El Tribunal de Cuentas denuncia el desvío de dietas del CES
a sindicatos y patronal
El Tribunal de Cuentas ha denunciado que sólo uno de cada
cuatro euros destinados a pagar dietas de asistencia a los miembros del Consejo
Económico y Social (CES) acabó en manos de los consejeros, pues el resto se
desvió hacia las organizaciones que los apadrinan, patronal y sindicatos, lo
que supone no cumplir con los fines previstos y además un perjuicio para la
Hacienda Pública, ya que la tributación es distinta.
En su informe sobre el ejercicio de 2010, remitido a las
Cortes y a cuyo contenido ha tenido acceso Europa Press, la entidad
fiscalizadora señala que los consejeros del CES, que no forman parte de la
platilla de la institución, tenían autorizados por Hacienda el cobro de 445,62
euros por cada asistencia a los Plenos, 222,81 euros por ir la Comisión
Permanente y 178,26 euros por estar en las Comisiones o Grupos de Trabajo del
Consejo.
Ahora bien, el Tribunal de Cuentas ha verificado que tan
sólo el 24,85% de los pagos devengados por las asistencias a esas reuniones (un
total de 133.200,45 euros) tuvieron como destinatarios a los propios
consejeros. Y el otro el 75,15% (402.882,93 euros) fue a parar a las
organizaciones a las que representaban los consejeros, pese a que éstas ya
tienen asignadas compensaciones por la realización de actividades vinculadas al
CES.
CCOO, UGT, ELA, CEOE,
COAG, UPA
"Ni los consejeros pertenecientes a las cuatro
organizaciones sindicales que componían el grupo primero del Consejo (CCOO, UGT,
CIG y ELA), ni los consejeros de la CEOE (única organización integrante del
Grupo Segundo del Consejo), recibieron las cantidades devengadas por sus
asistencias a las reuniones del Consejo, que en el ejercicio 2010 ascendieron a
191.830,77 euros y 155.882,76 euros, respectivamente, cantidades que fueron
íntegramente satisfechas a las propias organizaciones sindicales y
empresariales a las que representan", denuncia.
Igualmente, las cuantías devengadas por las asistencias de
los consejeros pertenecientes a las organizaciones del Grupo Tercero
-Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), Unión de
Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), Confederación Española de Cooperativas
de Consumidores y Usuarios y Organización Nacional de Productores de Ostra y
Almeja-, por un importe conjunto de 45.276,48 euros, fueron satisfechas por el
Consejo Económico y Social a las organizaciones y no a sus representantes.
Las cantidades devengadas por las asistencias de dos
consejeros de la Confederación Empresarial Española de la Economía Social,
organización representada también en el Grupo Tercero del Consejo, no fueron ni
siquiera abonadas a dicha organización, sino a las respectivas entidades a las
que pertenecían esos consejeros (Confederación de Cooperativas Agrarias de
España y la División Construcción Sociedad Cooperativa, por importes de
3.297,60 euros y 6.595,32 euros, respectivamente).
La entidad fiscalizadora avisa de que el CES, al dejar al
arbitrio de patronal y sindicatos la decisión de quién cobra las dietas, está
generando una doble compensación para las organizaciones sindicales,
empresariales y profesionales, que ya perciben por la vía de seleccionar
expertos para actividades del Consejo.
Pero es que, además, en función de quién percibe esas dietas
se aplica un tratamiento jurídico y fiscal diferente a cantidades devengadas
por la realización de la misma actividad: Si los fondos son percibidos por los
consejeros, tienen la consideración de rendimientos del trabajo y por tanto
estarían sujetos a IRPF, pero si los destinatarios son las organizaciones
sindicales, empresariales y profesionales, las compensaciones están exentas del
Impuesto sobre Sociedades.
Por tanto, se está produciendo "un perjuicio para la
Hacienda Pública derivado del diferente tratamiento fiscal que tienen estas
compensaciones en función de si quien las recibe es una persona física o
jurídica".
Y todo ello pese a que los pagos realizados por el Consejo
Económico y Social directamente a las organizaciones, y no a los consejeros,
por las asistencias a los órganos colegiados del CES contradicen el decreto de
2002 que únicamente habla de compensaciones al "personal" al servicio
de distintas Administraciones, y por tanto sólo aplicable a personas físicas,
no a personas jurídicas.
En ese real decreto se ponen límites en la cuantía que
pueden recibir quienes asisten a los órganos colegiados, siempre en función de
las retribuciones anuales que perciben, con lo que, al permitir que sean las
organizaciones quienes perciban esas dietas se está permitiendo "evadir
los mecanismos de control", por lo que "existe el riesgo de percibir
retribuciones indebidamente".
Dos plenos en un día:
doble dieta
En su informe, el Tribunal de Cuentas también detecta que os
consejeros tampoco asistían a todas las reuniones (únicamente el 79%), ni
participaban en las votaciones, y sus ausencias no fueron excusadas ni se
redactaban actas. Incluso se ha detectado la existencia de dos reuniones del
Pleno del CES en el mismo día, una ordinaria y otra extraordinaria, cuya
duración en conjunto no llegó a dos horas y por las que los consejeros cobraron
doble dieta.
"Esta doble percepción, claramente contraria al
principio de economía que debe regir en la gestión de los fondos públicos,
denota una falta de rigor en el manejo de los caudales públicos, con la
consecuencia de que cada uno de los 48 Consejeros que asistió a ambas reuniones
devengó un importe de 891,24 euros, en vez de los 445,62 euros que habría
devengado si se hubiera convocado una sola reunión, lo que hubiera supuesto un
ahorro de 21.389,76 euros".
Más votos que
asistentes
Para colmo, se ha descubierto que "en el 90% de las
sesiones del Pleno del Consejo Económico y Social, contra toda lógica, el
número de votos emitidos superaba el resultado de sumar los votos a favor, los
votos en contra y las abstenciones, sin justificación aparente para ello".
"Estas situaciones arrojan dudas sobre la presencia real de los Consejeros
en las reuniones del Pleno", concluye.
Asimismo, se revela que el CES no envía en tiempo y forma la
documentación sobre estas dietas que debe remitir periódicamente al Gobierno,
lo que impide verificar si se están respetando los límites establecidos, y que
ni siquiera exige a los consejeros una
certificación acreditativa de que cumplen con la legislación (máximo 40% de su
retribución anual).
Ha comprobado igualmente que el CES abona los pagos a los
consejeros sin la preceptiva autorización del anterior Ministerio de Economía y
Hacienda: es más, en octubre del pasado año aún no había pedido permiso para
pagar las dietas de los dos años anteriores, lo que se corrigió con carácter
retroactivo coincidiendo con el examen del Tribunal de Cuentas.
Eso sí, pese a todo ello el Consejo Económico y Social
suscribe todos los años seguros de vida y seguros de accidentes a favor de sus
consejeros, pese a que no existe una relación laboral, incluyendo la cobertura
de "accidentes extraprofesionales, es decir, los acaecidos en la vida
particular y privada del asegurado, lo que según el Tribunal de Cuentas
"no guarda relación con las actividades del Consejo ni repercute en su
beneficio".
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