuviera un hermano llamado Luis Enrique.
—Es una
historia complicada porque somos hijos de la misma madre, pero de distinto
padre. Luego juntamos los apellidos… ¿Sabe? Líos de familia que prefiero no
comentar.
—¡Se parecen
ustedes muchísimo! ¡Y los dos eran informáticos! Usted se ha cambiado el
apellido y aparece su currículo en Linkedin [web de contactos profesionales]
como Luis Enrique Helling. Se ha añadido una g al apellido.
—Es que
nuestro abuelo era de origen inglés.
—¿Sabe de
qué murió Emilio? ¿Dónde puedo localizar a su familia?
—No lo sé.
—¿De qué
pueblo son ustedes? ¿Puede enseñarme su DNI para demostrar que no es usted
Emilio Hellín?
—La
conversación ha terminado…
Luis Enrique
Hellín Moro, de 63 años, es un tipo alto y corpulento, tiene una frente
despejada y pelo blanco en las sienes. No rehúye la mirada y habla con aparente
calma y frialdad. Viste una camisa de lana clásica de cuadros, pantalón de pana
beige y zapatos marrones. De su cuello cuelgan unas pequeñas gafas
graduadas. El encuentro con el periodista tiene lugar en la oficina de su
empresa, New Technology Forensics, especializada en peritaje criminal, en una
tranquila calle en el barrio madrileño de San Isidro, frente a un colegio
público. El local, de tres alturas, es una desordenada oficina de 30 metros
cuadrados repleta de ordenadores y teléfonos móviles, la especialidad de este
técnico superior de sistemas de telecomunicaciones e informáticos. Junto a la
puerta blindada de hierro, siempre cerrada, un cartel exhibe su nombre y el de
dos de sus colaboradores, uno de ellos apellidado Hellín Asensio. Emilio Hellín
estaba casado con María del Carmen Asensio.
En el departamento de defunciones del Registro
Civil de Madrid,
en el número 66 de la calle de Pradillo, no consta el presunto óbito de Emilio
Hellín Moro, el militante de Fuerza Nueva —partido de extrema derecha que dirigía Blas
Piñar— que protagonizó
en 1980 uno de los asesinatos más brutales de la Transición; tampoco la
Dirección General de la Policía ha expedido en los últimos años ningún carné de
identidad a su nombre. Sí lo ha hecho, en cambio, a nombre de Luis Enrique
Hellín Moro, el experto informático que niega ser el excriminal pese a su
extraordinario parecido físico.
Emilio Hellín Moro, condenado a 43 años de cárcel por el asesinato en Madrid de Yolanda González Martín, una joven militante del
Partido Socialista de los Trabajadores (PST), ha cambiado su nombre por el de Luis Enrique, según ha comprobado ELPAÍS
en su acta de nacimiento, depositada en el Registro Civil de Torre de Miguel
Sesmero, un pueblo de unos 1.200 habitantes en Badajoz. El cambio se oficializó
hace 16 años, el 25 de enero de 1996, en virtud de un auto dictado por el
Registro Civil de Madrid en el expediente 402/95. Desde entonces, este es su
secreto mejor guardado.
Con este
cambio de nombre que permite la ley “si se demuestra una causa justa y no
perjudica a terceras personas” el ultra Hellín Moro disfrazó su pasado criminal
poco después de cumplir condena —permaneció entre rejas 14 años, con el
paréntesis de una espectacular fuga a Paraguay—, de los 30 de pena máxima que
contemplaba el Código Penal. Y al salir de la cárcel de Jaén 2 se construyó una
nueva vida centrada precisamente en el mundo de la investigación criminal y
judicial, un escenario del que él mismo fue protagonista estelar después de
secuestrar a Yolanda González en su casa de Madrid y descerrajarle dos tiros en
la cabeza en un descampado con el argumento de que ella era miembro de ETA, una falsedad.
