Al pulso político que mantienen el gobierno socialista y la oposición por el tema de los asesores -la propia alcaldesa anunció el jueves que habrá una reducción «notable»- hay que sumar el enfrentamiento judicial que mantienen Pilar Sánchez y el ex alcalde Pedro Pacheco por este asunto. Batalla que inició la regidora -cumpliendo un compromiso suyo de que denunciaría todas las irregularidades que encontrara en el Ayuntamiento-, pero que ha escrito un nuevo capítulo en su contra.
La jueza ha decidido ahora investigar la contratación de los asesores de la primera edil, tal y como pedía Pacheco en la querella interpuesta contra ella recientemente por los presuntos delitos «continuados en el tiempo de prevaricación, nombramiento ilegal, falsedad en documento público, malversación y tráfico de influencia».
Según explicó a LA VOZ el abogado defensor de Pacheco, Felipe Meléndez, la titular del juzgado ha dictado providencia según la cual, a la vista de la querella presentada, «se tiene» al ex líder andalucista como acusador particular y se acepta el traslado de la misma al fiscal. Pero lo más importante, según Meléndez, es que se ha acordado «practicar la prueba documental que se pedía, relativa a los documentos sobre los contratos de los trabajadores» aludidos en la demanda de Pacheco. No hay que olvidar que, en su escrito, el ex alcalde solicitaba una serie de pruebas que certificaran los ingresos económicos, nivel laboral, lugar de puesto de trabajo, formación académica y efectiva labor que desempeña cada una de estas personas.
Los supuestos contratos ilegales a los que alude el ex líder andalucista son un total de 45 y afectan a 40 personas, por lo que la defensa de Pacheco ha pedido que todos sean llamados a declarar como testigos. Algo que está por ver si también recibe respuesta positiva.
Precisamente hace un par de días, la alcaldesa anunció que habrá una disminución «notable» de 19 asesores, mientras que desde el PP le han pedido que esta sea «sobresaliente» y de «matrícula de honor», es decir, que «acabe con todos porque son políticos, no jurídicos, y la mayoría vienen de la corte de Pilar Sánchez, con lo que su credibilidad es cero».
Respecto a la denuncia de Pedro Pacheco, como se recordará, éste sostiene que Pilar Sánchez, «prevaliéndose de su cargo de alcaldesa, trazó un plan de contratación de asesores y cargos de responsabilidad» con muy elevadas retribuciones económicas, «sin apoyo legal alguno y quebrando los principios de transparencia, legalidad y concurso público». En el escrito también se deja claro que los contratos que ahora la jueza ha decidido investigar se llevaron a cabo «basándose en relaciones personales».
Al hilo de este nuevo paso en relación con la querella de Pacheco, el gobierno local aseguró ayer «no tener constancia alguna acerca de la admisión a trámite o no» de la misma. Fuentes del gobierno subrayaron que «en cualquier caso, dicha admisión sería el trámite legal lógico en todos aquellos casos en los que la autoridad judicial se enfrenta a una denuncia presentada por cualquier ciudadano, ya que lo que se abriría ahora es una fase de reclamación de información».
De acusado a acusador
Dicho paso no supondría «en ningún caso que el contenido de la misma sea siquiera verosímil, ni que el autor no haya podido tergiversar hechos para dar una interesada apariencia de criminalidad». Las mismas fuentes subrayan que la querella «forma parte de una estrategia de defensa (tratando de ocultar su condición de acusado y aparentando ser el acusador), en un proceso impulsado por Anticorrupción en relación al cual hay un solo imputado, como es Pedro Pacheco».
El Ayuntamiento de Jerez está «plenamente abierto a satisfacer todas las solicitudes de información que se le realicen desde cualquier instancia judicial; en este caso concreto, además, desde la más absoluta seguridad de que no se ha cometido irregularidad alguna».
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