La alcaldesa, Pilar Sánchez, acudirá hoy, a partir de las diez de la mañana, al Juzgado de Instrucción número 4 de Jerez para comparecer en calidad de imputada en relación a una denuncia por estafa y apropiación indebida. El auto con la citación judicial parte de la denuncia interpuesta el pasado 23 de octubre por la empresa Imesapi SA, antigua adjudicataria de la gestión indirecta del servicio de obras de calas en la vía pública, que denuncia a Sánchez -el Ayuntamiento aparece como responsable subsidiario- y le reclama deudas por valor de 6,578 millones de euros. Unas cantidades, según consta en la denuncia a la que ha tenido acceso este medio, que el Consistorio tuvo necesariamente que ingresar por parte de los demandantes de los servicios y que, "a día de hoy, ni se sabe qué ha hecho con los depósitos previos realizados por los solicitantes, ni ha pagado una sola de las facturas que se reclaman". Según el contrato de la concesión, que está sustentado en la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por utilización del servicio de obras de calas en la vía pública, la solicitud de estos trabajos, que incluye por ejemplo la reposición o rebaje de un acerado, implica obligatoriamente el pago de la tasa en depósito previo mediante autoliquidación. Tras la correspondiente obra, el Ayuntamiento tiene sesenta días para abonar ese dinero a la adjudicataria de los trabajos -en este caso, Imesapi-, pero, a pesar de esto, "no ha abonado ni una sola de estas facturas". "Obviamente, es claro que no tenía intención alguna de destinar los importes percibidos por la mencionada tasa al pago del costo de la ejecución de los trabajos; o, como mínimo, ha hecho suyas, sin derecho alguno, las cantidades depositadas cuyo fin era el tan repetido pago por los servicios", apostilla la demanda.Precisamente, lo que denuncia la empresa, que reconoce sentirse estafada, es que no ha cobrado ni uno solo de los trabajos realizados entre 2006 y agosto de este mismo año. Obras, todas ellas, relacionadas con el procedimiento de previo depósito de tasas, por las que emitió las correspondientes facturas, y cuyo importe asciende en estos momentos a la cantidad de 6,578 millones de euros. Al margen de esta cantidad relativa al servicio de calas, el propio delegado de Urbanismo, Juan Pedro Crisol, reconocía en el pasado mes de junio, cuando Imesapi anunció que ponía punto y final al servicio que venía prestando, que el volumen global de deuda con la empresa supera los 20 millones de euros. En la propia denuncia, esta sociedad reconoce que hasta el momento "lo único que se consiguió, en agosto de 2009, fue un certificado del Ayuntamiento, en el que, entre otras deudas con Imesapi, reconocía adeudar estos importes"."En todos los casos -fundamenta-, los interesados habrán depositado en las arcas municipales los costos de ejecución, ya que conforme a las prescripciones de la ordenanza citada, la orden de trabajo no se efectúa a la hoy denunciante hasta que no se produce el depósito". A pesar de lo anterior, reitera, "el Ayuntamiento no ha abonado ni una sola de estas facturas". "Se han hecho ímprobos esfuerzos para conseguir el cobro de estas cantidades u obtener alguna explicación de la razón por la cual, habiéndose depositado en su momento los importes correspondientes por los interesados, no se han destinado a su finalidad: el pago de estas facturas que corresponde a los costes de ejecución. Todo esto ha resultado inútil", lamentan.Para el abogado de Imesapi, "la alcaldesa denunciada es plenamente conocedora y decisora de los presupuestos municipales y del destino que se da a los depósitos que obran en las arcas municipales. Es responsable directa de las contrataciones municipales y su cumplimiento". Según expone, "el Ayuntamiento, en cambio, hace suyas las cantidades que depositan los interesados, pero no paga ninguna de las facturas y no aduce justificación alguna. Es más, no cesa en reclamar la ejecución de las obras, abusando deliberadamente de la obligación de cumplimiento en plazo, cuyo incumplimiento podía acarrearle sanciones, sin que cupiera excusa alguna al respecto".Lo cierto es que el hecho de que existiera una ordenanza reguladora que garantiza el cobro previo del servicio fue "esencial" para Imesapi a la hora de pujar por la concesión, ya que, según subrayan desde la sociedad, con sede en la capital de España, "no existía el tradicional riesgo de quien contrata con entidades municipales de no saber cuándo cobrará". La realidad es que la empresa ha ejecutado trabajos que no ha cobrado, algo que ha originado un "perjuicio patrimonial a Imesapi".Desde el gobierno municipal, a todo esto, no quisieron ayer pronunciarse ni hacer ningún tipo de valoración sobre la denuncia interpuesta por Imesapi, a la espera de que la alcaldesa acuda hoy a los Juzgados de la ciudad.
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