El nuevo Luis Enrique Hellín Moro es ahora uno de los
principales asesores del Servicio de Criminalística de la Guardia
Civil, participa
en investigaciones judicializadas sobre terrorismo y delincuencia, imparte
cursos de formación a agentes de este cuerpo, de la Policía
Nacional, el Ministerio
de Defensa, Ertzaintza y Mossos
d’Esquadra, da
conferencias a miembros de las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado en
organismos oficiales y cobra por sus servicios del Ministerio del Interior,
según ha comprobado este periódico. También asiste como perito a la Audiencia
Nacional y a numerosos juzgados de distintas ciudades españolas. Su
especialidad es el rastreo de pruebas en teléfonos móviles, ordenadores y
dispositivos digitales que han intervenido en actos terroristas, crímenes,
homicidios, secuestros, delitos económicos, financieros o informáticos, según
consta en su currículo y confirman varias fuentes oficiales y judiciales. Jamás
confiesa que el hábil y frío experto en telecomunicaciones, teléfonos espías,
localización de llamadas, intervención de comunicaciones, recuperación de SMS o
móviles activadores de explosivos es, en realidad, el ultra que a los 33 años,
casado y con tres hijos, dio “un paseo a Yolanda González por una España
grande, libre y única”, tal y como reivindicó el asesinato el Batallón Vasco Español, antecesor de los Grupos Antiterroristas de
Liberación (GAL). Desde su aparición, el 24 de mayo de 1978, los comandos
paralelos del Batallón Vasco Español asesinaron a 12 personas en atentados
dentro y fuera de España. La diferencia entre este y otros crímenes del grupo
parapolicial es que la víctima no tenía nada que ver con ETA.
El comandante Ramón García Jiménez, exdirector del departamento
de ingeniería, electrónica e informática del Servicio de Criminalística de la
Guardia Civil, explica así el trabajo de Hellín para este Cuerpo: “Nos
asesoraba en cómo resolver y orientar algunos casos forenses. Nosotros no
abarcamos todos los campos. Le pedíamos apoyo sobre cómo rescatar información
de teléfonos móviles en casos judicializados que estaban bajo nuestra custodia
y control. También colaboraba, y me imagino que sigue colaborando, en la
formación de nuestros hombres. Es uno de los técnicos civiles más formados y va
más adelantado en determinados campos de investigación”.
¿Sabe usted
algo del pasado de este colaborador? “No conozco el pasado de este señor, solo
sé que ha respondido siempre a todo lo que le hemos pedido”, responde el comandante
García, destinado en el Ministerio del Interior.
El renacido
Luis Enrique Hellín participó en 2008 en un seminario sobre nuevas tecnologías
en la lucha contra el delito del Instituto Universitario de Investigación en
Ciencias Policiales (IUICP) que dirigía José Antonio García Sánchez-Molero,
subdirector del organismo y entonces coronel jefe del Servicio de
Criminalística de la Guardia Civil. Virginia Galero, directora del IUICP,
asegura que a Hellín se le invitó por “su especialidad”, y añade que el curso
perseguía mejorar los medios de la policía científica y del servicio de
criminalística de la Guardia Civil. Este instituto mixto depende de la
Universidad de Alcalá y de la Secretaría de Estado para la Seguridad del
Ministerio del Interior.
El coordinador de este seminario y subdirector del
IUICP, José Miguel Otero, comisario jefe de la Unidad central de Investigación
Científica y Técnica de la Comisaría General de Policía Científica, asegura no
conocer a Hellín y afirma no recordarlo. “Vendría invitado por otros miembros
del instituto”, dice. Junto a Hellín participaron también en la formación de
policías y guardias civiles el juez Eloy
Velasco, hoy en la
Audiencia Nacional, y Matías Bevilaqua, un informático detenido recientemente e
imputado en la trama de compra y venta de datos confidenciales desarticulada
por la policía en la que hay implicados varios detectives. El hacker
asegura que aquel programa fue “del más alto nivel” y apostilla que la empresa
de Hellín trabaja “muy bien”. El exconvicto ha impartido numerosos cursos y
talleres de formación en la Dirección General de la Guardia Civil sobre
“teléfonos espías”, obtención de evidencias en Mac, iPhone e iPod, e
interpretación de datos binarios obtenidos de teléfonos móviles. Su último
trabajo conocido es el rastreo de llamadas en el
caso José Bretón, los dos niños supuestamente asesinados por su padre en Sevilla
PROTEGIDO EN
PARAGUAY
La fuga: En 1987, Hellín aprovechó un
permiso para huir a Paraguay, donde recibió protección de Stroessner. Abajo, la
casa en la que residió. En la fotografía de arriba, con el ministro de Justicia
de Paraguay, Hugo Estigarribia. Fue extraditado en 1990. Fotos: Reuters / J.
García
El asesinato
de Yolanda González en 1980 conmocionó a todo el país. La joven nació en Deusto
(Vizcaya) en el seno de una familia
trabajadora. Era la mayor de tres hermanos y obtenía notas brillantes en el
colegio público donde estudió el bachiller. A los 16 años se afilió a las
juventudes socialistas. Comprometida con sus ideas repartía de madrugada
propaganda revolucionaria a las puertas de fábricas como en las que trabajaba
su padre, un emigrante burgalés y soldador metalúrgico en Nife.
