Impunidad: no sólo Hellín, también Matute
8la foto no es del articulo) Nos hemos quedado profundamente escandalizados al saber, por
un reportaje publicado por el diario El País, que Emilio Hellín Moro, militante
de la extrema derecha condenado en 1982 a 43 años de cárcel por el brutal
asesinato de Yolanda González en 1980, ha cambiado de nombre y asesora desde
hace mucho tiempo a la Guardia Civil.
Constituye una
muestra de la impunidad con la que se resolvieron muchos asuntos de enorme
gravedad en la transición. Entre otros el 23-F, con generosas penas a los
implicados y sin que se sepan todos los nombres e interioridades de la
intentona golpista.
Pero este no es el
único casotan triste como vergonzoso. Les apunto otro, seguramente escasamente
conocido fuera de Canarias y dentro de las Islas solo rememorado por los que,
por edad, nos tocó vivir el final del franquismo y el comienzo de la andadura
democrática.
Torturas
Me refiero al
asesinato del obrero Antonio González Ramos, militante de CCOO y del PUCC, a manos y piernas del comisario José Matute.
Este, experto en artes marciales, se cebó con Antonio hasta matarlo a golpes en
la sede de la comisaría de policía de Santa Cruz de Tenerife, el 29 de octubre
de 1975. Luego trataron de ocultar el crimen, diciendo que González Ramos se
había lanzado fuera del coche policial en un traslado, al igual que hacían con
los tiros al aire que causaban numerosos muertos y heridos.
Otros militantes de
la izquierda canaria de entonces, alguno ocupando hoy escaño en el Senado,
también fueron víctimas de las palizas del
ultraviolento comisario, aunque con mejor fortuna que Antonio.
Posteriormente,
Matute huyó a Venezuela pensando que no corrían buenos tiempos para los
torturadores en plena efervescencia democrática. Pero regresó tras la amnistía
de 1977.
Dirección General
El periodista Julián
Ayala recuerda que el comisario se reincorporó a la policía y que “para más
escarnio, uno de sus últimos destinos en la Dirección General de Seguridad, en
Madrid, fue en el departamento de elaboración y custodia de los datos de las
personas detenidas”. Y, no puedo ocultarlo ni olvidarlo, el nombramiento fue
realizado por un Ministerio del Interior socialista.
No serían los únicos
casos de muertes impunes en el Archipiélago. En el mes de septiembre de 1976
fallecía tiroteado por la policía el joven tinerfeño Bartolomé García Lorenzo.
Los hechos sucedieron en su casa del barrio de Somosierra, en Santa Cruz de
Tenerife. La policía argumentó que lo había confundido con ‘el Rubio’ (con el
que no guardaba parecido alguno, por cierto), un delincuente posteriormente
condenado por el secuestro y muerte del industrial Eufemiano Fuentes.
Más tarde, en
diciembre de 1977, el estudiante grancanario Javier Fernández Quesada, murió
por una bala disparada por un guardia civil en el campus de la Universidad de
La Laguna. Lo conté en este post: ’12 de diciembre, crimen impune’
http://wp.me/p1SYpM-eD
En ninguno de los
tres casos relatados, los de Antonio, Bartolomé o Javier, sus responsables
padecieron condena alguna. La transición no ha sido tan ejemplar como nos la
han querido pintar. Ni mucho menos.
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