En manos de ladrones
(la foto no es del articulo) No hay duda. Estamos en manos
de ladrones. El caso Bárcenas, Pallerols, Crespo, Nóos, Mercurio, sumados al
caso Gürtel, Millet, Campeón, Pretoria y un largo etcétera, demuestran que
aquellos que nos han venido dando lecciones de austeridad, no sólo benefician a
banqueros y empresarios sino que, cuando no les enfocan las cámaras, corren a
llenarse los bolsillos para vivir en la opulencia y el derroche. Y, encima, a
costa nuestra.
Alcaldes,
exministros, dirigentes autonómicos, senadores, concejales, diputados… y hasta
un total de más de 300 políticos están siendo investigados por casos de
corrupción. En todos los niveles de la administración pública cuecen habas. Y
no sólo. La corrupción asoma, también, en el Consejo General del Poder
Judicial, entre los gobernadores del Banco de España o en la mismísima familia
real. Aquí no se salva nadie. Y sólo conocemos la punta del iceberg.
El País Valencià y
las Baleares tienen el triste honor de encabezar el ranking de la corrupción y
el amiguismo, aunque territorios como Catalunya, Galicia, Madrid, Andalucía…
les siguen de cerca. En el País Valencià, nueve diputados del Partido Popular
están formalmente imputados, así como antiguos altos cargos del gobierno de Francisco
Camps, a quien, incluso el periódico The New York Times llegó a comparar con
Silvio Berlusconi. En Baleares, son ya casi un centenar los imputados, entre
cargos y exaltos cargos, la mayoría de la última legislatura del popular Jaume
Matas, quien, por cierto, acumula un total de unas doce causas por financiación
irregular, entre otras.
En Catalunya, la
corrupción salpica de lleno tanto a Convergència como a Unió. Convergència, con
su sede embargada para cubrir la fianza
de 3,2 millones de euros por el desvío de fondos del Palau de la Música y con
la trama de las ITV acechando a su secretario general, Oriol Pujol. Más el caso
del Institut Català de la Salut, que obligó a la dimisión de su presidente
Josep Prat, o ahora el caso de Xavier Crespo, diputado de CDC en el Parlament,
vinculado, presuntamente, a una trama de blanqueo de capitales procedentes de
la mafia rusa. El “muy honorable” Jordi Pujol parece que no se ha enterado y
promueve desde su Centre d’Estudis un “código ético para profesionales de la
política”, basado en la honradez y la transparencia. En fin, otra broma de mal
gusto.
Por no hablar de
Unió, condenada por financiamiento irregular al beneficiarse con fondos públicos destinados, para más inri, a
la formación de parados. El conocido como caso Pallerols. Y que culminó, ojo al
dato, con un acuerdo entre fiscalía, acusación y defensa para evitar el juicio,
y la no declaración, entre otros, del presidente de la formación Durán y
Lleida, y una rebaja de las penas de prisión a menos de dos años (¡inicialmente
la Audiencia de Barcelona pedía once!) evitando, así, la cárcel. ¿Justicia?
No hay que olvidar
tampoco la trama de los ERE (Expedientes de Regulación de Empleo) falsos de la
Junta de Andalucía, presidida por el PSOE, con cerca de 70 imputados, entre
ellos, exconsejeros, exdirectores generales y exviceconsejeros. Muchos, parece
ser, fueron los beneficiarios, a lo largo de al menos diez años, del dinero de
los ERE andaluces. Un escándalo que sigue la estela de una largo historial de
corrupción en las filas socialistas desde la época de Juan Guerra y Luís
Roldán.
Aunque la mayor parte
de los casos de corrupción se dan a nivel local. Hoy unos 80 alcaldes y
exalcaldes más varias decenas de concejales están siendo investigados por
causas relacionadas con la adjudicación de obras y urbanismo. Muchos de ellos
están imputados por delitos de malversación de fondos, prevaricación, tráfico
de influencias y/o fraude. El caso Pretoria
en Santa Coloma de Gramenet y el, más reciente caso Mercurio en Sabadell
son todo un ejemplo.
Los partidos
políticos mayoritarios, principalmente, han hecho y deshecho a su antojo con
los fondos públicos, han utilizado instrumentos de financiación ilegal y han
gestionado los asuntos colectivos como si se tratara de su patio privado. No es
sorprendente, pues, que en el último Barómetro del Centro de Investigaciones
Sociológicas (CIS), en diciembre del 2012, los políticos y los partidos fueran
considerados el tercer problema más importante que existe en el Estado español,
seguido de la corrupción y el fraude. De hecho, en el informe Percepción de la
Corrupción 2012, elaborado por Transparencia Internacional, el Estado español
ocupaba el puesto número 30 de la clasificación, empatando, casualmente, o no
tanto, con Botsuana.
Y, ¿qué suerte corren
aquellos que se atreven a denunciar dicha corrupción? Hoy el caso más
emblemático es el de CafèambLlet, una revista local que, con muy pocos medios,
denunció, a principios del 2102, con un vídeo casero, que en pocos días llegó a
las más de cien mil visitas en Yotube, cómo el dinero de la sanidad pública
catalana estaba siendo robado por empresarios y políticos de CiU y del PSC.
Meses después, CafèambLlet era denunciado por Josep Maria Vía, citado en dicho
vídeo, por atentar contra su honorabilidad y, en un juicio inusitadamente
rápido y donde ni siquiera pudieron hablar, fueron declarados culpables y
condenados a pagar una multa de diez mil euros. Pero, tomen nota, otro de los
principales escándalos que destapó CafèambLlet fue el Informe Crespo, en
relación a Xavier Crespo, quien en su momento amenazó de querellarse contra la
revista y a quien en estos momentos la Fiscalía Anticorrupción pide que sea
investigado por prevaricación y cohecho. ¿Alguién indemnizará a CafèambLlet por
las amenazas recibidas por este personaje?
La corrupción hoy no
es percibida igual que ayer. Ahora se la considera como parte intrínseca de la
crisis. La impunidad de la que gozaban los políticos con la corrupción parece
que se acaba. En un momento donde se tambalean los pilares del sistema
construido en la Transición, y donde la pérdida de legitimidad de las
instituciones y representantes políticos avanza a marchas forzadas por su
servilismo al poder financiero, es probable que el impacto de la corrupción en
la opinión pública y en el comportamiento electoral sea más severo. Y es que en
la medida en que aumenta el paro, la pobreza y la precariedad, el
enriquecimiento ilícito de unas elites a costa de la mayoría social se
convierte en otra vuelca de tuerca insoportable. La crisis no se aprecia ya
como resultado del “despilfarro” de los de abajo sino como “robo” y “estafa” de
los de arriba.
Ha llegado, pues, el
momento de movilizarse, decir basta y tomar medidas: exigir mecanismos de
control de los cargos públicos, revocabilidad de mandatos,
desprofesionalización de la práctica política, no acumulación de cargos, límite
en los sueldos, transparencia en las cuentas. Ayer miles de personas se
concentraron frente a las sedes del Partido Popular en Madrid, Barcelona, Valencia,
Zaragoza y A Coruña. ¿Un primer paso para un nuevo repunte de la voz de la
calle? El caso Bárcenas es la gota que colma el vaso. Ya va siendo hora que nos
devuelvan todo lo que nos han robado.
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