Polémicos permisos: En la imagen, Emilio Hellín sale
de la cárcel de Jaén en septiembre de 1993 para disfrutar de siete días de
libertad. Había cumplido la cuarta parta de la condena y su permiso fue muy
criticado a causa de sus antecedentes: una evasión y dos intentos de fuga.
Del cuello
de Yolanda colgaba una cruz Lauburu regalada por el comité de empresa de una
factoría vasca. A los 18 años se trasladó a Madrid para estudiar electrónica en el
centro de Formación Profesional de Vallecas. Vivía en un modesto piso en la
calle del Tembleque, en el barrio de Aluche, y limpiaba casas particulares para
no pedir ayuda a sus padres. “Era una persona lista, con una gran fuerza vital
y entusiasta de las cosas y las personas. Siempre pensando en ayudar a los
demás”, recuerda ahora Alejandro Arizcun, de 61 años, su novio de entonces y
hoy profesor de Historia de la Economía en una universidad pública.
La vida de
Yolanda en Madrid giraba entre sus clases en Vallecas, su trabajo de limpiadora
y la sede del PST, una escisión del PSOE. Durante la segunda quincena de enero
de 1980 participó en una huelga general de enseñanza, según reflejan
fotografías en las que aparece a la cabeza de las manifestaciones
estudiantiles. El viernes 1 de febrero de 1980, los militantes de Fuerza Nueva
Emilio Hellín Moro e Ignacio Abad Velázquez, estudiante de Químicas, se
presentaron en el domicilio de Yolanda, en el número 101 de Tembleque, con la
intención de secuestrarla e interrogarla. No estaba, por lo que volvieron sobre
las doce de la noche. En la calle contaban con el apoyo de otros dos militantes
de Fuerza Nueva, Félix Pérez Ajero y José Ricardo Prieto, y del policía
nacional Juan Carlos Rodas, que les aguardaban en un turismo. La joven intentó
impedirles el paso, pero no lo logró. La redujeron con violencia, registraron
el piso y la obligaron a acompañarles hasta el coche de Hellín. Se dirigieron
por la carretera de Alcorcón hacia San Martín de Valdeiglesias, a las afueras
de Madrid. En el trayecto, gritos, insultos y preguntas sobre un supuesto
comando de ETA que no existía salvo en la imaginación de los dos matones.
Acusaciones a las que Yolanda, que acababa de cumplir 19 años, no podía
responder. En un descampado frío y solitario, Hellín obligó a la joven a descender
de su coche y le disparó dos tiros en la cabeza a menos de un metro de
distancia. Abad, de orden de Emilio, la remató en el suelo. Su disparo impactó
en un brazo. “Cuando vi caer a Yolanda, quedé atontado y no me di cuenta de que
disparaba”, relató el primero a preguntas del fiscal durante la celebración del
juicio. La versión de Abad, en la que implicó a su compañero y dio todo lujo de
detalles sobre el secuestro y asesinato, fue idéntica a la del fiscal.
Días después, el agente que colaboró en el crimen
confesó el asesinato al comisario Francisco de Asís. Hellín descansaba en
Vitoria alojado en la casa de un amigo, inspector de policía. El ultra se
jactaba de sus contactos en la Brigada Operativa de la policía. Además, tenía
un hermano en la Guardia Civil, y entonces los vínculos entre miembros de la ultraderecha y los sectores más reaccionarios de
las Fuerzas de Seguridad del Estado eran frecuentes.
El 7 de
febrero, Hellín y Abad fueron detenidos y confesaron el asesinato. Ambos
aseguraron que lo hicieron en venganza por el asesinato de seis guardias
civiles en el País Vasco y porque sospechaban que Yolanda militaba en ETA. En
el registro de la escuela de electrónica de Emilio, en la que impartía clases
desde hacía 11 años, en el número 1 de la calle de San Roque, se descubrió un
arsenal de armas y explosivos. Con una gran antena, un Scanner VHF y un
receptor captaban las emisoras de la policía y de la Guardia Civil. Era el
material del denominado Grupo 41 de Fuerza Nueva, que dirigía Hellín, destinado
a otros atentados.
