El Ayuntamiento señaló ayer que el promotor que construyó las diez casas para su venta en la zona de Majadillas Bajas que cuentan con una orden judicial para su derribo "tenía orden de tirarlas desde el pasado 6 de septiembre de 2007, esto es, hace más de dos años, cuando aún era alcalde Ernesto Marín y delegado de Urbanismo José Pedro Butrón"."El proceso", añadió, "prosiguió, por cuanto el promotor, que llevó a cabo una parcelación ilegal con fines especulativos, incumplió la orden. Hace algo más de un año, en junio de 2008, con los mismos gobernantes anteriormente señalados, el Ayuntamiento pasó a tener la responsabilidad de derribar subsidiariamente las casas. La actuación no se ha podido hacer hasta ahora, ya con el nuevo gobierno, cuando el Juzgado autorizó el 26 de octubre la entrada en el domicilio, dando al Ayuntamiento un periodo de dos meses para actuar".
"El promotor", recalcó, "conocía perfectamente todos estos plazos y fechas y que la orden de demolición es de obligado cumplimiento".
Asimismo, destacó que, "ante esta situación y para frenar la decisión judicial, en las últimas semanas el promotor alquiló a sus propios familiares y otras personas las casas, para que éstas se encontrasen habitadas cuando llegase el momento del derribo, algo que ocurrió el pasado viernes. Los alquilados que no tienen relación familiar con el promotor se vieron sorprendidos al no haber sido informados por el promotor de que las casas que les habían alquilados tenían una inminente orden de demolición, produciéndose el viernes escenas de tensión y el abandono de las viviendas por parte de algunos de ellos que no querían verse implicados en una situación que desconocían; estas personas increparon en el mismo lugar de los hechos al promotor por haberles engañado".
Por otra parte, el equipo de gobierno recordó que, "esta no es la primera actuación ilegal de este promotor, puesto que existe una diligencia abierta contra el administrador de la empresa promotora, Prefabricados Medina; además, también la hay contra un arquitecto vinculado a la operación Obra Nueva por un presunto delito de falsedad documental".
El Ayuntamiento sigue obligado a demoler las casas, algo que hará durante los próximos días, al permanecer vigente la orden judicial.
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