El derribo de las diez viviendas ilegales de Majadillas Bajas no saldrá de balde a sus propietarios. Además de perder sus propiedades -levantadas en el año 2007 tras obviar media docena de precintos policiales y una orden judicial firme de demolición-, la familia Tocino deberá hacer frente, en los próximos meses, al pago de los casi 120.000 euros que ha costado el trabajo de la maquinaria de la empresa especializada Derribos Aragón en su parcela.
Ese importe les será reclamado en breve por la Gerencia Municipal de Urbanismo, puesto que la legislación obliga a los responsables de la infracción a asumir «los costes del restablecimiento de la legalidad urbanística».
Cabe recordar que la empresa Derribos Aragón fue contratada por el Ayuntamiento de forma subsidiaria la pasada semana para acometer el derribo de estas casas, tras recibir orden del juzgado número 3 de lo Contencioso Administrativo de Cádiz.
Una vez obtenidos todos los permisos para poder acceder a los domicilios, técnicos de la empresa acudían el viernes a supervisar los trabajos, que no pudieron completarse por la oposición de vecinos y propietarios.
Finalmente fue el lunes, con el plan de seguridad de las obras al completo y un amplio despliegue policial, cuando las excavadoras de Derribos Aragón realizaron su tarea en medio de insultos y un ambiente de gran tensión.
El derribo se realizó en apenas cuatro horas. Las diez viviendas de 400 m2 de superficie y una única planta cayeron una tras otra entre las 10 y las 14 horas.
Su demolición consistió únicamente en la destrucción de las estructuras; la gestión de los escombros que allí quedaron corresponderá, en todo caso, a los propietarios de la parcela de más de 4.700 m2 de la calle Reina Isabel de Portugal donde se levantaban. Los Tocino podría ser embargados en bienes o ingresos si no pagan lo que ha costado tirarlas.
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