Hellín no se resignó a cumplir los 43 años de condena
(asesinato con alevosía, delito de depósito de armas y seis delitos de
falsificación de documentos de identidad). Meses después de su ingreso en
prisión preventiva se escapó de la cárcel de Alcalá de Henares en compañía de
10 presos comunes, aunque fue detenido horas después. Fue clasificado como
interno especialmente peligroso y trasladado a Herrera de la Mancha, la cárcel
más segura del país. Pero no cejó en su empeño y lo intentó de nuevo cuando le
llevaron a la prisión de Cartagena, y lo logró al aprovechar un polémico
permiso de seis días de libertad concedido el 20 de febrero de 1987 por el juez
de vigilancia penitenciaria de Valladolid José Donato cuando estaba en la
cárcel de Zamora. Hellín huyó a Paraguay con su mujer y sus tres hijos. Y de
nuevo volvió a su pasión: la informática y la inteligencia. Creó el Centro de
Estudios Profesionales de Asunción, dedicado a las clases de informática, y
trabajó para los servicios secretos policiales y militares paraguayos formando
a agentes en la instalación de micrófonos y rastreo de llamadas. Cambiaba de
domicilio y utilizaba solo su segundo apellido hasta que fue descubierto por un
reportero de la revista Interviú que denunció su paradero. En julio de
1989, la Interpol lo detuvo y el 21 de septiembre de 1990 fue entregado
a España y devuelto a su celda de la prisión de Zamora. Su aventura en Paraguay
bajo la protección del régimen de Alfredo
Stroessner duró tres
años. El dictador había invitado a su toma de posesión en Asunción a Blas
Piñar, dirigente de Fuerza Nueva, y a León Cordón, entre otros ultras.
Los padres y hermanos de Yolanda González ignoraban la
nueva vida del asesino de su hija. Eugenio tiene 79 años y Lidia, 72. Siguen
viviendo en Deusto y no han conseguido olvidar. Asier, de 39 años, el hermano
pequeño, no oculta su malestar. “Estoy perplejo. Es indignante que este hombre
realice esa actividad. No sé si se habrá arrepentido; todo el mundo tiene
derecho a una nueva oportunidad, pero, si lo hace con una nueva identidad, solo
ratifica el tipo de personaje que es. Está claro que en este país las personas
vinculadas a la extrema derecha gozan de privilegios”. Alejandro Arizcun, el
novio de Yolanda, responde atónito con una palabra: “Tremendo”. Y añade: “Lo
que usted me cuenta demuestra los lazos que Hellín tenía entonces con los
cuerpos policiales y que todavía mantiene vivos. Nunca se investigó a fondo la
implicación de algunos policías en el asesinato”.
Tras la
visita del periodista a su oficina en Madrid, Luis Enrique Hellín ha suprimido
de su biografía en Linkedin la g de su “abuelo inglés”. En su currículo de perito
todavía queda una huella muy profunda de su oscuro pasado: asesor en
telecomunicaciones e informática (1988-1989) del comandante en jefe de Estado
Mayor del Ejército y del director general de la Policía Nacional de Paraguay.
¿Nadie en la Guardia Civil y la policía sabe quién es este experto forense
informático que colabora en investigaciones criminales y forma a agentes de las
Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado?
J.M.I.
David
Martínez Loza, guardia civil en excedencia y jefe de seguridad de Fuerza Nueva,
fue la persona que ordenó el arresto, interrogatorio y ejecución de la joven
Yolanda González, de 19 años, según aseguró al tribunal Emilio Hellín Moro, el
autor material del asesinato, durante el juicio en la Audiencia Nacional.
Hellín señaló que nada más ser detenido se había confesado autor porque le
habían pedido que cargara con toda la culpa y que le ayudarían. “La propia
policía me dijo que no merecía la pena implicar a más personas”. Hellín aseguró
que la ayuda de su partido, del que fue expulsado tras el asesinato, nunca
llegó. Cuando el fiscal le preguntó quién dio la orden de secuestrar a Yolanda,
el ultra respondió: David Martínez Loza. Hellín implicó a dirigentes de
Fuerza Nueva, así como a funcionarios de policía, pero Ignacio Abad, el otro
autor material, descargó sobre él toda la responsabilidad. Martínez Loza fue
condenado solo por inducción a secuestro. “No se quiso tirar del hilo y buscar
la implicación de policías en el secuestro de mi hermana. Las conexiones de
Hellín y de Fuerza Nueva con la policía eran escandalosas”, recuerda ahora
Asier, de 39 años, hermano de la víctima. “No se investigó la implicación de
Fuerza Nueva”, se lamenta también Alejandro Arizcun, de 61 años, el novio de
Yolanda.
Alfonso Guerra, entonces diputado
socialista, afirmó que los minicomputadores PET 201 que utilizaba Hellín eran
usados como terminales de conexión telefónica con un ordenador que la Guardia
Civil tenía en un chalet camuflado en la colonia de El Viso, en el centro de
Madrid, donde operaba un capitán adscrito al servicio de información del citado
cuerpo.
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