"Me acusan, pero los responsables son el alcalde, el interventor y la tesorera"

"Esta denuncia desvía la atención del Tribunal de Cuentas hacía mí, la desvía de la responsabilidad de la tesorera, el interventor y elcalde". Son palabras del único detenido por el desfalco de 7,8 millones de euros de la Caja Municipal del Ayuntamiento de San Fernando, el funcionario Clemente Ruiz García. Sus primeras palabras, tres días después de formalizarse la denuncia del Ayuntamiento, pronunciadas ante la jueza encargada de la instrucción tras negarse a declarar por dos veces en la Comisaría. Las recoge uno de los 1.093 folios que componen el sumario, que por fin ha comenzado a ser analizado por las distintas partes personadas en la causa. Constituyen un ejemplo del reguero de acusaciones cruzadas que se reparten por todo el documento entre los dos funcionarios señalados; el interventor, J.A.L.; la tesorera, V.G., y los compañeros del departamento que también han prestado declaración.La disparidad de manifestaciones de cada uno de ellos sobre los elementos de control del dinero de la caja evidencian un caos organizativo prolongado en el tiempo. No hay acuerdo, en primer lugar, en cuántas llaves existían para acceder a la caja fuerte donde se guardaba el dinero al final del día, ni sobre quién las tenía. Tampoco coinciden en el protocolo seguido para los arqueos diarios e incluso la tesorera llega a afirmar en su declaración del 2 de abril que "no se hace un arqueo diario. Sólo se deja constancia a través de un documento de todas las operaciones de entrada y de salida. No se hace comprobación sobre el dinero que debe haber en caja". En la misma línea se pronuncia el interventor ese mismo día: "Al final del día se confecciona un documento que recoge todas las operaciones, pero no se le entrega a ningún responsable de Tesorería sino que queda archivado en el recinto acristalado". Las otras tres funcionarias de la misma oficina ofrecen versiones de esta tarea que debía hacerse al final del día.Pero es que además, Clemente asegura que sus compañeros conocían las claves para acceder a su ordenador, donde estaban las hojas de caja que recogían los ingresos y pagos diarios, y siembra la duda de que cualquier otro miembro del equipo pudiera manipular este documento. De hecho, en su última declaración el 23 de noviembre, afirma que, cuando llegaba a su puesto de trabajo, el mencionado ordenador ya estaba encendido.Al quién hace qué en la Caja Municipal se suma el exceso de confianza reconocido por el interventor en su comparecencia ante la titular del Juzgado de Instrucción número dos de San Fernando. De hecho, justifica la falta de control en el hecho de que la caja funcionaba en apariencia correctamente y que contaba con dos funcionarios al frente con una trayectoria de más de veinte años en el servicio. Ambos factores resultan claves para explicar que nadie se percatara de esta millonaria cantidad que cada día desaparecía de las arcas municipales.Existen varias versiones acerca de qué motiva que se comiencen a analizar las cuentas. Los dos funcionarios implicados aseguran que es la Cámara de Cuentas la que advierte de ciertas irregularidades contables. La tesorera reconoce que este organismo solicita unos documentos que obligan a comprobar el dinero que había en caja, descubriendo entonces la falta. El interventor, sin embargo, asegura que esa comprobación se inicia tras percatarse de que el dinero retirado del banco para pagar ayudas sociales no había ido destinado a ese fin. En su última declaración, de hecho, la tesorera explica que ya comenzaron las sospechas cuando a comienzos de 2009 se informatiza el cobro de ayudas sociales al haber mucha diferencia entre el dinero ingresado en caja y lo que dicen los cajeros -por los dos funcionarios imputados- que había de efectivo en la caja.En este sentido, las conclusiones del informe de la investigación policial son tajantes sobre "la falta de control y dejadez en sus funciones, por parte de los órganos superiores del área de la Delegación de Economía y Hacienda, concretamente del área de Tesorería, sobre todo del Interventor y de la Tesorera. De haber llevado a cabo los mínimos controles a los que, por razón de su cargo, estaban obligados este delito que ha venido cometiéndose durante un periodo de cinco años, no se hubiera producido o hubiese sido abortado". Cinco años (desde abril de 2004 hasta abril de este año) en los que, según el informe del perito judicial que menciona la Policía en sus conclusiones, "la suma de todos los errores consignados en las hojas de caja entregadas por Clemente Ruiz da como resultado la cantidad de efectivo faltante en la Caja Municipal".